Protocolo de Acuerdo entre el Sector Público y el Gobierno para el período 2013-2014

El dpocumento adjunto es el Protocolo de Acuerdo de la Mesa del Sector Público y el Gobierno para las condiciones de remuneraciones de los funcionarios públicos para el periódo 2013-2014.

Protocolo de acuerdo MSP

La más amplia unidad de acción, desde la convergencia programática, para impulsar los cambios

A poco más de 2 semanas de la elección del 15 de diciembre [15D], las prioridades políticas de la Nueva Mayoría, exceden con creces las naturales  diferencias y acentos que significan los distintos actores que la componen.

Para poder lograr el triunfo del 15D en segunda vuelta con Michelle Bachelet, y producir el diseño e instalación de un futuro gobierno de coalición amplia, se requiere de la más amplia unidad en la acción, no tienen sentido los “ejes” al interior del conglomerado y es fundamental producir un efecto concertado de despliegue de campaña y de organización del conglomerado.

El triunfo de Michelle Bachelet en 2° vuelta en la presidencial del 15D, no es más que un paso crucial en el proceso político, pero depende de la movilización más amplia de todos los actores políticos y sociales que se inscriben dentro y alrededor de la Nueva Mayoría, movilización de las conciencias, de las voluntades y de las orgánicas políticas, para asegurar en las urnas y en las mesas receptoras de sufragios el voto Bachelet.

A partir de este momento del 15D, la más amplia unidad política, programática y organizacional de la Nueva Mayoría, será una tarea estratégica y una responsabilidad política mayor de todos los actores del conglomerado.  En el nuevo ciclo político que se ha iniciado, la coalición Nueva Mayoría no puede “comprarse” las viejas rencillas y disputas que atravesaron a la Concertación.

Las tareas políticas cruciales del actual momento son dos: primero, lograr movilizar a los ciudadanos y electores para los comicios del 15 de diciembre a fin de lograr un triunfo rotundo de Michelle Bachelet;   y segundo, desplegar desde el 16 de diciembre la más intensa labor unitaria de organización y de diseño de políticas públicas en la región, para producir una instalación ordenada de los nuevos equipos de gobierno.

La Nueva Mayoría no puede olvidar el mensaje y el clamor de los movimientos sociales y ciudadanos: hay que terminar con las viejas prácticas sectarias y construir nuevas formas de hacer política.

Manuel Luis Rodríguez U.

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Los retos actuales y futuros de la Política en América Latina

Compartimos el siguiente ensayo publicado en la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, acerca de los retos de credibilidad y legitimidad de la actividad política en América Latina, publicado este año:

RETOS ACTUALES DE LA POLÍTICA EN AMERICA LATINA – 2013 – ENSAYO DE ANÁLISIS

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El Estado, el servicio público y la herencia del gobierno de Piñera

Si hay un rasgo que ha distinguido a la labor política y administrativa del Gobierno de la coalición de derecha en Chile, es su constante faena de socavamiento de la función pública y del servicio público.

Como si la ideología ultra-neoliberal de los equipos de gobierno, imbuidos de un ciego mesianismo y de un fanatismo privatizador, les hubiera incitado a actuar de manera que su gestión termine por cuestionar y perforar la credibilidad de los servicios públicos y, en última instancia, del Estado.

No hay peor enemigo del Estado y de la función pública, que aquel gobernante instalado dentro del Estado, convencido por una ideología neoliberal, mercantil y privatizadora y decidido a aplicar esa ideología a todo evento.   Desde esta perspectiva el neoliberalismo y la democracia son antinómicos, contradictorios, desde la perspectiva de la función pública y del Estado.   El neoliberalismo es ideológica y políticamente contrario a la función pública y al servicio público, porque entiende al Estado y a la administración, como un bien de consumo transable en el mercado y como un agente privado más entre los demás agentes privados.

El gobierno de Piñera, siguiendo y extremando una tendencia proveniente de los gobiernos concertacionistas y aplicando un libreto neoliberal ultrista, se ha dedicado a socavar la función pública y el servicio público.

La lista de ejemplos que confirman esta afirmación llenarían varias páginas.

Pero aquí mencionaremos solo los casos más relevantes y conocidos: los miles de despidos de funcionarios (15.000 según denuncia la ANEF) en el primer período de la administración, para hacer espacio a los operadores políticos y al cuoteo del gobierno Piñera; el lamentable “caso Pereira y Perdonazo a la empresa Johnson’s por el Servicio de Impuestos Internos”; las irregularidades en ChileDeportes en 2010; el caso del Minvu con la empresa Kodama; el caso de los sospechosos traspasos de fondos del INDAP;  el escándalo de la Comisión Nacional de Acreditación; el caso del programa “Manos a la Obra” del Ministerio del Interior con tres empresas para la reconstrucción; el desastroso caso del “Censo 2012” aun pendiente; el fiasco del caso de la “Encuesta CASEN” con que se pretendió manipular en el Ministerio de Desarrollo Social las cifras de pobreza; el muy actual ejemplo del Servicio de Registro Civil e Identificación;

¿Podría colocarse en este balance de la herencia del gobierno de Piñera, la rotativa de ministros en algunas carteras claves del Ejecutivo?  En tal caso, cabría señalar los 4 Ministros de Defensa, los 6 Ministros de Energía o los 4 Ministros de Educación que ha tenido este gobierno, en 3 años y medio de gestión.

Pero, esto no es todo.

El gobierno de Piñera ha ejercido el poder, bajo una concepción [ideológicamente ultra-neoliberal] que considera al Estado como si fuera un agente privado, un cliente más dentro del mercado, como si el aparato estatal operara como una empresa de servicios bajo una lógica gerencial y mercantil.

Hay que mencionar además, los interminables conflictos de intereses que mostró el gobierno de Piñera en los nombramientos de Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores y Jefes de Servicios, que marcaron también su administración.

Ahora bien, dentro de este registro somero de las acciones y omisiones del gobierno de Piñera contra el Estado y la función pública, ¿no habría que incluir también el constante ataque político y comunicacional que ha realizado este gobierno contra los jueces, contra la Corte Suprema, contra los Fiscales y contra el Poder Judicial en su conjunto, intentando culpar a los jueces de su propio fracaso en el control de la delincuencia, aún a riesgo de ponerse en el límite de la legalidad que asegura la separación e independencia de los poderes del Estado?

Manuel Luis Rodríguez U.

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Contra el viento de proa de la Curia – Hans Kung

Desde el portal del diario EL PAIS de España, recogemos este artículo de análisis sobre los conflictos dentro de la Curia Vaticana, escrito por el teólogo Hans Kung.

CONTRA EL VIENTO DE PROA DE LA CURIA.

 La reforma de la Iglesia está en marcha: en su escrito apostólico Evangelii gaudium, el papa Francisco refuerza no solo su crítica al capitalismo y al dominio del dinero, sino que habla de una reforma de la Iglesia “en todos los niveles”. En concreto, defiende reformas estructurales: la descentralización hasta el nivel de los obispados y parroquias, la reforma de la cátedra de San Pedro, la revalorización de los laicos frente al clericalismo desbordado y una presencia más eficaz de la mujer en la Iglesia, sobre todo en los órganos decisorios. Habla también claramente en favor del ecumenismo y del diálogo interreligioso, en especial con el judaísmo y el islam.

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http://elpais.com/elpais/2013/11/27/opinion/1385576137_961620.html

La pesada herencia de Berlusconi en Italia: breves lecciones de Moral y de Política

El 27 de noviembre, Silvio Berlusconi fue destituido como senador y privado de su inmunidad, tras una votación muy esperada. Pero aunque ya no se encuentre en el Parlamento y pueda ser detenido, el Cavaliere ha marcado una época y a la sociedad italiana de forma indeleble, como afirma la editorialista Barbara Spinelli en el diario La República.

Después de la votación de la expulsión de Berlusconi del Senado existe la gran tentación de cerrar el doble decenio berlusconiano [pues ha sido cuatro veces presidente del Consejo desde 1994], poniéndolo entre paréntesis. Es una tentación que conocemos bien: una vez que la anomalía se neutraliza, volvemos a la normalidad. Como si la anomalía, una digresión momentánea, no nos hubiera afectado jamás.

En 1944, no fue un italiano, sino un periodista estadounidense, Herbert Matthews, quien declaró en las columnas de la revista literaria Mercurio de Alba de Céspedes: “¡No lo han matado! Lejos de estar muerto, el fascismo ha seguido viviendo en la mente de los italianos. Está claro que no en los términos de ayer, sino en la forma de pensar, de actuar”.

La infección, nuestro “mal del siglo”, ha perdurado durante mucho tiempo. Y sucede lo mismo con la supuesta caída de Berlusconi. Resulta un alivio saber que ya no será determinante en el Parlamento ni en el Gobierno. Pero el berlusconismo sigue ahí. Y no será sencillo desengancharse de esta droga que ha fascinado no sólo a los políticos y a los partidos, sino también a toda la sociedad.

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http://www.presseurop.eu/es/content/article/4361431-la-pesada-herencia-del-cavaliere

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Acerca de lo mala consejera que es la desesperación

Hablando de sentimientos, la desesperación es una sensación de urgencia y de la inminencia de algo que va a suceder y no se puede evitar.  La desesperación -a decir de los buenos diccionarios- es una “pérdida total de la esperanza, es una alteración del ánimo causada por la cólera, el enojo o la impotencia”.   En escenarios políticos controvertidos, la desesperación actúa como un disolvente de las adhesiones, como una barrera invisible que dificulta lograr nuevos apoyos y cuestiona la coherencia del conglomerado en riesgo.

Pues bien, vemos repetidos gestos de desesperación, en las expresiones públicas de la campaña presidencial de la UDI.   A menos de veinte días de la elección del 15 de diciembre, las señales de “pérdida total de la esperanza” se suceden unas tras otras.

Hoy jueves 28 al mediodía en la Cámara de Diputados, el presidente de la UDI daba a entender que asumen que su candidata no llegará a La Moneda, a la hora de reclamar por los fondos del Tesoro Público en el Presupuesto 2014, mientras la antigua historiadora Lucía Santa Cruz, una antigua funcionaria de la antigua dictadura de Pinochet, es extraída por algunos días de su sarcófago político, para decir que ve en el programa de Michelle Bachelet y de la Nueva Mayoría el “primer escalón en el establecimiento del socialismo”.

En realidad, ese escalón sólo está en su mente.   ¿La señora está fumando opio?.

A la derecha y a la candidatura de la UDI -sumergida cada día más en su realidad paralela-  sólo le está faltando traer a Chile a la Juanita Castro o Capriles desde Venezuela, para terminar de montar el cuadro terrorífico que subyace en sus mentes.   Los presidentes de los dos partidos de la coalición derechista, coincidieron de inmediato con el aterrador análisis [más orientado a asustar que a convencer], asumiendo que los espera una derrota sin dudas ni apelaciones y, lo que es más probable, preparándose para volver a la oposición y realizar desde allí alguna forma de guerra ideológica al futuro gobierno.

Lo que preocupa a la derecha en esta coyuntura político-electoral, sin embargo, no es el sello del liderazgo de Michelle Bachelet ni la amplitud de la coalición política que la respalda, sino el contenido del programa de gobierno que Bachelet y la Nueva Mayoría se disponen a implementar.   Y un segundo motivo de preocupación en la coalición de derecha, es que perciben que la mayoría parlamentaria relativa obtenida por la Nueva Mayoría el 17N, puede significar implementar cambios institucionales de largo alcance.

Pero, para eso son las instituciones y por eso  el movimiento social instaló en la agenda pública, en el imaginario colectivo y en la agenda de gobierno, un conjunto de demandas y de aspiraciones que recogen la adhesión ciudadana.

En una democracia y dentro del pluralismo, el principio de la alternancia es uno de los fundamentos de las instituciones políticas, y la alternancia funciona para todos: todos los “competidores” del juego democrático tienen alguna posibilidad de ganar y también de perder, pero -a no dudarlo- los que ganan, siempre saben que después pueden perder, y los que pierden, siempre saben que después pueden ganar.

Si se entiende y se asume el principio de la alternancia, decisión que corresponde a los ciudadanos, la desesperación se vuelve un sentimiento inútil e innecesario.

Manuel Luis Rodríguez U.

pluma

El Congreso Constituyente de 1823: la primera asamblea constituyente en la Historia de Chile

Históricamente en Chile, las Constituciones siempre han emanado de conflictos políticos agudos y profundos y su elaboración ha sido entregada a grupos o comités minoritarios designados por el gobierno triunfante de esas crisis políticas.

Pero hay dos excepciones a esta regla histórica: los congresos constituyentes de 1823 y 1826.

LA FALLIDA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE 1822.

No podría considerarse exactamente una asamblea o congreso constituyente la Convención Constituyente convocada por Bernando O’Higgins en 1822 y que tenía por objeto “…poner los cimientos de la ley fundamental, que es la alianza entre el pueblo y el gobierno…” [Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de Chile, Tomo VI, pp. 27-28], debido a la abierta intervención del gobernante en la designación de los candidatos elegidos a dicho cuerpo legislativo.   De allí emanó la controvertida Constitución de 1822 (inspirada en la Constitución liberal española de 1812), que significaba la prolongación automática del mandato del Director Supremo por diez años más  y cuyo rechazo mayoritario en el país dió origen al movimiento que obligó a O’Higgins a renunciar.

Sin embargo, anotamos que en dos momentos sucesivos de la historia republicana de Chile, el gobierno convocó a un legislativo constituyente con el mandato principal de dedicarse a redactar una nueva Constitución.

La abdicación del Director Supremo Bernardo O’Higgins en 1822 fue el resultado de un intenso proceso de agitación regional y regionalista contra la decisión del mandatario de promulgar una Constitución Política que entre otras medidas, aseguraba la continuidad de O’Higgins en el poder.   La nueva Constitución o’higinista, promulgada el 30 de octubre de 1822 ocasionó una reacción política casi generalizada de rechazo.   Las asambleas provinciales de La Serena y Concepción desconocieron el nuevo texto constitucional y desplegaron actividades militares que apuntaban hacia el riesgo de una guerra civil.

Ante un cabildo abierto en Santiago constituido por la oligarquía criolla santiaguina, O’Higgins renunció a su cargo el 28 de enero de 1823.

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1823.

El nuevo Director Supremo surgido de la crisis de la abdicación de O’Higgins, Ramón Freire convocó a un congreso constituyente con el propósito de dar a la República un texto constitucional que responda a las necesidades y aspiraciones del país, abriendo un proceso de convocatoria que puso en movimiento a las asambleas provinciales.

Antecedentes Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile-1823-Antecedentes del Congreso Constituyente de 1823

En las condiciones del incipiente sistema político y electoral chileno de los años de 1820, la convocatoria a un congreso constituyente se hizo sobre la base de un padrón único de los ciudadanos electores habilitados según un conjunto de requisitos como edad, sexo masculino y posesión de una propiedad inmueble, entre otros. Los electores concurrían hasta una asamblea provincial de ciudadanos donde emitían su sufragio y elegían diputados constituyentes titulares y suplentes por cada distrito territorial o partido.

El 12 de agosto de 1823 se instaló el primer Congreso Nacional en Chile que tuvo un carácter constituyente.

Constitución Congreso Constituyente Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile-1823-Sesión del Congreso Constituyente, en 12 de agosto de 1823

El congreso constituyente de 1823 se ocupó de redactar una nueva Constitución -obsérvese que el cuerpo legislativo demoró 4 meses en redactar un texto constitucional- pero además se ocupó en el resto de los asuntos y proyectos que el Ejecutivo enviaba al legislativo.  En los hechos sin embargo, el texto constitucional discutido en el Congreso Constituyente fue redactado inicialmente por una comisión redactora de 5 diputados, sobre la base de un texto borrador elaborado por Juan Egaña en 1811 y publicado en 1813, pero las divergencias dentro de este comité obligaron a llevar al plenario la propuesta de Egaña.

Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile-1823-Sesión del Congreso Constituyente, en 29 de diciembre de 1823 (1)

Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile-1823-Sesión del Congreso Constituyente, en 31 de diciembre de 1823

La Constitución de 1823, emanada de esta asamblea legislativa constituyente tuvo escasa vigencia ya que su extenso y complejo articulado, que fue redactado bajo la influencia del Presidente del Congreso el jurista Juan Egaña, resultaba excesivamente engorrosa para su adecuada aplicación en un país y un nobel Estado que carecía de la tradición jurídica y administrativa suficiente.

Dos aspectos del proceso constituyente de 1823 y de 1826, nos parecen relevantes a destacar a la luz de la aspiración ciudadana actual por una asamblea constituyente y habida cuenta de las enormes distancias históricas con aquellos eventos: la importancia política de las asambleas provinciales de la época y la ausencia de conflictos políticos o militares que pudieran reflejar tensiones alrededor del proceso constituyente.

No se trata de idealizar el experimento constituyente de 1823 y 1826: queremos poner el acento en algunos aspectos políticos de ese proceso que merecen análisis y reflexión.

Poco ha dicho la crítica histórica sobre el hecho que en las elecciones de diputados al congreso constituyente de 1823, triunfó el sector político de una definición ideológica más conservadora y tradicionalista encabezados por Juan Egaña.  Importa subrayar aquí la influencia que ejercían las asambleas provinciales en la decisión política de los territorios en que se dividía el Estado de Chile. En ese momento de nuestra historia no existían partidos ni grupos políticos claramente definidos, las corrientes o’higginistas y carrerinas al interior de la oligarquía criolla eran fuertes a pesar de la ausencia física de Carrera y O’Higgins y el grupo de diputados convencionales o constituyentes de inspiración más liberal quedaron en minoría en dicha asamblea.

La formación de una asamblea constituyente, por tanto, no garantiza automáticamente que a la hora de elegir a los constituyentes, el sector más avanzado o progresista de la clase política vaya a obtener la mayoría de los escaños.   Por otra parte, al revisar las actas de las sesiones del Congreso Constituyente, resulta claro que inicialmente se discutió dentro de esa asamblea un solo proyecto de nueva Constitución: aquel elaborado y propuesto por Juan Egaña.   En una asamblea constituyente se pueden poner en discusión más de un proyecto de Constitución.   Más adelante en el curso del debate legislativo la oposición liberal logró introducir otro proyecto constitucional.

Para darle aún mayor apertura al contenido del debate constituyente, el presidente del Congreso estableció que “se permita el uso de la tribuna a todo ciudadano que quisiese hacer observaciones sobre la Constitución.” (Encina, F..: Historia de Chile. Vol. 17. Santiago, 1983. Editorial Ercilla.  p. 51).   No deja de ser significativo que al final de las deliberaciones del Congreso Constituyente los legisladores liberales se opusieron al texto aprobado, en nombre de la doctrina jurídica de J.J. Rousseau y de J. Bentham.

En algún momento de los trabajos, los legisladores liberales propusieron un texto constitucional alternativo mientras figuras tan respetadas como Camilo Henríquez y Manuel de Salas se oponían y criticaban el proyecto de Egaña por utópico e irrealizable, el que finalmente fue aprobado el 27 de diciembre de 1823.

El congreso constituyente de 1823 tuvo un orígen ciudadano, conforme a los cánones y criterios de la ciudadanía a inicios de la República, pero su producto final fue una Constitución Política que resultó impracticable.

Manuel Luis Rodríguez U.

pluma

Por un turismo más humano – Ramón Arriagada

Noviembre pasó como un cometa por nuestras vidas.  Con  el deseo contenido  de pronto saber los resultados  eleccionarios,  hubo un larguísimo trayecto a la verdad de los elegidos,  hasta con primarias. Súmele a ello,  el suspenso del desfile de candidatos presidenciales de la derecha,  y el estar frente a cuatro papeletas, queda claro lo sufrido y transpirado del  cuádruple  parto político.

Nuestra comunidad natalina además debió lamentar -en este noviembre- una serie de accidentes trágicos, que significaron la partida de conocidos  integrantes de familias muy  cercanas a nuestra convivencia.

Cómo no ponderar en su justa dimensión, hechos tan halagueños,   como el haber sido recomendados por un sitio de Internet, el más estructurado e influyente de los de su tipo,“La Octava Maravilla del Mundo”.  Un reconocimiento justo al Paine  y  a la gente natalina, que por muchos años no se ha restado en los esfuerzos,  por ser un auténtico “campamento base” para quienes se aventuran hacia la Cordillera  maravillosa

También,  hemos conocido en este mes dos noticias científicas,  que al parecer traerán  satisfacciones  sólo medibles en el tiempo.  Por una parte, la Universidad de Magallanes, se ha decidido a darle otra perspectiva a su trabajo en Ultima Esperanza. Y pensar que  hace unos meses,  estuvieron a punto de enajenarle,  parte de sus terrenos aquí en Natales.

El Alma Matter magallánica quiere – mirando hacia el Campo de Hielo Patagónico Sur-  construir  en Natales,  las instalaciones necesarias para mostrar el tesoro glaciológico y  paleontológico,  de esta la tercera gran reserva de agua dulce de la Humanidad.  Recordemos  que las otras son:  la Antártica y Groenlandia.

Aún no hay conciencia del importante hallazgo – hecho por científicos del INACH  en Cerro Guido – de restos fósiles de los dinosaurios más australes de América.  Conjuntamente con los   ictosaurios del  Dickson son  contribuciones científicas formidables,  que  hincharían el pecho colectivo  de  cualquier comunidad.  Pero son tantas las cosas superlativas de nuestra Ultima Esperanza,  que al parecer se ha creado un abismo, entre los nuevos hechos y la población  potencialmente beneficiada.

Con nuestro voto decidimos quienes serán nuestros representantes en las diferentes instancias de los poderes políticos del país.  Lo ideal sería que ellos apoyaran en el futuro todas las expresiones nuestras,  para posibilitar una actividad  económica,  no   sólo dedicada a la importación de turistas. No queremos visitantes  aislados,  en guetos ficticios, artificiales  y manipulados por las transnacionales  del turismo.Nuestra decisión es por un turismo más humano.

RAMON ARRIAGADA

La izquierda es mucho más grande que la izquierda

Lentamente en Chile, definirse o autodefinirse de izquierda comienza a recuperar el valor y el prestigio de tiempos pasados.  Hace diez o veinte años atrás, en pleno reino del neoliberalismo concertacionista y del “progresismo aguachento”, ser de izquierda o definir su domicilio en la izquierda era casi un pasaporte directo a la exclusión.

Los tiempos cambian, a paso lento, pero cambian.

La izquierda en Chile es mucho más que la izquierda representada por algunos partidos políticos: la izquierda es una cultura, basada en la crítica intelectual y práctica, construida desde el cuestionamiento a las estructuras de dominación y de poder, elaborada desde una extensa y amplia creación artística y literaria, desde un imaginario colectivo que creó la indignación social, ética y política, un par de siglos antes que aparecieran los “indignados” del siglo XXI.   No es una casualidad que en Chile, grandes personalidades del arte y la cultura como Pablo Neruda, Pablo de Rocka, Víctor Jara, Patricio Manns, Violeta Parra -solo por nombrar a sus figuras más reconocidas- fueron militantes comunistas y también militantes de la causa de la paz y del progreso social.

La izquierda como identidad cultural, como memoria histórica, como voluntad crítica y como sello de distinción de un humanismo social, no se construye solamente desde la nostalgia quejumbrosa, desde la violencia de la persecusión a través de más de un siglo de historia, ni desde la caricatura disolvente que instalaron la dictadura, la oligarquía y sus poderosos “aparatos ideológicos” [como diría Althusser].

La izquierda es parte indisoluble de la historia de Chile, de la historia social y de la historia política de Chile, parte innegable de un amplio y profundo movimiento social, construido en base a organización, a disciplina militante, a movilización combativa.  La izquierda no es toda la historia social de Chile ni es la totalidad del movimiento social, popular, obrero y ciudadano, desde fines del siglo XIX hasta el presente, pero se ha constituido permanentemente en su destacamento dirigente más decisivo y reconocido, en sus liderazgos más influyentes, en sus proyectos con mayor alcance histórico y estratégico.

No existe una izquierda en Chile, sino una pluralidad de denominaciones y de referencias, haciéndose eco de una tradición intelectual plural y diversa, pero también de constantes y recurrentes debates y tensiones doctrinarias e ideológicas.

Luego, no es la autonomía anti-partidos políticos ni el “anarquismo retórico” lo que define a la izquierda como cultura social y política en el Chile realmente existente hoy.   Porque el movimiento social en Chile no puede entenderse ni moverse, sin tomar en consideración a su componente de izquierda en permanente relación dialéctica con partidos políticos organizados.   La creación de las grandes centrales obreras chilenas durante el siglo XX, desde la FOCH de los años 20 hasta la CUT de los años sesenta y setenta, no habría sido posible sin la influencia concomitante y el trabajo político y militante de dirigentes y trabajadores comunistas, anarquistas, socialistas y radicales y también con la presencia de dirigentes de inspiración demócrata-cristiana.

Mientras algunos “hablan de la izquierda”, la izquierda ocurre en los hechos y se expande en la práctica.

La izquierda es en esencia, un modo de vida y una ideología, es decir, constituye, elabora y proyecta una interpretación de la realidad y de la sociedad actual y un proyecto de sociedad hacia el futuro.   Es un proyecto para transformar la sociedad y el Estado, desde la ciudadanía, el movimiento social y los actores políticos en cuanto sujetos de cambio.

Pero, la izquierda es más que política y más que organización social y partidaria.  Es una identidad subjetiva profundamente arraigada y objetivada en las prácticas sociales y un imaginario  cultural y social que se auto-reproduce y se renueva, que se critica y se re-interpreta, a través de numerosos colectivos culturales y artísticos, de organizaciones territoriales, sociales, comunitarias, gremiales y sindicales, a través de una constante y nutrida creación intelectual, académica y teórica.

A medida que avanzamos hacia una democracia de mejor calidad participativa, la izquierda sigue siendo en Chile un hecho social, un dato ineludible, un actor relevante.

Manuel Luis Rodríguez U.

pluma

¿Populismo? – Escribe Dalivor Eterovic

Kamel Cazor, es abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica del Norte. Él, tal como la gran mayoría de los ciudadanos ha visto que el debate gira sobre sí mismo y nadie profundiza. Por ello, se encarga de explicar, en definitiva, qué es la, a estas alturas, manoseada Asamblea Constituyente. “Es una forma de generar una nueva Constitución, y, desde el punto de vista de la elaboración de los textos, sin duda la más democrática, ya que, por regla general, es la ciudadanía la que elige a los representantes que son diferentes a los que están en el Congreso Nacional. Provienen de distintos sectores, del ámbito de los dirigentes sociales, estudiantiles, incluso culturales”, explica el experto.

Agrega, además, que mediante este método, desde el principio del proceso, la anterior Constitución (en el caso de Chile la de 1980) no tendría ninguna validez. “A las personas que son elegidas para elaborar la Constitución y que emanan de la ciudadanía se les entrega el mandato temporal para que elaboren la Carta Fundamental. Los mecanismos que emanan de la otra Constitución no la vinculan, es decir, ellos fijan otras reglas nuevas y otros quórum”, indica Cazor.

http://diarioeldia.cl/articulo/mitos-verdades-asamblea-constituyente

Esta opinión sin duda es un punto de partida que abre un debate en el cual sin aparecerán opiniones conservadoras que darán cuenta del populismo que encierra este intento de instalar una Asamblea Constituyente, de la inconveniencia de cambiarlo todo, cuando en realidad basta con perfeccionar lo que existe, etc, etc,.

En definitiva estos sectores que llamo conservadores son los mismos que se oponen a una infinidad de reformas sociales que a la corta o a la larga terminan por tener una expresión y una solución propia, implementadas por la propia sociedad civil organizada.

Me refiero a temas tales como el aborto, la vida en pareja de un mismo sexo, el consumo y auto cultivo de marihuana, el voto de chilenos en el extranjero, una mayor autodeterminación para las regiones, la sindicalización obligatoria y por ramas de producción, un apoyo real y contundente a las expresiones culturales mas variadas, la implementación de medios de comunicación comunitarios,  la eliminación de impuestos a los libros y el fortalecimiento de una editorial nacional que garantice bajos precios, la entrega de abundantes recursos a la educación municipal y universitaria estatal, que permita demostrar que la educación privada es realmente mala en Chile y que siempre comprar un titulo o una licencia de enseñanza media será mal visto al igual que en todo el mundo.

Son múltiples los temas en que estos sectores conservadores presentes tanto en la Alianza de Derecha como en la Nueva Mayoría, harán sentir su voz alertándonos del peligro que significan estas “iniciativas populistas”.

¿Pero que hay detrás de esta postura?

No hay otra cosa que el terror a perder todas las granjerías, privilegios y tratos especiales que hoy mantienen estos sectores, no puede ser de otra manera si tienen en sus manos el poder político y económico, pueden comprar todo lo que se les ocurra, desde la mejor salud posible, pasando por la construcción de imágenes publicas intachables, obtención de títulos profesionales otorgados a personas con coeficientes intelectuales por debajo de lo normal, obtenidos en sus propios centros de estudio, bienes y servicios del primer mundo, pero por sobre todo el control absoluto de un país que funciona con la regularidad de un reloj suizo, en beneficio de esta minoría.

Cada vez que el pueblo se ha movilizado, los gobiernos han evaluado cual es el impacto real de la misma, ya que como ocurre casi siempre, son movilizaciones que no pasan de la expresión popular que se contenta con el desahogo propio de la posibilidad de expresarse. Sin embargo cuando las movilizaciones son mas profundas como ocurrió en el caso de Magallanes, en donde se paralizo por completo una región y significo mantener a miles de turistas de todo el mudo virtualmente secuestrados, la actitud de os gobiernos es distinta y se busca borrar de la memoria colectiva estas experiencia, hoy se habla mas de Calama, de Aysen, de Freirían que de la paralización y bloqueo de la region de Magallanes, El caso de la Araucania es aun mas claro, ya que se elimina de la agenda comunicacional y se ha reprimido como siempre con toda la brutalidad que el propio estado puede imprimir.

Me atrevo a decir que el movimiento estudiantil, nunca fue una real preocupación para los gobiernos y aun cuando se ha puesto el tema de la educación en el centro del debate, las movilizaciones estudiantiles son bien vistas por los gobernantes que ven una expresión inofensiva que descomprime la presión social y termina siendo funcional al actual estado de cosas, de no mediar una radicalización del movimiento, que tenga impacto económico nacional. Ahí si que se preocupan.

La posibilidad de que varios millones de chilenos y chilenas marquen AC, abre otro espacio real a las grandes transformaciones y no podrá ser soslayado por ninguna autoridad electa o designada. Si este primer paso no germina con una apertura real desde el gobierno hacia la participación ciudadana, no quepa duda que será el propio pueblo el que imponga, mas temprano que tarde, la Asamblea Constituyente, tal como ha resuelto otros asuntos por si mismo.

El momento político permite que sea el pueblo el que hoy pregunte a las autoridades…… ¿volante o maleta?.

Dalivor Eterovic Diaz.

CORE electo por Magallanes.

El Congreso Constituyente de 1826 en Chile

En 1823 y 1826, en el marco de la tentativa federalista, la República de Chile convocó a dos asambleas legislativas constituyentes, experimento político inédito y poco conocido en la Historia de Chile.

Lea y descargue en este link, el texto completo de las Sesiones de los Cuerpos Legislativos de Chile de 1826 y 1827, que detalla los trabajos de dicha asamblea constituyente.

Sesiones de los Cuerpos Legislativos Chile

FUENTE:

Sesiones de los Cuerpos Legislativos de Chile – Memoria Chilena – http://www.memoriachilena.cl 

Desde el poder constituyente a una nueva Constitución

La tradición constitucional en Chile está basada en el concepto y en la costumbre oligárquica que los textos constitucionales se orginan en mecanismos elitistas, replicando en las instituciones la formación social que sustenta a todo el edificio estatal.

Un segundo dato de la historia constitucional chilena, que no puede dejarse de lado: todas las Constituciones de la República surgen de procesos históricos  y momentos políticos caracterizados por la crisis y el conflicto.   Las Constituciones son convenciones, son marcos normativos y arreglos políticos e institucionales destinados a normar el orden político, pero también cada carta constitucional es un campo de fuerzas, es una expresión jurídica de un determinado estado y correlación de las fuerzas políticas y sociales en un momento específico de la historia.

Este ensayo -desde una perspectiva multidisciplinaria de la Ciencia Política y de la Historia Política- intenta formular una hipótesis de interpretación histórica a la luz de la actual demanda ciudadana de una asamblea constituyente en nuestro país.

EL ORIGEN ELITISTA Y TURBULENTO DE LAS CONSTITUCIONES EN CHILE

La carta constitucional de 1811 surge de las primeras convulsiones del proceso de la independencia (http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/1811.pdf); similar fue el caso de la carta de 1812  elaborada por José Miguel Carrera (http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/1812.pdf) y del reglamento constitucional provisorio de 1814 (Reglamento para el Gobierno Provisorio de 1814), y finalmente la Constitución de 1818 se redacta al calor de las batallas finales de la independencia (http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/1818.pdf).

Entre 1818 y 1830, una sucesión de textos constitucionales (http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/1822.pdf), asociadas a los conflictos y tensiones regionales y las luchas entre conservadores y liberales y entre latifundistas y comerciantes, además del controvertido proyecto federalista en tensión con las intenciones centralizadoras de la oligarquía santiaguina (http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/1823.pdf) (http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/1828.pdf), reflejan el estado de convulsión de la naciente República.

Hay sin embargo, dos antecedentes de asamblea constituyente en la Historia de Chile, en 1823 y en 1826.

En efecto, el Congreso Constituyente de 1823 tuvo por tarea redactar la Constitución de 1823 y el Congreso Nacional convocado y elegido en 1826, tuvo un carácter constituyente, es decir, fue elegido por la ciudadanía de la época, con el propósito de producir un texto constitucional nuevo.  El 15 de junio de 1826 se constituyó este “Congreso Jeneral Constituyente” con 65 diputados elegidos el 15 de mayo anterior.

A su vez, la Constitución de 1833 (http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/1833.pdf) surge de la crisis de la tentativa federalista y de la guerra civil de 1830, al tiempo que la Constitución de 1925 (http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/1925.pdf) emana de la crisis del parlamentarismo que se venía incubando desde fines del siglo XIX y finalmente, la Constitución de 1980 (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302) surge del proceso político de crisis y derrumbe de la república presidencialista instaurada en 1925, del golpe militar contra el gobierno de la Unidad Popular y la instalación de la dictadura militar.

Todas las Constituciones en la historia de la República en Chile han surgido de alguna crisis política e institucional profunda y de alguna redistribución violenta del poder y de algún cambio brusco y conflictivo de la correlación de fuerzas políticas.   Más aún, la historia política de Chile muestra que cada Constitución que ha regido la República ha sido la expresión política de la hegemonía de un sector político sobre todo el sistema político; cada Constitución ha sido la carta política de los vencedores que han logrado hacerse con el poder del Estado tras un conflicto político amplio y  profundo.

En la historia de Chile, las Constituciones las han escrito los vencedores.

En particular la Constitución de 1980 surge de un acto de violencia política, emana de un proceso de destrucción de la República por parte de las fuerzas militares golpistas y sobre cuyas ruinas se elaboró una carta constitucional vertical, presidencialista, centralizada y basada en la ideología de la subsidiariedad del Estado, conforme a los intereses de la oligarquía empresarial que propició y se benefició con el golpe militar que le dió origen.   De estos elementos surge la ilegitimidad moral de la Constitución de 1980, además que el plebiscito constitucional para ratificarla se hizo en condiciones de estado de sitio, censura de la prensa y de la oposición y de manipulación total de los sufragios y resultados.

La perspectiva de avanzar hacia un proceso constituyente en Chile es una oportunidad y una propuesta que se ha venido forjando desde mediados de los años ochenta del siglo XX, cuando diversas voces, partidos y organizaciones (como el Grupo de Estudios Constitucionales) plantearon la necesidad que para terminar con la Constitución autoritaria de 1980 se debía avanzar a través del mecanismo de una asamblea constituyente.

En las décadas recientes la propuesta de una asamblea constituyente ha ido ganando adeptos y extendiendo su aceptación en la ciudadanía, como lo registran diversas encuestas y estudios de opinión.

PODER CONSTITUYENTE Y MANDATO REPRESENTATIVO

En una democracia representativa, el poder constituyente sigue radicado en el pueblo, en la nación, la que delega provisoriamente el ejercicio del poder en un conjunto de mandatarios elegidos.  Pero la delegación transitoria del poder y el ejercicio del mandato representativo, no privan a la nación de la posibilidad de ejercer su poder constituyente.

Hoy tenemos la oportunidad de realizar un proceso político ciudadano inédito: el de producir desde la ciudadanía y desde las instituciones políticas y del Estado un proceso constituyente que desemboque en una nueva Constitución para la República, un proceso que sea institucional y participativo, donde la ciudadanía sea el protagonista fundamental, donde la nación asuma y ejerza el poder constituyente que le pertenece y lo traslade a las instituciones para convocar a la redacción de una nueva carta constitucional para Chile y a un acto plebiscitario para ratificarla.

Asamblea constituyente  y plebiscito constitucional son dos momentos y dos espacios de un mismo proceso político y social que necesariamente debe involucrar a todos los actores políticos e institucionales, a los poderes del Estado y a la ciudadanía, para producir un cambio histórico en la arquitectura del poder en Chile.

Un primer paso en ese proceso constituyente y ciudadano, es la posibilidad que los ciudadanos puedan expresar su adhesión a la idea de una asamblea constituyente y una nueva Constitución, marcando AC en el voto de las elecciones presidenciales del 15 de diciembre.

Manuel Luis Rodríguez U.

FUENTE DE LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES

Biblioteca del Congreso Nacional.

http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/resena_const

PARA SABER MÁS:

Portal web de la Campaña Marca tu Voto AC:

http://marcatuvoto.cl/

pluma

Nuevamente se pretende legislar en favor de las AFP – Dalivor Eterovic Díaz

Hoy se encuentra en segundo tramite constitucional, un proyecto de ley que modifica algunos aspectos provisionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Publica y Gendarmería de Chile.

En general, plantea una serie de modificaciones, sin duda muy necesarias para el ordenamiento y mejor eficiencia del sistema provisional de las F.F.A.A. Lo que es concordante con la naturaleza de la carrera militar y la necesidad  renovar permanentemente el personal de estas instituciones.

Sin embargo en lo referido al personal civil que labora en estas reparticiones se legisla para definir claramente que quienes no estén mencionados específicamente en este cuerpo legal quedaran afectos al decreto ley Nº 3500 , es decir al sistema de AFP.

Por años hemos planteado y hasta la saciedad que el sistema de AFP es un sistema injusto que no tiene como objetivo central el otorgar pensiones dignas, sino que ser un sistema de acumulación y reparto de recursos frescos para quienes son los dueños de las mismas. Con este sistema aseguran una permanente disponibilidad de recursos que les permiten invertir y generar riqueza, la que solo queda en sus manos, traspasando perdidas y cobros usureros a los trabajadores que mensualmente contribuyen con su ahorro a engordar las arcas de estos empresarios chilenos, empresarios que figuran en los ranking mundiales de grandes fortunas.

Así las cosas hoy se pretende dar otro golpe a los trabajadores y trabajadoras chilenas legislando en  favor de las AFP, antes  de que los equilibrios en el congreso, cambien, antes de que asuma el nuevo gobierno, antes de que la gran mayoría comience a exigir el cumplimiento del programa de gobierno que considera como uno de sus temas centrales el sistema provisional chileno.

Una vez mas el parlamento actúa en defensa de los interese empresariales y niega la posibilidad a Funcionarios Civiles de las Fuerzas Armadas, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, que teniendo una posibilidad cierta de acceder a un sistema de pensiones de reparto que garantiza un 70% en la tasa de reposición, asegurando una pensión mas digna, ven como un sector de parlamentarios se esmeran en asegurar mayores ingresos a sus mentores y sepultan una alternativa real y concreta de mejorar la jubilación de muchos chilenos y chilenas.

Solo me resta hacer un llamado a los parlamentarios de Magallanes y a los de todo el país a rechazar cualquier modificación  a la ley de previsión de las F.FA.A. que no considere la incorporación al mismo sistema provisional de los Trabajadores y Trabajadoras Civiles que se desempeñan en cualquier repartición de la Defensa Nacional. Así habremos avanzado concretamente y por la vía de la legislación vigente en asegurar mejores retiros, al menos a un sector de los trabajadores chilenos.

Dalivor Eterovic Diaz.

Consejero Regional electo por Magallanes.

En el altar de la Política

En la Constitución de 1925, redactada por una comisión nombrada personalmente por el Presidente Arturo Alessandri Palma, quedó inscrito por primera vez en la carta fundamental en Chile, el principio de la separación de la Iglesia y el Estado.  La Constitución de 1833, de 1928, de 1818 y anteriores, todas proclamaban la catolicidad del Estado y del Gobierno.

Es un dato histórico que el día de la instalación del primer Congreso Nacional de Chile, el 4 de julio de 1811, primero se ofició una misa católica presidida por el presbítero Camilo Henríquez.    Cabría también subrayar que tanto el  Acta del Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810, como el Acta de la Proclamación de la Independencia de Chile (1 de enero de 1818), los dos documentos fundacionales de la República, no contienen ninguna referencia religiosa.

Un gran logro el del Presidente Alessandri en 1925 en un país mayoritariamente católico, pero donde el mundo de la masonería y de los agnósticos, de los ateos, de los evangélicos, luteranos, judios, ortodoxos, protestantes y pentecostales, era sistemáticamente ocultado, silenciado, despreciado y excluido por la oligarquía católica santiaguina.

Sucesivas leyes durante la segunda mitad del siglo XIX fueron concediendo tímidos derechos ciudadanos a los evangelicos: recordemos que en la primera mitad del siglo XIX en Chile, los protestantes estaban obligados a enterrar sus muertos en los llamados “cementerios de disidentes”, una vergonzante exclusión que fue objeto de largos debates entre liberales y conservadores en el Congreso.

El odio contra Bernardo O’Higgins de parte de la oligarquía santiaguina y los pelucones, se debía también -entre otras causas- a su condición de integrante de la Logia masónica Lautarina.

En el siglo XX a pesar de las nuevas libertades cívicas conquistadas, el mundo evangélico fue ganandose un espacio social y cultural, mientras la Iglesia Católica conservaba su lugar de preeminencia.

La política en Chile se ha hecho laica y prescindente en materia de confesiones religiosas, porque entendemos que la República es obra de todos los ciudadanos en su diversidad y pluralismo.  En los años setenta y ochenta del siglo XX, las religiones fueron usadas y abusadas por la dictadura:  la mayoría de la jerarquia y del clero católico jugó un rol importante en la preservación y defensa de los derechos humanos, mientras la mayoría de las denominaciones evangélicas se inclinaron políticamente en favor de la dictadura militar, misma que asesinó a varios sacerdotes y persiguió a obispos católicos por su compromiso con las víctimas de violaciones a los DDHH.

¿No fué durante la dictadura de Pinochet cuando dos integrantes del Ejército instalaron y estallaron una bomba en una parroquia católica de Punta Arenas?

Más allá de las diferencias políticas, las iglesias en Chile cumplen un rol educacional, social, solidario y de protección social que es histórico y muy relevante, pero el uso político de la religión en campañas electorales pone en tensión el principio de laicidad de la República.

Hay que reconocer además que una parte de la oligarquía financiera y económica chilena se inscribe dentro de las corrientes más integristas del catolicismo, tales como los Legionarios de Cristo y el Opus Dei, aunque otros sectores más liberales y moderados se sitúan dentro del ámbito del catolicismo social.

La campaña presidencial en curso ha traído a cuento las diferencias en materia de pertenencias religiosas, donde la candidata presidencial de la UDI ha desplegado esfuerzos por atraer el “voto evangélico” con algún discurso apegado al texto bíblico, dando orígen a una polémica  acerca de la separación entre la religión y el Estado en Chile.

La República de Chile es un Estado laico y lo que elegimos cada 4 años es un Presidente de la República, no un pontífice.

En una sociedad como la chilena, cada vez más laicizada y donde producto de la globalización y la modernidad individualista las creencias religiosas han sido relegadas al fuero interno de las personas, el uso y abuso propagandístico y electoral de las referencias religiosas nos parece un anacronismo decimonónico, anticuado y fuera de contexto.

Manuel Luis Rodríguez U.

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