Elecciones en la región de Magallanes: se inicia el proceso

Con un lento proceso de constitución de mesas receptoras de sufragios en la región de Magallanes, se inició hoy domingo 19 de noviembre a las 08.00 horas la elección presidencial, de diputados y de consejeros regionales en la zona más austral del país.

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De acuerdo al padrón electoral, en Magallanes tienen derecho a sufragar 158.144 ciudadanos y ciudadanas, en 37 locales de votación.

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Para seguir construyendo – Carta de dirigentes políticos y sociales por un acuerdo en segunda vuelta presidencial

COYUNTURAPOLITICA

PARA SEGUIR CONSTRUYENDO

Chile ha logrado asentar la democracia y tener un rumbo para que las graves desigualdades disminuyan, al igual que las cifras asociadas a la pobreza. Todavía falta mucho por hacer y sin duda pudimos haberlo hecho mejor. Sabemos que en tanto haya entendimiento entre los demócratas y renovemos nuestro compromiso, lograremos más desarrollo y una sociedad más feliz.

También sabemos que podemos seguir construyendo para beneficio de las mayorías, insistiendo en la mejor atención a los más pobres y corrigiendo los errores que hemos cometido.

No logramos ahora coincidir en un solo candidato presidencial que nos representara. Esta es una grave falla que hemos cometido y debemos intentar minimizar las consecuencias. De no hacerlo, retrocederemos en lo avanzado para lograr un país más equitativo y estable.

En estas condiciones, una vez superada la Primera Vuelta, en la que cada uno de nosotros hará el mayor esfuerzo por…

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Programa de Gobierno de Alejandro Guillier – 2017

Presentamos el texto integral del Programa de Gobierno del candidato presidencial de Fuerza de Mayoría, senador Alejandro Guillier.

Programa Alejandro Guillier 2018-2022.compressed

Diagnóstico sobre la participación electoral en Chile – PNUD – Informe

La participación ciudadana es fundamental
para la democracia. El involucramiento
de la ciudadanía en la vida pública y en el
control de la actividad de sus autoridades
y representantes es esencial para una democracia
sólida e inclusiva. Así, el funcionamiento
de la democracia requiere necesariamente
del ejercicio de derechos, en la
medida en que estos sustentan tanto los
mecanismos de representación y competencia
por el poder (elecciones) como los
mecanismos de deliberación y participación
en la toma de decisiones.

Una de las formas de participación
ciudadana más sustantivas y cruciales de
una democracia representativa es la participación
electoral, pues permite dotar de
legitimidad y estabilidad al sistema político,
y a la vez, permite otorgar igualdad de
oportunidades de expresión política.

Continúe leyendo o descargue aquí el Informe:

PNUD DIAGNOSTICO PARTICIPACION ELECTORAL CHILE OCT 2017

Una encrucijada histórica – Ernesto Sepúlveda

Estamos próximos a una nueva elección presidencial en Chile.

Por primera vez en nuestra vida republicana post dictadura, las calles no lucen los colores, ni se oyen los sonidos ni los discursos de los líderes políticos que se enfrentarán en esta contienda democrática. Este ha sido un efecto no deseado ( o deseado y no declarado), por los “expertos” que diseñaron la normativa destinada a perfeccionar el sistema de partidos, y a transparentar y regular el financiamiento de las campañas electorales.

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Entiéndase que era absolutamente necesario establecer un muro inexpugnable que separara el dinero de la política. Eso la nueva legislación lo consiguió y lo hizo muy eficientemente. Prueba de ello, las pasadas elecciones municipales, en que se redujo sustancialmente el gasto en campaña de los candidatos.

Sin embargo, lo que los expertos no previeron, fue que el proceso eleccionario iba a desaparecer totalmente de las calles y avenidas, al extremo de que numerosas personas ni siquiera se enteraron de que se votaba para elegir alcaldes y concejales. Lo anterior, sumado al proceso de deterioro de la confianza pública en los partidos políticos y en la actividad política en general, nos dejó con un magro 34% de participación a nivel país. Ó sea 3 de cada 10 ciudadanos, participó en las votaciones para elegir a los nuevos alcaldes y alcaldesas por todo el país.

Los carteles, pancartas, fotografías, rayados, panfletos, palomas de los más variados colores, formaban parte de un cierto folclor que acompañaba a las elecciones, y que estaba profundamente arraigado en nuestras costumbre  cívicas y republicanas. Los “expertos”, académicos muy reputados, que de buena fe elaboraron las nuevas “Tablas de la ley” para la política, erraron garrafalmente en este aspecto. Ya que se ha conseguido desprender a las elecciones populares de la necesaria visibilidad, que facilite que los ciudadanos voten  y voten informados.

Aún no ha terminado de cuajar la idea del voto voluntario, que también se propuso en su oportunidad como una forma de aumentar la participación (¡). Unido a la inscripción automática, se pensó, sin ningún sustento fáctico, que los votantes fluirían con entusiasmo a las urnas. Evento portentoso, que como es natural no se produjo. Suficiente evidencia existía de que con voto voluntario, sólo concurrían a votar los sectores más ilustrados, que  en Chile coincide con grupos de mayores ingresos.

El mayor número de votantes en Chile, cuando regía el voto obligatorio,  se produjo en las elecciones presidenciales de 1994, con 7.376.691 electores de un total de 8.085.493 inscritos. Abstención del 8,77%. Esas elecciones las ganó la Concertación de partidos por la democracia con el 57,98% y 4.040.407 votos de Eduardo Frei Ruiz Tagle.

El menor número de votantes en Chile, en vigencia del voto voluntario, se produjo en las elecciones presidenciales de 2013, con 6.699.011 en primera vuelta y 5.697.524 en segunda vuelta. Este resultado significa que 500 mil personas que votaron en primera vuelta del 2009 no concurrieron a votar el 2013. Y en el caso de según vuelta un millón y medio de personas dejó de ir a las urnas. Estas elecciones las ganó la Nueva Mayoría con el 62,17% y 3.470.055 votos de la Presidenta Michelle Bachelet en su segunda campaña presidencial. Obteniendo el mayor porcentaje de todas las elecciones presidenciales efectuadas desde 1989.

Las elecciones del 19 de noviembre son con voto voluntario, y con muy poca visibilidad de los candidatos y sus propuestas en las calles y avenidas de Chile. Una campaña financiada con recursos públicos y fuerte control del SERVEL, evitará la existencia de gastos descomunales que se vieron en elecciones anteriores. Sin embargo, si no existe el pleno convencimiento de los partidos políticos, de que una mayor participación es necesaria para la buena salud del sistema democrático, la tendencia a la “elitización” del voto seguirá acentuándose.

Recientemente una campaña comunicacional del ministerio Secretaría General de Gobierno, ha puesto en las pantallas de TV y en la web, la noción de que mientras menos participen en las elecciones, menos personas tomarán las decisiones. Y estas no serán siempre del gusto de las grandes mayorías.

La irrupción de candidaturas alternativas a los dos grandes bloques que representan a la centro – izquierda y a la derecha, no ha generado hasta ahora la concurrencia masiva a las urnas. Se vio en las elecciones municipales de 2016 y en las primarias presidenciales de este año.

Hoy estamos en una encrucijada histórica, donde se juega el destino de las reformas impulsadas por el gobierno de la Nueva Mayoría, la  alianza de partidos más amplia que se conozca en nuestra historia como República.

La noción de que en noviembre se enfrentan ante la ciudadanía,  dos ideas de sociedad, del mundo, y de la vida, es lo que debiera sacarnos del marasmo en que hoy nos encontramos. Es un llamado de alerta para las grandes masas de jóvenes beneficiarios de la gratuidad en la educación, que se reconoce como derecho social, en contraposición a una educación que se transa como bien de consumo. Son más de 260 mil en todo el país, ello y sus familias tiene mucho que decir.

Será esta la primera vez, y quedará así escrito en la historia, que los chilenos y chilenas elegiremos a nuestros representantes al parlamento, sin el sistema binominal de la constitución de Pinochet, que empataba artificialmente a las fuerzas democráticas, impidiendo aprobar legislaciones más progresistas. Con el veto permanente de los sectores políticos retardatarios.

Será también la primera vez, en que podrán competir en todo Chile un mayor porcentaje de mujeres candidatas, en proporción no inferior al 40% de las respectivas listas. Más mujeres y más jóvenes en la actividad política, es esencial para recuperar la credibilidad del sistema político.

La elección del 19 de noviembre es más que otra simple votación, estamos ante la decisión de continuar por el camino trazado por la ciudadanía el 2013, y seguir avanzando hacia  un estado social y democrático de derecho, o es el camino de la involución, del retroceso a un estadio anterior, donde el individualismo campea, donde se exalta la competencia por sobre la colaboración, y los bienes de consumo por sobre los derechos sociales.

En este momento trascendental de nuestra vida democrática, miremos el futuro con los ojos de nuestros hijos, y no con el de nuestros abuelos. Asumamos nuestro compromiso con la historia y concurramos con entusiasmo a las urnas.

ERNESTO SEPULVEDA.

Carta de un afiliado al gerente de AFP Habitat

Carta respuesta a Habitat de parte de un afiliado.
Creo que vale la pena leerla:
No tan estimado Cristián:
El hecho de que yo esté obligado por ley a entregarles mensualmente mi dinero a alguno de Uds. y que, en vez de pagarme Uds. a mí por este aporte de capital, yo tenga que pagarles a Uds. por “administrar” mis fondos, no quiere decir que yo sea una persona imbécil e ignorante.
Se lo aclaro, porque lo que Ud. plantea en las cartas que me dirige, sin que yo se las haya solicitado, son argumentos para personas de muy bajo CI o con ignorancia absoluta sobre economía.
Lo primero que Ud. hace es obviar, lisa y llanamente, el origen de este sistema de pensiones absolutamente sui generis, que tenemos en Chile.
Esto lo impusieron los grandes empresarios, por la fuerza de las armas y bajo un régimen de terror, que impidió la expresión del rechazo que se manifestó en otras naciones, cuando también se trató de imponerlo y quitarle el dinero a los trabajadores para pasárselos a los empresarios.
En segundo lugar, no describe las características reales del mismo.
En efecto, la totalidad de los trabajadores estamos obligados a entregar nuestros fondos previsionales a grupos empresariales nacionales y extranjeros, que los usan para ser invertidos en sus mismas empresas o grupos de interés.
Nosotros, los supuestos “propietarios” del dinero, no tenemos derecho a nombrar ni siquiera un Director en estas empresas que manejan “nuestros” miles de millones de dólares. Tampoco podemos retirar “nuestros” fondos de las manos de Uds., bajo forma de préstamos sin o con bajo interés.
Debemos aceptar que Uds. les pasen “nuestras” platas, a sus Bancos a tasas de interés bajísimas, y nosotros debemos pedirle “nuestra” plata a su Banco, el que nos la presta a intereses usureros.
Debemos aceptar que, si Uds. administran e invierten mal “nuestro” dinero, y nos hacen perder varios millones de pesos, IGUAL DEBEMOS PAGARLES A UDS. por habernos hecho perder “nuestro” dinero.
Ud. me dice que el fondo de capitalización que yo tengo en Hábitat es mío, de mi propiedad.
No obstante no puedo disponer de él. Ud. me tiene unos 100 millones de pesos que, teóricamente, son de mi propiedad, no obstante, al cumplir mi edad de jubilar, NO ME SERAN ENTREGADOS.
Uds. se quedarán con mi dinero y me lo irán devolviendo en cómodas cuotas mensuales, bajo la forma de “pensión de jubilación”, en un monto que fijarán Uds. mismos con la complicidad de la Superintendencia de Pensiones (dirigida por un ex o por futuros integrantes de sus Directorios empresariales).
Ese monto equivale a un 30% ($498.000) de mi actual sueldo y ni siquiera lo recibiré de por vida.
No crean que soy tan estúpido como para no darme cuenta que esa pensión se financia con los mismos intereses que rinden los 100 millones de pesos, supuestamente míos, que Ud. maneja y que invierte en sus empresas.
Si esa plata realmente fuera mía y la invirtiera yo en el mismo mercado de capitales en que Ud. la invierte, a un 1% de interés mensual, tendría hoy una renta de 1 millón de pesos al mes Y MANTENDRIA MI CAPITAL DE 100 MILLONES COMO PATRIMONIO PERSONAL.
Si Ud. me dice que la tasa de interés está más baja, dejémoslo en la mitad, 0.5% y seguiría sacando los $500.000 mensuales, PERO MANTENDRÍA mi capital de 100 millones para toda mi vida.
Me queda claro que su negocio, amparado por la ley, es impedir que yo maneje MIS FONDOS para invertirlos a bajo interés o incluso perdiendo plata (total es la mía y no la suya) en sus empresas relacionadas (Bancos, Financieras, Seguros, Celulosa etc.), las que obtienen altas rentabilidades con MI plata, mientras que yo debo aceptar no solo la “rentabilidad negativa” de mi fondo, como Ud. llama elegantemente al hecho de hacerme perder MI dinero con SUS decisiones de inversión, sino que, peor aún, DEBO PAGARLE POR ELLO.
En mi caso concreto, si estuviera jubilando por la antigua Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas (CANAEMPU) tendría una pensión de por vida de $1.150.000.
Como estoy en AFP Hábitat, mi pensión será de $ 498.000.
Cualquier argumento o explicación que Ud. quiera esgrimir para explicar esta diferencia, está demás.
Lo objetivo, es que SU negocio es excelente para Ud. y SUS empresas, pero no para sus afiliados.
Y conste que estoy en el sistema de AFP no por una “libre elección”, sino porque, siendo funcionario público cuando se implantó este sistema de despojo, fui obligado bajo amenaza de perder el empleo, a dejar CANAEMPU y pasar a una AFP, acción por la cual mi Jefe de Servicio de la época recibió una fuerte comisión por cada nuevo “afiliado voluntario” que consiguió.
Aprovecho de solicitarle que, en el futuro, se abstenga de utilizar su posición privilegiada para enviarme cartas y mensajes en que argumenta a favor de su empresa y se limite a entregarme información objetiva sobre las ganancias o pérdidas que Ud. logra con MIS fondos.
Saluda Atte. a Ud.

Sería serio, copiarla a nuestros contactos, incluyendo la AFP que nos caga

Las obras y realizaciones del Gobierno de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría en la región de Magallanes

La siguiente es una síntesis de las principales obras y realizaciones del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría en la región de Magallanes.

1.      Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas de Magallanes (Medida presidencial).
2.      Red de parques de la Patagonia y área marítima protegida.
3.      Hoy 2.468 jóvenes estudian gratis en la Universidad de Magallanes e INACAP. Esto es el 30% de la matrícula.
4.      25 Nuevas salas cunas y jardines infantiles. 576 niños y niñas beneficiados.
5.      En el período se construirán cerca de 4.500 nuevas viviendas. En el gobierno anterior se construyeron 1.312.
6.      Se solucionó en un 100% la problemática de personas con subsidios entregados en Gobierno anterior, sin respaldo de proyectos ni terreno.
7.      Entrega de más de 6.000 subsidios para mejoramiento de viviendas. El gobierno anterior fueron 3.000.
8.      Nuevo Aeropuerto de Puerto Natales permitió la llegada de 23 mil pasajeros la pasada temporada.
9.      Tarifas rebajadas un 50% toda la semana para adultos mayores en microbuses de Punta Arenas, primera región en Chile que goza de este beneficio.
10.  Nuevo Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams.
11.  Nuevo Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales.
12.  Nuevo Hospital Dr. Marco Chamorro de Porvenir.
13.  Adjudicación Fibra Óptica Austral consorcio Huawei- CTR. Subsidio de 100 millones de dólares. Plan de Zonas Extremas.
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14.  Cobertura del censo 2017: alcanzó al 99,1% de las viviendas.
15.  Durante el periodo se sumarán 59 Nuevos Especialistas, 23 Nuevos Subespecialistas y 13 Nuevos Odontólogos. Adicionalmente, son 70 los especialistas en formación.
16.  57 establecimientos pasaron a ser sin fines de lucro. El 100% de los establecimientos de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Williams serán públicos.
17.  La “Hora de Magallanes”.
18.  Creación del “Tribunal más Austral del Mundo” en Puerto Williams.
19.  Creación de los cargos de Notario, Conservador, Archivero y Receptor Judicial para la comuna de Cabo de Hornos.
20.  Nuevo sistema de admisión escolar. Matrícula en primera preferencia 64,7%. En alguna de su preferencia 86,8%.
21.  1.036 estudiantes beneficiados con Beca Nuevo Milenio en Magallanes.
22.  Dos oncólogos infantiles para el Hospital Clínico de Punta Arenas.
23.  Durante el año 2016 se efectuaron 55 rondas de médicos especialistas interprovinciales.

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Para seguir construyendo – Carta de dirigentes políticos y sociales por un acuerdo en segunda vuelta presidencial

PARA SEGUIR CONSTRUYENDO

Chile ha logrado asentar la democracia y tener un rumbo para que las graves desigualdades disminuyan, al igual que las cifras asociadas a la pobreza. Todavía falta mucho por hacer y sin duda pudimos haberlo hecho mejor. Sabemos que en tanto haya entendimiento entre los demócratas y renovemos nuestro compromiso, lograremos más desarrollo y una sociedad más feliz.

 

También sabemos que podemos seguir construyendo para beneficio de las mayorías, insistiendo en la mejor atención a los más pobres y corrigiendo los errores que hemos cometido.

No logramos ahora coincidir en un solo candidato presidencial que nos representara. Esta es una grave falla que hemos cometido y debemos intentar minimizar las consecuencias. De no hacerlo, retrocederemos en lo avanzado para lograr un país más equitativo y estable.

En estas condiciones, una vez superada la Primera Vuelta, en la que cada uno de nosotros hará el mayor esfuerzo por aquel que más directamente lo identifica, nos comprometemos a que en la Segunda Vuelta apoyaremos a la candidata o candidato que represente a las fuerzas de centro izquierda e izquierda y nos desplegaremos por el país instando para el éxito que será común.

Para eso convendremos los términos y condiciones que nos hagan coincidir en un Programa que sea representativo del más amplio espectro de los partidos políticos y demás fuerzas a las que pertenecemos. Asimismo, estableceremos los acuerdos básicos para asegurar la necesaria gobernabilidad que requiere el país.

Es indispensable, entonces, que desde ya convengamos en formas de trato y lenguaje que nos permitan converger más fácilmente cuando estemos juntos, apoyando a la candidata o candidato que finalmente nos representará a todos.

Una vez más el llamado es épico, a imaginar y construir lo necesario, incluso haciendo concesiones relevantes cada uno, con la finalidad de que se siga construyendo un Chile que se proyecte con desarrollo del país y de cada uno, en condiciones de justicia y solidaridad.

 

DC

 

Mariano Ruiz Esquide J.

Renán Fuentealba Moena

Nolberto Díaz S.

Yasna Provoste C.

Víctor Torres J.

Gabriel Sílber R.

Claudio Arriagada M.

Mario Venegas C.

Aldo Cornejo G.

Juan Morano C.

Sergio Ojeda U.

José Miguel Ortiz

Patricio Vallespín L.

Nicolás Mena L.

Carlos Soto González

Francisco Huenchumilla J.

Alexandra Núñez S.

Diego Calderón G.

Dinka Tomicic B.

María Eugenia Mancilla

Alejandra Miranda O.

Pilar Gutiérrez O.

Marcela Labraña S.

Patricio Mercado C.

Hernán Díaz Ortega

Luis Cerda Ortiz

Octavio Arratia Arenas

Flavio Garrido S.

Ramón Mallea A.

Exequiel Silva Ortiz

Jaime Hales D.

Raúl Donckaster F.

Soledad Lucero

Juan Claudio Reyes

Carolina Mora Saa

Rene Legue Cárdenas

Patricio Pinilla Valencia

Andrea Murillo Neumann

Héctor Gárate W.

Jorge Mollo Vargas

 

Ramón Espinoza Rocha

Abdón Anaís Rojas

Hernán Bocaz

Claudio Acuña Leblanc

Jorge Consales Carvajal

Octavio Rubio

Daniela Fariña Barrios

Ricardo Tudela

Alexis Morales Morales

Ximena Jeldres Astudillo

Ivan Acevedo Silva

Fernando Castillo Román

Ivonne Rozas Velásquez

Juan Manuel Sepúlveda

Miguel Sánchez

Marcelo Morales S.

Claudia Bravo

Martha Palma Pizarro

Carlos Gardel B.

Ricardo Andrade H.

Manuel Meza

Isabel Guzmán H.

Mauricio Castro Jara

Enrique Soto D.

Cesar Mass S.

Claudio Salas G.

Alejandro Montt

Josué Vega

Patricia Arriagada

Cristian Torres

Patricia Venegas

Julia Panez

Oscar Osorio

Manuel Robledo

José Luis Suárez

Gabriel Madrid

Atilio Carrasco

Erica López S.

Luis Martínez Cerna

Carlos Eduardo Mena

Sara Romero Alvarez

Oliver Rojas Olguín

Mariluz Navarro

Claudia Guajardo Valenzuela

Cristian Castro Riffo

Gloria Fuentes

Romy Farías Cabellero

Marco Antonio Acuña

Patricio Bahamonde

Gonzalo Arenas Valverde

Alvaro Neira Flores

Roy Crichton Orellana

Kareen Herrera Esparza

Fernando León

Jaime Guzmán Quiroz

Victor Hermosilla

Francisco Vásquez O.

José Ramón Rubio

María Isabel Zavala G.

Richard Vargas

Ricardo Barriento Subiabre

Freddy Campusano

José Luis Cárdenas

Adriana Vergara Manque

Julio Valladares Muñoz

Margarita Indo Romo

Luis Salamanca Pérez

Carolina Latorre

Carlos Aparicio Puentes

Rossana Alvarado

José Patricio Villanueva

Gerardo Muñoz Riquelme

Victor Salazar Acuña

Ricardo Troncoso San Martín

Esteban Vega

Roberto Moreno

Roberto Ramos

Juan Tudela

Alejandro Carril

Enrique  Alvarez

Verónica Ozimica Parada

Mario Troncoso

Eduardo Reveco Cartes

Raúl Collao

Marcelo Islas Chandia

Marisel Quintana G.

Enrique Álvarez

Enrique Fell

Alen Cea Bascur

Cristian Díaz Avendaño

Ranulfo Monsalve

Juan Pablo Marchant

Julio Manques Maldonado

Irma Guajardo Zúñiga

Ricardo Anavalón Díaz

Oscar Vega

Paula Acevedo Coria

Juan Zuleta

Silvia Soto Ovies

Juan Díaz Berrios

Johana Barría Ruíz

Ariel Lienlaf

Armando Ruiz Pérez

Patricio Mancilla

Luis Vergara Tejada

Patricia García

Claudia Laborde Manzo

Paulo Donoso

Mario Lizana

Ivonne Flores

Edgardo Yáñez

Jaime Muñoz

Tomás Sánchez Pérez

Juan Andrade

Marcelo Celedón

Miguel Vidal

Jaime Vera N.

Jorge Aros Hernández

Carmen Mesquida Osorio

Luis Martínez Figueroa

Fabián Santibáñez Vásquez

Pedro Ampuero

Celia Contreras Cáceres

Jorge Rojas

Hugo Belarmino Cárdenas

María Antonieta Escobar

Cristian Quintana

Roberto Rojas

Alejandro Morales Rozas

Juan Romero Morano

Marcel Young

María Carolina Inostroza

Ramón Arestigui Gòmez

Silvia Macuada Reyes

José Manuel Plaza

Mauricio Mass

Patricio Espinoza

José de la Cruz

Germán Rojas Guerra

Jesus Bordones

Henry Verdugo

Marcela Albornoz

Gabriela Grondona

Cristhian Lazo

Cristian Jara

Radomiro Rollano Barrientos

Wilson Reyes Araya

Cristian Morales Salvo

Tamara Mora Mora

Gabriel Pozo

Jorge Ravanal Gallegos

Juan Miguel Jara

Marcela Piñeiro F.

Paola Guajardo Contreras

Carlos Espinoza Jara

Iván Arcos

 

PPD

 

Eugenio Tuma

Marco Antonio Núñez

Ramón Farías

Tucapel Jiménez

Loreto Carvajal

Rodrigo González

Andrés Gómez Lobos

Gonzalo Navarrete

Antonio Leal

Rene Jofré

Maximiliano Ríos

Guido Girardi

Jaime Quintana

Alex Zissi

Zoran Ostoic

Patricio Muñoz

Cristián Vilches

Raúl Alvarez

Fernando Borquez

Patricio Cueto

Orlando Orellana

Freddy Seguel

Emerson Segovia

Jorge Tarúd

Rodrigo Villegas

Noelia Tastes

Sergio Echeverría

Santiago Rebolledo

Alberto Pizarro

Jaime Escudero

Julián Goñi

Bernardo Daroch

Patricio Bustos

Daniel Ibáñez

Andrés Saavedra

Nibaldo Acuña

Alejandro Bahamondes

Luís Eduardo Escobar

Claudia Palma

Berta Belmar

Alex Márquez

Felipe González

Ernesto Toro Ballart

Danilo Rivas, Empresario

Osvaldo Aravena

Luis Zapata, Odontólogo

 

 

PR

 

 

Ernesto Velasco Rodríguez

Patricio Tombolini  Véliz

Isidro Solís Palma

Margarita Reyes Vergara

Osvaldo Correa Sepúlveda

Miguel Moreno García

Juan Carlos Paillalef  Alarcón

Rodolfo Baier Esteban

Augusto Prado Sánchez

Emilio Oñate Vera

Marcia González Navarro

Alfredo Bañados Lagos

Robert Guevara Pasten

Raúl Godoy Barraza

Daniel Teplizky

Macarena Carvallo

Marcela Hernando Boisen

Carlos Abel Jarpa Webar

José Pérez Arriagada

Fernando Meza Moncada

Alberto Robles Pantoja

Marco Espinosa Monardes

Patricio Martínez Fuentes

Sol Romero Del Villar

Juan Carlos Meléndez Mackenzie

César Valencia Pérez

Mario Pérez Navarro

Pedro Ávila Silva

Irma Troncoso Álvarez

Gigliola Centoncio Neri

Marcela Concha Villanueva

Pepe Auth

Lorena Bustamante Medina

Cosme Mellado Pino

Camilo García de la Barra

Alexis Sepúlveda Soto

Juan Norambuena Matus

Francisca Bascuñán Peña

Rodolfo Aranda Villanueva

Lily Oñate Muñoz

Oscar Cabrera Ortiz

Carlos Contreras Oyarzún

Andrea Mercado Betanzo

Mario González Rebolledo

Jorge Calderón Núñez

Karin Bianchi Retamales

Julia Torres Matamala

 

 

PC

 

Guillermo Tellier
Daniel Nuñez
Karol Cariola

Camilo Sánchez

Lorena Pizarro
Soledad concha
César Quiroz
Mario Rivas

Javiera Olivares

Juan Carrasco
Daniel Jadue

Rodrigo Sánchez
Isaías Zabala

Judith Rodríguez Lazcano
Miguel cisterna
Nicolás Hurtado Acuña
Grace Arcos
Elizabeth Jiménez Oliva
Cristian Weibel
Natalia Cuevas
Fernando Manzur
Luis González Brito
Iván Vuskovic
Oscar Belmar Sánchez
Thelma Guzmán Asencio
Luis Aguilera González
Raúl Alvear
Irasci Hassler
Pascal Lagunas
Elena Salazar
Juan Pablo Astudillo
Pedro Barría

 

PS

 

Isabel Allende

Álvaro Elizalde

Camilo Escalona

Andrés Santander

José Miguel Insulza

Leonardo Soto

Yenny Álvarez

Daniel Melo

Karina Delfino

Gonzalo Durán

Marcela Rosales

Juan Luis Castro

Marcelo Schilling

Osvaldo Andrade

Arturo Barrios

Maya Fernández

Fernando Krauss

Sadi Melo Moya

Johnny Carrasco Cerda

Armando Uribe

Marcelo Díaz

Jaime Romero

Juan De Dios Parra

Carmen Andrade

Jaime Fuentealba

Marily Escobar

José Luis Rosales

Leo Jorquera

Mauricio Torres

Flor Fuentes

Jaime Olate

Eduardo Manzanares

Eric Órdenes

Marco Ilabaca

Cristian Valle Olivares

Clara Olivares Araya

Juan Miranda

Victor Saavedra Cortes

Salvador Concha Aguilera

Texto del proyecto de ley que propone levantar el secreto de la información de Comisión Valech

Modifica la ley N° 19.992, que Establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica, en lo que respecta al tratamiento de los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

Boletín N°10883-17

La ley Nº 19.992, en su artículo 15, estableció el carácter secreto de todos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las victimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, por el plazo de 50 años. Esto genera la contradictoriedad con los mecanismos institucionales de establecimiento de la verdad oficial en materia de violaciones a los derechos humanos, los cuales se sostienen sobre los pilares de la verdad, la justicia y la reparación.

Al favorecerse el establecimiento de la verdad y la adecuada reparación de las victimas, se deja en un segundo lugar la consecución de la justicia. En este sentido la consagración del secreto, a la luz de esta ley, implica  a nivel institucional la impunidad, pues se impide que los antecedentes recopilados sean conocidos y calificados por los tribunales de justicia.

El objetivo de este proyecto es permitir que la autoridad encargada de la administración de la justicia en nuestro ordenamiento jurídico pueda disponer de aquellos antecedentes y testimonios recopilados por la Comisión Valech I que actualmente tienen el carácter de secreto, y de los cuales ninguna autoridad puede conocer. Situación diferente a la de la Comisión Valech II, ya que la justicia puede acceder a la información de esta.

Cabe recordar que la Comisión Valech I fijó una reparación simbólica y austera, por parte del Estado, a las víctimas de prisión política y tortura, pero no se hizo cargo de los temas de verdad y justicia. Por ello la comisión de los delitos de tormentos, apremios ilegítimos y de vejaciones injustas en contra de particulares en el lapso 1973-1990 no ha sido investigado. La Comisión Valech I no consideró a las víctimas de tortura como víctimas de un delito de lesa humanidad, contraviniendo los tratados internacionales acerca de la materia. De lo expuesto se colige que no se puede investigar este delito y, además, en virtud del secreto, se consagra una suerte de “perdón” para los torturadores. En síntesis, el proyecto de ley busca reivindicar esta situación y fortalecer uno de los pilares mencionados con anterioridad: La Justicia.

La mantención del secreto de estos antecedentes produce una dificultad adicional para la obtención de justicia, toda vez que provoca su instauración ha provocado la pérdida de antecedentes e información con la que ya se contaba. En efecto, toda la documentación oficial anterior relevante, la mayoría de ella obtenida bajo el funcionamiento de la Comisión Rettig, pasó a custodia de la Comisión Valech II. Sin embargo, una vez disuelta ésta, tuvo el mismo destino de la obtenida propiamente en su funcionamiento, esto es, a las bodegas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quedando indirectamente, “protegidas” por el secreto de los antecedentes de la Comisión Valech, no pudiendo diferenciarse entre unas y otras, en circunstancias que cabe concluir que la documentación obtenida bajo la Comisión Rettig no le es aplicable dicho secreto.

Es de suma importancia rescatar el rol que pueden jugar los tribunales de justicia en esta materia. No cabe duda que las víctimas de prisión política y tortura persiguen que se establezca la verdad y no las perjudica en absoluto el levantamiento del secreto en materia de justicia. Además, esas personas no declararon ante la Comisión Valech bajo la promesa de guardar reserva o secreto; esa calificación fue posterior, en la ley.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Modifíquese el artículo 15 de la Ley N° Nº 19.992 que establece una pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a las Personas que Indica en los siguientes términos:

  1. a) Intercálese, en el inciso tercero, después de la expresión “este artículo,” el siguiente texto:

“a excepción de los tribunales de justicia y”

  1. b) Agréguese el siguiente inciso sexto nuevo: “El órgano encargado de la custodia de la información hará llegar a requerimiento de los tribunales de justicia todos aquellos antecedentes de los cuales emane algún hecho constitutivo de delito. “.

HUGO GUTIÉRREZ GÁLVEZ

Diputado de la República.

El Te Deum evangélico y la masacre de Chihuío – Víctor Osorio Reyes

Dueños de nuestro propio destino

Se conmemora hoy un nuevo aniversario de la convocatoria al Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810, momento inicial de la fundación de la República.

Aunque en los hechos el Cabildo de 1810 no proclamó explícitamente la independencia, se creó ahí una Junta Gubernativa que dio comienzo a una larga batalla de ideas, política y militar para alcanzar la independencia respecto del gobierno colonial español.

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Entre el 18 de septiembre de 1810 y la proclamación de la independencia el 12 de febrero de 1818, medió una guerra cruenta y sangrienta, la elección e instalación del primer Congreso Nacional, la dictación de la primera Constitución en 1812 y un largo proceso de conquista de los derechos y las libertades y de superación del oscurantismo colonial.

El sentimiento patriótico se fue consolidando con el tiempo y la conciencia nacional surgió durante el siglo XIX, a medida que las diferencias sociales y las desigualdades territoriales fueron manifestándose ante los ciudadanos.

No olvidamos que tras la independencia política, la gran tarea pendiente del pueblo chileno sigue siendo la independencia económica, de manera que aún en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, nuestro desarrollo sea el resultado de nuestro esfuerzo nacional y de nuestra condición latinoamericana.

La independencia de Chile es un logro de la historia y del pueblo, pero, al mismo tiempo, es un desafío presente que alcanza a las actuales generaciones, tras el proyecto y la utopía de que nuestra nación supere las dependencias que nos atan a poderes extranjeros.

Si vivieran hoy Carrera, O’Higgins, Rodríguez o Henríquez, dirían que la independencia se logró en los textos y en las normas legales, pero que Chile tiene todavía pendiente su independencia económica, tecnológica y hasta cultural.

Conmemoramos el 18 de septiembre como la fecha histórica fundacional donde los chilenos iniciaron el camino, para lograr ser dueños de nuestro propio destino.

Más de 200 años después, Chile es una nación sudamericana, soberana, respetada internacionalmente, un Estado laico que acoge la diversidad de las ideas y las creencias y los distintos aportes culturales que la componen, un país esforzado que busca salir del subdesarrollo a pesar de las adversidades telúricas, que trata de construir una democracia sólida, amplia e inclusiva y alcanzar las condiciones de calidad de vida moderna que merece la dignidad de nuestro pueblo y el trabajo de quienes crean la riqueza.

Chile cuenta hoy con la enorme riqueza de los recursos naturales, de las considerables fuentes energéticas renovables, y de la voluntad de un pueblo suficientes para dar un salto al desarrollo en el curso de la actual generación, de manera de alcanzar ese umbral de modernidad con identidad propia, durante esta primera mitad del siglo XXI.

Hoy 18 de septiembre, celebramos el presente y sobre todo podemos mirar el futuro, con la preocupación y la voluntad de los que desean terminar con las injusticias y desigualdades que limitan el progreso del país, celebramos que es posible construir un mejor futuro para las siguientes generaciones, un futuro sustentable en un mundo incierto, una democracia participativa que permita a todos los chilenos y chilenas ser dueños de nuestro propio destino.

Manuel Luis Rodríguez U.

Punta Arenas – Magallanes, 18 de septiembre de 2017.

Contenidos de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo por 3 causales

MINUTA LEY QUE DESPENALIZA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES

I. ANTECEDENTES GENERALES
• Cumple con el compromiso adquirido en el Programa de Gobierno respecto a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas, situaciones de excepción: peligro para la vida de la mujer, embrión o feto que padezca una patología incompatible con la vida extrauterina y violación.
• En cualquier otra hipótesis el aborto continúa siendo ilegal.
• La voluntad de la mujer está en el centro de la regulación.
En el caso que la decisión de la mujer consista en interrumpir el embarazo, deberá manifestar su voluntad en forma expresa, previa y por escrito.
Excepcionalmente, cuando la vida de la mujer esté en peligro, y aplicando las reglas generales contenidas en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, no se requerirá su manifestación de voluntad.
• El Proyecto reconoce que la violencia sexual afecta diferenciadamente a las mujeres menores de edad.
• Se ampara especialmente en el respeto de la autonomía progresiva y el interés superior de las niñas y adolescentes, estableciendo reglas especiales respecto de ellas.
• Se discutió profusamente durante 2 años y 8 meses en las instancias democráticas que nos hemos dado como país, donde se ha escuchado a todos y todas, y donde las mayorías se han manifestado.

II. CONTENIDO LEY
Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano, en los términos regulados en los artículos siguientes, cuando:
1. La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.
2. El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal.
3. Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

 

Acompañamiento
• Se le ofrecerá a las mujeres acompañamiento tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo.
• Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso. (Para este efecto se contara con refuerzo RRHH de los equipos ARO)
• En caso de continuación del embarazo, junto con ofrecer el apoyo recién descrito, se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo intersectoriales.
• Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión.

III. El Fallo del Tribunal Constitucional
Elementos históricos
• “La Constitución garantiza el pluralismo organizativo y de ideas. Eso impide que se pueda imponer un modelo determinado de pensamiento, de moral, propio de organizaciones, de una o más personas, al resto de la sociedad”.
• “(…) no es una decisión impuesta por el Estado, si no que recae en la decisión de la mujer y del equipo médico encargada de examinarla”.
• Enfatiza que “la mujer es persona; como tal sujeto de derecho. Por lo mismo, tiene derechos y puede adquirir obligaciones”.
• El voto de mayoría del TC reconoce que “la mujer no es un medio”, por lo tanto, “la madre no puede ser considerada como un instrumento utilitario de protección del no nacido”, reconociendo expresamente los derechos de las mujeres.
• Establece que “la constitución no le otorga al que está por nacer la categoría de persona. Ello no obsta a que sea un bien jurídico de la mayor relevancia”.

Consejo de Monumentos Nacionales declaró Monumento Histórico al campo de concentración de Isla Dawson en Magallanes

A partir del golpe de Estado de 1973 y teniendo como base ideológica la Doctrina de Seguridad Nacional, se implementó en Chile un Estado represivo que tuvo por objetivo eliminar cualquier amenaza al nuevo orden establecido y castigar a simpatizantes y dirigentes del gobierno del Presidente Salvador Allende, recurriendo para ello a la detención, la tortura, el asesinato y el exilio, entre otras medidas de fuerza. Desde entonces, se llevó a cabo en Chile una política sistemática de violación de los derechos humanos, a través de las gobernantes Fuerzas Armadas y Carabineros, destinando para ello a efectivos uniformados, funcionarios civiles, presupuesto público, creando instituciones represivas y disponiendo de diversos lugares para concretar el abuso.

 

Uno de los sitios más emblemáticos de la represión de estos años fue la Isla Dawson, de unos 2,000 kilómetros cuadrados ubicada en el Estrecho de Magallanes, a 100 kilómetros al sur de Punta Arenas. Primero fue parte de la ruta de los indígenas australes y luego de los viajeros y mercantes que cruzaban entre el Atlántico y el Pacífico. Posteriormente fue concesionada a misioneros salesianos y a empresas ganaderas. Desde 1972, por decisión del gobierno del Presidente Salvador Allende, Dawson se constituyó en una base naval de la Armada de Chile.

Desde el 15 de septiembre de 1973 y hasta fines de 1974, esta isla recibió a cerca de seiscientos prisioneros, que debieron sufrir trabajos forzados, vejámenes y torturas.

Dawson tuvo dos campos de concentración entre 1973 y 1974: Compingim y Río Chico. Este último se encontraba ubicado a unos 15 kms. de Puerto Harris, y tuvo cinco barracas: Alfa, Bravo, Charlie, Remo e Isla. Río Chico empezó a funcionar el 15 de Diciembre de 1973 con los prisioneros trasladados de Compingim. El 21 de Diciembre comenzaron a llegar prisioneros trasladados de los diversos centros de detención de Punta Arenas y llenaron las barracas Alfa, Bravo y Charlie. Estas barracas tenían capacidad entre 80 a 90 personas.

El campo Río Chico tenia un diseño similar a los campos de concentración nazis. Habían guardias fuertemente armados, apostadas en garitas y en los cerros colindantes. Cada barraca estaba cercada con alambres de púa y eran de construcción ligera, de madera y planchas zinc. La alimentación y calefacción eran pésimas y los prisioneros se enfrentaban a condiciones climáticas extremas, como nieve, escarcha y viento, además de su condición de aislamiento total.

Río Chico fue el único lugar construido exclusivamente para la reclusión de presos políticos. Hoy no existe ninguna de sus construcciones, sino sólo las huellas de las fundaciones. La recreación virtual de este lugar fue posible solo gracias a los dibujos y planos realizados por el arquitecto Miguel Lawner, que los trazó de memoria luego de su liberación.

En tanto, la Capilla San Rafael de Puerto Harris ha mantenido su uso en el tiempo, siendo un hito de toda la historia reciente de la Isla Dawson, heredera del proceso de evangelización y representante de la colonización de. Fue construida con materiales de la Iglesia de la Misión y abandonada por la Sociedad Anónima Ganadera Gente Grande. Su posterior restauración fue obra de los presos políticos.

En tanto Chimenea y los Antiguos Hornos del Aserradero de Puerto Harris son un testimonio excepcional del desarrollo regional industrial forestal (aserradero y astillero) y de explotación ganadera, en el marco del cual tuvo lugar la intensa deforestación de la Isla Dawson, que marcó para siempre este paisaje.

Estos tres sitios representan un valor patrimonial de trascendencia local, regional y nacional, siendo hoy uno de los más importantes lugares de memoria existentes en Chile.

REFERENCIAS:

Decreto 132 (2010)
http://www.monumentos.cl/catalogo/625/articles-36529_documento.pdf

Elie Valencia, Reseña de los Campos de Concentración Compimgin y Rio Chico, Isla Dawson, Magallanes 1973 –1974
http://www.dawson2000.com/elie9.htm

11 de septiembre: la Historia es una maestra de la pedagogía

El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile fue el resultado de un largo proceso histórico de deterioro de la democracia republicana y de politización de las Fuerzas Armadas en nuestro país.

Desde 1964 en adelante, Chile emprendió un conjunto de reformas estructurales profundas (Reforma Agraria, Reforma Educacional, chilenización y nacionalización del cobre, entre otras) que golpearon fuertemente las desigualdades  estructurales y las injusticias instaladas en el país y afectaron los intereses y privilegios de la clase empresarial.

Las reformas de la Revolución en Libertad fueron un preludio de los cambios realizados por el pueblo chileno a través de la Unidad Popular.

Un sistema capitalista dependiente subdesarrollado, agotado y cuestionado en las bases políticas, económicas e ideológicas de su legitimidad, se enfrentaba a mayorías ciudadanas y fuerzas políticas que se planteaban avanzar a través de los mecanismos de la democracia representativa hacia nuevos modelos de socialismo democrático.

El Gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular emprendió cambios estructurales aún más profundos, generando la oposición violenta de las elites económicas y políticas hasta entonces dominantes, respaldadas por el gobierno de Nixon desde EEUU.

En un contexto mundial de bipolaridad y de Guerra Fría, la llegada de Salvador Allende al gobierno de Chile por la vía electoral constituía un “peligroso” ejemplo para las demás democracias latinoamericanas,  un modelo innovador de transición del capitalismo al socialismo que ponía en riesgo los intereses económicos y geopolíticos de EEUU en América del Sur.

El golpe militar en 1973 en Chile, similar en su método a los golpes militares en Turquía, Argentina y Brasil, fue respaldado por las FFAA de EEUU, al mismo tiempo que la oposición política contra la Unidad Popular contó con el abundante financiamiento de la CIA y de grandes corporaciones internacionales como la ITT, como lo revela el Informe de la comisión Church del Senado de los Estados Unidos.

En el Chile de principios de los años setenta, la Historia nos recuerda que la derecha, para impedir que Salvador Allende asumiera la Presidencia de la República, asesinó al Comandante en Jefe del Ejército en ejercicio, René Schneider, a fin de provocar una respuesta castrense e interrumpir el proceso democrático y constitucional.

Las Fuerzas Armadas de aquella época, que se encontraban profundamente infiltradas por la ideología estadounidense de la seguridad nacional, no fueron sensibles al crimen de su Comandante en Jefe ni al asesinato del Edecán Naval del Presidente en 1973 perpetrado por los sectores políticos más conservadores de nuestro país.

Hoy sabemos además, que el golpe militar de septiembre de 1973 en Chile no se decidió el 9 de septiembre, como se ha pretendido argumentar, sino que fue preparado, por lo menos, desde octubre de 1972 bajo la cubierta de un “ejercicio de seguridad interior” elaborado en algunas academias de guerra castrenses.

Por eso es completamente pertinente recordar que el golpe militar no fue un hecho militar o un gesto de desobediencia castrense solamente: fue un acto político, el más violento acto político realizado por la oligarquía chilena armada durante el siglo XX, para destruir la democracia y clausurar los horizontes y las utopías de los ciudadanos de Chile.

El balance final de la dictadura militar resultante del 11 de septiembre, es elocuente e indiscutible y está grabado a sangre y fuego en la Historia de la república: 2.095 ejecutados, 1.102 detenidos desaparecidos, 34.690 víctimas de torturas y más de 500.000 chilenos exiliados.

En la conciencia y en la memoria histórica de la ciudadanía en Chile, ha quedado inscrita para siempre, la verguenza de una acción política encabezada por la elite castrense que terminó con la democracia republicana e instaló un régimen de terror y violencia institucionalizada, de violaciones sistemáticas y constantes de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad que han denunciado los Informes Rettig y Valech y que ha condenado la comunidad internacional.

El ejemplo del Presidente Salvador Allende y su sacrificio en La Moneda en 1973, inscribieron a Chile, en la memoria y la conciencia de la humanidad.

 

Tribunal Constitucional: un punto de inflexión

Si hay algo que ha caracterizado al proceso de transición democrática iniciado en 1990 en Chile, ha sido el respeto generalizado de todos los sectores sociales y políticos ciudadanos al Estado de Derecho, es decir, a las normas e instituciones que permitan un funcionamiento adecuado de las reglas que aseguran la convivencia democrática.

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Otra cosa es que la mayor parte de las instituciones y normas, todas ellas heredadas de la dictadura anterior, hayan carecido inicialmente de legitimidad social y política, ya sea porque su existencia asegura la vigencia de mecanismos contra-mayoritarios que alteran, distorsionan o violan la soberanía popular, o porque la Constitución de 1980 tiene un origen fraudulento e ilegítimo en forma y fondo.

Las instituciones de la Constitución de 1980 fueron ganando legitimidad con el paso del tiempo y a medida que su democratización permitió que la ciudadanía comprenda y reconozca su rol e importancia: primero fue la Presidencia de la República y los Ministerios, después fue el Congreso Nacional, más tarde fueron las Municipalidades y más recientemente, los Gobiernos Regionales, a través de los Consejos Regionales.

Sin perjuicio de este prolongado y casi interminable proceso de legitimación, quedaron discretamente silenciadas y aun permanecen casi intactas, algunas instituciones situadas en lo que podría denominarse la “zona gris” del entramado institucional en Chile: una de ellas es el Tribunal Constitucional.

Creado inicialmente en 1970 por el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, el Tribunal Constitucional fue introducido en la Constitución dictatorial de 1980 con funciones distintas, y algunas de sus atribuciones fueron modificadas y reforzadas durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos.

El Tribunal Constitucional de 1970 fue creado por el Presidente Frei Montalva con el apoyo del PDC y del Partido Nacional, con el objeto de proteger los poderes legislativos del Presidente de la República en el marco de una reforma política más amplia, donde el Tribunal jugaba un rol preciso para fortalecer la democracia. Aquel era un Tribunal Constitucional notoriamente presidencialista, donde el Presidente de la República controlaría la mayoría de las designaciones (3 de 5 ministros), los ministros componentes durarían poco tiempo en sus funciones, y sus mandatos serían renovables.

El Tribunal Constitucional de 1970 fue creado para facilitar la democracia, mientras que el Tribunal Constitucional de 1980 ha sido concebido para dificultar la democracia.

Cuando se realizó el debate ciudadano constituyente durante 2016, impulsado por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el tema del Tribunal Constitucional apareció como un componente que distorsiona la práctica de la soberanía popular y comenzó a ser percibido más claramente por la ciudadanía y por un creciente número de actores políticos como una suerte de “cuarto poder” susceptible de ser utilizado como factor de contrapeso que altera el ejercicio del poder legislativo.

La mayor parte de los actores políticos y de los candidatos presidenciales reconocen que con el Tribunal Constitucional tenemos un problema.

¿El problema está en el origen de los ministros que componen dicho tribunal, que resultan emanados de otros poderes del Estado…o de sus atribuciones y facultades que ponen en entredicho todo el proceso legislativo de formación de las leyes…o de su utilización como recurso de freno a las iniciativas emanadas legítimamente del poder ejecutivo o legislativo?

Con ocasión del debate público y político por el proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales, la cuestión del rol y la legitimidad del Tribunal Constitucional ha vuelto a surgir en la opinión pública, en la academia y en el foro público, con tal intensidad que, sin duda alguna, cualquiera sea el fallo que emita dicho organismo ante este proyecto ya aprobado por ambas ramas del Congreso nacional, la valoración pública y la legitimidad ciudadana del Tribunal resultará seriamente dañada.

A imitación de la Constitución de los Estados Unidos, que concede un supra-poder al Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional chileno es un “super tribunal”, cuyo poder ejerce por sobre los demás poderes del Estado.

Todos comparten en que dentro de un sistema democrático y de un Estado de Derecho debe existir un mecanismo adecuado que permita asegurar la constitucionalidad de las leyes, pero todos debieran coincidir además, que si un Tribunal Constitucional tiene la facultad de cerrar y distorsionar el proceso legislativo de formación de las leyes, entonces de alguna manera este órgano se convierte en un cuarto poder, en un supra-poder no democrático, en una reserva estratégica de oposición, cualquiera sea la mayoría ideológica prevaleciente entre los ministros del organismo.

Probablemente ahora está quedando nuevamente en claro para la inmensa mayoría de los ciudadanos, que en definitiva “el problema” no es el Tribunal Constitucional, sino la Constitución y que el problema no es jurídico, es político.

Los hechos son como las piedras: fríos y duros

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