La Presidenta Michelle Bachelet ha anunciado y reiterado que el debate constituyente se iniciará en septiembre de este año: se trata de una convocatoria que pone a las organizaciones sociales, ciudadanas y a todos los referentes políticos existentes frente al imperativo de abrir el diálogo acerca de la forma cómo la ciudadanía va a participar e incidir en la futura Constitución. Constatamos que el debate constitucional y constituyente se atravesará con el proceso eleccionario municipal de 2016 y acaso también con las elecciones parlamentarias, de CORES, de Intendentes Regionales y presidenciales de 2017.
La discusión acerca de la nueva Constitución se ha circunscrito a la cuestión del mecanismo a través del cual el pueblo sancionará el futuro texto constitucional, pero tenemos la impresión que se ha perdido un tiempo precioso en discutir acerca de los contenidos de la futura Constitución.
Preguntas ineludibles no están siendo respondidas ni analizadas por las organizaciones ciudadanas: ¿un Estado subsidiario o Estado de bienestar o un Estado Social de derechos? ¿Un Congreso Nacional bicameral o unicameral? ¿Un régimen político presidencial o un regimen semipresidencial o un régimen parlamentario? ¿Un Estado unitario o un Estado descentralizado?
Desde nuestra perspectiva nos parece relevante abrir y contribuir al debate ciudadano acerca del modo cómo se organizarán los gobiernos regionales en la futura Constitución, conforme a un esquema avanzado de descentralización y autonomías regionales.
La siguiente es un documento de propuesta sobre Estado descentralizado y autonomías regionales, para la futura Constitución:
Desde sus orígenes, la República y el sistema democrático en Chile se han asentado sobre un conjunto de instituciones centralizadas al interior de las cuales se expresan los órganos territoriales, a saber, las provincias y las comunas (en las Constituciones de 1818 a 1925) y las regiones (Constitución de 1980).
Los territorios tienen un lugar en las sucesivas Constituciones de la República, pero en una rápida síntesis histórica, han tenido un lugar subordinado como espacios de poder dependientes de las decisiones y estructuras centralizadas en la capital.
Los territorios del ámbito municipal, es decir, las comunas, provienen desde el período del Estado colonial hispano y los “partidos” aparecen en las primeras Constituciones de la República, reemplazadas por las provincias desde la Constitución de 1833.
Aun así, las provincias y las comunas, son formas territoriales que han ido adquiriendo ciertos grados de desconcentración y de descentralización, al interior de un Estado originariamente centralizado. Desde el punto de vista del régimen político, la República ha funcionado a lo largo del siglo XIX y del siglo XX como una democracia cada vez más representativa, pero estructurada en base a un centralismo presidencial cada vez más exacerbado.
En el presente, por lo tanto, se trata de una democracia centralizada territorialmente, donde el ejercicio de los poderes ejecutivos y legislativos se ha traducido en órganos radicados en el centro del país.
El Estado centralizado y unitario o el Estado descentralizado es uno de los contenidos esenciales que debemos discutir en el venidero proceso constituyente: ¿qué tipo de Estado queremos definir en la nueva carta fundamental?
El centralismo no es solo una estructura institucional de organización del Estado y la administración en los territorios: la clave del centralismo en el Estado de Chile radica en los procesos de toma de decisiones, cualquiera sea la ubicación geográfica o institucional de quienes resuelven en última instancia las políticas públicas y las soluciones a los problemas.
El centralismo ha acentuado las desigualdades territoriales en Chile y ha permitido que se generen asimetrías económicas y sociales amparadas por estructuras de poder radicadas en la capital nacional y en las capitales (provinciales y regionales) en desmedro de las provincias y comunas: las desigualdades que separan a las regiones respecto de la capital nacional y los poderes centrales, se replican en desigualdades que diferencian a las capitales regionales respecto de sus provincias y comunas.
El centralismo y la desigualdad territorial resultante, afecta históricamente, por ejemplo, a la región de Magallanes bajo distintas modalidades: existe un centralismo administrativo que impregna la totalidad de las instituciones del Estado y la administración pública, pero al mismo tiempo, se manifiesta un centralismo corporativo, que afecta a las empresas y actividades económicas en el territorio regional. Los sucesivos esfuerzos políticos e institucionales de descentralización y desconcentración realizados en Magallanes desde la década de los años sesenta del siglo XX han resultado incompletos e insuficientes, del mismo modo como la regionalización diseñada y emprendida por la dictadura desde 1975 en adelante, ha significado reforzar y profundizar el centralismo de la capital nacional sobre las regiones y de la capital regional sobre las comunas.
No basta con el debate acerca de la forma o modalidad de cambio de la actual Constitución: es hora de entrar y aportar en el debate ciudadano sobre los contenidos de la futura Constitución.
