Nos escandalizan los escándalos. Los chilenos hemos presenciado casi impávidos pero con crecientes sentimientos de desazón y de verguenza ajena, que diversos casos judiciales hayan puesto en evidencia los profundos y extensos lazos concomitantes entre la actividad de algunos partidos, personajes y sectores políticos con el mundo del gran empresariado y más específicamente con un grupo financiero.
Cada uno de los casos denunciados durante 2014, desde el caso Penta, el caso Cascadas, el caso Soquimich y el caso Dávalos, han sido objeto de una amplia cobertura periodística y la prensa, respondiendo a la necesidad de información que se entiende en un mundo globalizado y una sociedad que demanda cada vez más transparencia. Lo que viene a complicar aun más las cosas es que todas estas denuncias por irregularidades cometidas en la actividad política y de campañas, fue a parar a Tribunales de Justicia. Ahora tenemos entonces procesos judiciales por delitos tributarios, fraude al FUT, fraude al Fisco o negociación incompatible, pero que implican a dirigentes políticos, candidatos y parlamentarios en ejercicio, de manera que hemos llegado al extremo que el Fiscal Nacional ha decidido hacerse cargo directa y personalmente de uno de los casos judiciales más controversiales, el caso Penta.
Nos encontramos en la extrema judicialización de la política.
Una nación que se respeta y una ciudadanía que reclama igualdad de trato, oportunidades iguales y apertura en el acceso a la información, no puede menos que exigir que se adopten medidas políticas y legislativas que impongan sanciones a los conflictos de intereses de candidatos y de autoridades, de parlamentarios y ejecutivos de empresas.
Si reclamamos transparencia, no es justo ni igualitario disparar a la bandada contra todos los políticos, todos los partidos políticos. Por eso es también injusto y desproporcionado cuando algún dirigente de la oposición aparece interrogado sobre las implicancias de candidatos suyos en los casos judiciales que se investigan, responde diciendo que el problema afecta a toda la clase política y a todos los partidos políticos.
No señor, no es cierto. No todos los partidos ni todos los políticos están salpicados por la corrupción de los enormes flujos de dineros dudosos salidos desde algún grupo empresarial para financiar algunas connotadas campañas electorales. Nadie puede olvidar que cuando se habla de corrupción, siempre hay dos partes: el que corrompe y el corrompido.
Una nación que se respeta tiene derecho a reclamar, a exigir, que haya completa transparencia tanto de quienes reciben dineros para campañas y partidos políticos, como de quienes entregan dineros para campañas y partidos políticos. La transparencia que reclamamos es total, para ambas partes del financiamiento privado a las campañas electorales, de manera que que la legislación prohiba directa y taxativamente todo aporte de empresas a candidaturas y campañas electorales. Y para evitar que se produzca el tradicional juego chileno de «hecha la norma, hecha la trampa», cada campaña electoral debería transparentar ante el Servicio Electoral (un servicio fortalecido en sus atribuciones fiscalizadoras y en sus recursos humanos y materiales para fiscalizar), todos los recursos utilizados en dichas campañas.
La futura legislación sobre financiamiento de las campañas electorales, debiera dictarse bajo un criterio restrictivo y no más bajo un criterio permisivo o de la buena fe.
Para que se termine con las poco dignas rogativas para un «raspado de la olla» de los fondos financieros destinadas a campañas electorales, la futura legislación debe exigir y asegurar completa transparencia, prohibir los aportes de empresas, regular los aportes de corporaciones y entidades particulares, generar mecanismos que eviten la evasión tributaria mediante esos dineros para campañas, abrir el acceso al público a toda la información contable de las campañas, fijar nuevos límites a los montos del gasto electoral y generar mecanismos que aseguren un financiamiento público igualitario, transparente y verificable a la actividad electoral.
El financiamiento público basado en el volumen de votación obtenida en las elecciones inmediatamente anteriores, resulta perfectamente lógico, de manera que el número de votos obtenidos en cada elección (municipal, parlamentaria, de consejeros regionales, de Intendentes), es el piso cuantitativo a partir del cual el Estado puede contribuir a financiar las siguientes campañas electorales.
En esta materia, de la relación entre la Política y los negocios, el dinero y la política, una Nación que se respeta es aquella cuya ciudadanía vigila, observa, fiscaliza, exige, se informa, busca y reclama información y no se queda pasiva leyendo los titulares de la prensa.
Manuel Luis Rodríguez U.
COYUNTURA POLITICA 