INFORME COMISION INVESTIGADORA CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE LUCRO EN LA EDUCACION.
RESUMEN EJECUTIVO
La responsabilidad política del Estado de Chile
El actual sistema de educación superior data de los años ochenta cuando la dictadura cambió el modelo institucional de educación superior hacia un modelo donde se privilegia la libertad de enseñanza, entendida como libertad para realizar emprendimientos educativos, aunque no desde el punto de vista comercial ya que los define sin fines de lucro.
Durante más de 30 años el Estado creó todo un conjunto de normas orientadas a crear, incentivar y fortalecer un sistema de educación superior privado prácticamente desregulado. Teniendo facultades para hacerlo, en 30 años el Estado no ha realizado ninguna fiscalización, auditoría o simple revisión para determinar la existencia de lucro en alguna de las instituciones privadas. Además, no ha ejercido sus funciones legales para solicitar en pos de la transparencia del sistema, entre otros, antecedentes a instituciones de educación superior relacionados con conflictos de intereses existentes y denunciados de los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, agencias acreditadoras, balances de gastos, publicidad engañosa, etc.
Es responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar el correcto funcionamiento del sistema de educación superior en Chile, responsabilidad que no ha ejercido quebrantando con ello la fe pública en el sistema de educación superior y en el estado como garante de una educación de calidad para sus ciudadanos y ciudadanas.
El Estado ha tenido y tiene, una responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación superior privada sin regulación, privilegiando el derecho a libertad de enseñanza, entendido como la libertad de entrada a la oferta educativa por sobre el ejercicio del derecho a la educación, transgrediendo los principios de calidad, equidad, responsabilidad, integración y transparencia, todos ellos inspiradores del sistema educativo chileno, según la LGE. Esto implica que hoy es casi total la competencia que existe entre universidades privadas y tradicionales, sometidas estas últimas a niveles de control que se ejerce sobre su gestión y estructura de funcionamiento.
Lucro en la educación superior
El Estado no tiene un mandato claro para sus universidades, menos para las de regiones. Más bien se propende a que estas funciones las ejerzan privados, sin ningún tipo de regulación y con fines de lucro.
Por “lucro” se entiende “aquel retiro de excedentes en beneficio directo de los creadores, organizadores o controladores de la corporación universitaria correspondiente”. La investigación de la Comisión concluye que no solamente existe lucro en la educación superior, sino que además todo el marco normativo que regula el sistema de educación superior, especialmente respecto a la existencia de lucro, no funciona.
Los principales mecanismos detectados por la Comisión mediante los cuales las universidades transgreden el requisito legal de ser corporaciones educacionales sin fines de lucro, son los siguientes:
– Altos sueldos a miembros del directorio o ejecutivos importantes: A diferencia de otras empresas, en las universidades se pueden pagar sueldos más altos a estas personas sin que exista un límite legal aceptado tributariamente, o sin que reporte otras consecuencias tributarias negativas.
– Externalizar servicios relevantes: En lugar de retirar las utilidades directamente, se le pagan a empresas relacionadas (“sociedades espejo”) desde donde sí pueden retirarse y/o distribuirse a sus propietarios.
– Las universidades están exentas al impuesto a la renta (primera categoría): Esto implica que en lugar de adquirir directamente activos fijos que puedan después depreciar (como los inmuebles que usan), les resulta mucho más conveniente hacerlo a través de empresas distintas que sí puedan aprovechar la depreciación, y sean estas las que se lo arrienden a la universidad.
– Altos sueldos a los miembros de las empresas relacionadas mencionadas en el punto anterior, financiados con los recursos emanados de la universidad.
– Incorporación de familiares al directorio de la universidad o alguna empresa relacionada: Con eso pueden repartir un mismo ingreso alto entre distintos parientes, diseminando más y por lo tanto disminuyendo lo que pagan por impuestos.
– Vender su cartera de deudores incobrables a una empresa de factoring, que puede estar relacionada a los fundadores de la universidad. Así, dejan las deudas cobrables en la universidad (donde no pagan impuestos), y las incobrables en la empresa de factoring donde se pueden descontar como gasto necesario para producir la renta.
– Compra y venta de universidades, bajo el control de grupos económicos y extranjeros.
– Pagos de royalties, patentes u otros conceptos a terceros, nacionales o extranjeros.
– Aumentar los ingresos o excedentes de las universidades por distintas vías: Subir aranceles, aumentar indiscriminadamente la matrícula, reducir costos de operación sacrificando calidad académica, especulación financiera con dineros provenientes de fondos públicos, etc.
– Crecimiento de las universidades a través de donaciones de empresas relacionadas con sus creadores/organizadores de las universidades y/o de las “sociedades espejo”.
Quiénes lucran
Compra y venta de universidades
– Las Universidades de Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, AIEP, todas del grupo Laureate, que reúne 76 instituciones de educación superior en 27 países del mundo.
– Universidad Santo Tomás, comprada por el Fondo de inversiones Linzor Capital, que tiene contempladas inversiones en distintos países de América Latina en diversos sectores de la economía.
– UNIACC, comprada el año 2008 por el grupo Apollo.
Sociedades espejo
– Universidad del Desarrollo, a través de la Sociedad Inmobiliaria Ainavillo
– Universidad del Mar, a través de varias sociedades inmobiliarias: Inmobiliaria del Mar, Firma Terramaris SA, Inmobiliaria e Inversiones Rancagua, Inmobiliaria e inversiones doña Teresa SA, Inversiones La Serena SA, Inversiones Los Placeres, Valaparenas SA.
Si bien sobre las instituciones mencionadas hay antecedentes públicos y denuncias efectuadas sobre las cuales la Comisión tuvo conocimiento, la Comisión no descarta la posibilidad de que esta sea una práctica generalizada en la industria de la educación superior del país.
Acreditación y su relación con el lucro
Los mecanismos de aseguramiento de la calidad han sido quebrantados por varias razones:
a) haber definido un proceso de evaluación centrado en insumos y procesos y no en resultados.
b) conflictos de interés que se derivan del origen de las membresías de la Comisión Nacional de Acreditación.
La acreditación en particular ha hecho crisis por dos razones. Por un lado, porque se estableció como obligatoria para las carreras de Medicina y Pedagogía, lo que generó enormes presiones para que las instituciones que imparten estas carreras fueran acreditadas.
La otra razón es que se estableció como condición para acceder al CAE, que es una enorme fuente de recursos. El 35% de los alumnos de las universidades privadas tiene CAE, el 34% de los IP y el 22% de los CFT. El 60% de los CAE recaen en 5 grupos económicos que controlan universidades privadas.
El criterio que permite a una institución acceder al CAE es la mera acreditación, aun cuando sea de tan solo un año. El informe del Banco Mundial sobre el CAE da cuenta de que muchas instituciones apalancaron su explosivo crecimiento de matrícula en este Crédito, llegando algunas incluso a ser derechamente dependientes del CAE, situación que las pone en riesgo financiero.
(Fuente de este resumen: www.fech.cl)
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