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La Tercera miente: Diputado Gutierrez votó en contra de indicación que permite a empresas a financiar la política

Hugo_GutierrezEl día miércoles 1 de julio, diario La Tercera publicó una nota titulada “Diputados aprueban indicación que permite aportes de empresas a partidos”, donde se aseguraba que los 9 diputados de la Nueva Mayoría, incluido el parlamentario comunista, habían aprobado una indicación que buscaba permitir los aportes de empresas a los partidos políticos.

La noticia marcó la agenda noticiosa y generó variadas reacciones en el mundo político y en las redes sociales. Sin embargo, la publicación contenía información errada y sostenía aseveraciones que no correspondían a la verdad, lo que motivó la acción emprendida por el diputado Hugo Gutiérrez.

En ese contexto, el parlamentario por la región de Tarapacá, envió una carta de rectificación y la correspondiente solicitud de rectificación, apelando al derecho establecido en la Ley de Prensa.

“La publicación de La Tercera del 1 de julio de 2015, hace una alusión injusta a mi persona en tanto afirma, que apoyé una idea que rechazo y he rechazado siempre como es el financiamiento de las empresas a la política”, explicita el documento firmado por el diputado Gutiérrez.

Dentro de las aseveraciones realizadas por el matutino, se afirma que nueve de los trece diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara aprobaron una indicación para permitir los aportes de empresas exclusivamente a los partidos políticos por un monto máximo anual de UF 500.

“Las afirmaciones contenidas en el texto citado son  injustas, por completo erróneas y carecen de sentido al sostener que a partir de ahora se permite un mecanismo de financiamiento que la ley autoriza desde hace 28 años”, explicita el documento.

Además, la publicación de La Tercera señala que la indicación probada iba en contra del proyecto sobre Transparencia y Fortalecimiento de la Democracia, afirmación errónea, considerando que el proyecto enviado al Congreso Nacional no estipulaba el fin de los aportes de personas jurídicas al financiamiento de partidos políticos, bajo el compromiso de que dicho tema fuera ingresado en el proyecto sobre Partidos Políticos, tal como se evidencia en los registros audiovisuales de la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados celebrada el 3 de junio.

De hecho, aquella omisión del texto debatido motivó la presentación de una indicación por parte del diputado Gutiérrez, que justamente buscaba la coincidencia entre el mensaje presidencial y el articulado del proyecto, para prohibir los aportes de las empresas a los partidos.

Video discusión, 3 de junio 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=WogUJzpF1Ck

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El fracaso del discurso anti-partidos políticos

En la región de Magallanes durante mucho tiempo, se ha usado y abusado del discurso anti-partidos políticos, una retórica básica y negativa que pretende denostar a la actividad política y a la militancia, como si fueran las causas de los males de toda la sociedad.  Para muchos políticos hablar en contra de los partidos políticos y de los políticos y de la política, les ha venido saliendo casi gratis, porque quedó depositado en el subconsciente colectivo el desgastado discurso antipolítico de los militares durante la dictadura.

El discurso antipolítico huele muy sospechosamente a un neofascismo corporativista, anticuado y resucitado para infiltrarse en la democracia.

Los hechos sin embargo, prueban lo contrario: que los partidos y la política continúan siendo objeto de la preocupación y del interés de los ciudadanos.

En Magallanes, funcionan a lo menos 10 partidos políticos, desde los partidos de derecha UDI, Renovación Nacional y el Partido Regionalista Independiente (PRI), hasta los partidos de la Nueva Mayoría, el Partido por la Democracia, el Partido Comunista, el Partido MAS, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Democrata Cristiano y la Izquierda Ciudadana.

Pero además, en esta región figuran a lo menos cinco partidos políticos en formación: Amplitud, el Partido PRO, el partido de la Izquierda Autónoma, el Partido Regionalista de Magallanes, y el partido Democracia Regional.   No deja de llamarnos la atención que el “mundo” de los autdenominados independientes y de los llamados “regionalistas” se presentan en realidad profundamente divididos, según los caudillos de turno y las fuentes de financiamiento.

En esta creciente marea de partidos políticos que se viene, no faltarán los “cuenteros” que saquen a relucir el discurso de que se trata de un partido político sin ideología y que se forma no para hacer política, sino para “ayudar a la gente”…

En este contexto, hasta podría decirse que “la política y los partidos políticos gozan de buena salud” si no asistiéramos en realidad a una crisis de su credibilidad ante la ciudadanía.   Pero, justamente a pesar del deterioro de la credibilidad de los partidos políticos como actores del sistema político y del ejercicio de la democracia, se siguen formando más partidos políticos.

Es decir, al revés de la retórica “semi-fascista” de los que denostan y denigran a los partidos políticos y a contrapelo de quienes se han hecho un lugar en la actividad política, enlodando y criticando a los partidos políticos, resulta que formar, organizar, convocar a un partido político es bueno y positivo, porque demuestra la salud de la democracia y habla bien de la conciencia cívica y política de los ciudadanos.

Manuel Luis Rodríguez U.

Una nación que se respeta

Nos escandalizan los escándalos.   Los chilenos hemos presenciado casi impávidos pero con crecientes sentimientos de desazón y de verguenza ajena, que diversos casos judiciales hayan puesto en evidencia los profundos y extensos lazos concomitantes entre la actividad de algunos partidos, personajes y sectores políticos con el mundo del gran empresariado y más específicamente con un grupo financiero.

Cada uno de los casos denunciados durante 2014, desde el caso Penta, el caso Cascadas, el caso Soquimich y el caso Dávalos, han sido objeto de una amplia cobertura periodística y la prensa, respondiendo a la necesidad de información que se entiende en un mundo globalizado y una sociedad que demanda cada vez más transparencia.   Lo que viene a complicar aun más las cosas es que todas estas denuncias por irregularidades cometidas en la actividad política y de campañas, fue a parar a Tribunales de Justicia.  Ahora tenemos entonces procesos judiciales por delitos tributarios, fraude al FUT, fraude al Fisco o negociación incompatible, pero que implican a dirigentes políticos, candidatos y parlamentarios en ejercicio, de manera que hemos llegado al extremo que el Fiscal Nacional ha decidido hacerse cargo directa y personalmente de uno de los casos judiciales más controversiales, el caso Penta.

Nos encontramos en la extrema judicialización de la política.

Una nación que se respeta y una ciudadanía que reclama igualdad de trato, oportunidades iguales y apertura en el acceso a la información, no puede menos que exigir que se adopten medidas políticas y legislativas que impongan sanciones a los conflictos de intereses de candidatos y de autoridades, de parlamentarios y ejecutivos de empresas.

Si reclamamos transparencia, no es justo ni igualitario disparar a la bandada contra todos los políticos, todos los partidos políticos.  Por eso es también injusto y desproporcionado cuando algún dirigente de la oposición aparece interrogado sobre las implicancias de candidatos suyos en los casos judiciales que se investigan, responde diciendo que el problema afecta a toda la clase política y a todos los partidos políticos.

No señor, no es cierto.  No todos los partidos ni todos los políticos están salpicados por la corrupción de los enormes flujos de dineros dudosos salidos desde algún grupo empresarial para financiar algunas connotadas campañas electorales.   Nadie puede olvidar que cuando se habla de corrupción, siempre hay dos partes: el que corrompe y el corrompido.

Una nación que se respeta tiene derecho a reclamar, a exigir, que haya completa transparencia tanto de quienes reciben dineros para campañas y partidos políticos, como de quienes entregan dineros para campañas y partidos políticos.   La transparencia que reclamamos es total, para ambas partes del financiamiento privado a las campañas electorales, de manera que que la legislación prohiba directa y taxativamente todo aporte de empresas a candidaturas y campañas electorales.  Y para evitar que se produzca el tradicional juego chileno de “hecha la norma, hecha la trampa”, cada campaña electoral debería transparentar ante el Servicio Electoral (un servicio fortalecido en sus atribuciones fiscalizadoras y en sus recursos humanos y materiales para fiscalizar), todos los recursos utilizados en dichas campañas.

La futura legislación sobre financiamiento de las campañas electorales, debiera dictarse bajo un criterio restrictivo y no más bajo un criterio permisivo o de la buena fe.

Para que se termine con las poco dignas rogativas para un “raspado de la olla” de los fondos financieros destinadas a campañas electorales, la futura legislación debe exigir y asegurar completa transparencia, prohibir los aportes de empresas, regular los aportes de corporaciones y entidades particulares, generar mecanismos que eviten la evasión tributaria mediante esos dineros para campañas, abrir el acceso al público a toda la información contable de las campañas, fijar nuevos límites a los montos del gasto electoral y generar mecanismos que aseguren un financiamiento público igualitario, transparente y verificable a la actividad electoral.

El financiamiento público basado en el volumen de votación obtenida en las elecciones inmediatamente anteriores, resulta perfectamente lógico, de manera que el número de votos obtenidos en cada elección (municipal, parlamentaria, de consejeros regionales, de Intendentes), es el piso cuantitativo a partir del cual el Estado puede contribuir a financiar las siguientes campañas electorales.

En esta materia, de la relación entre la Política y los negocios, el dinero y la política, una Nación que se respeta es aquella cuya ciudadanía vigila, observa, fiscaliza, exige, se informa, busca y reclama información y no se queda pasiva leyendo los titulares de la prensa.

Manuel Luis Rodríguez U.

Congreso Nacional aprueba finalmente cambio del sistema electoral en Chile: fin al binominal

La Cámara de Diputados ratificó los cambios propuestos por el Senado al proyecto (boletín 9326) que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional, el que fue remitido al Ejecutivo para su trámite de promulgación.

El proyecto ingresó a la Cámara como mensaje del Ejecutivo el 6 de mayo de 2014 y que despachado al Senado el 13 de agosto. Dicha rama del Legislativo lo aprobó el 13 de enero recién pasado, con variadas modificaciones, tanto de forma como de fondo.

Entre los cambios planteados por el Senado al texto despachado por la Cámara en el primer trámite, se encuentra una amplia cantidad de normas eliminadas. Además, se registró un ajuste en cuanto al número máximo de diputados a elegir en cada distrito (bajó de nueve a ocho); y se presentó una variación en las composiciones de senadores por circunscripción, aumentando en uno en las Regiones de Arica y Parinacota y Los Ríos y bajando de siete a cinco en el caso de la Región Metropolitana.

Nueva organización en la Cámara y el Senado: en la Cámara de Diputados: se despachó la norma que establece que para la elección de los 155 miembros de la Cámara de Diputados habrá 28 distritos electorales y sus respectivos número de diputados que van entre 3 y 8, de acuerdo la distribución descrita en el artículo 179 detallado por comunas.

Método D’Hondt: Para pasar del sistema binominal a uno proporcional, el proyecto establece que se usará el método D’Hondt, que es el sistema de coeficiente que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas, en proporción a los votos conseguidos.

Ley de Cuotas: Para fomentar la participación de las mujeres en política, el texto establece que de la totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o senador inscritas por los partidos políticos, hayan o no pactado, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60% del total respectivo. Este mecanismo será transitorio y sólo se aplicará en los procesos electorales parlamentarios de los años 2017, 2021, 2025 y 2029.

Gasto electoral: El Senado eliminó las normas que modificaban la Ley N°19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, con excepción de las que disponen que tratándose de las elecciones parlamentarias de los años 2017, 2021, 2025 y 2029, los partidos políticos recibirán un monto de 500 unidades de fomento por cada candidata que resulte electa. Asimismo, las candidatas a senadoras y diputadas tendrán derecho a un reembolso adicional de sus gastos electorales, de 0,0100 unidades de fomento por cada voto obtenido.

Partidos políticos: El texto legal incorpora una serie de modificaciones en esta materia. Por ejemplo, que los partidos políticos existirán como tales cuando se hayan constituido legalmente en al menos una de las regiones en que se divide políticamente el país.

Asimismo, respecto a la afiliación de partidos políticos en formación, se indica que se podrá proceder a la afiliación de sus miembros, para lo cual dispondrá de un plazo de 210 días. Será necesario que se afilie al partido un número de ciudadanos con derecho a sufragio equivalente, a lo menos, al 0,25 por ciento del electorado que haya sufragado en la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones.

En el caso de las candidaturas independientes, se dispone que dichas candidaturas requerirán de un número de ciudadanos igual o superior al 0,5% de los que hayan sufragado en la circunscripción o en el distrito respectivo, en la anterior elección periódica de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones.

Ley de primarias: El Senado incorporó una modificación a la ley 20.640, que establece el sistema de elecciones primarias, en orden a determinar que los partidos políticos podrán participar en la elección primaria para la nominación de candidatos a los cargos parlamentarios, para cada territorio electoral, en forma individual y en forma individual suscribiendo un pacto electoral con otros partidos para determinar uno o más candidatos al interior del pacto.

En tal caso, serán nominados como candidatos definitivos, las mayores votaciones individuales hasta completar el número de cargos definido en la declaración de candidaturas. O, en conjunto con otros partidos con los cuales ha suscrito un pacto electoral, con el objeto de determinar la totalidad de los candidatos de dicho pacto.

En dicho caso, los candidatos nominados serán determinados conforme al procedimiento señalado en el artículo 109 bis de la ley N° 18.700, considerando para estos efectos que constituyen una lista los candidatos de un mismo partido y sus candidaturas independientes asociadas.

El partido político que decida someterse al sistema de elecciones primarias, para los períodos electorales parlamentarios de los años 2017, 2021, 2025 y 2029 sólo podrá someter a dicho procedimiento hasta un 40% del total de candidaturas a diputado o senador que pueda declarar en la elección definitiva, vayan o no en pacto electoral.

Vea aquí Infografía del nuevo sistema electoral:

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Declaración pública de los partidos y movimientos de la Nueva Mayoría en Magallanes sobre alzas del gas en la región

Los partidos políticos de la Nueva Mayoría de la región de Magallanes, representados por sus presidentes (as) regionales, respecto de la modificación en la tarifa del gas, formulan la siguiente declaración:

1.- Que, una vez más los ciudadanos y ciudadanas de Magallanes somos testigos de la manipulación de cifras y del ocultamiento de información de parte de personeros ligados a la derecha.

2.- Es del caso señalar que el incremento del precio del gas durante el actual gobierno (en el período de abril a septiembre de 2014), fue de un 3,0%, y la variación del IPC para el mismo período fue de un 2,3%

3.- Lo que la derecha oculta es que en el último año del gobierno de Sebastián Piñera, las cuentas del gas en la región subieron un 7,7% entre los meses de Abril de 2013 y marzo de 2014, con una variación del IPC del 3,9 %. Es decir que durante el último año del gobierno de la derecha en este país, el gas subió al doble del IPC.

4- A diferencia del gobierno anterior, el gobierno de la Nueva Mayoría se ha comprometido a mantener el subsidio al gas, y es así que para el año 2015 el presupuesto para el subsidio aumenta a un 69%, en un aumento sin precedentes, que busca sin lugar a dudas asegurar una mayor estabilidad en los precios.

5.- Los partidos políticos de la Nueva Mayoría han solicitado al gobierno regional la instalación de una instancia de participación ciudadana, que permita a las organizaciones representativas y validadas por la ciudadanía, aportar sus propuestas para la definición de la nueva matriz energética de la región.

6.- La Nueva Mayoría no sólo está trabajando para que se modifique el decreto tarifario que se encuentra vigente desde el gobierno anterior, sino que además estamos también trabajando activamente para resolver en el horizonte de largo plazo nuestra dependencia del gas, y la consecuente incertidumbre respecto de las variables que influyen en su precio.

7.- Hacemos un llamado a nuestros vecinos y con ciudadanos, a no dejarse engañar ni atemorizar por quienes pretenden que olvidemos el grave daño que le hicieron a la región cuando fueron gobierno.

8.- El gobierno de la Nueva Mayoría cumplirá todos y cada uno de sus compromisos, y sus autoridades hablarán de cara a la ciudadanía para resolver adecuadamente esta materia, como merece nuestra comunidad de Magallanes.

 

EUGENIA MANCILLA MACIAS – PDC

ERNESTO SEPULVEDA TORNERO – PS

LUIS PEREZ – PPD

FRANCISCO ALARCON – PC

ABELARDO OYARZUN – PRSD

NIEVES RAIN – MAS

MARISOL ALIAGA – IC

Reforma electoral y participación política de las mujeres: se requiere una ley efectiva

Las organizaciones de mujeres y feministas firmantes trabajan desde hace años por la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres en el país, procurando mejorar las condiciones de vida de las mujeres chilenas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado ha asumido para el pleno respeto de los derechos humanos y la justicia de género. Por ello valoran el amplio acuerdo político y social en torno a reformar el sistema electoral binominal y el debate legislativo que está teniendo lugar en el Parlamento.

Tras casi 25 años finalmente el país enfrenta la posibilidad cierta de reformar el sistema electoral aplicable a la elección de senadores/as y diputados/as y pasar de un sistema binominal a un sistema proporcional moderado. El sistema binominal –como es ampliamente conocido– además de su origen inconsulto y antidemocrático, no permite la representación adecuada de las distintas fuerzas políticas existentes en el país, otorga preponderancia a dos coaliciones que resultan sobrerepresentadas y obstaculiza la participación política de las mujeres que en la actualidad se encuentra incluso por debajo del promedio de los países de la región (15,8% frente al 25,7%)[1], ubicándose en el lugar 92 de 189 países[2]. De allí que numerosos organismos internacionales de derechos humanos han recomendado su modificación.

Por ello se valora que el proyecto de reforma electoral presentado por la Presidenta de la República Michelle Bachelet incorpore medidas para la participación política paritaria entre hombres y mujeres como la obligatoriedad de incluir en proporción equilibrada (60%-40%) a hombres y mujeres en las listas de candidaturas que los partidos políticos han de presentar y apoyos económicos específicos a las candidaturas de mujeres.

Particularmente valoramos y confiamos en que sean votados favorablemente por los diputados/as:

1) El incentivo económico (500 UF) que se entregará a los partidos políticos a que pertenezcan las candidatas electas, debiendo incluirse también a los partidos que las hayan presentado tratándose de candidatas independientes.

2) El aporte fiscal adicional a las candidatas a senadoras y a diputadas, con independencia de si resulten o no electas.

3) La disposición que establece la alternancia entre candidatos y candidatas en las listas de cada circunscripción y distrito.

Sin embargo, suscita gran preocupación a las organizaciones firmantes, la exclusión de los distritos electorales y circunscripciones senatoriales en que se hayan celebrado primarias del cálculo de la proporción equilibrada de hombres y mujeres, ya que ello podría tornar ineficaces las medidas para la participación política de las mujeres propuestas al facilitar el incumplimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Durante la discusión de la Ley de Primarias diversas organizaciones de mujeres hicieron presente las limitaciones que dicho mecanismo de selección de candidaturas presenta para la participación política de las mujeres, particularmente por las escasas oportunidades que los partidos políticos brindan a las mujeres y por el encarecimiento de las campañas para quienes más dificultades enfrentan para la obtención de fondos. No obstante, dicha Ley fue aprobada sin incluir un mecanismo que resguarde al menos la posibilidad de que tanto hombres como mujeres puedan participar de elecciones primarias para la selección de candidaturas a senadores/as, diputados/as y alcaldes/sa.

Por ello se considera fundamental que se incorpore la obligatoriedad de incluir a hombres y mujeres en proporción equilibrada (que ningún sexo supere el 60%) en las listas de candidaturas a primarias.

La superación de la grave discriminación política que sufrimos las mujeres chilenas requiere medidas directas y efectivas como las planteadas en el proyecto que reforma el sistema binominal. Para ello se requiere el apoyo del Partido que Ud. preside y que cada uno de los diputados y diputadas de su colectividad concurra con su voto favorable a los artículos del proyecto de ley sobre participación política equilibrada, alternancia en las listas, financiamiento a los partidos y reembolso adicional a las candidatas, así como a la indicación sobre paridad en candidaturas a primarias.

Atentas a los resultados de la próxima votación al proyecto de reforma electoral, le saludan:

Corporación Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

[1] De acuerdo a la Unión Interparlamentaria el 22% de los/as congresistas en el mundo son mujeres (22,3% en Cámaras Bajas y parlamentos unicamerales y 19,8% en Cámaras Altas) y en las Américas esta proporción asciende a 25,8% (25,7% en Cámaras Bajas y parlamentos unicamerales y 26,4% en Cámaras Altas). Información actualizada a abril de 2014. Disponible en http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm.

[2] Fuente: Unión Interparlamentaria. Información actualizada a abril de 2014. Disponible en http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm.

Cambio al sistema binominal está casi aprobado en la Cámara de Diputados

Es fundamental y lo más destacable del actual proceso legislativo es que comienza a terminarse con un sistema heredado de la dictadura que alteraba la real participación de las distintas fuerzas en el Congreso Nacional.

Se impulsa la participación de las mujeres (cuota de género) y se permite que más sectores puedan participar, con un sistema que será más atractivo y que dice, definitivamente, chao al Binominal.

Todas las encuestas señalan que más del 70 % de los chilenos y chilenas quiere el término del binominal, con una competencia real, transparente y que entregue más garantías a todos los sectores.

Desde el punto de vista legislativo, el 90 por ciento del proyecto de ley está despachado. Para las siguientes reuniones de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara,  quedaron sólo 20 indicaciones.

Hoy se aprobaron aquellos artículos e indicaciones del Ejecutivo referidas al cambio del sistema binominal por un sistema proporcional que utilizará el coeficiente D’Hondt para determinar quienes resultarán electos . Esto que puede parecer enredado no es otra cosa que una nueva fórmula electoral, que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas, en proporción a los votos conseguidos (proporcional ). En términos concretos el cambio de sistema electoral le da más poder al voto.

También se aprobó la indicación del Ejecutivo que estableció que al interior de cada pacto electoral, los partidos políticos podrán asociarse con candidatos independientes pero no sub pactar entre uno o más partidos. Asimismo, se eliminó la posibilidad que contemplaba el proyecto que, para efectos de la aplicación del coeficiente D’Hondt, los candidatos independientes fuesen considerados al interior de un pacto, en su conjunto, como un partido.    La Comisión aprobó una indicación parlamentaria que introduce la posibilidad de no solo votar por los candidatos en forma individual sino también por la lista en su conjunto.

Ya se han aprobado, además, las normas para la llamada cuota de género, respaldándose la obligación de los partidos de presentar al menos un 40% de candidatos de un mismo sexo durante las próximas cuatro elecciones parlamentarias. Se busca asegurar la participación de un mínimo de mujeres, tomando en consideración que en la actualidad el Congreso Nacional solo cuenta con un 16% de representación femenina.

También se aprobó la indicación parlamentaria sobre la ubicación de los nombres de las candidatas en las respectivas listas, con un sistema de alternancia entre hombres y mujeres. Se aporbó, también, el uso de fotos en los votos (votos enchulados como diría Las Ultimas Noticias).

Al comienzo del proceso de votación en la comisión, quedaron aprobados los artículos que modifican la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, donde se establece que el país se dividirá en 28 distritos electorales que elegirán un total de 155 diputados, y 50 senadores que serán electos en 15 circunscripciones senatoriales que corresponderán a cada una de las regiones. Se pasa de un sistema binominal excluyente a un sistema proporcional moderado que da nuevas oportunidades a las nuevas fuerzas, que reconoce el rol de las regiones y que por tanto es mucho más representativo.