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La Tercera miente: Diputado Gutierrez votó en contra de indicación que permite a empresas a financiar la política

Hugo_GutierrezEl día miércoles 1 de julio, diario La Tercera publicó una nota titulada “Diputados aprueban indicación que permite aportes de empresas a partidos”, donde se aseguraba que los 9 diputados de la Nueva Mayoría, incluido el parlamentario comunista, habían aprobado una indicación que buscaba permitir los aportes de empresas a los partidos políticos.

La noticia marcó la agenda noticiosa y generó variadas reacciones en el mundo político y en las redes sociales. Sin embargo, la publicación contenía información errada y sostenía aseveraciones que no correspondían a la verdad, lo que motivó la acción emprendida por el diputado Hugo Gutiérrez.

En ese contexto, el parlamentario por la región de Tarapacá, envió una carta de rectificación y la correspondiente solicitud de rectificación, apelando al derecho establecido en la Ley de Prensa.

“La publicación de La Tercera del 1 de julio de 2015, hace una alusión injusta a mi persona en tanto afirma, que apoyé una idea que rechazo y he rechazado siempre como es el financiamiento de las empresas a la política”, explicita el documento firmado por el diputado Gutiérrez.

Dentro de las aseveraciones realizadas por el matutino, se afirma que nueve de los trece diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara aprobaron una indicación para permitir los aportes de empresas exclusivamente a los partidos políticos por un monto máximo anual de UF 500.

“Las afirmaciones contenidas en el texto citado son  injustas, por completo erróneas y carecen de sentido al sostener que a partir de ahora se permite un mecanismo de financiamiento que la ley autoriza desde hace 28 años”, explicita el documento.

Además, la publicación de La Tercera señala que la indicación probada iba en contra del proyecto sobre Transparencia y Fortalecimiento de la Democracia, afirmación errónea, considerando que el proyecto enviado al Congreso Nacional no estipulaba el fin de los aportes de personas jurídicas al financiamiento de partidos políticos, bajo el compromiso de que dicho tema fuera ingresado en el proyecto sobre Partidos Políticos, tal como se evidencia en los registros audiovisuales de la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados celebrada el 3 de junio.

De hecho, aquella omisión del texto debatido motivó la presentación de una indicación por parte del diputado Gutiérrez, que justamente buscaba la coincidencia entre el mensaje presidencial y el articulado del proyecto, para prohibir los aportes de las empresas a los partidos.

Video discusión, 3 de junio 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=WogUJzpF1Ck

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El fracaso del discurso anti-partidos políticos

En la región de Magallanes durante mucho tiempo, se ha usado y abusado del discurso anti-partidos políticos, una retórica básica y negativa que pretende denostar a la actividad política y a la militancia, como si fueran las causas de los males de toda la sociedad.  Para muchos políticos hablar en contra de los partidos políticos y de los políticos y de la política, les ha venido saliendo casi gratis, porque quedó depositado en el subconsciente colectivo el desgastado discurso antipolítico de los militares durante la dictadura.

El discurso antipolítico huele muy sospechosamente a un neofascismo corporativista, anticuado y resucitado para infiltrarse en la democracia.

Los hechos sin embargo, prueban lo contrario: que los partidos y la política continúan siendo objeto de la preocupación y del interés de los ciudadanos.

En Magallanes, funcionan a lo menos 10 partidos políticos, desde los partidos de derecha UDI, Renovación Nacional y el Partido Regionalista Independiente (PRI), hasta los partidos de la Nueva Mayoría, el Partido por la Democracia, el Partido Comunista, el Partido MAS, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Democrata Cristiano y la Izquierda Ciudadana.

Pero además, en esta región figuran a lo menos cinco partidos políticos en formación: Amplitud, el Partido PRO, el partido de la Izquierda Autónoma, el Partido Regionalista de Magallanes, y el partido Democracia Regional.   No deja de llamarnos la atención que el “mundo” de los autdenominados independientes y de los llamados “regionalistas” se presentan en realidad profundamente divididos, según los caudillos de turno y las fuentes de financiamiento.

En esta creciente marea de partidos políticos que se viene, no faltarán los “cuenteros” que saquen a relucir el discurso de que se trata de un partido político sin ideología y que se forma no para hacer política, sino para “ayudar a la gente”…

En este contexto, hasta podría decirse que “la política y los partidos políticos gozan de buena salud” si no asistiéramos en realidad a una crisis de su credibilidad ante la ciudadanía.   Pero, justamente a pesar del deterioro de la credibilidad de los partidos políticos como actores del sistema político y del ejercicio de la democracia, se siguen formando más partidos políticos.

Es decir, al revés de la retórica “semi-fascista” de los que denostan y denigran a los partidos políticos y a contrapelo de quienes se han hecho un lugar en la actividad política, enlodando y criticando a los partidos políticos, resulta que formar, organizar, convocar a un partido político es bueno y positivo, porque demuestra la salud de la democracia y habla bien de la conciencia cívica y política de los ciudadanos.

Manuel Luis Rodríguez U.

Una nación que se respeta

Nos escandalizan los escándalos.   Los chilenos hemos presenciado casi impávidos pero con crecientes sentimientos de desazón y de verguenza ajena, que diversos casos judiciales hayan puesto en evidencia los profundos y extensos lazos concomitantes entre la actividad de algunos partidos, personajes y sectores políticos con el mundo del gran empresariado y más específicamente con un grupo financiero.

Cada uno de los casos denunciados durante 2014, desde el caso Penta, el caso Cascadas, el caso Soquimich y el caso Dávalos, han sido objeto de una amplia cobertura periodística y la prensa, respondiendo a la necesidad de información que se entiende en un mundo globalizado y una sociedad que demanda cada vez más transparencia.   Lo que viene a complicar aun más las cosas es que todas estas denuncias por irregularidades cometidas en la actividad política y de campañas, fue a parar a Tribunales de Justicia.  Ahora tenemos entonces procesos judiciales por delitos tributarios, fraude al FUT, fraude al Fisco o negociación incompatible, pero que implican a dirigentes políticos, candidatos y parlamentarios en ejercicio, de manera que hemos llegado al extremo que el Fiscal Nacional ha decidido hacerse cargo directa y personalmente de uno de los casos judiciales más controversiales, el caso Penta.

Nos encontramos en la extrema judicialización de la política.

Una nación que se respeta y una ciudadanía que reclama igualdad de trato, oportunidades iguales y apertura en el acceso a la información, no puede menos que exigir que se adopten medidas políticas y legislativas que impongan sanciones a los conflictos de intereses de candidatos y de autoridades, de parlamentarios y ejecutivos de empresas.

Si reclamamos transparencia, no es justo ni igualitario disparar a la bandada contra todos los políticos, todos los partidos políticos.  Por eso es también injusto y desproporcionado cuando algún dirigente de la oposición aparece interrogado sobre las implicancias de candidatos suyos en los casos judiciales que se investigan, responde diciendo que el problema afecta a toda la clase política y a todos los partidos políticos.

No señor, no es cierto.  No todos los partidos ni todos los políticos están salpicados por la corrupción de los enormes flujos de dineros dudosos salidos desde algún grupo empresarial para financiar algunas connotadas campañas electorales.   Nadie puede olvidar que cuando se habla de corrupción, siempre hay dos partes: el que corrompe y el corrompido.

Una nación que se respeta tiene derecho a reclamar, a exigir, que haya completa transparencia tanto de quienes reciben dineros para campañas y partidos políticos, como de quienes entregan dineros para campañas y partidos políticos.   La transparencia que reclamamos es total, para ambas partes del financiamiento privado a las campañas electorales, de manera que que la legislación prohiba directa y taxativamente todo aporte de empresas a candidaturas y campañas electorales.  Y para evitar que se produzca el tradicional juego chileno de “hecha la norma, hecha la trampa”, cada campaña electoral debería transparentar ante el Servicio Electoral (un servicio fortalecido en sus atribuciones fiscalizadoras y en sus recursos humanos y materiales para fiscalizar), todos los recursos utilizados en dichas campañas.

La futura legislación sobre financiamiento de las campañas electorales, debiera dictarse bajo un criterio restrictivo y no más bajo un criterio permisivo o de la buena fe.

Para que se termine con las poco dignas rogativas para un “raspado de la olla” de los fondos financieros destinadas a campañas electorales, la futura legislación debe exigir y asegurar completa transparencia, prohibir los aportes de empresas, regular los aportes de corporaciones y entidades particulares, generar mecanismos que eviten la evasión tributaria mediante esos dineros para campañas, abrir el acceso al público a toda la información contable de las campañas, fijar nuevos límites a los montos del gasto electoral y generar mecanismos que aseguren un financiamiento público igualitario, transparente y verificable a la actividad electoral.

El financiamiento público basado en el volumen de votación obtenida en las elecciones inmediatamente anteriores, resulta perfectamente lógico, de manera que el número de votos obtenidos en cada elección (municipal, parlamentaria, de consejeros regionales, de Intendentes), es el piso cuantitativo a partir del cual el Estado puede contribuir a financiar las siguientes campañas electorales.

En esta materia, de la relación entre la Política y los negocios, el dinero y la política, una Nación que se respeta es aquella cuya ciudadanía vigila, observa, fiscaliza, exige, se informa, busca y reclama información y no se queda pasiva leyendo los titulares de la prensa.

Manuel Luis Rodríguez U.

Congreso Nacional aprueba finalmente cambio del sistema electoral en Chile: fin al binominal

La Cámara de Diputados ratificó los cambios propuestos por el Senado al proyecto (boletín 9326) que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional, el que fue remitido al Ejecutivo para su trámite de promulgación.

El proyecto ingresó a la Cámara como mensaje del Ejecutivo el 6 de mayo de 2014 y que despachado al Senado el 13 de agosto. Dicha rama del Legislativo lo aprobó el 13 de enero recién pasado, con variadas modificaciones, tanto de forma como de fondo.

Entre los cambios planteados por el Senado al texto despachado por la Cámara en el primer trámite, se encuentra una amplia cantidad de normas eliminadas. Además, se registró un ajuste en cuanto al número máximo de diputados a elegir en cada distrito (bajó de nueve a ocho); y se presentó una variación en las composiciones de senadores por circunscripción, aumentando en uno en las Regiones de Arica y Parinacota y Los Ríos y bajando de siete a cinco en el caso de la Región Metropolitana.

Nueva organización en la Cámara y el Senado: en la Cámara de Diputados: se despachó la norma que establece que para la elección de los 155 miembros de la Cámara de Diputados habrá 28 distritos electorales y sus respectivos número de diputados que van entre 3 y 8, de acuerdo la distribución descrita en el artículo 179 detallado por comunas.

Método D’Hondt: Para pasar del sistema binominal a uno proporcional, el proyecto establece que se usará el método D’Hondt, que es el sistema de coeficiente que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas, en proporción a los votos conseguidos.

Ley de Cuotas: Para fomentar la participación de las mujeres en política, el texto establece que de la totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o senador inscritas por los partidos políticos, hayan o no pactado, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60% del total respectivo. Este mecanismo será transitorio y sólo se aplicará en los procesos electorales parlamentarios de los años 2017, 2021, 2025 y 2029.

Gasto electoral: El Senado eliminó las normas que modificaban la Ley N°19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, con excepción de las que disponen que tratándose de las elecciones parlamentarias de los años 2017, 2021, 2025 y 2029, los partidos políticos recibirán un monto de 500 unidades de fomento por cada candidata que resulte electa. Asimismo, las candidatas a senadoras y diputadas tendrán derecho a un reembolso adicional de sus gastos electorales, de 0,0100 unidades de fomento por cada voto obtenido.

Partidos políticos: El texto legal incorpora una serie de modificaciones en esta materia. Por ejemplo, que los partidos políticos existirán como tales cuando se hayan constituido legalmente en al menos una de las regiones en que se divide políticamente el país.

Asimismo, respecto a la afiliación de partidos políticos en formación, se indica que se podrá proceder a la afiliación de sus miembros, para lo cual dispondrá de un plazo de 210 días. Será necesario que se afilie al partido un número de ciudadanos con derecho a sufragio equivalente, a lo menos, al 0,25 por ciento del electorado que haya sufragado en la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones.

En el caso de las candidaturas independientes, se dispone que dichas candidaturas requerirán de un número de ciudadanos igual o superior al 0,5% de los que hayan sufragado en la circunscripción o en el distrito respectivo, en la anterior elección periódica de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones.

Ley de primarias: El Senado incorporó una modificación a la ley 20.640, que establece el sistema de elecciones primarias, en orden a determinar que los partidos políticos podrán participar en la elección primaria para la nominación de candidatos a los cargos parlamentarios, para cada territorio electoral, en forma individual y en forma individual suscribiendo un pacto electoral con otros partidos para determinar uno o más candidatos al interior del pacto.

En tal caso, serán nominados como candidatos definitivos, las mayores votaciones individuales hasta completar el número de cargos definido en la declaración de candidaturas. O, en conjunto con otros partidos con los cuales ha suscrito un pacto electoral, con el objeto de determinar la totalidad de los candidatos de dicho pacto.

En dicho caso, los candidatos nominados serán determinados conforme al procedimiento señalado en el artículo 109 bis de la ley N° 18.700, considerando para estos efectos que constituyen una lista los candidatos de un mismo partido y sus candidaturas independientes asociadas.

El partido político que decida someterse al sistema de elecciones primarias, para los períodos electorales parlamentarios de los años 2017, 2021, 2025 y 2029 sólo podrá someter a dicho procedimiento hasta un 40% del total de candidaturas a diputado o senador que pueda declarar en la elección definitiva, vayan o no en pacto electoral.

Vea aquí Infografía del nuevo sistema electoral:

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Declaración pública de los partidos y movimientos de la Nueva Mayoría en Magallanes sobre alzas del gas en la región

Los partidos políticos de la Nueva Mayoría de la región de Magallanes, representados por sus presidentes (as) regionales, respecto de la modificación en la tarifa del gas, formulan la siguiente declaración:

1.- Que, una vez más los ciudadanos y ciudadanas de Magallanes somos testigos de la manipulación de cifras y del ocultamiento de información de parte de personeros ligados a la derecha.

2.- Es del caso señalar que el incremento del precio del gas durante el actual gobierno (en el período de abril a septiembre de 2014), fue de un 3,0%, y la variación del IPC para el mismo período fue de un 2,3%

3.- Lo que la derecha oculta es que en el último año del gobierno de Sebastián Piñera, las cuentas del gas en la región subieron un 7,7% entre los meses de Abril de 2013 y marzo de 2014, con una variación del IPC del 3,9 %. Es decir que durante el último año del gobierno de la derecha en este país, el gas subió al doble del IPC.

4- A diferencia del gobierno anterior, el gobierno de la Nueva Mayoría se ha comprometido a mantener el subsidio al gas, y es así que para el año 2015 el presupuesto para el subsidio aumenta a un 69%, en un aumento sin precedentes, que busca sin lugar a dudas asegurar una mayor estabilidad en los precios.

5.- Los partidos políticos de la Nueva Mayoría han solicitado al gobierno regional la instalación de una instancia de participación ciudadana, que permita a las organizaciones representativas y validadas por la ciudadanía, aportar sus propuestas para la definición de la nueva matriz energética de la región.

6.- La Nueva Mayoría no sólo está trabajando para que se modifique el decreto tarifario que se encuentra vigente desde el gobierno anterior, sino que además estamos también trabajando activamente para resolver en el horizonte de largo plazo nuestra dependencia del gas, y la consecuente incertidumbre respecto de las variables que influyen en su precio.

7.- Hacemos un llamado a nuestros vecinos y con ciudadanos, a no dejarse engañar ni atemorizar por quienes pretenden que olvidemos el grave daño que le hicieron a la región cuando fueron gobierno.

8.- El gobierno de la Nueva Mayoría cumplirá todos y cada uno de sus compromisos, y sus autoridades hablarán de cara a la ciudadanía para resolver adecuadamente esta materia, como merece nuestra comunidad de Magallanes.

 

EUGENIA MANCILLA MACIAS – PDC

ERNESTO SEPULVEDA TORNERO – PS

LUIS PEREZ – PPD

FRANCISCO ALARCON – PC

ABELARDO OYARZUN – PRSD

NIEVES RAIN – MAS

MARISOL ALIAGA – IC

Reforma electoral y participación política de las mujeres: se requiere una ley efectiva

Las organizaciones de mujeres y feministas firmantes trabajan desde hace años por la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres en el país, procurando mejorar las condiciones de vida de las mujeres chilenas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado ha asumido para el pleno respeto de los derechos humanos y la justicia de género. Por ello valoran el amplio acuerdo político y social en torno a reformar el sistema electoral binominal y el debate legislativo que está teniendo lugar en el Parlamento.

Tras casi 25 años finalmente el país enfrenta la posibilidad cierta de reformar el sistema electoral aplicable a la elección de senadores/as y diputados/as y pasar de un sistema binominal a un sistema proporcional moderado. El sistema binominal –como es ampliamente conocido– además de su origen inconsulto y antidemocrático, no permite la representación adecuada de las distintas fuerzas políticas existentes en el país, otorga preponderancia a dos coaliciones que resultan sobrerepresentadas y obstaculiza la participación política de las mujeres que en la actualidad se encuentra incluso por debajo del promedio de los países de la región (15,8% frente al 25,7%)[1], ubicándose en el lugar 92 de 189 países[2]. De allí que numerosos organismos internacionales de derechos humanos han recomendado su modificación.

Por ello se valora que el proyecto de reforma electoral presentado por la Presidenta de la República Michelle Bachelet incorpore medidas para la participación política paritaria entre hombres y mujeres como la obligatoriedad de incluir en proporción equilibrada (60%-40%) a hombres y mujeres en las listas de candidaturas que los partidos políticos han de presentar y apoyos económicos específicos a las candidaturas de mujeres.

Particularmente valoramos y confiamos en que sean votados favorablemente por los diputados/as:

1) El incentivo económico (500 UF) que se entregará a los partidos políticos a que pertenezcan las candidatas electas, debiendo incluirse también a los partidos que las hayan presentado tratándose de candidatas independientes.

2) El aporte fiscal adicional a las candidatas a senadoras y a diputadas, con independencia de si resulten o no electas.

3) La disposición que establece la alternancia entre candidatos y candidatas en las listas de cada circunscripción y distrito.

Sin embargo, suscita gran preocupación a las organizaciones firmantes, la exclusión de los distritos electorales y circunscripciones senatoriales en que se hayan celebrado primarias del cálculo de la proporción equilibrada de hombres y mujeres, ya que ello podría tornar ineficaces las medidas para la participación política de las mujeres propuestas al facilitar el incumplimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Durante la discusión de la Ley de Primarias diversas organizaciones de mujeres hicieron presente las limitaciones que dicho mecanismo de selección de candidaturas presenta para la participación política de las mujeres, particularmente por las escasas oportunidades que los partidos políticos brindan a las mujeres y por el encarecimiento de las campañas para quienes más dificultades enfrentan para la obtención de fondos. No obstante, dicha Ley fue aprobada sin incluir un mecanismo que resguarde al menos la posibilidad de que tanto hombres como mujeres puedan participar de elecciones primarias para la selección de candidaturas a senadores/as, diputados/as y alcaldes/sa.

Por ello se considera fundamental que se incorpore la obligatoriedad de incluir a hombres y mujeres en proporción equilibrada (que ningún sexo supere el 60%) en las listas de candidaturas a primarias.

La superación de la grave discriminación política que sufrimos las mujeres chilenas requiere medidas directas y efectivas como las planteadas en el proyecto que reforma el sistema binominal. Para ello se requiere el apoyo del Partido que Ud. preside y que cada uno de los diputados y diputadas de su colectividad concurra con su voto favorable a los artículos del proyecto de ley sobre participación política equilibrada, alternancia en las listas, financiamiento a los partidos y reembolso adicional a las candidatas, así como a la indicación sobre paridad en candidaturas a primarias.

Atentas a los resultados de la próxima votación al proyecto de reforma electoral, le saludan:

Corporación Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

[1] De acuerdo a la Unión Interparlamentaria el 22% de los/as congresistas en el mundo son mujeres (22,3% en Cámaras Bajas y parlamentos unicamerales y 19,8% en Cámaras Altas) y en las Américas esta proporción asciende a 25,8% (25,7% en Cámaras Bajas y parlamentos unicamerales y 26,4% en Cámaras Altas). Información actualizada a abril de 2014. Disponible en http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm.

[2] Fuente: Unión Interparlamentaria. Información actualizada a abril de 2014. Disponible en http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm.

Cambio al sistema binominal está casi aprobado en la Cámara de Diputados

Es fundamental y lo más destacable del actual proceso legislativo es que comienza a terminarse con un sistema heredado de la dictadura que alteraba la real participación de las distintas fuerzas en el Congreso Nacional.

Se impulsa la participación de las mujeres (cuota de género) y se permite que más sectores puedan participar, con un sistema que será más atractivo y que dice, definitivamente, chao al Binominal.

Todas las encuestas señalan que más del 70 % de los chilenos y chilenas quiere el término del binominal, con una competencia real, transparente y que entregue más garantías a todos los sectores.

Desde el punto de vista legislativo, el 90 por ciento del proyecto de ley está despachado. Para las siguientes reuniones de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara,  quedaron sólo 20 indicaciones.

Hoy se aprobaron aquellos artículos e indicaciones del Ejecutivo referidas al cambio del sistema binominal por un sistema proporcional que utilizará el coeficiente D’Hondt para determinar quienes resultarán electos . Esto que puede parecer enredado no es otra cosa que una nueva fórmula electoral, que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas, en proporción a los votos conseguidos (proporcional ). En términos concretos el cambio de sistema electoral le da más poder al voto.

También se aprobó la indicación del Ejecutivo que estableció que al interior de cada pacto electoral, los partidos políticos podrán asociarse con candidatos independientes pero no sub pactar entre uno o más partidos. Asimismo, se eliminó la posibilidad que contemplaba el proyecto que, para efectos de la aplicación del coeficiente D’Hondt, los candidatos independientes fuesen considerados al interior de un pacto, en su conjunto, como un partido.    La Comisión aprobó una indicación parlamentaria que introduce la posibilidad de no solo votar por los candidatos en forma individual sino también por la lista en su conjunto.

Ya se han aprobado, además, las normas para la llamada cuota de género, respaldándose la obligación de los partidos de presentar al menos un 40% de candidatos de un mismo sexo durante las próximas cuatro elecciones parlamentarias. Se busca asegurar la participación de un mínimo de mujeres, tomando en consideración que en la actualidad el Congreso Nacional solo cuenta con un 16% de representación femenina.

También se aprobó la indicación parlamentaria sobre la ubicación de los nombres de las candidatas en las respectivas listas, con un sistema de alternancia entre hombres y mujeres. Se aporbó, también, el uso de fotos en los votos (votos enchulados como diría Las Ultimas Noticias).

Al comienzo del proceso de votación en la comisión, quedaron aprobados los artículos que modifican la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, donde se establece que el país se dividirá en 28 distritos electorales que elegirán un total de 155 diputados, y 50 senadores que serán electos en 15 circunscripciones senatoriales que corresponderán a cada una de las regiones. Se pasa de un sistema binominal excluyente a un sistema proporcional moderado que da nuevas oportunidades a las nuevas fuerzas, que reconoce el rol de las regiones y que por tanto es mucho más representativo.

La necesaria transformación de los partidos políticos en Chile

En estos tiempos de cambio y de nuevo ciclo político y social, ¨dispararle¨ a los partidos políticos resulta barato y hasta gratuito.   Echarle a los partidos políticos la culpa de todos los males de esta democracia y de la política, es parte del arsenal liviano que se usa con demasiada frecuencia, no siempre amparados en datos objetivos.

Dentro de la diversidad de partidos que componen este sistema político en Chile, hay partidos centenarios, dotados de una carga ideológica, de una institucionalidad orgánica estructurada, de protocolos de procedimiento y de rutinas organizacionales conocidas y re-conocidas. Y hay partidos surgidos en los decenios recientes, con orgánicas diferentes, con un sustento ideológico y programático de menor densidad y con grados distintos de organización, pero que también inciden en el cuadro político.   Hay además partidos de raigambre regional, movimientos enraizados en la ciudadanía con vocación política y nuevas configuraciones políticas que se centran en el trabajo electoral y la acción comunicacional.

Contraponer rapidamente a  los  “partidos ideológicos y programáticos¨ (como el PDC, el PC, el PR, la Izquierda Cristiana o el PS), con los partidos post-dictadura (como el PPD) y con los nuevos partidos electorales y movimientos socio-políticos (como Evopolis, el MAS, Revolución Democrática, Izquierda Autónoma, el Movimiento Allendista, la Izquierda Ciudadana…) es restarle validez  y densidad a un análisis que requiere mayor profundidad: los partidos políticos siguen siendo herramientas fundamentales de la institucionalidad y la experiencia democrática, de manera que a la hora de pensar en una nueva Constitución para Chile, necesariamente volverá a surgir la necesidad de repensar el lugar y rol de los partidos dentro del sistema.

Pero, no nos dejemos entrampar: se puede intentar modificar la ley de partidos políticos antes de entrar en el debate de la nueva Constitución, y también se puede abordar la nueva Constitución incluyendo modificar la ley de partidos políticos.

Son necesarios, pero hay que transformarlos, modernizarlos y adaptarlos a las exigencias de una ciudadanía del siglo XXI.

Si en Chile se siguen formando partidos políticos y movimientos sociopolíticos en ests dos primeras décadas del siglo, quiere decir, que hay todavía muchos ciudadanos que consideran y asumen la militancia como una forma de servicio público y de aportar a la vida política del país, aunque hayan también quiénes miran a los partidos como agencias de empleo o trampolines al poder.

Los partidos políticos además han sido objeto de una intensa etapa de descrédito y de deslegitimación, los que provienen tanto de la estructura centralizada y oligárquica que la ley de partidos políticos les dió a los partidos (norma que no ha recibido cambios sustanciales desde su dictación en 1989), como del peso de costumbres y tradiciones organizaciones arraigadas por muchos años.

Pero es evidente que los partidos políticos requieren de transformaciones estructurales, que den forma a organizaciones políticas que, sin abjurar de sus tradiciones históricas y sus fundamentos programáticos e ideológicos, descentralicen y democraticen sus estructuras de toma de decisiones.   Es necesario introducir más democracia y más descentralización en las estructuras partidarias.

E introducir más democracia en los partidos políticos, por esencia instrumentos del ejercicio democrático de los ciudadanos para influir en el sistema político y el Estado, implica modificar sustancialmente la toma de decisiones dentro de cada orgánica.

Un solo ejemplo puede ilustrar esta afirmación: la forma cómo se eligen y se deciden las candidaturas en los partidos políticos, en particular de las candidaturas parlamentarias, municipales y de consejeros regionales.

Al introducirse el sistema (voluntario) de primarias se abrió la compuerta para esta necesaria democratización de las decisiones electorales y de candidaturas.   Pero en la actualidad, ocurre que los niveles centrales de los partidos conservan el formidable poder de decidir -en última instancia- las candidaturas para todas las regiones, provincias, distritos, circunscripciones y comunas del territorio nacional, de modo tal que cada territorio propone un conjunto de nombres, los que se gestionan finalmente en Santiago.

Si se modifica la estructura de decisiones de las candidaturas en los partidos políticos, se desmonta una maquinaria de lobby y de influencias y presiones, necesariamente se trasladaría esta decisión a las instancias regionales, provinciales y/o comunales dejando al nivel central la ratificación formal de una decisión vinculante de esos niveles territoriales.   Se termina también con las prácticas clientelísticas y con la imposición (más o menos forzada, más o menos aceptada) de los candidatos trasladados a regiones de acuerdo a las conveniencias del grupo de poder que controla al partido.

La política y las militancia pueden ser reivindicadas como ejercicios de la ciudadanía en un sistema democrático plural y diverso, donde las organizaciones sociales no son manipuladas ni los partidos son”correas transmisoras”, sino donde el rol de actores influyentes y propositivos del poder político, permite que las personas y los movimientos se relacionen con  partidos políticos estructuralmente democráticos y descentralizados.

Manuel Luis Rodríguez U.

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Acerca de la utilidad del discurso antipolítico y antipartidos políticos

Anarquistas, ultristas, autónomos e ¨independientes¨ tienen todos un punto en común: hablan contra los políticos y los partidos políticos (pero sobre todo, cuando son los políticos y los partidos del otro bando), pero lo hacen en cuanto políticos y si les alcanza el tiempo, forman sus propios partidos políticos.

No hay peor político que el que habla contra los políticos.

Desde los grises y sombríos tiempos de la dictadura, quedó flotando en la atmósfera pública y en la conciencia colectiva el discurso antipolítico y antipartidos políticos, ese que le sirvió a militares y civiles gobernantes para paralizar por miedo a la población y para deshacerse de varios cientos de miles de militantes y dirigentes de los partidos políticos de la izquierda -y también del centro político- mediante el fácil recurso del balazo en la sien, la detención prolongada, el tiro por la espalda, el secuestro masivo, el lanzamiento desde un helicóptero, el asesinato con yataganes, la tortura sistemática, el apaleo callejero, el fusilamiento nocturno, la desaparición forzada o el exilio obligatorio.

Durante 17 años de terror y de represión se instaló a la fuerza en la conciencia de los chilenos, una feroz retórica simplista: que todos los políticos son iguales, que los partidos políticos no sirven para nada y que el gobierno lo deben ejercer los mejores, los profesionales más competentes ojalá titulados en universidades extranjeras, o sea de Estados Unidos.

De aquel constante martilleo escolar y mediático resultaron a lo menos dos generaciones de chilenos idiotizados con la retórica alienante de que la política es mala y que ¨meterse en política¨ es peligroso y negativo: todo un discurso negativo y pesimista, casi deprimente, un discurso de contenido antipolítico generalizado y que persiste en el presente en muchos jóvenes y adultos, que se compran facilmente esa lógica.

En el presente se encuentran en el mismo punto de coincidencia ideológica y política, esos autodenominados ¨independientes¨ (equidistantes de toda ideología comprometedora y eternos equilibristas entre las derechas, los centros y las izquierdas) y esos dispersos e imprecisos grupos anarquistas o ultristas que confunden sus intensos deseos con la dura realidad, que creen que la revolución comienza mañana por la mañana, sin haber movido un dedo por las organizaciones sociales que dicen defender y sin haber estado jamás en una asamblea de sindicato.   El anarquismo ultron o el ultrismo anarquista (que es lo mismo), juega agilmente a la verborrea revolucionaria y al infantilismo izquierdista, como si el apellido izquierdista  fuera un carnet plástico que se regala en alguna reunión nocturna con harto humo de cigarrillos.

La izquierda no se dice, se hace, se construye y se organiza.

Ese discurserío izquierdizante pretende erigirse en la única verdad de la izquierda, en una biblia roja de  afirmaciones intocables y de verdades absolutas e inamovibles.

Ese discurso antipolítico y antipartidos políticos cargado de izquierdismo verbal y de fraseología intelectualoide, le sirve notablemente a los poderosos, a los dueños del capital y del poder y desvía el interés de ¨las masas¨ que dicen representar.  Apacigua los ánimos de los derrotados y enciende los motores de los sobreexcitados, desmoviliza a los dudosos y aleja a los voluntariosos.

Con esa retórica ultra-izquierdizante, confunden sus deseos con la realidad y sus palabras con los hechos.

Y olvidan que los hechos son como las piedras: fríos y duros.

Manuel Luis Rodríguez U.

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Los bamboleos del balotaje – Escribe Ramón Arriagada

Este artículo lo escribo desde territorio bacheletista.  El domingo la nueva presidenta obtuvo en esta ciudad el 75 % de la votación.  Inverosímil  con un electorado que en la última elección parlamentaria le otorgó la primera mayoría  al  senador Bianchi (43.31 %), sepulturero del doblaje  parlamentario de la Nueva  Mayoría.  El 75 por ciento de la votación, en un distrito  donde el Alcalde es UDI y recibió durante el  gobierno que termina su mandato,  un apoyo presupuestario apoteósico – para felicidad de los natalinos- que  podemos constatar  cambios significativo en lo urbano.

Me imagino  debe ser doloroso  estar identificado con la coalición gobernante  por estos días en Magallanes.  Después de gobernar cuatro años, con partidos, manejados a control remoto desde las sedes del centralismo; aceptando Intendentes y candidatos impuestos, que resultaron un chasco;  reiniciar  el tortuoso camino de la recuperación magullando  el consabido “si se puede”. Articulación que es difícil en política, porque hay que recuperar voluntades a cambio de  nada, sólo de recompensas que llenan el espíritu, pues  ya no se cuenta con el aparataje estatal.

A todos quienes respetamos la actividad  política y la democracia  debe ser motivo de preocupación cómo ha ido creciendo la tendencia  abstencionista entre la población.    Un cientista político español, entonces,   ha concluido que “la abstención tiene un indudable encanto, quedarse en casa el día de la elección es dar un fuerte portazo a la clase política y al sistema”. Aquí en Chile  nos quejamos de lo perverso del sistema binominal,  que en muchos casos predetermina elegidos; ahora, nos gustaría el sistema proporcional  como un efluvio sutil que atraerá nuevos electores.

 Pues bien en España,  donde existe  el sistema proporcional de listas cerradas,  se lo quiere cambiar por ser culpable de la alta abstención.  Los españoles afirman a quienes los quieran escuchar que el  sistema es culpable  que “ los partidos políticos se hayan convertido  en fábrica de políticos profesionales sin formación académica ni moral, despegados de la realidad y del pueblo  al que representan”.

Me alegra en los días posteriores al triunfo bacheletista,  constatar de los vencedores,  una conducta cauta sin hacer ostentación del triunfo en las urnas.  Sólo les pido una retribución al gesto dadivoso del electorado natalino: ¿Será posible  que a la presidenta Bachelet  en sus visitas futuras a la ciudad no la encierren en un hotel?.  Fue lo que sucedió durante los últimos días de su mandato anterior.

 RAMON ARRIAGADA

¿Un gobierno de dos años de duración?

Las elecciones del 17N en Chile, marcarán un momento clave de decisiones políticas y ciudadanas concentradas en poco menos de dos o tres meses [del 17 de noviembre al 11 de marzo y del 11 de marzo en adelante], para la instalación de un nuevo Poder Ejecutivo [Presidente, Ministros, Subsecretarios, Gobernadores provinciales, intendentes Regionales, directores nacionales y regionales de servicios], un nuevo Poder Legislativo o Congreso Nacional [se renuevan la mitad del Senado y la Cámara de Diputados], y nuevos Consejos Regionales en todo el país.

DE LA ELECCION A LA TOMA DE POSESION.

Del 17 de noviembre al 11 de marzo, las coaliciones tomarán sus decisiones en materia de postura política frente al nuevo Gobierno elegido y en el caso de la coalición triunfadora.  Los partidos asociados a las respectivas coaliciones decidirán el modo como se van a relacionar con el nuevo gobierno entrante y cómo van a poner en marcha la aplicación de las medidas inmediatas de política pública y de los programas de gobierno  a fin de dar continuidad al ejercicio de la gestión pública al tiempo que se deciden las prioridades de política.

Entre la elección y la toma de posesión se resolverán os equipos de gobierno a escala nacional, regional y provincial: un complejo ejercicio de equilibrio político y de integración de voluntades y capacidades, asociado al potencial electoral mostrado por cada partido en las elecciones del 17N y a la calidad de los equipos humanos dispuestos a ingresar en el aparato de gobierno.

DE LA TOMA DE POSESIÓN A LA INSTALACIÓN.

Del 11 de marzo de 2014 en adelante y eventualmente en los primeros 100 días de gobierno, la tarea política e institucional central será la instalación de los nuevos equipos de gobierno.

Se ponen en tensión los equipos humanos de la coalición triunfante para instalar el nuevo gobierno, a partir de ls definiciones programáticas acordadas anteriormente.

LA AGENDA ESTRATÉGICA DEL NUEVO GOBIERNO.

La instalación y puesta en marcha de un nuevo gobierno de coalición, opera sobre la base de un conjunto de factores y variables, pero a partir de una concepción estratégica de los tiempos que esperan al nuevo gobierno.

En el caso de Chile, es fundamental entender que el gobierno futuro va a disponer de dos años para instalar y ejecutar políticas públicas y orientaciones de política sin tener el horizonte de una elección próxima.

Después del 17 de noviembre de 2013, las próximas elecciones populares serán:

1° las elecciones de alcaldes y concejales en octubre de 2016; y

2° las elecciones de diputados, senadores, consejeros regionales y presidenciales de diciembre del 2017.

Por tanto, el próximo gobierno va a disponer de dos años  “libres” para la aplicación y cumplimiento de las promesas y políticas fijadas en su programa [2014 – 2015] y dos años intensamente electorales [2016 – 2017] donde el cumplimiento de políticas públicas está crecientemente condicionada por la perspectiva de las elecciones siguientes.

Un gobierno de dos tiempos, donde la definición y puesta en marcha de políticas públicas opera conforme a dos dinámicas distintas y no necesariamente coincidentes: en el “primer tiempo“, dar cuenta del alto nivel de expectativas producidas por los numerosos errores, insuficientes y fallos del gobierno saliente; tratar de dar continuidad a las políticas, programas, presupuestos e inercias provenientes del gobierno anterior bajo un nuevo enfoque de política; moverse en dirección de introducir cambios sustanciales y significativos en la institucionalidad y en la agenda publica [conforme al programa y a la correlación de fuerzas en el Congreso]; y desplegar recursos políticos que aseguren la continuidad y eficacia de estas nuevas políticas, durante el “segundo tiempo” del gobierno.

Un primer tiempo de mayor velocidad en la puesta en marcha de nuevas políticas y un segundo tiempo de consolidación y aseguramiento de las políticas.

Por otra parte, la relación entre los movimientos sociales y el nuevo gobierno será distinta en cada uno de los dos tiempos del período [2014-2018]: en el primer tiempo [2014-2015] los movimientos sociales van a continuar presionando y movilizando para que la agenda social propia se incorpore en la agenda pública y de gobierno, y en el segundo tiempo [2016-2018], según la eficacia y el cumplimiento/incumplimiento de las promesas y programas anunciados, los movimientos ciudadanos evaluarán y reevaluarán la relación concreta entre la agenda social y ciudadana y la agenda de gobierno.

Manuel Luis Rodríguez U.

Los movimientos ciudadanos y la oposición política de cara al 2013

Las declaraciones del Presidente del PDC (y algunos otros pronunciamientos dentro de la reciente Junta Nacional de ese partido) respecto al lugar y la perspectiva de un acuerdo político entre el PC y la DC, han despertado un legítimo clima de molestia dentro de la izquierda chilena y han vuelto a reactivar viejas controversias propias de la guerra fría.

La cuestión despierta las naturales suspicacias en la militancia y ciudadanía de izquierda, a la hora en que está pendiente de realizarse un amplio debate programático en el seno de los movimientos sociales y en los partidos políticos del arco opositor respecto de las perspectivas del país para el siguiente período presidencial.  La oposición concertacionista ya está desplegando un debate programático, e incluso hubo antecedentes y avances en materia de reforma tributaria y de educación pública, pero las declaraciones de Walker han hecho regresar la perspectiva de un acuerdo político, hasta un pasado bipolar que considerábamos superado.

La tarea política estratégica de toda la oposición para el próximo período es el desalojo electoral y político de la derecha y las elecciones municipales dieron un leve atisbo de los escenarios más probables para el 2013, pero essos escenarios solo tienen viabilidad a condición que la oposición política, entendiendo el clamor y reconociendo el significado de los movimientos ciudadanos recientes, interprete la nueva realidad social y asuma la necesidad de actuar de consuno.  

Pero, ¿todos los actores políticos de la oposición comparten este objetivo estratégico?  Porque tenemos derecho a preguntarnos, ¿qué tiene que ver el gobierno de Corea del Norte o la grave crisis en Siria o el proceso político en Cuba, con la nacionalización de los recursos naturales, con apuntar hacia una nueva Constitución, con la recuperación del cobre y las aguas, con el fortalecimiento de la educación pública y con el término definitivo del lucro en la educación en Chile?  

Si queremos llegar a una nueva Constitución en Chile, ¿tendríamos que preguntarle su opinión a Raul Castro o a Bashar el Assad?  El argumento de algunos sectores DC se cae por un simplismo esquemático propio del siglo pasado.

Si la discusión fuera solamente ideológica, deberíamos interrogarnos sobre las coincidencias y diferencias que contienen el humanismo marxista y el humanismo cristiano, a la luz de la realidad concreta que afecta a Chile, un país en vías de desarrollo sometido a los efectos perversos del más extremo modelo neoliberal de mercado, con alta concentración de la riqueza y el capital, con un Estado subsidiario sometido a las reglas e imposiciones de un mercado escasamente regulado, con una abismante desigualdad social, económica, material y territorial y, en función de esta realidad, preguntarnos si se cumplen esos derechos humanos en el Chile concreto de hoy.  Si los derechos humanos fueran siempre el criterio central para la definición de políticas -algo que propiciamos permanentemente desde estas líneas- no habríamos visto el triste espectáculo de esos políticos chilenos aplaudiendo la tentativa de golpe de Estado contra el Presidente de Venezuela Hugo Chávez hace varios años atrás.

Es probable que dentro de la lógica argumental de Walker y sus seguidores, pueda caber este adagio propio de 1970: “es probable que no nos pongamos de acuerdo sobre si existe el cielo, pero si debemos ponernos de acuerdo para terminar con este infierno”.

El primer problema de los derechos humanos que tenemos que resolver en Chile, son los derechos humanos en Chile, sin perder de vista la realidad global en la que nos insertamos.

Y el problema que tiene hoy la clase política chilena -democratacristianos y comunistas incluidos- es dar respuesta consecuente a las demandas ciudadanas que se exteriorizaron en Calama, en Aysén, en Magallanes, en Freirina, y de las que ha sido portador el movimiento estudiantil y sindical.  Entendemos que el movimiento ciudadano no es de propiedad exclusiva de un partido político, sino que son amplias convergencias sociales desde realidades injustas que viven amplias mayorías de los ciudadanos, pero si la oposición política, toda la oposición política no responde ni se coloca a la altura de esa demanda ciudadana, la brecha de desconfianza entre la ciudadanía y quienes toman las decisiones politicas se seguirá profundizando.

Los comunistas no pueden ser tratados como mero “porcentaje de votos”, como “moneda de cambio” para segundas vueltas, ni como simples “auxiliares de apoyo” a la hora de construir los grandes acuerdos políticos y sociales que darán viabilidad a una perspectiva de cambio en el próximo período.   Mientras tanto, una tarea central de la izquierda chilena, sigue siendo construir una amplia convergencia política y social antineoliberal.

Manuel Luis Rodríguez U.

Este comentario aparece también en DIARIO RED DIGITAL:

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=10333:los-movimientos-ciudadanos-y-la-oposicion-politica-de-cara-a-2013&catid=40:opinion&Itemid=61

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El mecanismo de la cifra repartidora en la elección de concejales en la comuna de Punta Arenas

Aportamos al conocimiento ciudadano sobre el sistema electoral, con el siguiente texto elaborado por Juan Morano Cornejo, acerca del mecanismo de la cifra repartidora.

LA CIFRA REPARTIDORA Y SU APLICACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA COMUNA DE PUNTA ARENAS.

Para concejales el total de 39 candidatos inscritos se desglosan en: 8 candidatos de las listas “B” del pacto “Regionalistas e Independientes”; de  la lista “E” de “Por un Chile Justo; de la lista “F” del pacto “Concertación Democrática”; 7 candidatos de la letra “G” “Más Humanos” y 8 más  de la lista “H” del pacto “Coalición”.

118.025 son los ciudadanos habilitados para concurrir a sufragar, según el padrón electoral que entregó en su oportunidad el Servicio Electoral (Servel) en la comuna.

El sistema proporcional en las elecciones de concejales

 Para conocer quienes serán los 8 concejales de la comuna de Punta Arenas, luego del cierre de las mesas receptoras de sufragios, el sistema es más complejo, dado que se debe buscar la cifra repartidora, donde la sumatoria de votos de cada lista debe dividirse hasta por el número de cargos a completar y que en el caso de Punta Arenas es 8 y en las demás comunas de la región por 6.

Luego los resultados se ordenan de Mayor a Menor, donde el último a elegir será el que ocupe el octavo lugar es decir, y la cifra repartidora será ese cuociente. Igual ejercicio se debe aplicar luego al interior de cada lista y del pacto o subpacto,  si los hay para determinar los nombres de los candidatos electos.

Vea aquí el ejemplo en números:

EL MECANISMO DE LA CIFRA REPARTIDORA EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE CONCEJALES EN CHILE

El sistema proporcional de d’Hondt es una fórmula electoral, creada por el profesor y matemático belga, Víctor d’Hondt, que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas, en proporción a los votos conseguidos. De esta manera, se ven favorecidos los partidos políticos más pequeños o de minorías que hayan realizado pactos y que a través de la distribución proporcional pueden lograr ingresar con menos votos individuales al Concejo Municipal, gracias a esa “cifra repartidora”.

Si los cargos a completar son 8 debemos dividir por : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Se debe ordenar los 8 primeros de Mayor a Menor según la cantidad de votos obtenidos, de manera que el octavo será  la cifra repartidora. Para determinar los electos son aquellos con más votos de los pactos y subpactos más votados,  donde el que más voto saca, elige más cargos y se debe hacer el mismo ejercicio al interior de cada lista y pacto.

Juan Morano Cornejo, exAlcalde de Punta Arenas