Cambiar impunidad por persecución penal efectiva | Víctor Maldonado

En seguridad se está implementando una doble agenda, atendiendo a plazos cortos y largos. En lo inmediato, se han tomado medidas que permiten proteger mejor a la política para que, a su vez, nos puedan proteger a nosotros.
Es más fácil cambiar leyes que llevarlas a la práctica: Podemos seguir legislando, pero el acento ha de ser puesto en la implementación. Aun así, la ley Nain-Retamal incorpora una medida oportuna que tendrá efectos concretos: un policía en funciones podrá hacer uso de su arma sin ser suspendido de su trabajo ni de sus remuneraciones, hasta que finalice la investigación respectiva.
Las medidas inmediatas son operativas y se focalizan en tres aspectos: mejorar la protección de la policía en actos de servicio, actuando en grupos de a tres; atender mejor las condiciones en que trabajan y blindar sus vehículos.
De gran importancia es el plan de intervención de 30 comunas que concentran el 50% de los delitos más violentos. Parece un gran avance y es un primer paso.
La idea matriz, que enlaza las medidas inmediatas con las medidas permanentes, consiste en cambiar la impunidad por la persecución penal efectiva, incluyendo el realizar en la práctica las órdenes de detención vigentes.
El ministro de Justicia ha llamado la atención sobre un dato fundamental: aumentó el número de homicidios “con imputado desconocido”.
En la década pasada todavía era cierto que cuando alguien mataba a otro, lo usual era que se supiera quién había sido y la labor policial consistía en encontrarlo. Ahora, en un 70% de los casos, no se sabe quién fue el asesino, algo que se puede asociar a la llegada del sicariato a nuestro país y al aumento de la violencia de las bandas y del crimen organizado.
Combatir el delito es impedir la impunidad, que es lo que hace que sean los delincuentes y no el ciudadano común los que se sienten tranquilos. Para eso hay que modificar las instituciones ligadas a la justicia y sus procedimientos.
Las fiscalías regionales deberán jugar un papel importante por su dedicación a la investigación de los homicidios. El sistema de justicia no funcionará mejor sin que los tribunales realicen los juicios en tiempo oportuno. Las policías deberán reforzarse para esclarecer los casos que incluyen víctimas fatales.
Puede ser adoptado como criterio nacional el que los jueces pidan la prisión preventiva para las personas extranjeras que no tengan acreditada su identidad.
Si no sabemos actuar, el país se polarizará y ayudaremos a que una solución autoritaria le parezca más adecuada a muchos. Es mejor que la ley se aplique con rigor, a que pierda vigencia con el fin de detener al delito a como dé lugar.
La cadena de fallas que lleva a la muerte del cabo Palma debe cortarse. Los autos robados deben ser recuperados antes; quienes no tienen papeles al día y delinquen, deben ser detenidos; las armas ilegales no deben llegar a manos homicidas y la policía poder defenderse de un ataque en labores habituales.
Algunos peligrosos delincuentes evitarán estas medidas preventivas. Entonces, tenemos que responder una pregunta incómoda: ¿cuál es el protocolo cuando un sicario es identificado y la policía debe detenerlo? Si no nos respondemos esta pregunta, el próximo gobierno no le va a consultar a nadie al respecto.