Eso se llama tener cultura…

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En materia laboral, Chile está más cerca del siglo XIX que del siglo XXI

¿Hablemos de temas valóricos?

La situación legal, institucional y económica en que se encuentran hoy los trabajadores en Chile es tan precaria como en el siglo XIX o a principios del siglo XX.  El retroceso experimentado por la clase trabajadora desde la dictadura militar ha sido enorme y la brecha sindical y laboral se ha agudizado.

Es como si en Chile en materia de relaciones entre el capital y el trabajo, hubiesemos retrocedido al siglo XIX.   Por ejemplo, la jornada de 8 horas es hoy una ilusión en la mayoría de los sectores laborales del país.

A quienes denostan o silencian los avances laborales logrados en el gobierno del Presidente Salvador Allende (1970-1973) habría que recordarles los siguientes logros que existían hasta 1973: reajuste automático  semestral y por ley de sueldos y salarios conforme al IPC; negociación colectiva por ramas de actividad; sindicatos únicos; participación de los trabajadores del sector público en la administración de las empresas y servicios del Estado; asignación de zona de un 100% a todos los funcionarios públicos y todos los trabajadores del sector privado en la región de Magallanes.

Hoy la precarización del empleo y del trabajo, ocasionada por la ley de subcontratación y otros preocedimientos antisindicales y antilaborales en el sector público y en el sector privado, permiten el multiRUT, y la flexibilización laboral en todos los sectores.   La precarización instala el temor al despido, induce a los abusos dentro del trabajo y las faenas y favorece la prepotencia de gerentes, administradores, supervisores y contratistas. ¿No era acaso el Ministro de Hacienda Andres Velasco en tiempos del gobierno de Michelle Bachelet que proclamaba que “el trabajador con miedo trabaja mejor”…?

A la precarización del trabajo y el empleo en el sector público (contratación masiva de personal a honorarios, obreros a jornal que trabajan como mano de obra multiuso, uso del personal a honorarios como “espacio” para instalar operadores políticos del gobierno de turno), se agrega una precaria situación del personal en empresas y faenas privadas donde las prácticas antisindicales, son parte de la lógica reaccionaria y neoliberal de administradores y gerentes para frenar la formación de nuevos sindicatos y reemplazar trabajadores en huelga.

Si a estas condiciones que afectan a los trabajadores chilenos en Chile, les agregamos la situación precaria de los trabajadores inmigrantes extranjeros en Chile, con empleos en negro, sin contrato y con remuneraciones ínfimas y por temporadas, completamos un cuadro que más bien recuerda las condiciones de trabajo en las salitreras del norte, en las estancias de la Patagonia y en los fundos de la zona  central de fines del siglo 19.

En tiempos de neoliberalismo la flexibilización y precarización del empleo, contribuye significativamente al enriquecimiento de las empresas, favorece la mayor concentración del capital y la riqueza, potencia y propicia el endeudamiento y la atomización de los trabajadores, genera divisiones y separaciones artificiales entre las categorías laborales y opera como una gigantesca máquina de fabricar desigualdades.

El futuro de los trabajadores y de la calidad del trabajo en Chile depende de una nueva Constitución política y de un nuevo Código Laboral, adaptado a las condiciones del trabajo en Chile en el siglo XXI, que incluya normas comunes para todos los trabajadores, e instale la negociación colectiva y la sindicalización automática.   Para que Chile llegue a ser efectivamente un país moderno y desarrollado, lo primero que hay que resolver es la gigantesca desigualdad estructural de que son víctimas los trabajadores.

Manuel Luis Rodríguez U.

Encuesta Conecta Media Research – Panorama Electoral septiembre 2013

Como se puede apreciar en esta medición de intención de voto presidencial de Conecta Media Research de septiembre de 2013, sus resultados son claramente coincidentes -no obstante sus diferentes metodologías- con la más reciente encuesta de la Universidad Diego Portales y del Centro de Estudios Públicos CEP.

Lea y descargue aquí la encuesta original:

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Bachelet, la Nueva Mayoría y el problema de las expectativas

Asistimos efectivamente a un cambio de ciclo político en Chile.

Los movimientos sociales y ciudadanos de los años recientes han marcado la agenda pública y política y el imaginario colectivo del país.

Se está produciendo hoy una acelerada reconfiguración del escenario político, caracterizada por la quiebra, crisis y deterioro electoral de la Coalición de derecha, por el fracaso político del Gobierno de Sebastián Piñera, por la emergencia de nuevos e inéditos movimientos sociales, ciudadanos y territoriales y por la formación de un nuevo referente político de centro izquierda, aún más amplio que la fenecida Concertación.

Producto de un proceso de convergencia desde la oposición al gobierno de Piñera, la Nueva Mayoría resulta una coalición política inédita en la historia del Chile moderno, al constituirse en un amplio arco de centro-izquierda que abarca desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, incluyendo a gran parte del espacio progresista y social-demócrata.  Esa es su virtud más importante, a condición que aprenda a dirimir sus propios disensos, a mantener la unidad, a procesar oportunamente las demandas sociales, a abrirse hacia otros referentes del centro y la izquierda y a administrar el gobierno y el tiempo con inteligencia, a partir de un programa de cambios graduales.

En este contexto, cabe hacer un breve ejercicio de prospectiva política.

LOS TIEMPOS DE GOBIERNO Y EL NUEVO CICLO POLÍTICO.

Si es que Chile está entrando a un nuevo ciclo de la política,  el futuro gobierno de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría, tendría que organizar la gestión pública asumiendo que será un gobierno de dos tiempos: un primer tiempo de instalación y cambios (entre el 2014 y el 2015) sin elecciones a la vista; y un segundo tiempo de consolidación (del 2015 al 2016) con tres elecciones inminentes.

Puede entenderse entonces que la tarea central de los dos primeros años, será de instalar las propuestas claves de nueva Constitución, Reforma tributaria y cambios educacionales, conforme al programa.   Pero durante esos dos primeros años, el reclamo y la movilización de los movimientos sociales no se va a detener.

Ahora bien, el programa de gobierno de la Nueva Mayoría y de Michelle Bachelet, ¿es el punto de partida o el límite máximo de alcance de los cambios posibles en esta institucionalidad, dentro de un período presidencial de 4 años?   Para nadie es un misterio que los programas de gobierno, en su forma de referencia de campaña, son textos mágicos que antes de cada elección alientan el debate de la elite política y después de la elección, comienzan a desdibujarse y a desaparecer en el olvido, al mismo tiempo que la realidad de la gestión de gobierno, impone dosis cada vez mayores de realismo, elasticidad y prudencia a quienes tendrían que ejecutarlo.

La experiencia dice que los programas de gobierno siempre están sometidos al riesgo del olvido…

¿Quiénes serán la oposición durante el próximo gobierno?

El futuro arco opositor estará situado, sin lugar a dudas, desde las fuerzas de la UDI, de Evópolis y de RN, pero también estarán sectores de centro-derecha como el PRI, Fuerza Pública de Andrés Velasco y de centro-izquierda como el PRO de Marco Enriquez Ominami y eventualmente la Izquierda Autónoma, el Allendismo y Revolución Democrática.

EL PROBLEMA DE LAS EXPECTATIVAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

Para analizar el “problema de las expectativas” es básico entender que la Nueva Mayoría no son los movimientos sociales, que los movimientos sociales y ciudadanos recientes trascienden a la coalición de centro-izquierda y que esos movimientos reclaman y continuarán reclamando su autonomía e independencia respecto de las coaliciones políticas y gobiernos de turno.

Por lo tanto, la Nueva Mayoría como coalición gobernante tendrá delante suyo dos problemas estratégicos mayores a resolver:

a) ¿cómo gestionar el alto nivel de expectativas de cambio de la ciudadanía que se han desencadenado desde el 2010 en adelante y que han resultado frustradas por el fracaso del gobierno de Sebastian Piñera?

b) ¿como relacionarse con los movimientos sociales para pasar a un “nuevo ciclo de la participación”, entendida como un mecanismo de involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones de política pública, y no en un medio administrativo de cooptación y apaciguamiento de las demandas?

Pero, además, los cuatro nudos críticos de mayor conflictividad que se presentarán en el próximo futuro son: 1° los problemas de relaciones laborales; 2° los conflictos medioambientales; 3° las demandas de las regiones, y 4° los derechos de los consumidores.  Sin contar además, que el “conflicto mapuche” continuará movilizado y presente en la opinión pública y en los territorios, desde las demandas de las comunidades.

Las expectativas son, al mismo tiempo, lo que la gente quiere conseguir y lo que la gente espera que se resuelva y solucione.

Las expectativas en el Chile de hoy se relacionan directamente con los movimientos sociales, ciudadanos y territoriales: ellos son sus portadores principales aunque no los únicos.   Por lo tanto al gobierno de la Nueva Mayoría no le corresponde ni puede “controlar” el movimiento social, sino conjugar a todo nivel de la gestión pública los verbos escuchar, entender, dialogar. consultar y resolver.

Las expectativas ciudadanas se reducen con soluciones concretas a los problemas reales de la gente.

El movimiento social no se va a detener.

Al día siguiente del 17 de noviembre o del 11 de marzo de 2014, los mismos problemas, abusos y desigualdades, continuarán y por lo tanto, el escenario político y la gestión de gobierno estarán permanentemente siendo objeto de vigilancia y de control ciudadano.

Manuel Luis Rodríguez U.

Nueva Ley de CORES: estado actual de tramitación

La Sala  del SENADO aprobó en sesion del lunes 28 de octubre,  en general y por mayoría la iniciativa legal que propone reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la administración.

Para el lunes 25 de noviembre se estableció el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, que fue aprobado por 25 votos a favor y uno en contra por la Sala del Senado.

Durante la discusión intervinieron los senadores Fulvio RossiJaime OrpisVíctor Pérez VarelaIsabel AllendeCarlos CanteroHosaín SabagIgnacio WalkerJaime QuintanaEugenio Tuma y Camilo Escalona.

Cabe recordar que la votación se concretó tras haber quedado pendiente en la sesión del 8 de octubre  y los legisladores reiteraron la necesidad de perfeccionar el texto legal durante su estudio en particular, para reparar aspectos como la dualidad que se podría suscitar entre las figuras del intendente y el presidente de consejo regional y la escases de recursos de libre disposición en las regiones.

En la oportunidad, el senador Rossi recordó que los miembros de la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización presentaron una reforma constitucional que surgió como la fórmula “para destrabar el proyecto”, con lo que se establece al Senado como el órgano para dirimir conflictos, “lo que resuelve esta contienda de competencia entre el nivel central y el regional y se abre un debate aquí, en el Senado”, y destacó la importancia de aprobar el proyecto, para luego poder presentar indicaciones.

AUTONOMÍA FINANCIERA

En tanto, el senador Orpis señaló que le preocupa la autonomía en materia financiera que deben tener las regiones y presentó una investigación que realizó para determinar si el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) ha sido o no un fondo que permita regionalización; al respecto, manifestó que “prácticamente la mitad del fondo viene predeterminado desde el central y sólo el 55% es de libre disposición. Definitivamente aquí debe haber una ley de rentas regionales (…) Con otros elementos este fondo debe ser estudiado en la discusión en particular”.

Como “un paso importante, pero no suficiente”, calificó la iniciativa el senador Pérez Varela  quien resaltó que “llegó el momento de establecer con claridad que el central se desprenda de competencias y sean traspasadas a las regiones y establezcamos auténticos gobiernos regionales. Prefiero que las regiones sean las que se equivoquen y no que tengamos esta lejanía con respecto a los ciudadanos con lo que se agravan los problema”, manifestó aludiendo a los conflictos suscitados, entre otros, en Aysén y Tocopilla.

A su turno, la senadora Allende expresó sus “dudas sobre la dualidad que estamos generando entre el intendente y el presidente del consejo regional, nos estamos complicando”, sentenció, y coincidió con la deficiencia del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, “que es parcialmente de libre disposición. (…) El tema de fondo lo planteó el senador Orpis, no vamos a avanzar hacia una regionalización si no hay más recursos de libre disposición en las regiones, sufrimos de este centralismo excesivo, no podemos eludir ese tema”.

“Si uno mira lo que ha venido pasando con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es precisamente en Santiago donde más se ha incrementado, yo no visualizo instrumentos que permitan romper la tendencia y esta es pirotecnia “, reclamó el senador Cantero, quien anunció su voto en contra y añadió que “tengo la esperanza que en un próximo gobierno avancemos significativamente. Creo que este proyecto es muy deficiente con respecto a mis expectativas de descentralización”.

AVANCE TÍMIDO

El senador Sabag destacó los principales aspectos que contempla el proyecto, entre otros, el mejorar la coordinación de los gobiernos regionales, regular la transferencia de competencias y establecer normas para dirimir las dificultades que surjan. “Las facultades del presidente del consejo  no estarán limitadas a guiar la sesión, sino que hay un compromiso del Ejecutivo con la Comisión de Gobierno, que podrá, entre otros, elaborar la tabla”, detalló el legislador. Asimismo, destacó el rol e importancia de los consejeros regionales, por lo que llamó elegir a los más idóneos.

“Me defino como municipalista y regionalista, por lo que no puedo no mostrar una cierta frustración con este centralismo borbónico”, sentenció el senador  Ignacio Walker e hizo presente que “a lo que uno aspira es a profundizar la descentralización, priorizando el gobierno regional. Este proyecto es un avance, modesto, tímido, pero no es un retroceso” y rescató el que se instaura el cargo de un administrador regional y se crea el concepto de marco y glosa presupuestaria.

Para el senador Quintana <(PPD) con esta legislación “no vamos a arreglar los problemas de regionalización del país, pero en justicia esta es “la” reforma -en 20 años- que se va a implementar, junto con la elección directa de los Cores”; en la misma línea destacó los convenios de programación que se contemplan y rescató “el mérito que tiene el ponerse de acuerdo entre el central y el regional para recursos de gran envergadura”. Además, adelantó que “cuando los intendentes sean electos democráticamente, hay que discutir la presencia del presidente del Core”.

Por su parte, el senador Tuma enfatizó en que “quizás uno de los temas más apasionante para los parlamentarios de regiones, y para las regiones, es saber cuándo se podrá tomar decisiones desde regiones”, por lo que criticó que el proyecto no resuelve el centralismo, y en su opinión la iniciativa legal “habla mucho y entrega poco. (…) Cuando aprobamos recursos lo hacemos desde la mirada central y falta la mirada regional”. Para el congresista, “la descentralización sólo llegará cuando tengamos autoridades elegidas en la región con autonomía y recursos”.

Reiterando su idea de rentas regionales, el senador Escalona expresó que “todos estos esfuerzos de carácter administrativo son vacíos en la medidas que las regiones no tengan ingresos propios. Siento que el tema de fondo es que las regiones producen recursos; sin embargo, no tienen soporte propio para su financiamiento” y también recordó los problemas de regiones como Aysén, Bio Bío y “la emergencia sanitaria del hospital de Concepción”, precisó

Finalmente, el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet agradeció el amplio respaldo que obtuvo el proyecto y destacó lo relevante del debate.

OFICINA DE INFORMACIONES DEL SENADO

Los compromisos de participación en el Programa de Michelle Bachelet – Carlos Aro Perez

Compromisos de participación ciudadana en el programa de Michelle Bachelet.

PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN

La invitación del proyecto de la Nueva Mayoría es a participar para transformar y llevar adelante reformas profundas que permitan derrotar la enorme desigualdad existente en nuestro país. En ese sentido, uno de los ámbitos en que hoy chilenos y chilenas viven esta desigualdad es también a la hora de participar en la toma de decisiones.

Llevaremos adelante medidas que fortalezcan y den institucionalidad tanto a la participación política como a la participación ciudadana en la gestión pública, garantizando que todos y todas tengamos el mismo derecho a influir en las decisiones que nos afectan y sin ningún tipo de discriminación arbitraria. Nuestro Gobierno integrará transversalmente el enfoque de participación ciudadana a toda política pública sectorial. Para ello, comenzaremos por revisar y fortalecer la institucionalidad y mecanismos de participación ciudadana ya existentes (Ley 20.500), sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, Ley de Municipios y Juntas de Vecinos, mejorando los estándares y desarrollando programas que fortalezcan una ciudadanía corresponsable y que ejerza adecuadamente el control social.

AVANCEMOS JUNTOS HACIA UN CHILE DE TODOS. Un país con participación ciudadana…

Revisaremos y perfeccionaremos el diseño, ejecución y evaluación de los mecanismos de participación ciudadana hoy existentes en los programas y políticas públicas sectoriales en todas sus etapas, como por ejemplo los que lleva adelante el Servicio de Evaluación Ambiental.

Apuntando a que la participación se lleve adelante con un enfoque de derechos y de manera transversal, crearemos un Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que se relaciona con el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Este tendrá como tarea la difusión y promoción del derecho a la Participación Ciudadana y la fiscalización para que los órganos públicos cumplan adecuadamente con sus obligaciones en esta materia. El Consejo estará conformado por representantes de la Ciudadanía y el poder Ejecutivo, y coordinará un sistema Integral de Participación Ciudadana del que formarán parte todos los Consejos de Sociedad Civil creados al alero de la ley 20.500. Tendrá presencia regional en el territorio para garantizar, entre otras cosas, procesos de Participación Ciudadana descentralizados.

El Consejo tendrá como una de sus funciones el diseño y aplicación, conjuntamente con organizaciones territoriales, funcionales y de la sociedad civil en general, de un informe periódico anual que tenga como resultado un Índice de Participación Ciudadana que dé cuenta de los avances y dificultades en la materia, así como la difusión de buenas prácticas.

Diseñaremos e implementaremos de manera participativa una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, lo que implica la redefinición de los objetivos, los montos y formas de asignación del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público.

Crearemos una División de Participación Ciudadana en la SEGEGOB, de tal manera de dar adecuado seguimiento y control del cumplimiento de metas ministeriales en materias de participación.

Las y los dirigentes sociales y vecinales son actores fundamentales en nuestra democracia y en general en la vida comunitaria. Promoveremos programas que fortalezcan su liderazgo, y reconozcan su labor.

Adicionalmente, debemos perfeccionar y ampliar los mecanismos de participación comunal, mejorando la legislación que establece los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil, estableciendo como política pública los Fondos Concursables y presupuestos participativos, ampliando el ámbito de acción de las Oficinas de Información y Reclamos, mejorando la regulación sobre consultas ciudadanas y plebiscitos.

Constitución. Un nuevo marco constitucional y político que garantice derechos, defina obligaciones y que responda a las demandas de los ciudadanos por mayor participación y representatividad.

Estos cambios estructurales unidos a algunas políticas sectoriales, como el fortalecimiento de la salud, en el ámbito público y privado, el establecimiento de nuevas condiciones laborales para nuestros trabajadores, la consolidación de un sistema integral de protección social, impulsar una descentralización efectiva, implementar una agenda de género, consolidar mejoras sustantivas en seguridad ciudadana, garantizar el respeto a nuestra diversidad e identidad, cuidar nuestro medio ambiente, avanzar en calidad de vida en el territorio y abrir nuevos canales de participación ciudadana, entre otras, son parte de los énfasis centrales del gobierno de la Nueva Mayoría.

Hoy lo moderno es una nueva forma de cooperación entre el Estado, la ciudadanía y el mercado. Este programa se hace cargo de este reto, promoviendo una sabia acción pública, para potenciar la competitividad, la productividad y la innovación, al tiempo que promueve el bienestar, los derechos y la participación de todas las personas.

El gobierno de la Nueva Mayoría tendrá una profunda vocación de servicio público y será un gobierno que no olvidará nunca que su centro son las personas y ellas su mandante. Será un gobierno con una participación ciudadana efectiva.

Se debe reconocer el derecho de participar en la vida pública y política del país. El sufragio es un derecho esencial de la ciudadanía. Por tanto debe ser fortalecido para asegurar la más plena participación, fijando la Constitución y la ley los requisitos para su ejercicio. Se reconocerá el derecho de asociación política, el derecho de protección del Estado a los nacionales, el derecho a la nacionalidad, el derecho a una buena administración, el derecho de acceso a los documentos, el derecho de petición a la autoridad y el derecho de reunión y manifestación.

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