Discurso de la Presidenta Michelle Bachelet anunciando Presupuesto 2016

En la cadena nacional emitida desde el Palacio de la Moneda, la Mandataria destacó que junto a la reconstrucción de las zonas afectadas por desastres naturales, la principal meta de su Gobierno es la educación de calidad, señalando que “uno de cada cuatro pesos del aumento del presupuesto estará destinado a mejorar la educación de nuestros hijos e hijas”.

Queridos compatriotas:

Permítanme que tome un poco de su tiempo para presentarles algo que es muy importante para todas las familias y para el país. Me refiero al presupuesto público del año 2016. Hoy, hemos enviado al Congreso el proyecto de ley con los gastos que hará el Estado el próximo año.

De la misma manera que lo hacen todos los hogares, en este Presupuesto hemos fijado prioridades y hemos organizado nuestros compromisos de acuerdo a nuestras posibilidades reales. Nos hemos hecho cargo del estado de nuestra economía, hemos definido las cosas que queremos mantener y cuidar, así como los proyectos y anhelos en los que hay que avanzar.

Es un presupuesto responsable, que tiene un crecimiento de 4,4% respecto del gasto efectivo de este año.

El próximo año, Chile seguirá progresando y no nos veremos obligados a recortar los gastos.

Todos lo sabemos, el mundo está atravesando un momento económico complejo. El crecimiento de los países emergentes, al igual que Chile, se ha desacelerado. El precio del cobre, tan importante para nuestros ingresos, ha caído de manera importante. Esto impacta en los recursos que tiene el Gobierno.

También es cierto que este año nuestro país ha sido golpeado por una serie de desastres naturales. Muchos compatriotas han sufrido un impacto directo y el Estado ha debido financiar gastos imprevistos.

Pero con la misma decisión con la que hemos enfrentado estas situaciones, les puedo decir que avanzaremos en nuestros compromisos y superaremos la adversidad, porque queremos que todos los chilenos y chilenas puedan progresar y ver los frutos de sus esfuerzos.

El país nos demanda trabajar para construir más equidad y brindar más oportunidades. Pero también nos demanda que lo hagamos con responsabilidad y teniendo en cuenta las condiciones más restrictivas de la economía.

No puede ser de otra forma y esos principios serán los que nos guiarán.

Estamos confiados en que tenemos todas las fortalezas para enfrentar bien las nuevas realidades del contexto mundial. La más importante de ellas es el manejo fiscal prudente y eficiente que nos ha caracterizado por años.

Continuaremos nuestra marcha, cuidando lo avanzado, y a un ritmo coherente con el crecimiento de nuestra economía.

No se va a afectar los derechos y beneficios sociales que protegen a la población. Sí tendremos que concentrar nuestros esfuerzos en las tareas más urgentes e importantes, aquellas que hemos definido en la Hoja de Ruta del Gobierno. Y tenemos que redoblar esfuerzos para que cada peso gastado rinda más.

Lo más urgente, sin duda, es la reconstrucción de las comunidades afectadas por los desastres naturales. Allí hay compatriotas que sufren y que requieren el apoyo del Estado; no los vamos a dejar olvidados. Por eso invertiremos 321 mil 426 millones de pesos, en superar los efectos del terremoto del 27/F, del terremoto del año pasado en la zona norte, del incendio de Valparaíso, de los aluviones que afectaron principalmente a las regiones de Atacama y Antofagasta, de la erupción del Volcán Calbuco y de la destrucción de viviendas en el reciente terremoto en la región de Coquimbo.

Más allá de esta urgencia, la principal meta de mi Gobierno es asegurar una educación de calidad que incluya a todos. Por esa razón, uno de cada cuatro pesos del aumento del presupuesto estará destinado a mejorar la educación de nuestros hijos e hijas.

Con los nuevos recursos que otorga la Ley de Inclusión recientemente aprobada, se espera beneficiar a más de 2 millones 177 mil estudiantes a través de las subvenciones a prioritarios y preferentes, y a más de un millón 650 mil estudiantes mediante el aporte de gratuidad, con lo cual podrán cursar su educación en forma completamente gratuita.

Éste es un resultado concreto de nuestra reforma. Con la misma energía, seguiremos fortaleciendo la educación pública desde la parvularia a la educación media.

Y como prometí, el 2016 daremos los primeros pasos en la gratuidad de la educación superior. El próximo año los estudiantes que pertenezcan al 50% más vulnerable del país, que estudien en entidades que no tengan lucro y que cumplan criterios de acreditación y participación no van a pagar su educación.

Más de 200 mil alumnos estudiarán gratis el próximo año en la Universidad, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica que cumplan esos requisitos. Éste es un esfuerzo que todo Chile hace, y los compromete a dar lo mejor de sí por el desarrollo del país.

También apoyaremos a los jóvenes para que tengan mejores chances de entrar y permanecer en la educación superior. Y vamos a incrementar los recursos destinados a becas de alimentación para incluir a 80 mil nuevos estudiantes.

Seguiremos avanzando en el esfuerzo por entregar a nuestros compatriotas una atención de salud más oportuna, rápida y de calidad. Destinamos importantes recursos para contar con médicos y especialistas en la red pública de salud. Esto nos permitirá contratar a 750 nuevos especialistas dentro de los Servicios de Salud. Además, se contemplan recursos para apoyar la formación de 1000 nuevos médicos especialistas y para la destinación de 390 médicos a atención primaria y hospitales comunitarios a lo largo de nuestro país.

Esto es un avance concreto para la reducción de las listas de espera. Continuaremos el fuerte impulso a la Atención Primaria de Salud. Daremos inicio a 106 proyectos, como los Centros de Salud Familiar, o los Centros de Urgencia de Alta Resolución.

El 2016 tendremos en funcionamiento el Fondo de Tratamientos de Alto Costo para financiar los diagnósticos y tratamientos, independiente del sistema de salud al que pertenezcan los pacientes. También fortaleceremos el Fondo de Farmacia para asegurar la entrega gratuita de los medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades como la hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos altos, entre otros.

Y seguiremos cuidando la salud bucal de nuestros niños y jóvenes con el programa Sembrando Sonrisas, que atenderá a 310 mil pequeñitos menores de 6 años y a más de 77 mil jóvenes de 4° año de enseñanza media. A ellos se suman las más de 100 mil mujeres que serán beneficiarias del Programa “Más sonrisas para Chile”.

La seguridad y tranquilidad de los ciudadanos es una prioridad de mi Gobierno y seguirá siéndolo. Fortaleceremos el resguardo del orden público y la investigación policial. Para eso dispondremos los recursos para cumplir progresivamente con el compromiso de aumentar los efectivos en 6 mil carabineros y mil 200 policías.

Se incluyen recursos para la adquisición de equipamiento, vehículos y tecnología de última generación con el objetivo de reducir y controlar el tráfico ilícito de drogas. Ampliaremos el Plan de Seguridad Comunal, que se realiza con la participación de los vecinos, porque construir soluciones es tarea de todos. Y continuaremos con los Programas “Juntos más Seguros” y “Barrios de Alta Complejidad”.

Garantizar los derechos y seguridades de las personas requiere una base económica sólida.Sin crecimiento no hay cambios durables. Para enfrentar el periodo de desaceleración que vive la economía, hemos incrementado los recursos del Ministerio de Economía con el objeto de impulsar programas que permitan mejorar la productividad, diversificar nuestra economía y generar más y mejores empleos.

Se mantendrán, y en algunos casos se incrementarán, los recursos para los emprendedores y las emprendedoras. Tenemos programas con foco en las ferias libres, los barrios comerciales, la pesca y el turismo, por mencionar algunos. Y en el año 2016 estará instalada en todo Chile la red de 44 Centros de Desarrollo de Negocios, que apoyará en forma gratuita a las empresas de menor tamaño.

Y este presupuesto también ha querido darle un lugar importante a las actividades que amplían nuestros horizontes y mejoran nuestra vida en comunidad, como la cultura y el deporte.

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes verá incrementado sus recursos de manera significativa, en un 13,3%. Ello le dará un fuerte impulso a la creación y expresión artística y a la difusión de la cultura de los pueblos indígenas.

Y en deporte, se destaca el incremento de 14,8% en los recursos destinados a las Escuelas Deportivas Integrales, que buscan potenciar la práctica de actividad física sistemática en los niños y jóvenes. También apoyaremos las iniciativas que promueven el acceso de las mujeres, los adultos mayores y los pueblos originarios a las actividades físicas.

Como pueden ver, este presupuesto será una buena herramienta para impulsar el progreso de Chile y de cada uno de sus habitantes. Pero no basta con que haya más recursos, debemos usarlos bien. Estamos comprometidos a ejecutarlos con eficacia, transparencia y sobriedad, porque son recursos de todos.

Con este presupuesto, el Estado hace su parte, da señales de estímulo a la economía y de responsabilidad. Pero todos deben aportar lo suyo. Los empresarios, los gremios, los trabajadores. ¡Chile es tarea de todos, porque Chile es de todos!

Quiero terminar pidiendo a los parlamentarios una discusión de este proyecto con altura de miras y pensando en el interés común. Porque cada peso que aquí se propone está destinado a apoyar el progreso de chilenos y chilenas con rostro y necesidades concretas a lo largo y ancho de nuestra patria.

Muchas gracias por prestarme su atención. Que tengan muy buenas noches.

En debate en la Cámara de Diputados el proyecto de Carrera Profesional Docente

Con los informes de los diputados Romilio Gutiérrez (UDI), y Patricio Melero (UDI), de las comisiones de Educación y Hacienda, respectivamente, la Cámara de Diputados inició este miércoles el debate del proyecto (boletín 10008) que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas.

Iniciando el debate, el diputado Mario Venegas (DC) destacó el arduo trabajo de estudio realizado por la Comisión de Educación y resaltó también la importancia estratégica de este proyecto para mejorar la educación en Chile y eliminar las desigualdades. Dijo que la iniciativa es un enorme esfuerzo que no se hacía desde el estatuto docente, creado en 1991. “En ese contexto me siento satisfecho con lo que hemos hecho”, afirmó, recalcando, eso sí, que la propuesta aún es perfectible.

El diputado Marcelo Schilling (PS), valoró la participación de los profesores en el enriquecimiento de este proyecto gracias al movimiento generado. “Si no hubiese habido conflicto y huelga en este proyecto, lo conseguido en la carrera docente no tendría el sabor de la dignidad que hoy día tiene”. Mencionó que en el debate se acogieron 9 de las 11 demandas planteadas por los profesores. Entre los temas pendientes, manifestó que debería establecerse por ley la cantidad de niños por sala de clases y alcanzar una proporción 50/50 de horas lectivas y no lectivas.

La diputada Camila Vallejo (PC), presidenta de la Comisión de Educación, valoró la creación de una mesa tripartita al alero de la instancia parlamentaria, que permitió generar un acuerdo público, transparente y transversal y cuyos compromisos fueron incorporados al proyecto, tal como el aumento del porcentaje en las horas no lectivas. Sostuvo que lo único que queda pendiente es incorporar el incentivo al retiro.

El diputado Romilio Gutiérrez (UDI) indicó que el proyecto avanza en mejorar el sistema de trabajo de los docentes, pero añadió que hay cosas por perfeccionar, como por ejemplo fortalecer las remuneraciones de los profesores de colegios no vulnerables. Además, lamentó las restricciones presupuestarias para profundizar en los cambios. También cuestionó la gradualidad del sistema, que no permite, por ejemplo, que las educadoras de párvulos puedan ingresar antes del 2020. Asimismo, planteó que más que un incentivo al retiro, debería incorporarse al sistema un término de carrera docente.

El diputado Alberto Robles (PRSD) manifestó que al igual que lo planteado por otros legisladores, prefiere que los profesores sean los mejores pagados del país, porque la formación de los niños depende de ellos. Sobre la evaluación de los docentes, el parlamentario pidió votación separada del artículo pertinente, ya que manifestó no estar de acuerdo con la prueba disciplinar, que actualmente solo afecta al 7% de los profesores que hacen clases y planteó que esta debería aplicarse en las universidades, pues ninguno debería poder titularse si no tiene las condiciones para efectuar clases.

El diputado Felipe Kast (Ind) sostuvo que este debería haber sido el primer proyecto de la reforma educacional. Subrayó que se fomente a los mejores egresados a estudiar pedagogía, subiendo los estándares. También valoró el aumento de los salarios para los profesores. El legislador lamentó que no se destinen más recursos para este sistema, y que tampoco se exija calidad en el aula.

El diputado Pepe Auth (PPD) recordó que el proyecto “establece un sistema de apoyo al desarrollo profesional que garantiza que ningún profesor sufra ningún menoscabo”, y sobre el ingreso de las parvularias a la carrera docente, sostuvo que la gradualidad corresponde a la necesidad de estandarizar un sistema que es diverso.

Este jueves, a partir de las 10:30 horas, la Cámara proseguirá el debate del proyecto de carrera docente. Se espera que la votación se realice a eso de las 13:00 horas, una vez concluido el tiempo asignado a las bancadas para sus intervenciones en Sala.

Desempleo en la región de Magallanes alcanza sólo al 3.7% según informa el INE

El Instituto Nacional de estadísticas publicó hoy el boletín trimestral de empleo. El estudio evidenció que en comparación al trimestre móvil anterior, la tasa de desocupación aumentó en cinco regiones, disminuyó en siete y no tuvo variación en las regiones de Valparaíso, Los Lagos y Magallanes. Mientras que si se analiza la variación de ocupados en los últimos 12 meses nuestra región se anota una variación positiva de un 1.7%.

De acuerdo a los datos obtenidos un 3.7% de los magallánicos se mantiene desocupado. Cifra que a pesar de no ser menor se encuentra alejada de la media nacional situada en un 6.5% y la diferencia se alarga aún más si comparamos con las tres regiones que ostentan una tasa mayor al 7% de la población desocupada; Coquimbo, Araucanía y Biobío

Los mayores incrementos se presentaron en Antofagasta (1,6 pp.),La Araucanía (1,3 pp.) y O’Higgins (1,1 pp.). Tanto en Antofagasta como en O’Higgins los incrementos en la tasa de desocupación estuvieron explicados por leves aumentos de la Fuerza de Trabajo (0,6% y 0,3%, respectivamente), acompañados de la disminución de los Ocupados (-1,1% y -0,8%, respectivamente). En La Araucanía, la variación anual se explicó por el descenso de la Fuerza de Trabajo (-1,0%) en menor magnitud al retroceso de los Ocupados (-2,4%).

Por otro lado, los mayores descensos de la tasa de desocupación se observaron en Atacama (-1,7 pp.), Arica y Parinacota (-1,6 pp.) y en la Región Metropolitana (-0,8 pp.). La disminución en doce meses en Atacama estuvo explicada por un descenso de la Fuerza de Trabajo (-3,3%) en mayor magnitud al descenso de los Ocupados (-1,6%). En tanto, en la región de Arica y Parinacota como en la Región Metropolitana la disminución fue consecuencia de aumentos en los Ocupados (3,5% y 2,4%, respectivamente) por sobre el aumento en la Fuerza de Trabajo (1,8% y 1,6%, respectivamente).

 

Profesores comunistas de Punta Arenas formulan graves denuncias contra ex dirigente del Colegio de Profesores de Magallanes

A la comunidad escolar de Punta arenas:  Ante los últimos acontecimientos  conocidos por la comunidad de Punta Arenas en relación al proceso de intervención gremial y financiera que afecta al directorio Regional Magallanes del Colegio de Profesores  y que ha traído como consecuencia la suspensión en sus funciones gremiales de los cinco dirigentes (Flor Oyarzo, Julián Mancilla, Claudio Haro, Hila Barría y Cristina Oyarzún), el inminente cierre del Jardín infantil Gabriela Mistral y el  anuncio de acciones judiciales por parte del directorio nacional en contra de Don Julián Mancilla Pérez, los profesores comunistas de Magallanes nos hacemos un deber en señalar:

El origen y desarrollo de la crisis que vive el Colegio Regional de Profesores de Chile en Magallanes es principalmente de responsabilidad del ex dirigente Julián Mancilla, quien fuera presidente de la entidad durante tres períodos (2005 al 2013).

El 29 de noviembre de 2013, se eligió una nueva directiva, que reemplazó en la presidencia al señor Mancilla por la señora Flor Oyarzo. Al detectar diversas anomalías y en atención a la negativa del ex Presidente a aclararlas y o explicarlas, se requirió por parte del nuevo directorio la intervención del Directorio Nacional.

El 4 de diciembre de 2013, en un acuerdo de directorio de la época dirigido por Julián Mancilla y sabiéndose perdedor del proceso eleccionario para el periodo 2014-2016, concordó en modificar su contrato de honorarios a un contrato a plazo fijo regulado por el Código del Trabajo que se estableció para administrar los centros de costos del Colegio, que son el Jardín Infantil “Gabriela Mistral”, Bienestar, Casa del Maestro, Sala Cuna y Escuela Parvularia “Pedro Aguirre Cerda”. Cabe destacar que esta administración está entregada por reglamento y estatutos al Presidente, pues representa legalmente al Colegio, pero no incluye pago de remuneraciones. Sin embargo se detectó que el señor Mancilla cobraba por el desempeño desde octubre de 2010.

Asimismo, el señor Mancilla se auto otorgó lo que se denomina Bono Compensatorio ante el cual se ha negado a explicar su justificación. También reconoció públicamente un “emprendimiento familiar” que implicó usar la infraestructura del Colegio, la razón social y los logos para el desarrollo de un negocio de venta de corderos a los miembros de la Asociación. Se detectó, además que, siendo el señor Mancilla inspector de la Escuela Bernardo O´Higgins instaló una flota de transporte escolar, convirtiendo a sus alumnos en clientes del negocio.

En el 2014 se comprobó el cobro indebido e ilegal de copagos en el Jardín Infantil, la directiva actual procedió a  devolver  los fondos del último año y se conminó al señor Mancilla a hacer lo mismo sin resultados. Se detectaron listados de asistencias en dos jornadas, falseando estadísticas a la Junji sobre la cantidad de alumnos matriculados.

Es importante recordar que el señor Mancilla fue exonerado por el ex alcalde Vladimiro Mimica. Julián  Mancilla ganó un juicio a la Corporación Municipal de Punta Arenas por más de 100 millones de pesos y recientemente, en 1915, fue designado director de la Escuela Bernardo O´Higgins por el alcalde Emilio Bocazzi, pese a mantenerse como concejal del municipio de Punta Arenas, contraviniendo lo que dispone la Ley orgánica constitucional de Municipalidades sobre esta duplicidad de funciones.

Con fecha 24 de junio de 2014, una auditoría operativa interna, efectuada por el señor Gonzalo Henríquez, encargado de control de gestión y don Emilio Villegas, director de finanzas del Colegio Nacional de Profesores señalaba: “esta auditoría operativa ha podido verificar la comisión de irregularidades que han afectado severamente el patrimonio de la institución y la exponen a graves contingencias legales, en especial de carácter laboral, que resultan de acciones antirreglamentarias, arbitrarias e ilegales, cometidas por las autoridades gremiales responsables de la administración de bienes, personal, infraestructura y recursos del período sometido a revisión”.

Más adelante el documento constata que “los resultados económicos exhibidos por los estados financieros de unidades operativas: Jardín Infantil, Escuela de Párvulos y Casa del Maestro no se compadecen con los estándares reconocidos por negocios equivalentes y se explican sólo por una deficiente Administración que castigó ingresos financieros mediante descuentos y exenciones resueltos en forma arbitraria y agregó cargos a Resultados mediante la modalidad de bonos, sueldos y honorarios discrecionales y que favorecieron, inclusive, a quienes tenían facultades para definirlos y o autorizarlos en abierta vulneración con principios gremiales, éticos e incluso, legales”. Todo lo anterior desbarata lo que ha sostenido Juián Mancilla a la prensa durante estos últimos días señalando que entregó una administración saneada financiera y administrativamente.

Es cierto que el directorio que preside la señora Flor Oyarzo no logró reunirse durante 5 meses desde que asumieron sus cargos, pero es bueno tener presente que desde un principio Julián Mancilla y su señora Hilda Barría boicoteaban todo intento por reunirse y los debates en el interior impedían el curso regular de las reuniones, inclusive llegando a tener que llamar a la fuerza pública para impedir agresiones. El señor Mancilla, en su calidad de secretario general nunca entregó las actas de las reuniones.

Ante la decisión reciente del Directorio Nacional de completar la intervención administrativa con la intervención gremial, expresamos nuestra preocupación por el destino de la conducción gremial ante los profesores de Punta Arenas, en medio de procesos de reformas tan importantes como el Desarrollo Profesional Docente y la Nueva Educación Pública, entre  otras transformaciones, así también por el futuro del jardín infantil, sus trabajadores y los niños, que podrían ser beneficiados por la nueva Ley de Inclusión, convirtiendo el establecimiento en gratuito y acogido a la Subvención Escolar Preferencia (SEP). Sin embargo comprometemos todos nuestros esfuerzos por seguir bregando por defender los intereses de los trabajadores, profesores y niños y continuar trabajando por la recuperación del Colegio como ente gremial cuyo principal objetivo y centro sea la defensa de los intereses de los profesores y profesoras y no los intereses personales de algunos dirigentes.

Por ello, reiteramos que el principal responsable de la actual situación es la conducta permanente del señor Mancilla de servirse de la institución. El directorio nacional debe tomar ahora las medidas pertinentes para corregir este comportamiento y normalizar el funcionamiento de nuestra entidad gremial regional. Julián Mancilla Pérez es quien debe responder ante los profesores y profesoras, ante los funcionarios del Jardín y del Colegio y ante los padres y apoderados y niños y niñas por el inconmensurable mal causado.

Punta Arenas, Septiembre 2015                                              Magisterio Comunista de Magallanes

Territorio, ciudadanía y poder – Notas para un regionalismo en el siglo XXI

Los regionalismos son un campo doctrinario, político e ideológico que, en el caso de Chile, hunden sus primeras raíces en los decenios iniciales de la República, cuando se produjeron diversas tentativas y proyectos federalistas, las cuales se ahogaron en las guerras civiles de 1830 y de 1850. ([1])

El regionalismo, en su concepto primigenio, surge de la constatación de la existencia del centralismo en el modo de organización del Estado.

Los regionalismos surgen y se desarrollan, a lo menos en América Latina y en Chile en particular, desde la constitución de Estados nacionales, herederos a su vez del centralismo borbónico de la época colonial.

Los Estados en América Latina cuando surgieron a la independencia en la primera mitad del siglo XIX, heredaron y replicaron las estructuras centralistas de los virreinatos y capitanías dependientes del poder imperial español radicado en la metrópoli madrileña. Las comunas dependían de las capitanías, las capitanías dependían de los virreinatos y los virreinatos dependían del Estado central en la capital del imperio español, dando forma a una enorme y frondosa estructura burocrática, piramidal y centralizada que aún hoy vemos reproducida en la mayoría de los “modernos” Estados latinoamericanos.

Cabe anotar que en el caso de Europa, los regionalismos y localismos comunales, son anteriores al Estado nacional –surgido desde la Revolución Francesa de 1789- y se fundamentan en las reivindicaciones comunales feudales contra el poder absoluto de los reyes, desde los tiempos de las Cruzadas en los siglos XI y XII. La persistencia de los fueros comunales en la Europa medieval es un lejano antecedente de los regionalismos modernos. ([2])

En Chile en cambio, los regionalismos han surgido como reacciones episódicas frente al centralismo santiaguino y elitista de las oligarquías terratenientes y comerciantes de principios de la República.  En el siglo XIX los regionalismos, especialmente el regionalismo penquista, porteño y serenense, eran profundamente territoriales y provincianos (se asentaban en los territorios y comunidades de las provincias), como una reacción al centralismo de la capital.

Pero, la cuestión regional o provincial durante el siglo XIX era un asunto político y económico de poder que se resolvía al interior de la clase oligárquica dominante.

A lo largo del siglo XIX y el siglo XX, los regionalismos o provincialismos en Chile ([3]) surgieron  en La Serena/Coquimbo, Valparaíso, Concepción o Magallanes, como reacción al centralismo de la capital, el cual quedó consagrado tanto en la Constitución presidencialista de 1925 como en la Constitución autoritaria de 1980.   En algunos casos se trata de sentimientos regionalistas bastante arraigados y en otros se plasmaron en partidos políticos de duración limitada.

No está demás recordar en la Historia política que, desde el punto de vista de su posicionamiento en el escenario político, los partidos y movimientos regionalistas a medidos del siglo XX, fueron siempre aliados políticos leales de los partidos Conservador, Agrario-Laborista y Liberal en el Congreso y en las municipalidades.  Recordemos las profundas ligazones entre regionalistas y los agrario-laboristas durante la vigencia del liderazgo de Carlos Ibañez del Campo en los años cincuenta.

PRINCIPIOS Y CONCEPTOS PARA UN REGIONALISMO DEL SIGLO XXI.

El regionalismo en un mundo globalizado, obedece a lógicas políticas y culturales diferentes.

No se trata de repetir o restaurar los esquemas conceptuales del siglo pasado, sino de dar cuenta de las nuevas realidades que desafían la vida pública en el siglo actual.

Cinco tendencias profundas marcan el espacio público en la sociedad contemporánea:

1. La creciente globalización de los intercambios y la incidencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la vida pública y privada;
2. La crisis de los Estados nacionales y las nuevas formas de ciudadanía;
3. Los territorios como espacio de integración de culturas diversas;
4. La demanda por más democracia y participación decisoria;
5. La creciente complejidad del Estado y la administración y la necesidad de radicar la toma de decisiones públicas lo más próximo posible de los ciudadanos y los territorios.

Una visión regionalista del orden político debe asumir que en un mundo globalizado, en un “mundo plano” donde se multiplican al infinito los intercambios y los flujos de información, la centralización de las decisiones (sea en el Estado o en las empresas y organizaciones) afecta a la eficiencia, a la productividad y a la democracia y por lo tanto, quienes deciden deben radicarse en los territorios y lugares más cercanos a los ciudadanos.

Discurso de la Presidenta Michelle Bachelet en la Asamblea General de Naciones Unidas, 28 de septiembre de 2015

https://youtu.be/_UB8ZWYtocs

La crisis de la Derecha y la nueva coalición de los liberales

Hoy lunes, las directivas nacionales de los referentes políticos  Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal anunciarán la conformación de un acuerdo político-electoral y el lanzamiento de una nueva coalición de centro derecha de cara a las elecciones municipales de 2016.

La formación de este referente de centro derecha de contenido liberal, representa el fracaso de la coalición de derecha constituida por RN y la UDI junto al grupo Evópolis y al PRI, que resultaron incapaces de reunir a todos los sectores de la derecha chilena.  De este modo, el nuevo referente liberal deja a RN, la UDI, Evópolis y el PRI dentro del sector conservador de la derecha.

Uno de los asuntos en que trabajará este “tercer referente”, como lo definen los integrantes de estos tres movimientos, es tratar de formar una alternativa a la Nueva Mayoría y a la oposición de derecha y generar un trabajo legislativo que utilice como base lo propuesto por la comisión anticorrupción que lideró el economista Eduardo Engel.

Estos tres movimientos iniciaron las conversaciones hace alrededor de un año y a contar de este lunes realizarán vocerías conjuntas y reuniones permanentes para definir un nombre conjunto y una posible plataforma web.

El presidente de Amplitud, diputado Joaquín Godoy, expresó que “la idea es estructurar un tercer referente que esté acorde con los nuevos tiempos y que ponga fin a la artificial división entre el Sí y el No. Dimos un gran paso dando los votos para poner fin al sistema binominal, y este nuevo centro liberal es otro paso más en ese camino”.

En tanto, el coordinador nacional de Fuerza Pública, Álex Olivares, sostuvo que “hay un espacio para un centro político potente, que viene a marcar diferencias con la izquierda y la derecha”.

Por su parte, uno de los fundadores de Red Liberal, Davor Mimica, apuntó que “los partidos tradicionales son incapaces de representar las demandas de la ciudadanía“.

El trabajo conjunto de los partidos y movimientos liberales podría culminar en un pacto para las elecciones presidenciales de 2017, lo que derivaría en una primaria entre la senadora Lily Pérez y el ex ministro Andrés Velasco, quien lidera el movimiento Fuerza Pública.

 

De la descentralización de los territorios a la autonomía de las regiones

El concepto de autonomía en el marco constitucional y territorial actual de Chile, parece una idea lejana y hasta extravagante.  En algunos discursos políticos y propuestas, con frecuencia se desliza la idea de la autonomía de las regiones, sin explicar su alcance ni darle contenido al concepto.  En la región de  Magallanes hablar de autonomía resulta algo lejano o nostálgico sobre todo cuando se relaciona esta idea, con las viejas manifestaciones federalistas o los regionalismos conservadores de los años 30 y 40 del siglo XX.

Tenemos que hacernos cargo de una reflexión regionalista asentada en el siglo XXI, en la creación de regionalismos modernos que cuestionen las estructuras centralistas, que pongan en tensión no solo el centralismo administrativo del Estado sino también el centralismo corporativo y de las empresas.

La definición de autonomías regionales en el Chile de hoy y en el mundo contemporáneo, no tiene nada que ver con regionalismos añorantes del pasado, sino que se refiere a un modo de organización del Estado, de ordenamiento político y territorial del Estado que dá cuenta de la relación existente entre los poderes centrales y los territorios, sean estos regiones, provincias o comunas, en la realidad del siglo XXI.

Y esto porque a la vez que hay una visión jurídica del Estado, que se ordena alrededor de la Constitución, las leyes y el conjunto de normas que regulan la vida pública, existe además una visión territorial del Estado, es decir, una manera de entender cómo funcionan en la realidad las relaciones entre los órganos del Estado y del poder desplegados en las capitales y metrópolis y en las regiones, provincias y comunas, es decir, en los territorios.

Cuando hablamos de “descentralización” o de “autonomías” o de “centralismo” hablamos del Estado y de la forma cómo el poder está distribuido en el territorio de la nación y cómo se ejerce el poder desde los órganos estatales.

Entonces mientras los juristas nos hablan del Estado unitario, como una realidad inamovible e intocable que proviene desde los inicios de la República, es perfectamente legítimo hablar de un Estado descentralizado, donde la distribución territorial de poderes, competencias, atribuciones y recursos responde más equitativamente a la realidad diversa del territorio de Chile.

El problema de la autonomía regional es un problema político, ideológico y territorial.

LA AUTONOMÍA COMO PROBLEMA POLÍTICO.

No es cierto que el regionalismo y la autonomía no son problemas políticos.  Hablar de autonomía desde una concepción moderna del regionalismo, implica plantear problemas de profundo alcance político porque conciernen a la vida de países y regiones y al presente y al futuro de toda la sociedad.

La cuestión de las autonomías regionales, es un asunto de alto contenido y significado político porque se refiere en esencia, al ejercicio del poder político, a la manera cómo la ciudadanía y los órganos públicos se relacionan en los territorios para resolver las aspiraciones y necesidades de las personas y de las comunidades.

¿Hablemos de autonomías en las regiones?

Si pretendemos que las regiones sean más autónomas dentro del Estado, debemos entonces postular que estos territorios cuenten con el máximo posible de grados de decisión, de facultades, de atribuciones y de recursos que les permitan gobernarse.

Quienes postulan la autonomía de las regiones ¿están dispuestos a aceptar y asumir que en las regiones hayan impuestos regionales recaudados y administrados por las propias regiones, sin perjuicio de los impuestos nacionales? ¿están dispuestos a asumir que, por ejemplo, los reajustes de remuneraciones de los funcionarios públicos serán financiados con los recursos presupuestarios de las propias regiones y no más con las glosas del presupuesto nacional?

¿Hasta dónde está el límite de las autonomías?

El fundamento de la autonomía desde el punto de vista político, es la idea que los ciudadanos y las comunidades en cada territorio tienen la capacidad y la voluntad para gobernarse, para tomar sus propias decisiones, para decidir acerca de todos los asuntos públicos que les conciernen, es decir que reconocemos que existe una forma de ciudadanía que hemos olvidado, que es la ciudadanía de regiones y que acompaña a la ciudadanía nacional.

La autonomía regional desde el punto de vista político, es el ejercicio del poder y de la ciudadanía empoderada en su propio territorio, a través de instituciones regionales.

Y la cuestión de la ciudadanía regional nos plantea a su vez, el problema de la participación ciudadana en las regiones.

LA AUTONOMÍA COMO PROBLEMA IDEOLOGICO.

En Chile coexisten distintos regionalismos.

La idea de autonomía puede leerse como “amplia transferencia de competencias” desde el poder central hacia ciertos órganos del Estado en regiones para que administren recursos, o también puede leerse como “conjunto de atribuciones, facultades y recursos para la toma de decisiones en los territorios”, es decir, para que los gobiernos regionales gobiernen las regiones y no solo las administren.

Se trata de un problema ideológico, de una concepción del Estado.

La clave del problema de la autonomía de las regiones, se responde con una pregunta aparentemente simple: ¿quién y dónde se toman las decisiones?

Se puede ser regionalista y entender la autonomía desde el centralismo de la administración, pero también se puede ser regionalista y asumir la autonomía como la construcción social y política colectiva de la capacidad de autogobierno de las regiones y los territorios.

Así como la dictadura militar en Chile instaló desde 1974 una estructura de “regionalización” para gobernar desde Santiago y administrar desde las capitales regionales, es decir, una “regionalización centralizadora”, la idea moderna de las autonomías propone desplazar el eje de la toma de decisiones políticas, administrativas y presupuestarias desde el centro hacia las regiones y comunas.

La estructura política y administrativa instalada por la dictadura militar y ordenada en la Constitución de 1980 da como resultado organos del Estado con autoridades unipersonales dotadas de amplias facultades (Presidente, Intendentes, Alcaldes) y autoridades colegiadas dotadas de pocas atribuciones (Congreso Nacional, Consejos regionales, concejos comunales).

El Estado centralizado responde hoy en Chile a un determinado modelo ideológico de desarrollo, el modelo neoliberal que asegura  altos niveles de desarrollo para la capital y bajos niveles de subdesarrollo para las regiones.

Este modelo de Estado subsidiario consagrado en la Constitución de 1980, es precisamente el Estado centralizado que ha servido los intereses y facilitado la acumulación de ganancia de los grandes poderes económicos dominantes.  Como decía un documento confidencial del Ministerio del Interior de 1974, el propósito de la regionalización era:  “reformular la concepción de la estructura político-administrativa existente, de modo que ella sirva tanto al modelo de desarrollo implementado a partir de septiembre de 1973 como a la futura nueva institucionalidad en que se desenvolverá Chile.”

El Estado descentralizado que proponemos responde a una visión del futuro de Chile, donde las regiones disponen del suficiente poder de decisión para gobernar y administrar sus territorios y recursos.

LA AUTONOMIA COMO PROBLEMA TERRITORIAL.

La autonomía es por lo tanto, un problema de carácter territorial, ya que pone en el centro de la discusión política e ideológica la respuesta a la pregunta: ¿dónde se toman las decisiones?.

El eje conceptual de la autonomía, desde un punto de vista territorial, es la noción de desigualdad territorial. El problema central que aqueja a las regiones, especialmente a aquellas más alejadas del centro de la toma de decisiones es la desigualdad territorial, es decir, la inequidad y asimetría en el acceso de los ciudadanos y las comunidades a los bienes, servicios y oportunidades que se encuentran en las capitales y metropolis.

La desigualdad territorial es una asimetría estructural en el acceso de las personas y las comunidades a los bienes y oportunidades del desarrollo, que se funda en Chile en el modelo de desarrollo económico y en el modelo de Estado actualmente existente.  El modelo de desarrollo neoliberal y el Estado subsidiario favorecen y cristalizan las desigualdades territoriales al tender a la centralización administrativa, corporativa y política.

Por lo tanto, la autonomía se entiende aquí como la configuración territorial y política del poder de decisiones, las autribuciones, las facultades y los recursos para que los ejerzan las regiones y comunas, en un marco constitucional y legal que les permita su autogobierno al interior de un Estado que conserva su unidad dentro de la diversidad.

El fundamento de la autonomía desde el punto de vista territorial, es la idea que los ciudadanos y las comunidades en cada territorio tienen la capacidad y la voluntad para gobernarse, para tomar sus propias decisiones, para decidir acerca de todos los asuntos públicos que les conciernen, que existe una ciudadanía de regiones que acompaña a la ciudadanía nacional.

La autonomía regional, desde el punto de vista territorial, es la ciudadanía ejerciendose en su propio territorio.

Septiembre 2015.

Declaración de Ex Cancilleres de Chile sobre Fallo por excepción preliminar de la Corte de La Haya

La Corte Internacional de Justicia emitió hoy 24 de septiembre de 2015 su fallo sobre la excepción preliminar que presentó Chile en el juicio Obligación de Negociar Acceso al Océano Pacífico (Bolivia v. Chile). La Presidenta de la República decidió interponer este recurso procesal el 15 de julio de 2014, después de escuchar al Congreso Nacional, a los ex Presidentes, a los Partidos Políticos, a este Consejo de ex Cancilleres, al Comité Asesor para el caso Bolivia v. Chile y a otros sectores de la sociedad chilena.

Chile actuó con unidad nacional. Respaldamos totalmente lo realizado por el Gobierno y el equipo jurídico de nuestra defensa.

Lo que ha resuelto la Corte es un incidente procesal. Ciertamente, no compartimos el fallo ni sus fundamentos. Sin embargo, constatamos que al definir su competencia, el tribunal ha acotado significativamente el tema sobre el cual se pronunciará. Ha quedado claro que la Corte de La Haya no acogerá la existencia de una obligación de negociar con un resultado predeterminado. Así, la demanda boliviana ha quedado acotada a una simple obligación de negociar. Chile está preparado para demostrar que esa obligación jurídica nunca ha existido, y que mal puede haberla incumplido. Es esa la única cuestión de fondo que deberá discutirse.

Asimismo, ha quedada meridianamente establecida la validez y plena vigencia del Tratado de 1904, que establece las fronteras y limites, la soberanía y el territorio, a perpetuidad, entre ambos Estados.

La decisión de la Corte no afecta en nada nuestra integridad territorial. Bolivia no ha conseguido mediante este fallo, ni conseguirá en el futuro, el acceso soberano al mar que pretende.

La integridad territorial de Chile no puede estar en cuestión, y así lo defenderá el equipo de la Cancillería y los juristas asesores en lo que viene por delante. La opinión pública debe estar tranquila que Chile sabrá resguardar sus intereses nacionales, con la misma cohesión nacional que se ha manifestado hasta ahora. Nuestras fronteras internacionales establecidas por tratados no cambiarán.

Soledad Alvear

Hernán Felipe Errázuriz

Mariano Fernández

Carlos Figueroa

Alejandro Foxley

José Miguel Insulza

Alfredo Moreno

Miguel Schweitzer

Juan Gabriel Valdés

Bolvia tiene acceso al mar

Más del 20% de los países del mundo carecen de litoral. De esos países, Bolivia es uno de los que goza de la mayor cantidad y calidad de derechos para acceder al mar.

En virtud del Tratado de Paz y Amistad de 1904, Chile reconoció a favor de Bolivia y a perpetuidad “el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”.   Este Tratado ha sido cumplido rigurosamente por Chile.

Con el tiempo, no sólo el Tratado de Paz y Amistad de 1904 le ha otorgado a Bolivia el más amplio y libre acceso al mar. Durante todo el siglo XX el Estado de Chile hizo una serie de esfuerzos en pos del beneficio económico y comercial del Estado de Bolivia, a través de una serie de obligaciones contraídas; la Convención sobre Tránsito de 1937, el Tratado de Complementación Económica de 1955, el Protocolo Complementario sobre Facilidades para la Construcción del Oleoducto de 1955 y el Acuerdo sobre el oleoducto de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Sicasica-Arica de 1957, son algunos de los acuerdos que mejoraron aún más las condiciones que garantizan a Bolivia el derecho de libre y pleno acceso al Océano Pacífico.

Autonomía aduanera de Bolivia en los puertos de Arica y Antofagasta.
Como consecuencia del Tratado de 1904, Bolivia ejerce potestad aduanera en los puertos de Arica y Antofagasta sobre las cargas con destino a Bolivia, esto implica que Bolivia tiene sus propias autoridades aduaneras en los puertos de Arica y Antofagasta, y son dichas autoridades, y no las chilenas, las que emiten o autorizan la documentación relativa a la carga para su despacho a Bolivia.

Esto además significa que Bolivia tiene la facultad discrecional para dictar sus propios aranceles y fijar la tasa de los derechos de importación, entre otras medidas.

La facultad de tener autoridades aduaneras propias en los puertos chilenos es un elemento diferenciador del que dispone Bolivia y que no es aplicado en el caso de otros países sin litoral.

Derecho de las cargas bolivianas a permanecer almacenadas por plazos sustancialmente mayores.
Las mercancías en tránsito bolivianas pueden permanecer en las zonas primarias de los puertos de Arica y Antofagasta por espacio de un año bajo la potestad aduanera boliviana. Este plazo puede extenderse por 3 meses más (90 días) bajo potestad aduanera chilena. Es decir, las mercaderías bolivianas pueden estar 1 año y 3 meses en las zonas primarias de los mencionados puertos chilenos (455 días).

En esas mismas zonas, las mercancías chilenas o de terceros países tienen un plazo de permanencia de sólo tres  meses (90 días), al término del cual caen en la presunción de abandono, debiendo pagar multas para obtener su recuperación.

Almacenamiento gratuito
Bolivia goza de almacenamiento gratuito en los puertos de Arica y Antofagasta hasta por un año para sus importaciones y 60 días para sus exportaciones.
No existe gratuidad de almacenamiento en los puertos de Arica y Antofagasta para las cargas chilenas o de terceros países.

Esta gratuidad de almacenamiento en favor de la carga boliviana excede las obligaciones del libre tránsito previsto en el Tratado de 1904.

Tarifas preferenciales para el servicio de uso de muelle para la carga FIO.
Existe una tarifa fija de 0,85 dólares por tonelada, que se aplica a todas las mercancías bolivianas cuyos fletes hayan sido pactados en condiciones FIO (Free in and out, el costo de la descarga es de quien contrata el flete) o bien, a las mercancías en que el pago del servicio de cargue y/o descargue sea de cargo del consignatario.

Esta tarifa reducida no se aplica a las cargas chilenas o de terceros países. En el Puerto de Arica, el mismo servicio tiene un costo de US$ 1,98 por tonelada.

Tarifas reducidas o preferenciales para el almacenamiento de cargas peligrosas.
Chile aplica tarifas preferenciales para el servicio de almacenamiento de las cargas bolivianas de retiro o embarque inmediato (carga peligrosa). Así, mientras cada tonelada de carga de importación en tránsito boliviana paga US$ 1,04 por almacenamiento cubierto (por un período de 5 días), las mismas cargas, chilenas o de terceros países, deben pagar US$ 111,15 (por un período de 5 días).

Exención impositiva a todos los servicios aplicados a la carga boliviana en tránsito.
La legislación chilena exime de todos los impuestos que puedan afectar a la carga procedente o con destino a Bolivia en libre tránsito por territorio chileno y asegura la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los servicios prestados a esa carga. Recientemente esta exención de IVA se ha extendido a los servicios que la nomenclatura especializada denomina “Gate In” y que consiste en el carguío de los contenedores vacíos en el puerto, el traslado   de los mismos a los lugares de depósito, la descarga de estos contenedores en dichos lugares y su aseo básico.

En base a estos diversos factores,  el “derecho de libre tránsito” es ejercido por Bolivia sin obstáculos, y en condiciones que se evalúan muy favorablemente, a la luz de las reglas generales contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Chile y el comercio boliviano.
Más de 7 mil empresas bolivianas realizan su comercio exterior a través de los puertos chilenos. En los últimos cinco años, el movimiento de carga de comercio boliviano por puertos chilenos aumentó en 132%.

Solamente por el puerto de Arica, Bolivia transfiere más del 40% del comercio que se origina o está destinado a países no vecinos.
Al mes de marzo de 2014, de las 762.654 toneladas que se han movilizado por el puerto de Arica, 81% corresponde a carga boliviana.

Por otra parte, corresponde destacar que este conjunto de beneficios y privilegios de libre tránsito de los que dispone Bolivia, le cuestan a Chile cerca de US$100 millones anuales aproximadamente. Además, si se consideran  los costos directos (inversiones en mantención de caminos y vía férrea, pago a las empresas portuarias por la gratuidad de almacenamiento y tarifas preferenciales que otorgan a la carga boliviana, no cobro de impuestos a la mercadería en tránsito hacia o desde Bolivia, etc.) y los costos en que incurren  los privados para materializar y facilitar este libre tránsito en favor de Bolivia, estos US$100 millones anuales se ven ampliamente superados. A esta cifra también se deben sumar, todos los esfuerzos que Chile realiza continuamente para ampliar y mejorar la infraestructura portuaria, aduanera, caminera y línea férrea.

Por último, de los múltiples tratados comerciales que Chile ha suscrito, el único que fue negociado en forma asimétrica, esto es, aceptando conceder claramente más de lo recibido, es el Acuerdo de Complementación Económica con Bolivia. Mientras Chile otorgó arancel 0% a todos los productos bolivianos (salvo el azúcar en cuanto excediera las 6.000 toneladas), Bolivia sólo concedió arancel 0% a 300 productos chilenos.

Oleoducto Sica Sica – Arica.
El libre tránsito tiene una expresión particular en el oleoducto Sica Sica – Arica. En éste, Chile otorgó a Bolivia en concesión de uso dos terrenos en Arica, uno de 13 hectáreas y otro de 3,5 , destinados a la operación y transferencia de hidrocarburos que se exportarían por el gasoducto. Asimismo, se oentregó en concesión de uso una franja de terreno para la cañería desde Arica a la frontera de 10 metros de ancho y más de 150 kilómetros de largo, con una superficie que supera las 150 hectáreas.

Por un acuerdo de 1992, Chile permite el uso en los dos sentidos del ducto y de los almacenamientos de combustible, quedando dichas instalaciones aptas para la exportación e importación.

La Política Exterior comienza en casa

Uno de los aspectos menos mencionados en el reciente episodio del fallo preliminar de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es el amplio involucramiento de la opinión pública, de la ciudadanía en el debate público acerca de la posición de Chile y acerca de las relaciones internacionales de nuestro país en su entorno sudamericano.

En el preciso instante en que nos aproximamos a un “momento constituyente” y en que la ciudadanía se encontrará debatiendo acerca de los contenidos de la futura Constitución Política de la República, no puede ser más saludable que la Política Exterior de Chile esté sometida al debate en el espacio público y al escrutinio de los ciudadanos.  Porque en última instancia, como expresión de la visión de país, de Estado y del mundo que tenemos como ciudadanos, la política exterior de un país comienza en casa.

Por lo tanto, los asuntos que nos conciernen como ciudadanos, en tanto habitantes del país o en tanto chilenos en el espacio latinoamericano y en el mundo, nos hacen de alguna manera solidariamente responsables del modo cómo se manejan las relaciones internacionales.  La política exterior es un asunto de Estado -es cierto- y el Estado somos todos.

JUSTICIA O DERECHO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES.

Desde una perspectiva del realismo político, las consideraciones morales no se aplican a la hora de poner en juego los factores de poder de un actor internacional (Estado o corporación), sino que entran en juego el interés nacional de cada actor.  La pregunta esencial -aunque no la única- es saber qué intereses pone en juego cada Estado en su relación con los demás Estados en el concierto internacional.

En el reciente fallo de la Corte Internacional de La Haya, la tesis jurídica o juridicista de Chile ha sido derrotada, ha quedado obsoleta.  Hoy resulta más que evidente que el problema central que se plantea entre Chile y Bolivia no son los Tratados, sino el modo como ambos países van a ordenar su convivencia en lo que resta del siglo XXI.   Los intereses de Chile se mantienen inalterables, pero la argumentación política y jurídica de nuestro país, ha sido cuestionada y derrotada, aun en el marco limitado de la discusión de competencia del tribunal frente a la demanda boliviana.

El este sentido, el interés nacional de Chile solo puede ser entendido y preservado a partir del reconocimiento de que este país no es una isla en el continente sudamericano y de que el diferendo marítimo planteado por Bolivia (y que Chile ha afirmado que es un diferendo artificial) solo puede resolverse en la diplomacia de los acuerdos, pero en un ejercicio de negociación multilateral.

Implícitamente además, la Corte de La Haya ha dejado en evidencia que la tesis de la demanda boliviana por una salida soberana al mar es un asunto exclusivamente bilateral entre Chile y Bolivia, ya no se sustenta en los hechos objetivos.  El problema de la mediterraneidad boliviana es un asunto que concierne a Bolivia, a Chile y a Perú.

Es decir, ahora es una cuestión multilateral.

Todos sabemos que para que exista una negociación o un diálogo diplomático deben concurrir dos voluntades y estas voluntades deben manifestarse sin condiciones ni requisitos previos que predeterminen el resultado.  Ambos actores del diálogo diplomático concurren a la mesa, en tanto en cuanto libremente deciden dialogar.

Una mayoría de los ciudadanos en Chile se niega a la idea de ceder territorio chileno para que Bolivia tenga salida soberana al mar.  La causa boliviana ha encontrado eco en algunos sectores sociales y políticos en Chile, pero no son mayoritarios: la mayor parte de los chilenos consideran que no deben cederse territorios al país altiplánico.   Este es un dato político que tiene que ser considerado por la diplomacia.  Es altamente plausible que el gobierno chileno que se allane a ceder territorios chilenos a Bolivia, se enfrente a una reacción ciudadana de rechazo inédita en la Historia de este país.

No es un problema de sentimientos nacionalistas, que se “escondieron bajo la alfombra” a la hora de entregar las riquezas pesqueras del mar de Chile a siete familias que constituyen los poderosos consorcios empresariales pesqueros dominantes.

Es necesario profundizar en la comprensión de que la solución de la mediterraneidad boliviana no depende solamente de Chile.   Porque cualquiera sea la fórmula territorial necesaria para posibilitar una salida soberana al mar de Bolivia, ésta solución no puede implicar el cercenamiento de la integridad territorial y de la continuidad del territorio nacional de Chile.   Es de justicia reconocer que, en esta materia, el interés nacional de Chile choca con el interés nacional de Bolivia por una razón: porque la eventual salida al mar de Bolivia supone un ejercicio diplomático en el que no solamente deben estar presentes los chilenos y los bolivianos, sino también los peruanos.

El derecho dice que el diferendo entre Chile y Bolivia está encapsulado en el Tratado de 1904 como monolito inamovible, pero la justicia dice que si queremos vivir otros cien años en paz, integración y hermandad con Bolivia, tenemos que sentar en la mesa de la negociación diplomática a Perú, Bolivia y Chile para encontrar una salida al asunto, una salida digna, honorable y justa para todas las partes.

EL MUNDO HA HECHO IMPLOSIÓN.

Las teorías del derecho internacional basadas en la lógica westphaliana de las soberanías nacionales, han entrado en crisis desde el advenimiento de la globalización y con la comprensión de la interdependencia de los pueblos y naciones.

Como expresa Castells, las sociedades de la información siempre han existido, desde el primer homo sapiens hasta el humano de la civilización industrial. Pero hoy nos encontramos con algo totalmente nuevo: la sociedad informacional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si en las sociedades de la información se aplicaba el conocimiento a la tecnología, ahora en las sociedades informacionales es al revés: es la tecnología la que se aplica al conocimiento. Y ello requiere de toda una serie de cambios: las estructuras piramidales son sustituidas por las reticulares, la lógica bivalente y lineal por la difusa y no lineal, el pensamiento mecanicista-cartesiano por el sistémico-holístico…

El viejo sistema de Estados soberanos y territoriales ha hecho implosión.  La Diplomacia hace cada vez más un uso intensivo de la Política, de las Comunicaciones y de la Estrategia y eso quiere decir que la Política Exterior de Chile debe ser ampliamente expuesta y explicada a la ciudadanía, a América Latina y al mundo.

La causa de Chile está basada no solamente en el Derecho, sino en la justicia y en la razón.

Declaración de la Presidenta Michelle Bachelet sobre el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya

Presidenta de la República Michelle Bachelet: “El pronunciamiento de la Corte sobre su competencia, no afecta en nada nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada”

En declaración de prensa realizada en el Palacio de La Moneda, la máxima autoridad nacional destacó que “mantenemos la firme convicción que la demanda boliviana carece de toda base, pues confunde derechos con aspiraciones y tergiversa completamente lo que ha sido la historia entre Chile y Bolivia, y muy especialmente el Tratado de 1904, el contexto y alcance de los diferentes diálogos diplomáticos que han existido entre ellos. Chile no tiene ningún tema territorial o limítrofe pendiente con Bolivia”.

Tras conocer el fallo sobre la objeción preliminar que presentó Chile ante la Corte Internacional de La Haya, frente a la demanda marítima de Bolivia, la Mandataria afirmó que “nuestro país aportó antecedentes sólidos en derecho que deberían haber llevado a la conclusión contraria. Como recordarán, nuestra determinación de impugnar la competencia de la Corte gozó de un amplio respaldo, muy transversal en el país, y fuimos testigos, durante los alegatos de mayo, del excelente trabajo desarrollado por nuestro equipo jurídico, al fundar la posición chilena”.

En una declaración de prensa realizada en el Salón O’Higgins del Palacio de La Moneda, destacó que “más allá de que analizaremos en profundidad el fallo, estoy convencida que hicimos lo correcto al interponer la objeción preliminar, pues correspondía utilizar este paso procedimental al cual teníamos derecho”.

Asimismo, explicó que “ahora estamos en la misma posición en que estaríamos si, en cambio, hubiésemos decidido entrar de lleno a contestar la demanda boliviana y no hubiésemos objetado la competencia de la Corte”.

En este contexto, subrayó que “el pronunciamiento de la Corte sobre su competencia, no afecta en nada nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. Lo único que se ha decidido hasta ahora, es que la Corte es un tribunal apto para conocer del reclamo boliviano, sin que exista ninguna evaluación  sobre lo que pretende Bolivia”, y añadió que “debe destacarse muy especialmente que la Corte ha declarado que ella no podría predeterminar el resultado de una eventual negociación”.

La Jefa de Estado aseguró que “mantenemos la firme convicción que la demanda boliviana carece de toda base, pues confunde derechos con aspiraciones y tergiversa completamente lo que ha sido la historia entre Chile y Bolivia, y muy especialmente el Tratado de 1904, el contexto y alcance de los diferentes diálogos diplomáticos que han existido entre ellos. Chile no tiene ningún tema territorial o limítrofe pendiente con Bolivia”.

Además, resaltó que “nuestra defensa se basa en principios esenciales que fundan el orden internacional y las relaciones entre los Estados, incluyendo la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras. Entramos ahora a la fase del fondo del juicio, donde podremos aportar todos los argumentos que no correspondía esgrimir en la etapa preliminar”.

Frente al escenario venidero, explicó que “estamos seguros que dejaremos en evidencia tanto las ambigüedades y contradicciones, como la falta de fundamento de la demanda boliviana. Confiamos en nuestros argumentos, en el derecho internacional y en que la razón está de nuestro lado”.

Al concluir sus palabras, la máxima autoridad nacional afirmó que “les aseguro que mi Gobierno, y no tengan dudas que será el caso de los que siguen en el futuro, adoptará todas las medidas que correspondan para salvaguardar la integridad de nuestro territorio, de manera que bajo ninguna circunstancia, ésta se verá afectada”.

Del mismo modo, agradeció “la vocación compartida de enfrentar este proceso con determinación y unidad nacional. En los desafíos que tenemos como país, nuestra unidad es siempre un valor insustituible que refuerza y da solidez a nuestras posiciones”.

Acompañaron a la Presidenta, los ministros del Interior y Seguridad Publica, Jorge Burgos; de Hacienda, Rodrigo Valdés; de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre; de Gobierno, Marcelo Díaz; de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; y de Defensa, José Antonio Gómez, además del presidente del Senado, Patricio Walker; el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Patricio Vallespín, los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras; y representantes de los partidos y movimientos políticos con representación parlamentaria.

Agente de Chile Felipe Bulnes: “El derecho internacional y la razón están de nuestro lado”

El agente del gobierno chileno explicó que la Corte Internacional de Justicia de La Haya no se siente llamada a declarar un derecho respecto a una salida soberana en favor de Bolivia.

El agente chileno, Felipe Bulnes se refirió al fallo de La Haya que desestimó la objeción preliminar del gobierno chileno y planteó que el tribunal delimitó la demanda de Bolivia a través de su veredicto.   Bulnes señaló que el fallo pronunciado por la Corte “nos produce emociones encontradas, por un lado nos hubiese encantado que la Corte hubiese acogido la objeción de incompetencia presentada por nuestro país”.

Pero el agente chileno destacó que el criterio fundamental de la Corte para establecer el veredicto es que “entiende que la demanda boliviana no esta pidiéndole a la Corte y por ende la Corte no se siente llamada ni autorizada a hacer, a declarar un derecho a una salida soberana en favor de Bolivia”.

El fallo tiene un efecto importante en el juicio, explicó Bulnes, ya que “la petición boliviana ha quedado significativamente reducida, porque ya no estamos discutiendo el eventual derecho de Bolivia a una salida soberana”.

El agente chileno en la Haya, Felipe Bulnes, se refirió al panorama que se vive a horas de la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.   Bulnes aclaró que existe un ambiente de tranquilidad en el mundo político debido al respaldo que sustenta la postura de Chile.

“Hemos hecho todos los esfuerzos por presentar el mejor caso frente a la Corte“, aclaró.  Ante la posibilidad que se presente un panorama distinto al esperado, el agente chileno aseguró que hay confianza para continuar en el caso.   “Si la resolución nos lleva al fondo, tanto el derecho internacional, como la razón están de nuestro lado“, precisó.   Además, calificó como “desaconsejable” que Chile se retirara del juicio.   “Si el juicio va a seguir adelante, no estar ahí para manifestar nuestra posición seria un error (…) la sentencia de fondo se dictaría igual esté o no esté nuestro país”, explicó.

Asimismo, recordó que si Chile se retira del pacto con Bogotá, de ninguna manera este hecho incidiría negativamente en el juicio con Bolivia.

En su rol como agente, Bulnes manifestó sentir una gran responsabilidad, por todo lo que implica la representación de Chile en la demanda.   “Obviamente que el agente encabeza un proceso y es el responsable de las decisiones que se van tomando que son ratificadas por la Presidenta de la República“, sentenció.

Las salidas al mar de Bolivia

Bolivia tiene acuerdos binacionales con Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, que les facilitan concesiones portuarias y zonas francas para un acceso al mar por el océano Atlántico que le permita exportar e importar, pero aún no logra consolidar el uso de esas licencias.

En un profundo reportaje, el medio boliviano Opinión consultó al viceministro de Comercio Exterior de ese país, Clarems Endara Vera, quien  explicó que, con la aprobación de Congreso brasileño en junio para concesiones de zona franca en Paranaguá, se completa el circuito del Mercado Común del Sur (Mercosur) que facilita a Bolivia para virar nuevas opciones de salida al mar por el Atlántico.

Sin embargo, Endara admitió que este circuito no se está aprovechando adecuadamente por una serie de situaciones que tienen que ver con tiempo, distancias y facilidades que deben ser coordinadas entre exportadores y Gobierno.

“La ratificación del convenio en el Congreso de Brasil refleja la voluntad del Gobierno brasileño hacia el país de cumplir compromisos y otorgar facilidades para un acceso al océano Atlántico”, aseveró.

Según la autoridad, Bolivia tiene actualmente concesiones portuarias y zonas francas en la hidrovía Paraguay–Paraná, en la zona del puerto Rosario, en Argentina; en el puerto de Villetas, cedido por el Paraguay; además de los puertos de Montevideo y Nueva Palmira, otorgados por Uruguay, país con el que también se firmó un memorándum conjunto para la construcción de una infraestructura portuaria en su puerto de Aguas Profundas.

“Aguas Profundas de Uruguay es una propuesta que está en ejecución y construcción, donde Bolivia tiene que definir las condiciones sobre las cuales quiere participar”, explicó Endara.

Con Brasil, con el que el proceso de concesión termina con la aprobación en su Congreso, Bolivia accede a un depósito franco en el puerto de Paranaguá, lo que también acerca los lazos con los países del Mercosur.

Manifestó que todos estos acuerdos de concesiones portuarias y zonas francas son una abierta posibilidad y una alternativa para que Bolivia “materialice” su acceso al Atlántico.

Para el uso de las zonas francas portuarias que ofrecen los países del Mercosur, a decir de Endara, hace falta una decisión política conjunta con los dueños de la carga, que son los empresarios privados, de manera que se les pueda dar una “verdadera utilidad”.

“Un puerto o un depósito franco no tiene utilidad si no administra carga; es decir la forma de recuperar el capital de un depósito, darle utilidad, tener empleados, la compra de maquinaria, depende de la cantidad de carga que se va a manejar”, agregó.

Para la exportación de hierro de El Mutún, estos puertos se constituyen en un potencial para que las grandes cargas puedan salir por la hidrovía, requiriendo tan solo de lugares específicos de almacenaje, que pueden ser los depósitos francos de Paranaguá.

Las salidas al mar de Bolivia por puertos chilenos.

De acuerdo al Viceministro, los empresarios privados prefieren los puertos chilenos, con prioridad Arica, por un tema fundamentalmente de distancia, lo que hace poco atractiva la exportación o importación por el Atlántico.

Ese, según la autoridad, sería el panorama que desincentiva a los privados a hacer uso de los puertos y zonas francas que se tienen con los países del Mercosur.

“Actualmente, los puertos chilenos son los más utilizados para el comercio exterior por la facilidad de cercanía, dado que desde Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, La Paz y Oruro a los puertos de Arica se necesita entre 10 y 28 horas de viaje”, aseveró.

En cambio, precisó que, por el lado de la hidrovía, para la exportación de cualquier producto por un puerto del Atlántico se necesita entre 30 a 35 días.

En consecuencia resumió que el tema de tiempo, distancia, vías de comunicación y costos definen la predilección por los puertos de Chile para hacer el comercio exterior.

Según el viceministro Endara, es imperioso trabajar en los puertos y depósitos francos para demostrar las posibilidades, capacidades y beneficios a fin de que los privados puedan explotar estas concesiones.

Las aternativas portuarias de Bolivia en el Atlántico.

El Congreso brasileño ratifica después de 25 años un acuerdo que le otorga a Bolivia tener acceso a un “depósito franco” en el puerto brasileño de Paranaguá, considerado uno de las más grandes terminales graneleros de América Latina y ubicado en el sureño estado de Paraná. A través de ese depósito, Bolivia podrá realizar operaciones de importación y exportación.

“Si bien Paranaguá no es puerto soberano, Bolivia podrá utilizar este depósito franco en condiciones ventajosas. La administración, expedición y almacenaje de la mercadería boliviana estará dentro de un régimen especial. Es decir, si se decidiera realizar el almacenaje, consolidación de carga en Paranaguá, se debe definir con las autoridades brasileñas un espacio físico para la administración del mismo”, aseveró.

Uruguay pondrá en marcha “acciones urgentes” para facilitar el acceso de Bolivia al océano Atlántico mediante sus puertos y la hidrovía Paraguay-Paraná, con la finalidad de atenuar los efectos de su encierro geográfico.

Bolivia no aprovecha las ventajas que ofrece la hidrovía Paraná- Paraguay, pues en 2014 pasaron exportaciones por esa vía de un 2.7 por ciento del total nacional, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Bolivia accede desde esta hidrovía de forma directa a puertos argentinos y uruguayos, ubicados en el océano Atlántico; pero la carga se limita a productos oleaginosos (derivados de la soya). Por ejemplo, 59 por ciento de lo exportado por esta ruta en 2014 fueron tortas de soya por un volumen de 668 mil toneladas y un valor de 280 millones de dólares.

El segundo producto más exportado es el aceite de soya, con un volumen de 124 mil toneladas y un valor de 109 millones de dólares; le siguen los granos de soya, con una participación del 17 por ciento en valor, señala el IBCE.

Endara también dijo que la zona franca en Rosario (Argentina) reúne mejores condiciones, por lo que, a la fecha, la Cancillería realiza estudios para reactivar su funcionamiento.

La salida al mar de Bolivia por el Mercosur.

La fluidez de carga, el tipo de depósito en zona franca que se quiere administrar y las concesiones portuarias que otorgan los países del Mercosur, ponen a Bolivia con un pie en el océano Atlántico para llegar directamente al mercado asiático y europeo.

El viceministro de Comercio Exterior, Clarems Endara, dijo que estas alternativas que ofrecen los países del Mercosur deben ser aprovechadas por Bolivia, previa alianza estratégica con los privados, que son los directos interesados para la exportación e importación.

No obstante, admitió que, tomando en cuenta que todos los productos que ingresan al país llegan vía puertos del Pacífico, la importación y exportación por la hidrovía no ha sido “muy efectiva”.

La propuesta boliviana del corredor interoceánico central, que aún falta por avanzar en su diseño y ejecución, perfila hacer la conexión férrea desde las zonas productivas hacia los puertos de Santos, Paranaguá del Brasil y puertos Busch, Suárez y todo el eje troncal de Bolivia, lo que favorecería en gran medida salir por puertos del Atlántico.

Admitió que una forma de abaratar costos para exportar por Brasil es la adhesión a las líneas férreas del Brasil para salir a puertos de Santos y Paranaguá.

Según Endara, el aprovechamiento de almacenamientos francos tendría que darse a partir de una coordinación y ejecución conjunta en la logística del transporte.

“La utilización de estos depósitos intermedios abarataría la exportación del producto; la carga en estos depósitos posibilita la utilidad específica, para lo cual, se tiene que hacer estudios de logística de transporte”, agregó.

La alternativa peruana de Ilo.

Consultado sobre la posibilidad de potenciar los puertos de Ilo en Perú para dejar paulatinamente los chilenos, el viceministro de Comercio Exterior, Clarems Endara, dijo que aún no se puede trabajar con total libertad y decisión política porque aún está pendiente la ratificación del Congreso de ese país.

Prevé que, por el volumen exportador creciente de los últimos años, los puertos de Arica en poco tiempo quedarán rebasados, por lo que fija como desafío tener una alternativa real para el comercio exterior boliviano.

Manifestó que los ancladeros del Pacífico (Chile y Perú) son los puertos naturales que tiene Bolivia para ejecutar su comercio exterior de exportación e importación. El mejoramiento de las condiciones de almacenamiento y operatividad de los puertos determina la decisión del empresario de trabajar con determinado puerto por Chile o Perú, en el Pacífico, al igual que en el Atlántico.

Chile y Bolivia: más de 110 años de integración

Terminada la dramática guerra del Pacífico (1879-1884), los pueblos de Bolivia y Chile se dieron a la tarea de reconstruir y de forjar las vidas de las familias, comunidades y territorios que fueron espacio de conflicto y de muerte.  Los extensos territorios del Norte vivieron desde ese momento y especialmente, desde la firma del Tratado de 1904 un largo e ininterrumpido proceso de integración y de complementación, que los sucesivos gobiernos a lo largo del siglo XX y XXI han procurado acompañar o entorpecer según sean las intenciones del momento.

El Tratado de 1904 fijó definitivamente la frontera entre ambos Estados y las naciones chilena y boliviana han actuado en consecuencia a esa intangibilidad del Tratado: las fronteras son inamovibles y por lo tanto lo que corresponde es impulsar que estos dos pueblos se encuentren y continúen viviendo en comunidad, conviviendo en su diversidad y realizando sus vidas a pesar y a través de los límites que los Estados establecieron.  En el siglo XXI las fronteras no son límites a la integración, sino que son espacios seguros de confluencia y encuentro de los intereses nacionales.

La integración de los pueblos chileno y boliviano no está escrita en los tratados fronterizos pero forma parte de la realidad y de la costumbre de varias generaciones de ciudadanos de ambos países que conviven, intercambian, comercian y se relacionan entre sí.   El norte de Chile, el oeste boliviano y el sur peruano forman una misma cuenca cultural nortina y altiplánica, vinculada a las profundas tradiciones de los pueblos originarios precolombinos y que chilenos, peruanos y bolivianos solo han continuado.

El Derecho puede encontrarse con la realidad.

El Derecho establece la intangibilidad de los Tratados, precisamente porque para modificar un acuerdo limítrofe sancionado con un Tratado tienen que concurrir las voluntades de ambos “contratantes” y no basta con el voluntarismo de uno de ellos.  No hay fuerza que pueda modificar la razón del Derecho y de la realidad geográfica y humana: chilenos y bolivianos están destinados a vivir como vecinos.

Cabe subrayar que la mediterraneidad de Bolivia no es la causa de su subdesarrollo como país: la mejor prueba de que la mediterraneidad no es causa de subdesarrollo o de atraso se encuentra en Austria, en Hungría o en Suiza.  El atraso o subdesarrollo de Bolivia se encuentra en el comportamiento depredador de las oligarquías mineras y terratenientes bolivianas.  No es menor el dato objetivo que Bolivia es el Estado que dispone de la mayor cantidad de facilidades portuarias en América Latina: en puertos de Chile, Perú, Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil.  Bolivia tiene acuerdos binacionales con Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, que les facilitan concesiones portuarias y zonas francas para un acceso al mar por el océano Atlántico que le permitiría exportar e importar, pero aún no logra consolidar el uso de esas licencias.

El gobierno de Bolivia intenta obligar a Chile, intenta forzar al Estado de Chile a dialogar y a establecer un diálogo diplomático para despojar a Chile de una porción de su territorio modificando el Tratado de 1904, a fin de conseguir una salida soberana al mar.  Todo diálogo diplomático es el resultado de un consenso inicial entre dos actores que voluntariamente se disponen a conversar.  A nadie se le fuerza a dialogar, sobre todo cuando fue Bolivia el país que cortó las relaciones diplomáticas con Chile en el año 1962.

En la actual realidad geográfica y geopolítica de Chile y de Bolivia, darle una salida soberana al mar a Bolivia significa cercenar el territorio nacional de Chile, salvo que Perú se allane a permitir que la nación altiplánica disponga de un corredor al océano Pacífico al norte de Arica, en lo que fueron antiguamente territorios peruanos.  Es demasiado paradójico que la dificultad mayor de la mediterraneidad boliviana se llama Perú, que se niega a permitir ese acceso a los hermanos bolivianos.

Cualquiera sea el fallo preliminar de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Chile seguirá apegado al Derecho Internacional y a la razón que le otorgan los Tratados acordados y ratificados vigentes, aunque el gobierno de Bolivia continúe desplegando todas las campañas mediáticas que quiera.