Cuestión social en Chile: la desigualdad – Pablo Monje Reyes

La desigualdad en Chile es una realidad. El terremoto en el norte y el gran incendio en Valparaíso, dos catástrofes de distinto origen, la muestran descarnadamente. Los más afectados son los pobres, los humildes, los rotos, el pueblo de Chile. Algunos antecedentes. La desigualdad social y económica se puede mostrar mediante el índice de GINI, que mide la equidad de los ingresos (0 = equidad perfecta / 1 = inequidad perfecta). Según el Banco Mundial, su valor en Chile es 0,521, lo que nos deja como uno de los países más inequitativos de América del Sur, sólo superado por Colombia (0,559). En el caso de los países desarrollados, un ejemplo de equidad es Bélgica con 0,265. De la misma manera, según datos de la Universidad de Chile, el 1% de la población más rica se lleva aproximadamente el 21,1% del ingreso total del país. En caso de Dinamarca, el 1% de la población más rica se lleva 6,0% del ingreso total de su país.

Observemos la desigualdad desde la perspectiva de los salarios, según datos de la Fundación Sol. Un Gerente General de una gran empresa gana $17.900.000, es decir, 85 veces más que Salario Mínimo, que asciende a $168.000 líquidos, descontadas previsión y salud (sueldo bruto $210.000). La pensión promedio que pagan las AFP es $183.000. La pensión asistencial otorgada por el Estado asciende a $75.000. Otro dato interesante es el Gasto Público Social como % del PIB. En Chile es 10,2%, mientras que en el promedio de los países desarrollados de la OCDE es 21,9%. Chile tiene una estructura socio económica que garantiza la desigualdad de los ingresos en forma histórica. Resulta curioso que nos sorprendamos cuando la pobreza y la desigualdad emergen desde los cerros y quebradas de Valparaíso, o de las poblaciones de Alto Hospicio.

En el ámbito político, la desigualdad se expresa en la participación de la población en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Según datos del Servicio Electoral, en las últimas elecciones las comunas populares tuvieron un nivel de participación de a 39%. En las comunas de más altos ingresos alcanzó el 58%. Esto se explica principalmente porque los sectores populares han consolidado, en su subjetividad, que al participar en política no les cambia nada su realidad. Paradójicamente, son quienes acceden a mayor cantidad de políticas sociales organizadas desde los gobiernos de turno. En cambio, los sectores de altos ingresos, al tener más educación y de mejor calidad, logran adquirir de mejor manera conciencia de clase. Logran integrar a su comportamiento socio-político la práctica del voto, como un instrumento que les permite conservar sus condiciones de privilegio social. Por tanto, la desigualdad también es estructural en el campo de la política, que se determina por el nivel de ingresos y educación.

Consistentemente con lo económico-social y lo político, el campo cultural también ratifica la desigualdad en Chile. Según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes la distribución de equipamiento cultural: bibliotecas, teatros y espacios de exposición, Chile presenta la mayor desigualdad del continente. Las comunas más ricas tienen más equipamiento que las comunas más pobres. Sobre disponibilidad de libros por hogar tiene el índice más bajo de América Latina menos de 5 libros por hogar. Producción editorial la más baja del continente menos de 300 libros al año, solo en Argentina se produce más 1500 anualmente. Datos de la UNESCO. Desde la perspectiva de quienes accede a espectáculos pagados, está claro que estos se definen por la disponibilidad de ingresos. Por tanto son los sectores socioeconómicos que pueden pagar los que acceden, son los ABC1. Un ejemplo: el festival Lollapalooza; el costo de su entrada era por sobre los $80.000, la mitad del sueldo mínimo líquido. La desigualdad cultural está muy ratificada en Chile por la mercantilización de la cultura, donde sólo pueden acceder a bienes y servicios culturales quienes tienen dinero para pagar. Si la cultura es un bien de consumo, su efecto en la estructura social del país es profundizar la desigualdad de origen.

La sociedad chilena está enfrentada a estas desigualdades. Su origen tiene que ver con el modelo de desarrollo que Chile ha implementado en los últimos 40 años. El modelo neoliberal de desarrollo, en el que sus promotores han colocado en el centro el crecimiento económico, descartando de plano la búsqueda del desarrollo social con igualdad. Han liberalizado todas las actividades humanas bajo la lógica del mercado. Su máxima de justicia ha sido que, quien tiene ingresos, puede demandar en el mercado bienes y servicios. El mercado no tiene sentimientos ni valores, solo asigna según la capacidad de compra y de oferta. Han considerado y consideran legítimo, como lo dice una investigadora de Libertad y Desarrollo, que suban los precios de bienes de primera necesidad, en una situación de catástrofe. De hecho, eso ya está ocurriendo con los materiales de construcción en las cadenas de retail del país. Consideran al mercado como un instrumento que permite asignar eficientemente recursos de la sociedad. ¿Para quién es esa eficiencia? Para los que concentran el poder económico, y que consideran que existen chilenos de primera y segunda clase. Los neoliberales consideran que hay chilenos que no deben existir porque son un lastre para la sociedad y la economía: los pobres, los pueblos originarios, los migrantes, las mujeres pobres, en definitiva, los rotos.

La visión neoliberal de los últimos 40 años es avalórica, determinada por los intereses de una pequeña elite que se ha beneficiado de ella sin contrapesos. Son los que actualmente se oponen a priori a una reforma tributaria, a la reforma de la educación, a la reforma de salud, a la reforma laboral. Se van a oponer siempre a todo lo que signifique cambio de valores y que tenga como objetivo entregar justicia, igualdad, dignidad social, económica y política a los más desposeídos.

El modelo neoliberal ha mantenido la desigualdad basándose en la relación desigual entre el capital y el trabajo. Los dueños del capital han utilizado el aparato jurídico político (Estado) para ratificar esta desigualdad. Un ejemplo. En Chile, la legislación laboral establece el derecho a huelga con reemplazo, y múltiples trabas para la sindicalización de los trabajadores. Entre ellas el multi RUT, que divide y fracciona a los trabajadores, atomizando sindicatos o simplemente impidiendo su existencia. Por contraste, en los países más igualitarios en el mundo (Bélgica, Dinamarca, Finlandia), los trabajadores tienen derecho a huelga sin reemplazo, y altas tasas de sindicalización.

Otra expresión de la desigualdad del modelo es que mantiene políticas tributarias regresivas. El mayor aporte a los ingresos fiscales es generado por el Impuesto al Valor Agregado (19% IVA), que grava el consumo de las personas. El efecto social de este impuesto es que los más pobres aportan más, ya que se consumen el 100% en bienes y servicios para su sobrevivencia. Los más ricos en Chile no gastan el 100% de sus ingresos y sobre la renta de su capital hasta el día de hoy solo pagan el 12%. Estructuralmente, el Estado cobra impuestos para la redistribución de ingresos, pero los cobra desigualmente. Los pobres, lo dueños del factor trabajo, pagan más impuestos que los dueños del capital.

La encrucijada del Chile actual no es sólo pensar en una gran reforma educacional, que ayudaría a terminar con las desigualdades de origen, sino también una reforma tributaria y una reforma laboral, que apunten a terminar con la relación inequitativa capital/trabajo. Estas tres grandes reformas deben tener un sustento jurídico/político que permita dar sustentabilidad a políticas destinadas a terminar con la desigualdad. Eso es cambiar las bases políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, que sólo es posible con una nueva Constitución de la República. Chile requiere un nuevo orden constitucional que permita sentar las bases para iniciar el termino de la desigualdad social – económica, política y cultural que hoy tanto nos aqueja.

Pablo Monje-Reyes.

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Proyecto de acuerdo del Senado en relación con la situación de Derechos Humanos en Chile

Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, a proposición de los Honorables Senadores señor Felipe Harboe Bascuñán, señora Carolina Goic Boroevic y señores Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton, Alejandro Guillier Álvarez, Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas y Jorge Pizarro Soto, aprobó el siguiente proyecto de acuerdo, correspondiente al Boletín N° S 1.644-12:

“Considerando:

1. Que las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron miles de compatriotas durante el régimen de militar, en especial las padecidas por personas que fueron recluidas arbitraria e ilegalmente, torturadas y sometidas a trabajos forzados en el campo de concentración de la Isla Dawson, hace necesario reafirmar el compromiso del Estado chileno para resarcir los daños provocados a las víctimas por los vejámenes cometidos en Chile bajo el mencionado régimen;

2. Que el 10 de enero de 2008 ex prisioneros en la Isla Dawson durante el período comprendido entre los años 1973 y 1974 demandaron al Estado de Chile por daños y perjuicios, causa que obtuvo sentencia definitiva de primera instancia favorable para los demandantes con fecha 15 de enero de 2013, dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago;

3. Que el Consejo de Defensa del Estado, durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera, apeló del fallo indicado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, recurso que pronto será traído a la vista en el tribunal de alzada;

4. Que la mencionada sentencia acogió la acción indemnizatoria interpuesta, atendida la gravedad de las violaciones de los derechos humanos a que fueron sometidos los demandantes, lo que incluye el tiempo por el que estuvieron privados de libertad;

5. Que, asimismo, dichos vejámenes motivaron que las víctimas fueran reconocidas como tales por parte del Estado de Chile en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y

6. Que cabe mencionar que la mayoría de los demandantes son adultos mayores, cuatro de los cuales ya fallecieron, quedando a la espera de una reparación eficaz que ayudara, en alguna medida, a mitigar el dolor y sufrimiento que padecieron producto de los horrores del régimen militar.

 El Senado acuerda:

                                               Solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República lo siguiente:

a) Que interceda ante el Consejo de Defensa del Estado respecto de la posibilidad de poner término, por vía de equivalentes jurisdiccionales, a los procesos judiciales en que sean actores ex prisioneros de la Isla Dawson y que se abstenga de alegar la prescripción extintiva de las respectivas acciones civiles.

b) Asimismo, que envíe un proyecto de ley reparatoria que contemple para estas personas una indemnización justa y adecuada, al tenor del artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.”.

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Diálogos Ciudadanos en Magallanes para elaborar el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

Una concurrencia de alrededor de 550 personas, entre dirigentes sociales y ciudadanos,  dirigentes de los partidos políticos de la región, ex Intendentes, parlamentarios, Consejeros Regionales, concejales de las comunas de Punta Arenas, Laguna Blanca y San Gregorio y autoridades de gobierno regional y provincial, se reunieron desde las 15.00 horas de hoy sábado 26 de abril en el Instituto Superior de Comercio de Punta Arenas para desarrollar un amplio diálogo ciudadano, cuyo propósito era contribuir a la elaboración del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.

Esta es una de las 50 Medidas para los primeros 100 días de Gobierno comprometidas por la Presidenta Bachelet.

Con un mensaje especial grabado por la Presidenta Michelle Bachelet desde el Palacio de La Moneda, se dio comienzo al Dialogo Ciudadano de Punta Arenas y la provincia de Magallanes.   Junto al Intendente Regional Jorge Flies, se encontraban la Gobernadora Provincial Paola Fernandez y el Alcalde de Punta Arenas Emilio Boccazzi, y estuvieron presentes también la senadora Carolina Goic, el senador Carlos Bianchi y el Diputado Juan Morano, así como todos los Seremis de la región.  Se destacó también la presencia de los exIntendentes Regionales Mario Maturana, Eugenia Mancilla, Jaime Jelincic y Arturo Storaker.

El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gomez, de visita en Magallanes, también se dirigió a los presentes con un saludo especial para la ocasión, poniendo énfasis en la importancia de la inversión pública en materia de transporte y telecomunicaciones como eje del desarrollo territorial y la conectividad en las regiones australes de Chile.

Participaron dirigentes de juntas de vecinos y uniones comunales, de clubes de adultos mayores, de sindicatos y gremios, dirigentes de organizaciones de derechos humanos, de centros de madres y comités de vivienda, representantes de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, dirigentes de colegios profesionales como el Colegio de Profesores, académicos universitarios de la UMAG, consejeros regionales y concejales.

Hasta el día de hoy y durante todo el mes de abril en curso, se han efectuado similares ejercicios de Diálogos Ciudadanos en Puerto Natales, capital de Ultima Esperanza, Porvenir, capital de Tierra del Fuego, en Puerto Williams, capital de Cabo de Hornos y en todas las comunas rurales de la región de Magallanes (Laguna Blanca, San Gregorio, Rio Verde, Timaukel, Primavera y Torres del Paine), en un esfuerzo conjunto coordinado organizado por las respectivas Gobernaciones Provinciales junto a las Alcaldías y municipalidades, con la Intendencia Regional y sus unidades técnicas.

El encuentro en Punta Arenas se organizó en seis comisiones de trabajo, donde fueron escuchadas, analizadas y planteadas las principales demandas y propuestas para resolver problemas asociados a la conectividad, agenda social regional, agenda energética, desarrollo territorial, incentivos regionales y educación, ciencia y tecnología.  Entre las propuestas planteadas se habló de la creación de un Ministerio de la Familia, de un plan de conectividad digital via fibra optica que una a Magallanes con Chile directamente, de la eliminación de la Ficha de Protección Social para los adultos mayores, del mejoramiento de las viviendas sociales, de la descentralización de las decisiones en la región, entre otras iniciativas.

Cada comisión de trabajo fue coordinada por el respectivo SEREMI sectorial.  En la sesión de clausura, hacia las 19.00 horas intervinieron para informar de las conclusiones, los delegados de cada Comisión, el concejal de Laguna Blanca Omar Peña Torres y el Intendente Regional Jorge Flies, para concluir el encuentro.

A su vez, y en el mismo contexto del proceso de elaboración del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, para el día 29 de abril se prepara la realización de un Seminario Académico sobre desarrollo territorial organizado por la Gobernación Provincial y la Universidad de Magallanes.

Manuel Luis Rodríguez U.

El documento de Doce Puntos de las izquierdas extra Nueva Mayoría

Presentamos el texto original del documento Doce Puntos firmado en Santiago el 24 de abril de 2014, por un amplio abanico de lideres sociales y políticos de distintas sensibilidades y orgánicas de las izquierdas extra Nueva Mayoría.

Doce-puntos

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Discurso de la Presidenta Michelle Bachelet en la ceremonia de firma del proyecto de ley de cambio del sistema binominal

DISCURSO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, MICHELLE BACHELET,

AL FIRMAR PROYECTO LEY QUE SUSTITUYE SISTEMA ELECTORAL BINOMINAL

Santiago, 23 de Abril de 2014

Muy buenos días:

Hoy día nos reunimos para enviar un proyecto de ley fundamental para nuestra calidad democrática, y lo hacemos con la convicción de que es esencial hacer cambios que han tardado demasiado y que obstaculizan nuestra representatividad y nuestra inclusión democrática. Y es parte de un profundo compromiso que como Nueva Mayoría adquirimos con los chilenos y las chilenas, pero, por sobre todas las cosas, es un largo anhelo que se ha prolongado por más de dos décadas.

Digámoslo con todas sus letras, el sistema binominal es una espina clavada en el centro de nuestra democracia. Es un sistema que debe la vida a la dictadura y que se perpetúa a partir de la exclusión. Y no es así como queremos asegurar nuestra estabilidad política y social; no es así como queremos optar por el diálogo y el acuerdo.

Chile ha cambiado y nuestro Parlamento también debe ser expresión de esa nueva nación que hemos construido juntos, pero, sobre todo, nuestro Parlamento debe estar al servicio de una mejor democracia para nuestro futuro.

Y ello requiere que, como foro principal de la República, exprese en toda su variedad los anhelos y miradas de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas.

Es una tarea prioritaria, porque a pesar de las reformas fundamentales que se han hecho en las últimas dos décadas para tener una mejor democracia, eliminando, por ejemplo, los senadores designados, hay todavía una brecha importante entre el Congreso que tenemos y el que Chile necesita.

El sistema binominal no sólo debe ser cambiado por la herida que representa su origen, porque distorsiona y subrepresenta a las mayorías, porque condena a una nación al empate permanente. No sólo debe ser cambiado porque niega un principio básico de la democracia, de que la mayoría mande. El sistema binominal debe terminar, porque es hoy un obstáculo para la integración, el pluralismo y la representatividad plena de nuestra patria.

Tenemos la enorme tarea de restablecer la confianza con la ciudadanía y demostrar el valor de la participación y el sufragio.

Y eso exige, ante todo, avanzar en la igualdad de voto. No puede ser que los territorios más poblados elijan la misma cantidad de representantes que los sectores menos poblados. Y eso hace imprescindible el aumento de nuestros representantes, puesto que no es justo quitar parlamentarios a territorios con poca población.

Lo digo con fuerza: tener más representantes no es un triunfo para la burocracia, es un triunfo para el pueblo de Chile.

En 1973, Chile tenía una Cámara de 150 diputados y un Senado de 50, con un padrón muchísimo más reducido que el día de hoy.

Entonces, es tiempo de darle más peso a la representación de cada uno de nuestros territorios.

En concreto, ¿qué es lo que proponemos? Aumentar en 12 los escaños senatoriales y en 35 los de diputado.

En el caso del Senado, elegirá 50 senadores y cada región será una sola circunscripción.

Las regiones de Antofagasta, Atacama, Los Ríos, Aysén y Magallanes mantendrán el número actual de 2 senadores. Tarapacá elegirá 2 senadores, al igual que Arica y Parinacota, que pasa a elegir dos senadores, una deuda histórica que teníamos con la Región de Arica y Parinacota hace mucho tiempo. Las regiones de O’Higgins, Coquimbo y Los Lagos pasarán a elegir 3 senadores cada una, en lugar de los 2 actuales. Valparaíso, Maule, Biobío y Araucanía, que hoy eligen 4, elegirán 5. La Región Metropolitana, que hoy elige 4, elegirá 7.

Esto mantiene criterios de igualdad política territorial, pero corrige la subrepresentación que viven muchas regiones más pobladas.

La Cámara de Diputados elegirá 35 diputados adicionales, es decir, 155 en total. Los 60 distritos actuales se reordenarán en 28 nuevos distritos, cada uno de los cuales elegirá de 3 a 8 diputados, dependiendo de su población.

De los 35 nuevos escaños, 15 se asignarán a los distritos de la Región Metropolitana, 8 se distribuirán en las Regiones de Valparaíso y Biobío, 4 en las regiones extremas y los 8 restantes en las otras regiones del país.

¿Por qué estamos proponiendo que se reduzca el número de distritos y circunscripciones?

Porque esto nos permite que se elijan más escaños en cada uno de ellos. Eso significará que pueden ser parte del Parlamento sectores minoritarios pero importantes de la sociedad que deben estar representados, porque la democracia se completa y fortalece con su participación.

Porque queremos que los electores recuperen totalmente la decisión respecto de quiénes son sus parlamentarios y parlamentarias. Porque queremos que todas las formaciones políticas concursen con sus propios candidatos y las grandes competencias internas en los partidos y entre partidos se resuelvan de cara a la ciudadanía, en las mismas elecciones.

Con ello crecerá la competencia y nuestra ciudadanía podrá elegir entre más opciones.

Esto no es un tema de oferta y demanda, es una condición indispensable para motivar la participación electoral, que hoy tiene una alta tasa de abstención.

Quienes estamos en la política tenemos una importante responsabilidad para revertir la apatía y sembrar la confianza.

Pero, adicionalmente, este proyecto establece, por fin, una cuota de género, para que ningún partido presente más de un 60% de candidatos de un mismo sexo y asegurar que al menos el 40% de las candidaturas sean femeninas, por ahora. Adelante, quién sabe. Al menos los hombres pudieran tener un 40%. O sea, que sea 60 y 40.

Pero como no basta con un número, queremos que sea una realidad, los partidos que elijan más mujeres candidatas van a tener también un incentivo económico adicional por mujeres electas.

Porque, finalmente, de lo que se trata en este proyecto de ley, no es sólo de revertir una situación histórica que no nos gusta, como el sistema binominal, pero la esencia de esto es abrir espacio a nuevas voces, a nuevos actores de la política, porque hacer buena política desde la exclusión, no es lo que queremos. No queremos mantener las barreras de entrada al Parlamento, como las que hoy día existen.

Y hoy en Chile, la verdad es que no está en duda nuestra estabilidad, no tenemos temores de quiebres democráticos, pero sí sabemos que estamos ante un nuevo ciclo, y que ese nuevo ciclo exige diversidad e inclusión, y que la gobernabilidad y el desarrollo pleno de nuestra sociedad también dependen de dar a los nuevos liderazgos cauce político e institucional.

Yo quiero, amigas y amigos, convocar a nuestros parlamentarios, a los que han podido llegar hoy día acá y a los que también están hoy día en el Congreso- parlamentarios y parlamentarias- a debatir con altura de miras este proyecto, entendiendo que cerrar la puerta a la exclusión y la mala representación, es abrir un camino ancho a la buena política y a la representatividad. Y yo creo que tenemos una oportunidad histórica.

Se acaba de aprobar en el Congreso el voto de los chilenos en el exterior. Y éste ha sido un logro de todos los sectores.

Hemos avanzado con muchos de los parlamentarios en la eliminación del guarismo 120 de la Constitución Política. Y quiero reconocer las propuestas que se han presentado en el pasado, como la Comisión Boeninger, durante mi Gobierno anterior, o las recientes propuestas de los senadores Ignacio Walker y Carlos Larraín, entre tantos otros parlamentarios que van reconocidos en el mensaje de este proyecto de ley. Le damos un reconocimiento explícito a todos los parlamentarios, senadores y diputados, que han contribuido fuertemente en este tema.

Hoy es el momento de profundizar ese camino conjunto, que ha contado con la colaboración sincera de diversos sectores políticos. Es el momento de dejar atrás el sistema binominal, para dar al Congreso de Chile la mayor de sus fuerzas y legitimidades: la de una adecuada representación de nuestra patria soberana.

Confío en el fruto de esta convicción y ese trabajo.

Muchas gracias por estar aquí acompañándonos.

El principio de la proporcionalidad en el sistema electoral

El sistema electoral opuesto al binominal es el sistema proporcional, según el cual los votos de los electores se distribuyen proporcionalmente en el número representantes elegidos (distritos) según la población electoral de cada territorio.   En este sistema, a diferencia del binominal, se procura que cada voto ciudadano tenga el mismo valor electoral en cualquier lugar del territorio.

EL PRINCIPIO DE LA PROPORCIONALIDAD.

El proyecto de ley presentado por la Presidenta Bachelet al Congreso se basa en la aplicación del principio de la proporcionalidad, tanto a la hora de constituir los distritos electorales, como del numero de representantes a elegir por cada territorio.

En un sistema electoral, la proporcionalidad puede referirse al número de electores por representante elegido o al número de representantes que se eligen por territorio. Un sistema proporcional es una formula de asignación de cargos electivos en el que se atribuyen los mismos entre las candidaturas en juego, en proporción al número de sufragios obtenidos por cada una de ellas.

El sistema proporcional debe comprender alguna regla para el cómputo de los «restos» o votos que, excediendo del cociente electoral (que resulta de dividir el número de votos válidos por el de puestos a cubrir) o por no llegar a esa cifra, quedarían sin traducirse en representación política efectiva. Se emplean dos grandes métodos de cálculo: el método D’Hondt y el método Sainte-Lagüe.

Los objetivos del cambio del sistema binominal por uno proporcional son:

a) reducir la desigualdad en el voto de los electores, incrementando proporcionalmente el número de parlamentarios según la población electoral del cada distrito o región;

b) permitir la representación de todos los sectores políticos significativos, poniendo término a las exclusiones;

c) aumentar la competitividad e incertidumbre en el proceso electoral;

d) facilitar la expresión de mayorías y minorías en el Congreso Nacional; y

e) promover una mayor diversidad de representación en el Congreso, eliminando las barreras actuales de representación de género y de dirigentes sindicales, estableciendo una cuota de género para las candidaturas.

EL AUMENTO DEL NUMERO DE PARLAMENTARIOS ES PROPORCIONAL A LA POBLACION ELECTORAL.

El rechazo contra la política y la clase política es el argumento más fácil y frecuente, para justificar el rechazo a incrementar el número de parlamentarios en el Chile de hoy.   Es notable observar a parlamentarios elegidos por sufragio popular, alzar la voz contra la idea de aumentar el número de parlamentarios e intentando contribuir al desprestigio de la institución parlamentaria, presentándola como una carga presupuestaria.

Pero dicho argumento se enfrenta a una realidad histórica ineludible cuyas cifras son elocuentes: en 1973 con un total de 2.955.000 electores, había 50 Senadores y 150 Diputados.  Hoy en Chile el sistema electoral tiene habilitados 13.573.000 electores.

En síntesis, el debate público sobre el cambio de sistema electoral no debiera limitarse a elegir entre dos opciones rechazadas por la ciudadanía: el rechazo contra el binominal y el rechazo contra la clase política, sino girar alrededor de los beneficios y limitaciones que producirá el sistema electoral proporcional en la representación de los ciudadanos en el Congreso Nacional.

Manuel Luis Rodríguez U.

Proyecto de ley que reemplaza sistema electoral binominal y establece sistema electoral proporcional

Texto del proyecto de ley:

76-362 Mensaje Sistema Electoral Proporcional (23.04.2014)