11 años sin resolverse el problema de las antenas celulares en Chile

Parlamentario  Guillermo Teillier hizo presente sus reparos a la iniciativa que finalmente pasó a comisión mixta para continuar su debate, luego de más de 11 años de estanco en el Congreso, plazo que el diputado puso en tela de juicio ante la incertidumbre si se debe a la presión de empresas de telecomunicaciones.

 La primera crítica planteada por el parlamentario –quien es miembro de la Comisión de Recursos Naturales y medio ambiente- es que el centro de esta ley no está puesto en los efectos para la salud que conllevan estas instalaciones.

Teillier se refirió al temor e incertidumbre en la población, quienes se sienten indefensos ante esta instalación que él calificó como “impune”.

 “Muchos se preguntan por qué tantos años sin legislar y aquí mismo se ha dicho que este proyecto lleva 11 años en el Parlamento y las preguntas entonces son ¿por qué se ha demorado tanto el Parlamento?, ¿es por presión de las empresas de telecomunicaciones?, ¿es por lobby?, la opinión pública realmente está exigiendo una explicación y no podemos dejar de encontrarles la razón”.

 Sobre los riesgos a la salud, Teillier cuestionó que estos no se hayan tomado como prioridad en el análisis legislativo, indicando que “pareciera estar prevaleciendo la opinión e intereses de las empresas de telecomunicaciones las que han relativizado sistemáticamente los posibles daños a la salud”.

 Citando a expertos como el Dr. Andrei Tchernitchin, Teillier puso la alerta sobre posibles consecuencias graves en un mediano y largo plazo por las emisiones de estas antenas, tales como alteraciones de los ritmos biológicos en los sistemas u órganos como el cerebro, corazón, endocrino, inhibe la peroxidación, favorece el envejecimiento e incluso inhibe el gen supresor de la formación de tumores, así como el alcance de las microondas emitidas por las estaciones base.

 El representante del PC rechazó categóricamente que existan relativizaciones a la norma que restringe su instalación en colegios, salas cuna, jardines infantiles, hospitales, clínicas o consultorios, puesto que “relativiza un derecho tan fundamental e inalienable para nuestra población infantil, personas de edad, enfermos y todos aquellos derechos y principalmente, el derecho a la salud”.

 Por otro lado, el parlamentario lamentó que el Senado haya retirado el artículo 5 aprobado previamente en la Cámara y que buscaba la generación de un fondo concursable orientado a investigaciones primarias y secundarias sobre el impacto de la operación de los sistemas radiantes de telecomunicaciones, con el objeto de apoyar la adopción de políticas públicas en materia de salud.

 En la parte más técnica del proyecto, el parlamentario catalogó como insuficiente la única norma técnica que nuestro país tiene sobre emisiones, sin embargo, señaló que le parecía un avance “el hecho que el Ministerio de Medio Ambiente dicte una norma relacionada con esta materia, pero sin el reconocimiento explícito de los posibles daños a la salud previamente efectuado por el Ministerio de Salud, usando de referencia umbrales como los antes citados, dichas normas podrían no cumplir con el propósito de resguardar la salud de nuestra población”.

 Acerca del tema de las zonas saturadas de sistemas radiantes, el diputado afirmó que el proyecto tal como está deja sin definir el criterio para establecerlas, así como tampoco contempla de manera efectiva a la población afectada en la toma de decisiones sobre estas instalaciones.

 “Como acá se ha dicho, son las comunas más pobres -y tengo que singularizar en Pedro Aguirre Cerda o Lo Espejo- las más afectados por la instalación, prácticamente impune de antenas y nos preguntamos si esto va a cambiar realmente”, recalcó, señalando además que al entrar en vigencia esta legislación, debiera tener un carácter retroactivo.

 Por último, Guillermo Teillier manifestó que su bancada no se opone al desarrollo de las telecomunicaciones, “pero los intereses por los cuales debemos velar nos conducen a legislar en torno tanto al acceso justo e igualitario a estos servicios por parte de la población, como al estricto cumplimiento de los derechos fundamentales”, puntualizando que es de esperar además que la telefonía celular se perfeccione para que pueda ser una ayuda real en caso de catástrofes naturales o emergencias.

 Cabe señalar que la Cámara de Diputados aprobó sólo 7 enmiendas hechas por el Senado y rechazó otras 9, por lo que el proyecto pasó a comisión mixta para su análisis en las próximas semanas.

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ENAP también puede comercializar el gas natural en Magallanes

El inciso tercero del artículo N° 2 de la ley N° 9618 que crea la ENAP (publicada en el Diario Oficial de fecha 19 de enero de 1991) establece que “La Empresa Nacional del Petróleo puede, además, sin que ello le esté reservado exclusivamente, ya sea directamente o a través de sociedades en que tenga participación, almacenar, transportar, transformar, tratar, procesar, refinar, vender y, en general, comercializar petróleo o gas…”

 Además, el articulo único de la ley N° 9618 refundida por la ley N° 18.888 del 20 de diciembre de 1989 de la Junta Militar de Gobierno, establece que: La Empresa Nacional del Petróleo puede, además, sin que ello le esté reservado exclusivamente, ya sea directamente o a través de sociedades en que tenga participación, almacenar, transportar, transformar tratar, procesar, refinar, vender y, en general, comercializar petróleo o gas, así como desarrollar cualquier otra actividad industrial que tenga relación con hidrocarburos, sus productos y derivados.”

 Tendría sentido entonces proponer una indicación en el proyecto de ley de tarificación del gas enviado por el Gobierno al Congreso, que establezca explícitamente que la Empresa Nacionaldel Petroleo es también una empresa distribuidora en el marco de esta  nueva norma legal.

En tal caso, sugerimos que la indicación pudiera incorporarse entre los artículos transitorios de la nueva ley (ver texto completo adjunto), donde se exprese que “conforme a lo establecido en las leyes N° 9618 y 18.888 se entenderá para los efectos de esta ley, que la Empresa Nacional del Petróleo es también un empresa distribuidora de combustibles en la región de Magallanes y Antártica Chilena“.

Manuel Luis Rodríguez U.

LEY ORGANICA DE LA EMPRESA  NACIONAL DEL PETROLEO

ley_9618_crea_enap

TEXTO REFUNDIDO LEY 18.888 SOBRE ENAP Y CEOPS.

ley_18888

TEXTO PROYECTO DE LEY DE TARIFICACIÓN DEL GAS EN MAGALLANES

Proyecto_Ley_del_Gas

Proyecto de ley de tarificación del gas para la región de Magallanes – Texto original completo

El suministro de gas natural constituye

para Magallanes una necesidad básica puesto

que no existe actualmente, a diferencia de lo

que sucede en otras regiones del país, la

posibilidad de acceder a una fuente

energética alternativa a valores similares. A

lo anterior cabe agregar que su población

consume esta primordial fuente energética no

sólo en mayor cantidad que en el resto del

país, por las bajas temperaturas que presenta

la región, sino también durante un período

mucho más prolongado de tiempo en el año en

comparación a otras zonas. Así, el uso del

gas natural es determinante para la vida

cotidiana del magallánico y su disponibilidad

más necesaria que para cualquier otro

chileno.

Proyecto_Ley_del_Gas

El proyecto de tarificación del gas para Magallanes: dudas y propuestas

Después de largos meses de inactividad y de  inexplicable demora, el gobierno ha enviado al Congreso Nacional el proyecto de ley de tarificación del gas para la región de Magallanes. El texto ha merecido diversas dudas de distintos actores sociales, gremiales y políticos. En el documento adjunto he procedido a aportar algunas observaciones y comentarios a este proyecto.

Tres aspectos  nos parecen relevantes a observar en el texto del proyecto: 1° el de la duración del beneficio en forma de subsidio y de la norma tarifaria, que la Asamblea Ciudadana ha propuesto sea de 20 años, a fin de ofrecer estabilidad tarifaria a la inversión y a los habitantes de la región, mientras el proyecto solo fija por 5 años; 2° que el beneficio incluya especialmente a los servicios de utilidad pública y pymes; y 3° que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles adopte efectivamente medidas de control y fiscalización en todo el proceso de suministro del gas en la región.

Manuel Luis Rodríguez U.

PROYECTO DE LEY TARIFICACION GAS MAGALLANES 2011 CON COMENTARIOS MLR

Encuesta CERC Agosto Septiembre de 2011 – Barómetro de la política

La más reciente encuesta CERC, publicada hoy 27 de septiembre y adjunta a este post, refleja la persistencia de la caida de popularidad del gobierno y de los grandes actores políticos chilenos.  La crisis educacional se acompaña de una profunda crisis de la credibilidad de la autoridad y de toda la clase política.

Crisis educacional + crisis política + crisis de la Concertación, parecen ser los ingredientes centrales de un escenario socio-político convulsionado donde aparecen las carencias de liderazgo que aquejan a la sociedad chilena.

Un primer elemento de análisis de esta encuesta es que la persistente caida de la popularidad del gobierno y del grado de adhesión ciudadana, comienza a constituirse en un factor de interrogante muy serio acerca de la verdadera capacidad de la coalición gobernante de mantener su actual cuota de alcaldes y concejales en las elecciones municipales de octubre de 2012.  La prolongación del conflicto estudiantil hasta fines del año y el verano de 2012 puede repercutir sobre las expectativas e intenciones de voto de las municipales del año próximo.

Una baja en la votación municipal de la derecha en las municipales de octubre 2012, pudiera significar también efectos negativos sobre las parlamentarias y presidenciales de 2013.

Un segundo criterio de análisis debiera ser comprender la complejidad del deterioro de la credibilidad del Presidente y del gobierno incluso entre quienes han sido los tradicionales electores de la derecha chilena. 

Y un tercer concepto a considerar es que este deterioro de la popularidad del gobierno se da en un contexto de movilización social y ciudadana, de creciente protesta y descontento social contra el gobierno, y sobre todo contra todo el sistema político y de representación.  A la crisis educacional (que ya se prolonga cinco meses) se suma una crisis de credibilidad, legitimidad y representación política que afecta a la Coalición por el Cambio y a la Concertación, al gobierno y a los partidos políticos y que no tiene precedentes en la historia democrática del Chile contemporáneo.

¿La salida a la crisis educacional es una salida política o una salida estrictamente educacional?

La crisis educacional desbordó el problema de la educación e instaló un debate amplio y diverso acerca del orden político: un orden político percibido como anticuado, elitista y poco representativo, mientras la ciudadanía reclama más y mejor participación, más y mejor democracia.

Cuando se observa el desarrollo del actual movimiento estudiantil y su despliegue en el escenario político y social, resulta cada vez más evidente que, dotado de una notable capacidad de ejercer presión, puede poner condiciones al gobierno y beneficiarse de un amplio respaldo ciudadano, movilizandose con legitimidad y capacidad de multiplicación.

Asistimos a la irrupción de la ciudadanía en el sistema político, empujando en dirección de cambios profundos en el Estado y en las instituciones políticas y sociales.

Manuel Luis Rodríguez U.

ver encuesta CERC agosto septiembre 2011.

barometro_de_la_politica_agosto-septiembre2011 CERC

La evaluación docente como arma de destrucción política

En frecuentes ocasiones, se ha utilizado el tema de la evaluación docente de los profesores en Chile, como un argumento en contra del gremio de los educadores.  Las evaluaciones docentes, han sido utilizadas por autoridades y gobiernos como pretendida “arma de destrucción política” ante el Colegio de Profesores e incluso en contra de su actual Presidente Jaime Gajardo y su directiva.

El hecho concreto y real es que, sin embargo, las evaluaciones docentes se vienen aplicando sistemáticamente hace varios años y la más reciente el año 2010, como aparece en el documento adjunto al pie de página.

Lo que el Colegio de Profesores y sus dirigentes han criticado de este proceso evaluador, no es la evaluación misma como concepto, que es inherente a todo proceso pedagógico y académico, sino a su uso como herramienta política o ideológica para cuestionar el rol del magisterio en el proceso educativo.  Toda evaluación, y especialmente la evaluación del desempeño magisterial obedece a procesos organizados e institucionalizados, a criterios comunes y compartidos y a estándares reconocidos y validados.

Otra cosa son los resultados que los informes disponibles de los sucesivos procesos de evaluación, donde observamos una creciente tendencia a la mejoría en la calidad y puntuación de los datos resultantes de los portafolios de los profesores evaluados.  No se trata de adoptar un punto de vista conformista ni mucho menos: se trata de intentar ser objetivos con los datos disponibles y no permanecer enclaustrados en una postura dogmática: las evaluaciones docentes en Chile se han sucedido sistemática y periódicamente y siempre hemos de ponderar los resultados satisfactorios con los datos negativos e insuficientes.

Cuando se comparan estos datos con aquellos provenientes de la OCDE, existe una clara correlación que debe ser reconocida por los analistas. 

¿Tenemos un problema generalizado de mala calidad o de escaso profesionalismo del cuerpo docente?  Tendríamos que interrogarnos, entre otras preguntas, sobre la calidad de los procesos académicos que resultan en las carreras de pedagogía de las universidades chilenas.

Manuel Luis Rodríguez U.

Resultados_Ev_Docente_2010_29032011

INFORME EDUCACION SUPERIOR EN CHILE OCDE1