Texto del proyecto de ley que propone levantar el secreto de la información de Comisión Valech

Modifica la ley N° 19.992, que Establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica, en lo que respecta al tratamiento de los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

Boletín N°10883-17

La ley Nº 19.992, en su artículo 15, estableció el carácter secreto de todos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las victimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, por el plazo de 50 años. Esto genera la contradictoriedad con los mecanismos institucionales de establecimiento de la verdad oficial en materia de violaciones a los derechos humanos, los cuales se sostienen sobre los pilares de la verdad, la justicia y la reparación.

Al favorecerse el establecimiento de la verdad y la adecuada reparación de las victimas, se deja en un segundo lugar la consecución de la justicia. En este sentido la consagración del secreto, a la luz de esta ley, implica  a nivel institucional la impunidad, pues se impide que los antecedentes recopilados sean conocidos y calificados por los tribunales de justicia.

El objetivo de este proyecto es permitir que la autoridad encargada de la administración de la justicia en nuestro ordenamiento jurídico pueda disponer de aquellos antecedentes y testimonios recopilados por la Comisión Valech I que actualmente tienen el carácter de secreto, y de los cuales ninguna autoridad puede conocer. Situación diferente a la de la Comisión Valech II, ya que la justicia puede acceder a la información de esta.

Cabe recordar que la Comisión Valech I fijó una reparación simbólica y austera, por parte del Estado, a las víctimas de prisión política y tortura, pero no se hizo cargo de los temas de verdad y justicia. Por ello la comisión de los delitos de tormentos, apremios ilegítimos y de vejaciones injustas en contra de particulares en el lapso 1973-1990 no ha sido investigado. La Comisión Valech I no consideró a las víctimas de tortura como víctimas de un delito de lesa humanidad, contraviniendo los tratados internacionales acerca de la materia. De lo expuesto se colige que no se puede investigar este delito y, además, en virtud del secreto, se consagra una suerte de “perdón” para los torturadores. En síntesis, el proyecto de ley busca reivindicar esta situación y fortalecer uno de los pilares mencionados con anterioridad: La Justicia.

La mantención del secreto de estos antecedentes produce una dificultad adicional para la obtención de justicia, toda vez que provoca su instauración ha provocado la pérdida de antecedentes e información con la que ya se contaba. En efecto, toda la documentación oficial anterior relevante, la mayoría de ella obtenida bajo el funcionamiento de la Comisión Rettig, pasó a custodia de la Comisión Valech II. Sin embargo, una vez disuelta ésta, tuvo el mismo destino de la obtenida propiamente en su funcionamiento, esto es, a las bodegas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quedando indirectamente, “protegidas” por el secreto de los antecedentes de la Comisión Valech, no pudiendo diferenciarse entre unas y otras, en circunstancias que cabe concluir que la documentación obtenida bajo la Comisión Rettig no le es aplicable dicho secreto.

Es de suma importancia rescatar el rol que pueden jugar los tribunales de justicia en esta materia. No cabe duda que las víctimas de prisión política y tortura persiguen que se establezca la verdad y no las perjudica en absoluto el levantamiento del secreto en materia de justicia. Además, esas personas no declararon ante la Comisión Valech bajo la promesa de guardar reserva o secreto; esa calificación fue posterior, en la ley.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Modifíquese el artículo 15 de la Ley N° Nº 19.992 que establece una pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a las Personas que Indica en los siguientes términos:

  1. a) Intercálese, en el inciso tercero, después de la expresión “este artículo,” el siguiente texto:

“a excepción de los tribunales de justicia y”

  1. b) Agréguese el siguiente inciso sexto nuevo: “El órgano encargado de la custodia de la información hará llegar a requerimiento de los tribunales de justicia todos aquellos antecedentes de los cuales emane algún hecho constitutivo de delito. “.

HUGO GUTIÉRREZ GÁLVEZ

Diputado de la República.

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El Te Deum evangélico y la masacre de Chihuío – Víctor Osorio Reyes

Dueños de nuestro propio destino

Se conmemora hoy un nuevo aniversario de la convocatoria al Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810, momento inicial de la fundación de la República.

Aunque en los hechos el Cabildo de 1810 no proclamó explícitamente la independencia, se creó ahí una Junta Gubernativa que dio comienzo a una larga batalla de ideas, política y militar para alcanzar la independencia respecto del gobierno colonial español.

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Entre el 18 de septiembre de 1810 y la proclamación de la independencia el 12 de febrero de 1818, medió una guerra cruenta y sangrienta, la elección e instalación del primer Congreso Nacional, la dictación de la primera Constitución en 1812 y un largo proceso de conquista de los derechos y las libertades y de superación del oscurantismo colonial.

El sentimiento patriótico se fue consolidando con el tiempo y la conciencia nacional surgió durante el siglo XIX, a medida que las diferencias sociales y las desigualdades territoriales fueron manifestándose ante los ciudadanos.

No olvidamos que tras la independencia política, la gran tarea pendiente del pueblo chileno sigue siendo la independencia económica, de manera que aún en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, nuestro desarrollo sea el resultado de nuestro esfuerzo nacional y de nuestra condición latinoamericana.

La independencia de Chile es un logro de la historia y del pueblo, pero, al mismo tiempo, es un desafío presente que alcanza a las actuales generaciones, tras el proyecto y la utopía de que nuestra nación supere las dependencias que nos atan a poderes extranjeros.

Si vivieran hoy Carrera, O’Higgins, Rodríguez o Henríquez, dirían que la independencia se logró en los textos y en las normas legales, pero que Chile tiene todavía pendiente su independencia económica, tecnológica y hasta cultural.

Conmemoramos el 18 de septiembre como la fecha histórica fundacional donde los chilenos iniciaron el camino, para lograr ser dueños de nuestro propio destino.

Más de 200 años después, Chile es una nación sudamericana, soberana, respetada internacionalmente, un Estado laico que acoge la diversidad de las ideas y las creencias y los distintos aportes culturales que la componen, un país esforzado que busca salir del subdesarrollo a pesar de las adversidades telúricas, que trata de construir una democracia sólida, amplia e inclusiva y alcanzar las condiciones de calidad de vida moderna que merece la dignidad de nuestro pueblo y el trabajo de quienes crean la riqueza.

Chile cuenta hoy con la enorme riqueza de los recursos naturales, de las considerables fuentes energéticas renovables, y de la voluntad de un pueblo suficientes para dar un salto al desarrollo en el curso de la actual generación, de manera de alcanzar ese umbral de modernidad con identidad propia, durante esta primera mitad del siglo XXI.

Hoy 18 de septiembre, celebramos el presente y sobre todo podemos mirar el futuro, con la preocupación y la voluntad de los que desean terminar con las injusticias y desigualdades que limitan el progreso del país, celebramos que es posible construir un mejor futuro para las siguientes generaciones, un futuro sustentable en un mundo incierto, una democracia participativa que permita a todos los chilenos y chilenas ser dueños de nuestro propio destino.

Manuel Luis Rodríguez U.

Punta Arenas – Magallanes, 18 de septiembre de 2017.

Contenidos de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo por 3 causales

MINUTA LEY QUE DESPENALIZA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES

I. ANTECEDENTES GENERALES
• Cumple con el compromiso adquirido en el Programa de Gobierno respecto a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas, situaciones de excepción: peligro para la vida de la mujer, embrión o feto que padezca una patología incompatible con la vida extrauterina y violación.
• En cualquier otra hipótesis el aborto continúa siendo ilegal.
• La voluntad de la mujer está en el centro de la regulación.
En el caso que la decisión de la mujer consista en interrumpir el embarazo, deberá manifestar su voluntad en forma expresa, previa y por escrito.
Excepcionalmente, cuando la vida de la mujer esté en peligro, y aplicando las reglas generales contenidas en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, no se requerirá su manifestación de voluntad.
• El Proyecto reconoce que la violencia sexual afecta diferenciadamente a las mujeres menores de edad.
• Se ampara especialmente en el respeto de la autonomía progresiva y el interés superior de las niñas y adolescentes, estableciendo reglas especiales respecto de ellas.
• Se discutió profusamente durante 2 años y 8 meses en las instancias democráticas que nos hemos dado como país, donde se ha escuchado a todos y todas, y donde las mayorías se han manifestado.

II. CONTENIDO LEY
Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano, en los términos regulados en los artículos siguientes, cuando:
1. La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.
2. El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal.
3. Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

 

Acompañamiento
• Se le ofrecerá a las mujeres acompañamiento tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo.
• Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso. (Para este efecto se contara con refuerzo RRHH de los equipos ARO)
• En caso de continuación del embarazo, junto con ofrecer el apoyo recién descrito, se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo intersectoriales.
• Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión.

III. El Fallo del Tribunal Constitucional
Elementos históricos
• “La Constitución garantiza el pluralismo organizativo y de ideas. Eso impide que se pueda imponer un modelo determinado de pensamiento, de moral, propio de organizaciones, de una o más personas, al resto de la sociedad”.
• “(…) no es una decisión impuesta por el Estado, si no que recae en la decisión de la mujer y del equipo médico encargada de examinarla”.
• Enfatiza que “la mujer es persona; como tal sujeto de derecho. Por lo mismo, tiene derechos y puede adquirir obligaciones”.
• El voto de mayoría del TC reconoce que “la mujer no es un medio”, por lo tanto, “la madre no puede ser considerada como un instrumento utilitario de protección del no nacido”, reconociendo expresamente los derechos de las mujeres.
• Establece que “la constitución no le otorga al que está por nacer la categoría de persona. Ello no obsta a que sea un bien jurídico de la mayor relevancia”.

Consejo de Monumentos Nacionales declaró Monumento Histórico al campo de concentración de Isla Dawson en Magallanes

A partir del golpe de Estado de 1973 y teniendo como base ideológica la Doctrina de Seguridad Nacional, se implementó en Chile un Estado represivo que tuvo por objetivo eliminar cualquier amenaza al nuevo orden establecido y castigar a simpatizantes y dirigentes del gobierno del Presidente Salvador Allende, recurriendo para ello a la detención, la tortura, el asesinato y el exilio, entre otras medidas de fuerza. Desde entonces, se llevó a cabo en Chile una política sistemática de violación de los derechos humanos, a través de las gobernantes Fuerzas Armadas y Carabineros, destinando para ello a efectivos uniformados, funcionarios civiles, presupuesto público, creando instituciones represivas y disponiendo de diversos lugares para concretar el abuso.

 

Uno de los sitios más emblemáticos de la represión de estos años fue la Isla Dawson, de unos 2,000 kilómetros cuadrados ubicada en el Estrecho de Magallanes, a 100 kilómetros al sur de Punta Arenas. Primero fue parte de la ruta de los indígenas australes y luego de los viajeros y mercantes que cruzaban entre el Atlántico y el Pacífico. Posteriormente fue concesionada a misioneros salesianos y a empresas ganaderas. Desde 1972, por decisión del gobierno del Presidente Salvador Allende, Dawson se constituyó en una base naval de la Armada de Chile.

Desde el 15 de septiembre de 1973 y hasta fines de 1974, esta isla recibió a cerca de seiscientos prisioneros, que debieron sufrir trabajos forzados, vejámenes y torturas.

Dawson tuvo dos campos de concentración entre 1973 y 1974: Compingim y Río Chico. Este último se encontraba ubicado a unos 15 kms. de Puerto Harris, y tuvo cinco barracas: Alfa, Bravo, Charlie, Remo e Isla. Río Chico empezó a funcionar el 15 de Diciembre de 1973 con los prisioneros trasladados de Compingim. El 21 de Diciembre comenzaron a llegar prisioneros trasladados de los diversos centros de detención de Punta Arenas y llenaron las barracas Alfa, Bravo y Charlie. Estas barracas tenían capacidad entre 80 a 90 personas.

El campo Río Chico tenia un diseño similar a los campos de concentración nazis. Habían guardias fuertemente armados, apostadas en garitas y en los cerros colindantes. Cada barraca estaba cercada con alambres de púa y eran de construcción ligera, de madera y planchas zinc. La alimentación y calefacción eran pésimas y los prisioneros se enfrentaban a condiciones climáticas extremas, como nieve, escarcha y viento, además de su condición de aislamiento total.

Río Chico fue el único lugar construido exclusivamente para la reclusión de presos políticos. Hoy no existe ninguna de sus construcciones, sino sólo las huellas de las fundaciones. La recreación virtual de este lugar fue posible solo gracias a los dibujos y planos realizados por el arquitecto Miguel Lawner, que los trazó de memoria luego de su liberación.

En tanto, la Capilla San Rafael de Puerto Harris ha mantenido su uso en el tiempo, siendo un hito de toda la historia reciente de la Isla Dawson, heredera del proceso de evangelización y representante de la colonización de. Fue construida con materiales de la Iglesia de la Misión y abandonada por la Sociedad Anónima Ganadera Gente Grande. Su posterior restauración fue obra de los presos políticos.

En tanto Chimenea y los Antiguos Hornos del Aserradero de Puerto Harris son un testimonio excepcional del desarrollo regional industrial forestal (aserradero y astillero) y de explotación ganadera, en el marco del cual tuvo lugar la intensa deforestación de la Isla Dawson, que marcó para siempre este paisaje.

Estos tres sitios representan un valor patrimonial de trascendencia local, regional y nacional, siendo hoy uno de los más importantes lugares de memoria existentes en Chile.

REFERENCIAS:

Decreto 132 (2010)
http://www.monumentos.cl/catalogo/625/articles-36529_documento.pdf

Elie Valencia, Reseña de los Campos de Concentración Compimgin y Rio Chico, Isla Dawson, Magallanes 1973 –1974
http://www.dawson2000.com/elie9.htm

11 de septiembre: la Historia es una maestra de la pedagogía

El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile fue el resultado de un largo proceso histórico de deterioro de la democracia republicana y de politización de las Fuerzas Armadas en nuestro país.

Desde 1964 en adelante, Chile emprendió un conjunto de reformas estructurales profundas (Reforma Agraria, Reforma Educacional, chilenización y nacionalización del cobre, entre otras) que golpearon fuertemente las desigualdades  estructurales y las injusticias instaladas en el país y afectaron los intereses y privilegios de la clase empresarial.

Las reformas de la Revolución en Libertad fueron un preludio de los cambios realizados por el pueblo chileno a través de la Unidad Popular.

Un sistema capitalista dependiente subdesarrollado, agotado y cuestionado en las bases políticas, económicas e ideológicas de su legitimidad, se enfrentaba a mayorías ciudadanas y fuerzas políticas que se planteaban avanzar a través de los mecanismos de la democracia representativa hacia nuevos modelos de socialismo democrático.

El Gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular emprendió cambios estructurales aún más profundos, generando la oposición violenta de las elites económicas y políticas hasta entonces dominantes, respaldadas por el gobierno de Nixon desde EEUU.

En un contexto mundial de bipolaridad y de Guerra Fría, la llegada de Salvador Allende al gobierno de Chile por la vía electoral constituía un “peligroso” ejemplo para las demás democracias latinoamericanas,  un modelo innovador de transición del capitalismo al socialismo que ponía en riesgo los intereses económicos y geopolíticos de EEUU en América del Sur.

El golpe militar en 1973 en Chile, similar en su método a los golpes militares en Turquía, Argentina y Brasil, fue respaldado por las FFAA de EEUU, al mismo tiempo que la oposición política contra la Unidad Popular contó con el abundante financiamiento de la CIA y de grandes corporaciones internacionales como la ITT, como lo revela el Informe de la comisión Church del Senado de los Estados Unidos.

En el Chile de principios de los años setenta, la Historia nos recuerda que la derecha, para impedir que Salvador Allende asumiera la Presidencia de la República, asesinó al Comandante en Jefe del Ejército en ejercicio, René Schneider, a fin de provocar una respuesta castrense e interrumpir el proceso democrático y constitucional.

Las Fuerzas Armadas de aquella época, que se encontraban profundamente infiltradas por la ideología estadounidense de la seguridad nacional, no fueron sensibles al crimen de su Comandante en Jefe ni al asesinato del Edecán Naval del Presidente en 1973 perpetrado por los sectores políticos más conservadores de nuestro país.

Hoy sabemos además, que el golpe militar de septiembre de 1973 en Chile no se decidió el 9 de septiembre, como se ha pretendido argumentar, sino que fue preparado, por lo menos, desde octubre de 1972 bajo la cubierta de un “ejercicio de seguridad interior” elaborado en algunas academias de guerra castrenses.

Por eso es completamente pertinente recordar que el golpe militar no fue un hecho militar o un gesto de desobediencia castrense solamente: fue un acto político, el más violento acto político realizado por la oligarquía chilena armada durante el siglo XX, para destruir la democracia y clausurar los horizontes y las utopías de los ciudadanos de Chile.

El balance final de la dictadura militar resultante del 11 de septiembre, es elocuente e indiscutible y está grabado a sangre y fuego en la Historia de la república: 2.095 ejecutados, 1.102 detenidos desaparecidos, 34.690 víctimas de torturas y más de 500.000 chilenos exiliados.

En la conciencia y en la memoria histórica de la ciudadanía en Chile, ha quedado inscrita para siempre, la verguenza de una acción política encabezada por la elite castrense que terminó con la democracia republicana e instaló un régimen de terror y violencia institucionalizada, de violaciones sistemáticas y constantes de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad que han denunciado los Informes Rettig y Valech y que ha condenado la comunidad internacional.

El ejemplo del Presidente Salvador Allende y su sacrificio en La Moneda en 1973, inscribieron a Chile, en la memoria y la conciencia de la humanidad.

 

Los hechos son como las piedras: fríos y duros

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