CoyunturaPolítica

Agenda propia para un análisis crítico


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El capìtulo de Derechos Humanos del Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayorìa

Los Derechos Humanos deben ser el fundamento principal y eje articulador del accionar del Estado, tanto del Gobierno, de los poderes e instituciones del Estado y en especial de la actividad legislativa y las políticas públicas que se adopten. A su vez, los derechos humanos deben ser la base normativa mínima de una sociedad democrática, que permita la convivencia nacional en torno a principios de dignidad, igualdad, justicia, diversidad y tolerancia.

Adoptaremos todas las medidas necesarias para la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos resguardando y mejorando la institucionalidad ya alcanzada. Impulsaremos una nueva normativa que aplique los principios y tratados internacionales.

Asimismo se debe continuar con la exigencia de verdad, justicia y reparación en relación a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura, adecuando la normativa y los medios necesarios para tal objetivo. Al mismo tiempo, se deben desarrollar planes de educación y memoria histórica tendientes a desterrar definitivamente la posibilidad de que tan graves atentados a la vida y dignidad humana se repitan y a fomentar una cultura de la paz y la tolerancia.

El avance de la sociedad democrática y el empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas presentan nuevos desafíos para la plena vigencia de los derechos humanos. La ciudadanía exige el término de los abusos y la satisfacción de necesidades individuales y sociales, reclamando equidad, calidad y derechos en materia de salud, vivienda digna, empleo, seguridad pública, educación, medio ambiente sano, el derecho al trabajo, a negociación colectiva, entre otros.

El Gobierno, en lo que le corresponde, debiera hacerse cargo de estas expresiones y exigencias, las que se deben abordar con una genuina visión de derechos humanos, con los deberes y obligaciones correspondientes, promoviendo el reconocimiento legal o constitucional en su caso.

Por tanto, enfrentamos desafíos no sólo en cuanto a las violaciones que se cometieron bajo la dictadura, sino también en cuanto a garantías para aquellos derechos surgidos en democracia.

Durante el Gobierno, adoptaremos una Política de Estado Explícita e Integral en Derechos Humanos, que contemple, a lo menos, los siguientes cuatro ejes: promoción y garantía de la vigencia integral de todos los derechos humanos; una institucionalidad adecuada para el diseño y monitoreo de esa Política de Estado; políticas públicas concebidas con “enfoque de derechos”; verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad de la Dictadura, a sus familiares y a la sociedad toda.

Reconoceremos con el máximo valor en la Constitución, los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos y, en especial, incorporaremos una norma que establezca que, en toda interpretación constitucional o legal, deben primar dichos tratados o convenciones. Estableceremos en forma expresa en la carta fundamental que los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, son delitos imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido y no susceptibles de amnistía, ni indulto general o particular.

Impulsaremos medidas legislativas y administrativas que impidan la impunidad en materia de DDHH, tales como impedir toda aplicación en los juicios sobre Crímenes de Lesa Humanidad del D.L. N°2.191, de Amnistía de 1978, y de las normas que regulan la prescripción en materia de delitos comunes o de la prescripción en materia de responsabilidades civiles.

Crearemos un sistema único de información relativa al estado y resultados de los procesos judiciales sobre Crímenes de Lesa Humanidad. Apoyaremos el mantenimiento de las instituciones de la sociedad civil de defensa y promoción de los derechos de las víctimas de los Crímenes de la Dictadura, especialmente de las que poseen una trayectoria histórica y simbólica en la materia.

Solicitaremos la designación de Jueces de dedicación exclusiva para los juicios por las graves violaciones a los derechos humanos y asignaremos recursos especiales al Poder Judicial para estos efectos. Fortaleceremos el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, los departamentos de derechos humanos del Servicio Médico legal y la Policía de Investigaciones, a través de la designación de recursos humanos, tecnológicos y materiales.

Debemos fortalecer la institucionalidad existente. Esta hoy considera al Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Pero no resulta suficiente. Crearemos la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con dotación de recursos humanos y presupuestarios que permitan el trabajo de coordinación y ejecución en materia de derechos humanos. Ampliaremos la presencia del INDH a nivel de regiones en forma gradual. Impulsaremos la creación de la Defensoría del Pueblo u Ombudsman.

Reformaremos la justicia militar, limitándola a sujetos militares, bienes jurídicos militares y en recintos militares. Reformaremos la Ley 18.314 para adecuarla a estándares internacionales en relación al derecho a un juicio justo.

Diseñaremos un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, para todos los niveles educacionales, que sea participativo y de formación integral.

Incentivaremos la investigación académica en temas de derechos humanos y memoria histórica. Promoveremos el desarrollo de materiales y estrategias didácticas en la enseñanza de los derechos humanos e incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones como herramienta de formación en los temas de los derechos humanos.

Fortaleceremos la educación de derechos humanos en todas las escuelas matrices y/o academias de las FF.AA., Carabineros y Policía de Investigaciones, elaborando una propuesta de actualización curricular que incorpore la formación en temas de derechos humanos desde su aspecto teórico y normativo, así como formación en los protocolos de actuación.

Promoveremos la ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968 y ratificaremos el conjunto de tratados de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas y OEA pendientes.

Adicionalmente, estableceremos legalmente las medidas destinadas a asegurar el cumplimiento y respeto en el país de las decisiones jurisdiccionales internacionales en materia de Derechos Humanos.

Adoptaremos medidas, legislativas si fueren necesarias, para reconocer el derecho de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares, a obtener reparaciones civiles de los victimarios y, en su caso, del Estado. Revisaremos las actuales leyes reparatorias. Asignaremos a una entidad estatal permanente que se haga cargo del reconocimiento, acogida, asistencia jurídica, social y de reparación para las víctimas de Crímenes de la Dictadura.

Desarrollaremos un programa sistemático y nacional de recuperación y conservación de testimonios de la memoria histórica de violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Desarrollaremos una política de recuperación de todos los sitios de memoria histórica donde se violaron los derechos humanos, velando por su mantención básica y permanente. Desarrollaremos una estrategia específica para vincular a los sitios de memoria histórica con las nuevas generaciones.

Revisaremos lo referido a los archivos judiciales de las violaciones a los Derechos Humanos que tienen un periodo de 50 años para poder ser conocidos y revisados.

Adicionalmente, desarrollaremos una iniciativa legal para regular el derecho a reunión y revisaremos los reglamentos, protocolos y práctica de las Fuerzas Policiales para su adecuación a estándares internacionales.

La complejidad del mundo actual se plasma en el avance, reconocimiento y protección de nuevos derechos humanos. Los derechos de niños/as y adolescentes, sexuales y reproductivos, los derechos de los pueblos indígenas y los de la tercera edad, entre otros, constituyen un desafío y una prioridad para nuestro país en tanto buscan asegurar que aquellas personas que se encuentran en desventaja social en el acceso y goce de derechos, lo hagan en condiciones de igualdad y no discriminación.

En definitiva, adoptaremos un sistema integral de promoción y protección de los derechos humanos, que junto con hacerse cargo de las deudas aún pendientes con las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos del pasado, también fortalezca la garantía y respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.


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El fracaso del discurso anti-partidos políticos

En la región de Magallanes durante mucho tiempo, se ha usado y abusado del discurso anti-partidos políticos, una retórica básica y negativa que pretende denostar a la actividad política y a la militancia, como si fueran las causas de los males de toda la sociedad.  Para muchos políticos hablar en contra de los partidos políticos y de los políticos y de la política, les ha venido saliendo casi gratis, porque quedó depositado en el subconsciente colectivo el desgastado discurso antipolítico de los militares durante la dictadura.

El discurso antipolítico huele muy sospechosamente a un neofascismo corporativista, anticuado y resucitado para infiltrarse en la democracia.

Los hechos sin embargo, prueban lo contrario: que los partidos y la política continúan siendo objeto de la preocupación y del interés de los ciudadanos.

En Magallanes, funcionan a lo menos 10 partidos políticos, desde los partidos de derecha UDI, Renovación Nacional y el Partido Regionalista Independiente (PRI), hasta los partidos de la Nueva Mayoría, el Partido por la Democracia, el Partido Comunista, el Partido MAS, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Democrata Cristiano y la Izquierda Ciudadana.

Pero además, en esta región figuran a lo menos cinco partidos políticos en formación: Amplitud, el Partido PRO, el partido de la Izquierda Autónoma, el Partido Regionalista de Magallanes, y el partido Democracia Regional.   No deja de llamarnos la atención que el “mundo” de los autdenominados independientes y de los llamados “regionalistas” se presentan en realidad profundamente divididos, según los caudillos de turno y las fuentes de financiamiento.

En esta creciente marea de partidos políticos que se viene, no faltarán los “cuenteros” que saquen a relucir el discurso de que se trata de un partido político sin ideología y que se forma no para hacer política, sino para “ayudar a la gente”…

En este contexto, hasta podría decirse que “la política y los partidos políticos gozan de buena salud” si no asistiéramos en realidad a una crisis de su credibilidad ante la ciudadanía.   Pero, justamente a pesar del deterioro de la credibilidad de los partidos políticos como actores del sistema político y del ejercicio de la democracia, se siguen formando más partidos políticos.

Es decir, al revés de la retórica “semi-fascista” de los que denostan y denigran a los partidos políticos y a contrapelo de quienes se han hecho un lugar en la actividad política, enlodando y criticando a los partidos políticos, resulta que formar, organizar, convocar a un partido político es bueno y positivo, porque demuestra la salud de la democracia y habla bien de la conciencia cívica y política de los ciudadanos.

Manuel Luis Rodríguez U.


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El programa a la calle y en las instituciones

La oposición desplegada contra los cambios señalados en el Programa de Gobierno de la Presidenta  Bachelet, ha adquirido numerosos ribetes: está por un lado la oposición abierta, mediática, que proviene desde la derecha más conservadora hasta los termocéfalos del otro extremo (cuyos discursos, coincidentemente, se retroalimentan para mutuo beneficio); y está además esa oposición de la moderación y de la lentitud, de la burocracia, de manera de sacrificar los 4 años de gobierno de la Nueva Mayoría.

La mayoría de los movimientos sociales aboga hoy por los cambios, por avanzar y profundizar la Reforma Educacional, por avanzar y profundizar la Reforma Laboral y muy en especial, por dar los pasos necesarios para impulsar el cambio de la Constitución.

El programa hay que defenderlo desde la calle y en las instituciones, dos perspectivas que no se contraponen.  De esta manera, se aclara el aparente dilema si salir a la calle, por ejemplo, a propósito de la Reforma Educacional o de la Reforma Laboral, significa moverse en contra de los cambios, o moverse para que esos cambios se hagan, para que los proyectos avancen dentro del Congreso incorporando decisivamente la perspectiva y el aporte de los movimientos sociales y ciudadanos.

En esta coyuntura política de mediados de 2015 (especialmente en estos meses de mayo a septiembre), se juega de alguna manera el destino del Gobierno de la Presidenta Bachelet y la perspectiva de la continuidad de la Nueva Mayoría, se juega en las instituciones y en la calle.  Un juego decisivo porque 2015 es el último año “no electoral” de este período, y después vienen las municipales del 2016, y las parlamentarias, de consejeros y presidenciales del 2017.

Notable tarea para los partidos de la Nueva Mayoría: sacar el Programa a la calle, explicar el Programa y sus cambios a la ciudadanía, rompiendo con el cerco mediático de los grandes medios de comunicación de orientación opositora, mostrar los logros  y avances de su propio gobierno, llevar las reformas del Programa a la vida cotidiana de las personas, las familias, las organizaciones, los territorios y las comunidades.

El año 2015 es el año decisivo para proyectar a la Nueva Mayoría después del 2018.   El año 2015 es el año decisivo para instalar en la agenda pública la discusión ciudadana sobre la nueva Constitución, un debate que ya ha comenzado desde hace varios años en nuestro país y que ahora se encamina a un momento clave cuando se defina el inicio del “proceso constituyente”.

Manuel Luis Rodríguez U.


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Cambio de Gabinete y rumbo político – Juan Andrés Lagos

juan-andres-lagos_11212-L0x0En Chile existe una crisis de representación y de credibilidad que viene de años, y que se ha incrementado fuertemente en los últimos meses.

No es un hecho nuevo, como lo establecen estudios e investigaciones cualitativas sobre la subjetividad de los habitantes de nuestro país, quienes muy mayoritariamente exponen la necesidad de cambios sociales, políticos, económicos y constitucionales.

El reciente estudio del PNUD es claro en este diagnóstico.

La disputa por representar este descontento y generar fuerzas que permitan imponer un rumbo político al país, es lo que caracteriza la permanente y más profunda confrontación entre los dos principales bloques partidarios realmente existentes.

Los movimientos sociales organizados, y algunos coordinados relativamente en torno a sus demandas específicas, tratan de incidir en el rumbo político nacional desde sus especificidades, y desde hace algún tiempo, algunos de ellos, especialmente la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se han planteado influir y explicitar propuestas claras respecto de asuntos políticos nacionales, como es una nueva constitución política plebiscitada por el Soberano.

En el ciclo político anterior, la forma en que las correlaciones de fuerzas políticas expresaron sus direccionalidades e incidencias, fue a través de la política de los consensos, de los acuerdos, lo que durante décadas dio gobernabilidad a un modelo que legitimó (temporalmente) a una elite transversal, mientras en la ciudadanía se generó un distanciamiento creciente de esa forma de acción política y una no participación que ha llegado a golpear, severamente, a las elecciones institucionalmente establecidas, en las que participan menos del cincuenta por ciento de las y los ciudadanos con posibilidad legal de hacerlo.

En las elecciones de movimientos sociales organizados, la participación tampoco es alta, incluso en aquellos que están bajo instituciones amparadas por el estado o que existen bajo el imperio del privado, los indicadores de participación son relativamente bajos.

Un punto relevante de esta situación se vivió bajo el gobierno de la derecha, porque millones de personas marcharon por meses por las calles de Chile, exigiendo educación gratuita y de calidad, y una reforma tributaria para financiarla.

El impacto político más importante de esa expresión ciudadana fue la derrota posterior de la derecha, y la incorporación de esas demandas al actual programa de gobierno de la NM, en plena realización ahora.

A la desafección social y ciudadana, se une el fenómeno indesmentible que es la desigualdad, la injusticia social, profunda e irritante, y que golpea prácticamente a todos los ámbitos de la vida social e individual de los habitantes del país: salud, educación, vivienda, transporte, salarios, delincuencia y violencia criminal.

Las fuerzas políticas que buscan representar a la ciudadanía, e incidir e influir en ella, podrán discutir, e incluso disputar respecto de los grados o intensidades de este descontento. Pero es francamente absurdo y casi esquizofrénico desconocer que este fenómeno es real, y crucial para interpretar y comprender el descontento y desafección de la mayoría ciudadana respecto de la política y la vida política del país que se expresa en sus instituciones en las cuales se delega el  poder de representar a la ciudadanía.

Más aún, el estudio del PNUD ha develado que, actualmente, la mayoría del país tiene más esperanzas que antes, respecto de los cambios profundos que demanda.

Si se analiza con sentido de la historia, y con objetividad, este es el primer gobierno que tiene un programa de cambios estructurales profundos, desde que se inicio la transición tras la dictadura cívico-militar de Pinochet, apoyada políticamente por la derecha.

Es un mérito no menor, si se analiza este período con sentido de la historia, el haber llegado con una correlación política (Nueva Mayoría) a conquistar el gobierno y el parlamento que ha iniciado este proceso de reformas, y que durante el primer año logró aprobar importantes proyectos de ley.

Es un mérito de la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet y de todo su primer gabinete, encabezado por Rodrigo Peñailillo.

Sin embargo, y es importante reconocerlo para el análisis del diagnóstico real, los descontentos ciudadanos sobre asuntos tan gravitantes como salud, transporte, educación, delincuencia y violencia criminal, así como desigualdad, persisten e incluso crecen.

La mayoría de las reformas profundas y estructurales que impulsa el gobierno no tendrán impacto social en la vida de las chilenas y chilenos, bajo este actual régimen. Las muy severas catástrofes que han  impactado al país agudizan esta situación.

Es este descontento el que busca representar la derecha política, y que trata de usar y direccionar para incrementar su presión que permita frenar y detener las reformas estructurales, especialmente la de nueva constitución política.

Fragmentada, sin programa ni rumbo político claro; pero aún con una gran representación parlamentaria y con un poder incontrarrestable en el espacio de los medios de información social (escrito, radial y televisivo), la derecha presiona y resiste, tratando de instalar a partir de hechos reales y graves de corrupción, la idea que “los políticos y la política” son la expresión más evidente de la crisis de credibilidad en el país.

Es una política de gran peligro para la Democracia, pero no es la primera vez que la derecha orgánica e histórica de Chile apela a ese camino para desmantelar un proyecto de reformas sociales y políticas estructurales.

Hasta ahora, ese esfuerzo de la derecha no logra representar a la mayoría ciudadana, ni algo cercano a eso. El escándalo Penta la sigue golpeando fuerte.

Sin embargo, la desafección al gobierno de la NM y al prestigio de la Presidenta se ha incrementado, y tal expresión ciudadana partió el año pasado, bastante antes de los casos Caval y SQM.

Hasta ahora, el gobierno y la NM han buscado retomar la iniciativa con respuestas muy contundentes respecto de separar de una vez por todas el poder del gran negocio de la política y la vida social, y darle centralidad al gran asunto de fondo; esto es, un “proceso constituyente” hacia el cambio de la actual constitución política, con participación del Soberano.

Y la derecha, en medio de su falta de propuesta política, ha reaccionado tratando de frenar y restarle credibilidad a esos intentos.

Es un hecho real que las pugnas entre partidos y al interior de los partidos, ha debilidad la capacidad de dirección de la NM; pero tal vez lo más complejo es que sus posibilidades reales de representar a la ciudadanía no son relevantes y no son perceptibles para el momento político que se vive. Es una especie de bloque que parece más concentrado en presionar a su propio gobierno, que incidir y crecer en representación en la sociedad civil.

Es posible, y bien deseable, que en este cuadro los movimientos sociales articulados y con vocación de incidir en el curso de la política nacional, puedan influir en el rumbo político de los acontecimientos. Eso podría cambiar el actual estado de cosas.

Pero ni la derecha política, ni la derecha empresarial se quedarán inmóviles; su capacidad de influir en el rumbo de los acontecimientos está casi intacta.

Es en este cuadro que se produce el cambio de gabinete.

La Presidenta ha reafirmado con claridad el rumbo general del gobierno, en cuanto a programa de reformas.

Ahora, la derecha presiona por “diálogo y acuerdos”, y una agenda centrada “en los problemas sociales”.

Al interior de la NM hay voces políticas que, sin poner en cuestionamiento lo señalado por la Presidenta, sin embargo abren la posibilidad de una forma de hacer la política diferente a cómo se ha implementado hasta ahora. Y también relacionan a la necesidad de acuerdos, el clave concepto de “crecimiento”.

Si se analiza lo realmente existente, y las décadas pasadas, ese concepto de “crecimiento” generó una macroeconomía sólida y robusta, pero a la vez causa de la tremenda y brutal desigualdad que hasta hoy no se supera.

Si bien en gobiernos pasados (incluso el de la derecha) hubo intentos y esfuerzos de políticas y gestión pública que buscaron la protección de los más golpeados, sin embargo las desigualdades estructurales permanecieron, e incluso aumentaron.

El desafío del nuevo gabinete, en este contexto, es revertir procesos que podrían ser tendencias.

Por un lado, mantener el programa de reformas; y por otro, enfrentar radicalmente los problemas sociales que persisten y generan gran descontento.

El trasfondo de este hecho crucial es, en rigor, el agotamiento de un modelo político y económico. Pero para la ciudadanía, mayoritariamente, el tema de fondo sigue siendo vivir un poco mejor, y no sólo ser consultada esporádicamente, sino que participar del destino del país.


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Hacer avanzar y profundizar la Reforma Laboral

Ximena Rincón, nueva Ministra del Trabajo descartó de una postergación en la agenda laboral y dijo que se mantiene como plazo el 31 de agosto para el total despacho de la Reforma Laboral.

  • Ximena Rincón, nueva ministra del Trabajo expresó a la prensa lo siguiente:
  • “La agenda laboral no se detiene. Simplemente los nuevos ministros que van a tener que llevarla en su tramitación requieren por seriedad conocerla en el detalle, en la sensibilidad de sus actores. Se los dice alguien que ha tramitado reformas laborales, que conoce el mundo del trabajo”.
  • Comentando la suspensión de las sesiones que esta semana debía realizar la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados respecto a la reforma laboral: “Les solicité que nos permitieran revisar la reforma, verla con el ministro de Hacienda”. “Eso no significa pausa, significa seriedad, responsabilidad en el trabajo en una agenda tan importante como ésta. Esa agenda estaba programada para fines de agosto, así que se mantiene”.
  • Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT manifestó al respecto:
  • “Esperamos que este segundo tiempo sea un tiempo de profundizar los avances, esperamos que en esta etapa podamos seguir concluyendo lo que ya habíamos avanzado, que podamos terminar de consolidar lo que ya hemos logrado corregir de la reforma laboral e incluso profundizarla más y que podamos seguir avanzando en el resto de los desafíos laborales”.
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