Se abrió un forado en el muro

Se siguen cayendo los muros.

El fallo del Tribunal Constitucional rechazando el recurso de inconstitucionalidad presentado por parlamentarios de RN y de la UDI, ha abierto un serio forado en el muro de contención del sistema político neoliberal en Chile.

La argumentación de la derecha presentada al Tribunal, muestra que la verdadera postura de ambos partidos era y es contraria a aceptar la cuota de género en las elecciones y primarias de los partidos, es contraria a darle mayor representación a las regiones y a las regiones extremas, aunque en el discurso público esos partidos pretendan decir lo contrario.  Era falsa también la palabrería de la derecha diciendo que el incremento del número de parlamentarios no estaba financiado, ya que el Ministerio de Hacienda y la Presidencia demostraron con informes financieros, que el mayor gasto deberá salir del propio presupuesto del Congreso Nacional.

Ha llegado la hora de un cambio estructural en el sistema político.

Se ha abierto un forado en el muro de contención que frenaba e impedía los cambios, no solo porque la mayoría parlamentaria de la Nueva Mayoría en el Congreso logró aprobar el cambio del sistema electoral, sino también porque el Tribunal Constitucional dió la razón al Gobierno.

La derecha ha sido derrotada en el Tribunal Constitucional.

O por decirlo en términos más gruesos: una derecha desprestigiada fue derrotada en un desprestigiado Tribunal Constitucional, poniendo término a un desprestigiado sistema binominal.

Y sobre todo, se ha abierto un forado en el muro (aparentemente) inamovible del sistema político neoliberal dominante, porque la intensa discusión para terminar con el binominal prefigura y anticipa el debate sobre la nueva Constitución. La política chilena se presenta claramente diferenciada, entre los sectores conservadores que tratan de sujetar y contener los cambios (bajo diversos argumentos especiosos, como el de que “la política no le interesa a la gente”, o que “otros asuntos más importantes que discutir”, que los “políticos son todos unos corruptos”; y los sectores políticos y sociales que impulsan cambios en el marco de un programa de gobierno que sigue su curso y su trayectoria, a pesar de los vaivenes y crisis.

El dilema de hoy está entre seguir con la misma institucionalidad política democrática a medias y binominal, o avanzar hacia cambios por más democracia, mejores instituciones y más participación ciudadana.   El dilema político central del presente es “igual democracia o mejor democracia”, la misma democracia u otra democracia más abierta y participativa, con instituciones sólidas y con gobiernos (centrales, regionales y locales) cada vez más legitimados.

La discusión sobre el binominal sacó a la superficie una nueva configuración del campo político, donde los extremos lo ocupan sectores agrupados bajo una lógica “autónoma”, inorgánica y impredecible, y sectores ultraconservadores que se la juegan (y se la han jugado desde antes de la campaña presidencial del 2014) por intentar destruir la imagen de Michelle Bachelet desprestigiando de paso a la Nueva Mayoría.  Y donde el campo de la centro-izquierda se disputa entre una Nueva Mayoría que necesita consolidarse y proyectarse y sectores progresistas que necesitan definir su verdadero domicilio político y social.

Y en medio de un escenario turbulento por los casos de corrupción entre algunos sectores políticos y algunos grupos empresariales coludidos a propósito del financiamiento a campañas electorales, la decisión del Tribunal Constitucional arriesga pasar casi inadvertida, pero no pierde su importancia histórica.

Terminado el sistema electoral binominal, rechazado el recurso de la derecha en el Tribunal Constitucional (último muro de contención que le queda al sistema político heredado de la dictadura), ahora queda abierto el escenario y el espacio público para abrir el debate participativo y el diálogo ciudadano a propósito de la nueva futura Constitución.

Texto del fallo del Tribunal Constitucional que rechaza requerimiento de la derecha contra proyecto fin al binominal

El siguiente es el texto del fallo del Tribunal Constitucional que rechaza requerimiento presentado por la derecha contra proyecto de ley aprobado que elimina sistema binominal y crea un sistema electoral proporcional.

Lea y descargue aquí el Fallo del TC de fecha 30 de marzo de 2015.

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73% de los chilenos apoya la idea de una nueva Constitución para Chile

En la más reciente encuesta de opinión de Plaza Pública CADEM, la Presidenta Michelle Bachelet cierra marzo con su peor registro: 32% aprueba y 58% desaprueba la forma como está conduciendo su gobierno. Más compleja es la fotografía de la última semana de marzo donde la aprobación se ubica por primera vez en un 29%, bajo la barrera sicológica del 30%. En otros temas, y considerando el contexto de desafección con el actual sistema político y las instituciones, un 29% considera que Chile va por un buen camino desde lo político, económico y social, mientras, un 56% considera que vamos por un mal camino. Por último, un 73% está de acuerdo y sólo un 13% en desacuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución.

A este respecto observamos que el alto nivel de adhesión ciudadana a la nueva Constitución, se explica por la creencia que mejorará la confianza en las instituciones, mejorará la calidad de vida de las personas y permitirá resolver la crisis del sistema político.

Sin embargo, observamos en esta encuesta, que un 48% de los encuestados considera que la Constitución hay que modificarla en algunos aspectos y un 41 % afirma que hay que cambiarla por completo.

Sin embargo, a la hora de consultar el conocimiento de la Constitución, solo un 24% de los encuestados declara conocerla, de donde puede deducirse que el nivel de conocimiento de la carta constitucional es minoritario en la ciudadanía.

Lea y descargue aquí el Informe:

ENCUESTA PLAZA PUBLICA CADEM 30 MARZO 2015

Al rescate de la función pública

El martilleo ideológico neoliberal desde los oscuros años dictatoriales en contra del servicio público y del Estado, ha dejado una huella duradera en el subconsciente colectivo de los chilenos.  La majadera repetición que el Estado es lento, que la administración y los servicios públicos son burocráticos e ineficientes, se acompaña con el discurso ideológico que las empresas son más eficientes y que el mercado resuelve las desigualdades.

La actual crisis originada por las emergencias tanto en el Norte como en el sur de nuestro país, permite a muchos aprovechar el descampado para disparar contra los servicios públicos, mientras silencian la verguenza de las trabajadoras temporeras encerradas en containers con candado o la polémica por los derrames de residuos de las explotaciones mineras.

Cuando se analiza la conducta política de los recientes gobiernos -especialmente del gobierno anterior de Piñera- respecto de la función pública, nadie puede negar que fue una sucesión de situaciones donde se continuó deteriorando la función pública, el servicio público y su prestigio, con casos “emblemáticos” como el fracasado Censo del INE, el Servicio de Impuestos Internos desprestigiado por el sr. Pereira, el fiasco de la CASEN del Ministerio de Desarrollo Social, los conflictos de interés de Ministros y Subsecretarios, el perdonazo de Impuestos Internos a Johnsons, los sobreprecios del Plan AntiDrogas del Ministerio del Interior, el escándalo MINVU Kodama, el escándalo de Chile Deportes en diciembre de 2010, el Plan banderas del Bicentenario, el caso del programa Manos a la Obra del Ministerio del Interior por el 27F, y varios etcéteras.

Al revés de la creencia alimentada por los medios y los sectores conservadores, el servicio público en Chile está constituido por una vasta dotación de funcionarios y profesionales que se esfuerzan por hacer bien su trabajo, con probidad, con dignidad, con respeto a la función pública y con la responsabilidad que les cabe como servidores públicos. Las excepciones confirman esta regla.

En una época en que la corrupción está quedando al descubierto en las oscuras relaciones entre empresarios y políticos para el financiamiento de campañas electorales, el servicio público en general en Chile no puede ser manchado de acusaciones de corrupción ni de tráfico de influencias, pero donde los servidores públicos cumplen con su trabajo aun en medio de las limitaciones y a veces incluso de la precariedad de recursos.

Reconocemos que el principio de probidad  está íntimamente vinculado a la existencia de un régimen democrático, por cuanto este sistema político, no sólo tiene una naturaleza procedimental sino también sustantiva y es precisamente, este último carácter el que le otorga mayores grados de legitimidad al sistema democrático, por cuanto parte de él está constituido por el respeto al principio de probidad de todos los servidores públicos. Ello significa que la actuación honesta de quienes tienen la responsabilidad de conducir al Estado y de desempeñarse en la función pública, permite la construcción de un régimen en que las autoridades trabajan en forma eficiente y por y para los ciudadanos y no para ellos o sus grupos de interés.

 El principio de probidad está también estrechamente ligado con el principio del Estado de Derecho, ya que implica la estricta sujeción de la autoridad estatal y de los ciudadanos al ordenamiento jurídico preestablecido, soin perjuicio de la legitimidad de su modificación y cambio. De aquí se desprende entonces, que el principio de probidad obliga tanto a los titulares de los órganos públicos como a toda persona, institución o grupo.

A su vez, el principio de probidad administrativa importa el deber de desempeñarse con rectitud en el ejercicio de la función pública y siendo esa su finalidad, existe una diversidad de mecanismos destinados a promover y hacer cumplir dicho principio, mecanismos que suponen la existencia de un sujeto fiscalizado y otro fiscalizador. En lo que se refiere a estos últimos, los sistemas jurídicos entregan esa labor, esencialmente, a los propios órganos administrativos o a órganos institucionales independientes como son los tribunales de justicia, pero en un sistema democrático, el mejor ente fiscalizador sería la propia ciudadanía porque es la que tiene el mayor interés en perseguir y denunciar los actos de corrupción.

 No obstante, tal control ciudadano implica que las personas tengan acceso a las información de las autoridades y funcionarios públicos, que les permita conocer de su desempeño y perseguir las responsabilidades administrativas del caso y uno de los mecanismos que permite este acceso, sería la declaración pública de intereses y de patrimonio de las autoridades y de ciertos funcionarios públicos, cuyo conocimiento permitiría a cualquier persona interesada, contrastar la actuación de la autoridad o funcionario con su correspondiente deber legal, fomentando así la transparencia y disminuyendo, en consecuencia, la práctica del secretismo.

La labor de los servicios públicos en Chile se realiza, por otra parte, no solo en medio de una oleada de desprestigio, sino en un contexto en que las condiciones de trabajo son particularmente difíciles, con precariedad del empleo especialmente.

Manuel Luis Rodríguez U.

Ciudadanía, democracia y régimen político en la nueva Constitución: contribuciones para el debate ciudadano

Este documento contiene un conjunto de proposiciones para reflexionar y debatir acerca de algunos aspectos centrales de la futura Constitución Política, una carta fundamental democrática.

Este ensayo contiene un conjunto de propuestas para una nueva Constitución, desde el punto de vista de la organización institucional del régimen político y del Estado.

Uno de los principios articuladores de esta propuesta es la idea que el poder debe ser atribuido  a la ciudadanía, a las regiones.

Aquí sustentamos la noción que el poder político en la nueva Constitución debe estar basado en el principio de la soberanía popular ejercida por la ciudadanía y por las instituciones que fija la carta fundamental.

En síntesis, se propone la configuración constitucional de una república democrática representativa reforzada y legitimada por la ciudadanía mediante un conjunto de instituciones de la democracia participativa y plebiscitaria, mediante un régimen político parlamentario.

Lea y descargue el documento:

CIUDADANÍA DEMOCRACIA REGIMEN POLITICO NUEVA CONSTITUCION 2015

Declaracion del sector progresista de la Democracia Cristiana de cara a las elecciones internas

CREEMOS EN UNA DEMOCRACIA CRISTIANA PROGRESISTA Y COMUNITARIA PARA HACER LOS CAMBIOS QUE CHILE NECESITA DESDE LA NUEVA MAYORIA Y DE NUESTRA VISION COMUNITARIA. PORQUE CONFIAMOS QUE ESA SERA LA TAREA DE LA MESA QUE PRESIDIRA JORGE PIZARRO ES QUE ESTAMOS AHÍ CON SOLEDAD LUCERO COMO VICEPRESIDENTA, CON TODO NUESTRO APOYO.

SANTIAGO, MARZO DE 2015.

 

 

UNA DEMOCRACIA CRISTIANA PARA LIDERAR, IMPULSAR Y PROYECTAR HACIA EL FUTURO LOS CAMBIOS QUE EL PUEBLO CHILENO DEMANDA

 

POR UNA NUEVA CONDUCCION POLITICA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

La Democracia Cristiana nace a la vida política nacional para transformar y reemplazar las estructuras injustas que vulneran los derechos y el desarrollo de todos los habitantes de Chile. Por ello, en esta nueva etapa de transformaciones en el país, la democracia cristiana debe estar a la vanguardia de este proceso,  pues concebimos a la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y el acceso a la justicia, como derechos fundamentales que el Estado Social Constitucional de Derecho debe garantizar a todos y todas las personas que residen y forman parte integrante del país.

Como demócratas-cristianos, inspirados y haciendo historia los acuerdos del V Congreso del PDC, debemos luchar junto a las organizaciones sociales y otras fuerzas democráticas en la construcción de un nuevo régimen político que implica necesariamente una Nueva Constitución Política para Chile, más democrática, representativa e inclusiva, que identifique a todos/todas y surja de en un proceso participativo y popular.

La democracia cristiana impulsará una profunda transformación de las condiciones de desarrollo y crecimiento del país, dando protagonismo efectivo a las regiones y las comunas impulsando el trabajo comunitario y participativo. En ese mismo sentido, la DC debe liderar la transformación del sistema de relaciones laborales que promueva y garantice efectivamente, a todos los/as trabajadores/as, el ejercicio pleno de los principios y derechos fundamentales del trabajo. Asimismo, liderará la transformación del actual sistema de seguridad social, con la finalidad de garantizar no sólo su eficiencia, sino de recuperar su carácter solidario

Debemos impulsar un autentico proceso de participación popular y social, profundizando las actuales normativas,  pero siendo fieles a nuestra vocación comunitaria y participativa, otorgando potestad al pueblo en los procesos de toma de decisiones en programas comunales, regionales de desarrollo.

Debemos impulsar un cambio en el modo de observar y desarrollar la vida de nuestra comunidad,  poniendo a los derechos humanos en el centro de nuestra opción política promoviendo el personalismo y el comunitarismo. La persona humana y la comunidad organizada es la identidad del pueblo demócrata cristiano.

Deberemos promover una nueva gobernanza de los asuntos políticos y sociales en Chile, con una coherencia en la gestión del estado y del gobierno, con mecanismos de participación y transparencia, con injerencia de la ciudadanía en las decisiones relevantes mediante plebiscitos informados y obligatorios y se impulsará el voto obligatorio como modalidad de ampliación de la democracia participativa y social.

La envergadura de la tarea comprometida con el país, tras­ciende la duración del actual Gobierno y por consiguiente, la continuidad del ideario depende de nuestra capacidad para asegurar la unidad política y social de nuestra mayoría electoral. Para esto precisamos un partido fuerte y en permanente diálogo hacia dentro y hacia fuera con nues­tras fuentes y con los humanismos laicos y socialdemócratas, con nuestra propia diversidad y con las diversidades ajenas, y con los distintos tipos de grupos sociales y de familia. Necesitamos recuperar la jerarquía de los órganos de conducción partidaria como instituciones de derecho de nuestra democracia representativa. Necesita­mos, en suma, re-organizar, re-institucionalizar y re-so­lidarizar la comunidad de personas libres e iguales a la que aspira a ser la Democracia Cristiana del Siglo XXI.

 

LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN LA HORA PRESENTE

Durante el último tiempo, la oposición de derecha ha querido hacer creer al país que hoy hay un empate de fuerzas y que el Gobierno ha perdido la mayoría soberana lograda en él 2013. Esa falsa percepción de la gente, tiene origen en un peligroso conflicto sociocultural que hay que resolver “si o si”. Al efecto, para configurar esta falsa imagen de un “poder empatado”, se echa mano de informaciones adulteradas, anuncios de crisis económica, campañas de desprestigio de la política y de los políticos, finalmente ahora se proclama un  “desfonde moral” generalizado. Chile no es un país corrupto pero hay vacíos institucionales que corregir a tiempo y que se arrastran a partir del “modelo” generado en dictadura.

Es indudable que el proceso de reformas impulsado por el Gobierno le ha generado cos­tos reales de opinión por las caídas circunstanciales en la adhesión y la popularidad. El hecho es que las dificultades son actuales, pero los beneficios de los cambios estructurales son de mediano y largo plazo. Las causas del declive, al parecer  radican en problemas de diseño estratégico, ha habido escasa capacidad de movilización política de los activos favorables a las iniciativas. El descontento de la opinión pública suma entonces distorsionadamente a quienes no quieren las reformas y a quienes han visto frustradas sus expectativas del programa de gobierno coyunturalmente.

Si el dilema de Chile es emprender las profundas transformaciones que su pueblo reclama para responder a los anhelos de justicia e igual­dad, hay que concretarlas a pesar de la oposición de  minorías rígidas. Hay que sobrepasar los escollos con soluciones eficientes y no con amenazas inciertas de crisis económica, política, social, moral e institucional.

La Demo­cracia Cristiana debe desempeñar un papel activo en la conducción de estos cambios “de segunda fase” como parte de la Nueva Mayoría, asumiendo el desafío de fortalecerla y consolidarla porque es la principal y segura garantía, para el progreso de los derechos y de la dignidad de los chilenos. La actuación de la DC debe traducirse en una conducción política resuelta, que coordine la acción del Gobierno, la Nueva Mayoría y las organizaciones sociales. Una ca­pacidad que debe hacerse sentir en la generación de ideas y propuestas de políticas públicas aceptadas y concordadas con la ciuda­danía.

Con esta nueva estampa pretendemos reconquistar la mayoría de la gente de las capas medias y sectores populares, articulando las fuerzas plurales hacia la justicia, la mayor paz social en equidad, el desarrollo integral y sustentable y la profundización democrática en una sociedad más humana y comunitaria.

Por eso, queremos construir un partido inclusivo, participativo y transparente y en ese sentido, nuestros desafíos están en lo institucional, la formación y la convivencia interna del PDC

 

EL DESARROLLO LA INSTITUCIONALIDAD DEL PDC

  1. En el año 2015 priorizaremos la organización y desarrollo del VI Congreso Ideológico de carácter participativo, inclusivo y con amplia participación social y regional.
  2. La Mesa Nacional del PDC actuará como organismo ejecutivo de las orientaciones fijadas por el Congre­so, la Junta Nacional y el Consejo Nacional del partido.
  3. El Consejo Nacional, será organizado en comités de áreas de tra­bajo, a los que contribuirán como instancias consultivas, las comisiones técnicas y los consejos nacionales de los frentes y departamentos del partido.
  4. Se organizarán las Comisiones Internacional, de Re­laciones Laborales, Económica y Social, Constitucional, Educación y de Derechos Fundamentales.
  5. La acción de los frentes y departamentos, especial­mente los orientados a los jóvenes, las mujeres, los pro­fesionales, los trabajadores y el mundo popular, serán apoyadas con todos los medios necesarios para conseguir la reinserción del partido en las organizaciones y movimientos de la so­ciedad civil.
  6. El Consejo Nacional, formulará políticas públicas y programas de desarrollo que contribuyan al quehacer de la Democracia Cristiana en el Gobierno, el Parlamento, los Gobiernos Regionales y los Municipios.
  7. Apoyaremos a las instancias internas que reúnen a alcaldes, concejales, consejeros regionales e intendentes para la elaboración del Plan Estratégico de Gobiernos Regionales y Lo­cales de la Democracia Cristiana.
  8. Reorganizaremos la estructura del partido de acuer­do al nuevo sistema de elección de parlamentarios, inten­dentes y consejeros regionales y también según las nuevas formas de organización que adquiere nuestra sociedad.
  9. Impulsaremos y desarrollaremos un registro nacional de militantes del partido.
  10. Crearemos el Catastro de Organizaciones Sociales y de militantes presentes en las distintas organizaciones.
  11. Más Transparencia: En el contexto actual de desconfianza que la ciudadanía tiene de la clase política, es importante que el partido elabore estándares de transparencia activa y pasiva que permitan  abrir el partido a sus militantes y a la gente

 

LA FORMACIÓN DE LA DECISIÓN Y ACCIÓN POLÍTICA DE LA DC

  1. Crearemos la Corporación Editorial del Partido que recupere su antigua tradición de elaboración teórica, fo­mente el diálogo humanista cristiano y difunda las ideas de la democracia cristiana.
  2. Crearemos el Fondo de Financiamiento a la Investi­gación y Difusión de la memoria del Partido Demócrata Cristiano.
  3. Crearemos el Consejo para la Formación Política y Doctrinaria del PDC y emprenderemos un amplio, activo y permanente programa de formación política y doctrinaria para toda la mili­tancia.
  4. Instituiremos Consejos de Ética en todas las regiones.

LA CONVIVENCIA FRATERNA EN LA DC

 

  1. Realizaremos una acción de diálogo interreligioso y colaboración entre los diversos credos y religiones existentes en Chile, para buscar una base ética para la convivencia cívica.
  2. Convocaremos a un Gran Congreso Nacional de Educa­ción y Cultura que como expresión de la diversidad y el pluralismo de nuestro partido, permita construir una visión y un proyecto común.
  3. Llevaremos a cabo procedimientos de consulta di­recta a la militancia, sobre materias relacionadas con la organización interna, así como con la participación del partido en la vida política nacional.
  4. Instituiremos la Fiesta de la Fraternidad Democra­tacristiana, fecha de encuentro de todo el partido con sus tradiciones, sus líderes, sus testimonios, y sus grandes obras de transformaciones del país.
SOLEDAD LUCERO

HÉCTOR GARATE WAMPARO ALEJANDRA MIRANDA OLIVOS

HÉCTOR BARRÍA ANGULO

CARLOS DÍAZ AVENDAÑO

JOSÉ SOTO SANDOVAL

RAMÓN MALLEA ARAUS

MARIO ACUÑA PRAMBS

JUAN MIGUEL JARA

RAÚL COLLADO CONTRERAS

RENÉ ROJAS R.

PAULA ACEVEDO CORIA

ENRIQUE FELL ORELLANA

MARCELA ESPINOZA AHUMADA

JULIO CÁRCAMO GOMEZ

MARIANELA HUENCHOR H.

NESTOR SANTANDER MORENO LUIS “TATAN” MORENO ROJAS

VÍCTOR TORRES JELDRES

JORGE CONSALES CARVAJAL

HERNÁN DÍAZ ORTEGA

WALDO CRISOSTOMO MONROY

SILVIA SOTO OVIES

FREDDY CAMPUSANO CERDA

DIEGO CALDERÓN

IGNACIO BALBONTIN

PEDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

JUAN MANUEL SEPÚLVEDA M. MIGUEL SÁNCHEZ

RICARDO QUIROZ

JULIO MANQUES MALDONADO

VÍCTOR HERMOSILLA ARÉVALO

JORGE GRANDÓN G.

SORAYA OGAZ

JOSE MIGUEL SERRANO

MARIANO RUIZ ESQUIDE JARA

RICARDO HALABI CAFFENA

RAÚL DONCKASTER F.

ABDÓN ANAÍS ROJAS

CLAUDIO ACUÑA LEBLANC

PILAR MALLEA ARAUS

JOSÉ PATRICIO HUEPE G.

ALEJANDRO E. GONZALEZ

ROBERTO MORENO ARANEDA

VALERIA MARTÍ

ADRIANA LEDEZMA LEDEZMA

ROBERTO RAMOS GONZÁLEZ

ENRIQUE OJEDA

PATRICIO MANCILLA VELÁSQUEZ

VÍCTOR SÁEZ HENRÍQUEZ

GABRIEL POZO

SANTIAGO TRUJILLO

Discurso del Ministro Rodrigo Peñailillo en la inauguración del Pleno del Comité Central del Partido Comunista

Hace un año y diez días la Nueva Mayoría encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet asumió el gobierno y la conducción del país. Un año y diez días, donde el Partido Comunista de Chile se ha sumado con ideas, trabajo y compromiso a las tareas de gobierno.

Por ello, permítanme hacer un especial reconocimiento a los militantes del Partido Comunista y de las Juventudes Comunistas, en particular, a la Ministra Claudia Pascual, al Subsecretario Marcos Barraza, a quienes se han incorporado a distintas tareas de la administración del Estado,  los diputados y diputadas del Partido Comunista, y por cierto a los dirigentes sociales del Partido.

Su programa, su aporte, su lealtad con el programa y el aporte al gobierno de Michelle Bachelet, ha sido un soporte clave para llevar adelante la agenda de transformaciones estructurales que comprometidos ante la ciudadanía.

Quiero solamente destacar dos grandes avances del último tiempo en lo que trabajamos muy unidos. El fin al lucro en la educación y el fin al binominal. Son reformas fundamentales. El cambio de un modelo educativo que no daba más y de un modelo político electoral excluyente.

Sabemos que estamos en un momento importante para el país. Se trata de una situación que estamos enfrentando con absoluta decisión y unidad. Y vamos a avanzar hacia una legislación de hierro que separa de manera clara y nítida la política de los negocios. Tenemos un camino frente a este tema y sabemos que contamos y contaremos con el apoyo del Partido Comunista.

En primer lugar, apoyar y aportar al Consejo Asesor Presidencial nombrado por la Presidenta y la Nueva Mayoría, incluido el Partido Comunista, que ya están trabajando en propuestas que harán llegar a dicho Consejo.

Segundo, dejar que las instituciones hagan su tarea, sin interferencias.

Y tercero, auto exigirnos a todos mayores estándares, actuar con transparencia y ética en todo lo que hacemos.

Quiero señalarlo claramente. El rumbo estratégico del gobierno no se detiene y seguirá adelante.

Es un imperativo para el país, es un imperativo de país, para avanzar en la superación de la desigualdad. Tenemos un compromiso con Chile, tenemos una agenda de cambios para construir un país más inclusivo, más equitativo y más democrático.

En esa tarea, el aporte del Partido Comunista y la unidad de la Nueva Mayoría son fundamentales.

Este año, debemos seguir avanzando en la reforma educacional. Ayer estuvimos reunidos en Cerro Castillo y el mensaje de la Presidenta ha sido uno solo: la reforma no detiene su marcha. Y además, con los proyectos ya en trámite, este año avanzaremos en todos los temas de carrera docente, robustecimiento de la educación pública, y la gratuidad de la educación superior, asumiendo la educación como un derecho social.

Tenemos una potente agenda laboral en debate. Iniciativa clave para avanzar en la modernización de las relaciones laborales.

Ustedes bien saben que según la encuesta Casen del 2013, en nuestro país el sector más rico concentra el 51% de los ingresos autónomos y el sector más pobre, sólo el 4.4%. Y para mejorar la distribución del ingreso necesitamos mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Lo que incluye fortalecer los derechos colectivos de trabajo.

Y, por cierto, tenemos que seguir promoviendo el crecimiento y el desarrollo del país. Y eso implica inversiones, estabilidad y aprovechar la capacidad y talentos de las regiones.

Por lo tanto, quiero insistir en algo que ya he señalado. Sabemos de las dificultades, pero el gobierno tiene una mirada optimista respecto al futuro de Chile. Y tenemos un camino trazado para avanzar en los cambios que nos permitan superar la brecha de la desigualdad.

Es deber de todos fortalecer la unidad política y moral de la Nueva Mayoría y trabajar por su proyección para continuar avanzando en un Chile inclusivo, moderno y solidario.

Este Pleno que están realizando, es muy importante. Y lo que aquí acuerden, así como el resultado del próximo 25 Congreso del Partido Comunista de Chile, serán claves para seguir avanzando por este camino.

Amigas y amigos. Compañeras y compañeros.

No voy a terminar mis palabras sin antes sumarme al homenaje que ustedes realizarán mañana a quien fuera una gran mujer y gran luchadora. El ejemplo de consecuencia de Gladys Marín es y debe ser fuente de inspiración no solo para los comunistas de Chile. Sino inspiración para todos quienes aspiramos a una sociedad más equitativa, más inclusiva y más democrática.

Me enorgullezco de alguna manera de haber sido parte de uno de los grandes sueños de Gladys Marín como era terminar con el sistema binominal.

Compañeras y compañeros, muchas gracias y mucho éxito en este Pleno.

Palabras del presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, de agradecimiento por la presencia del Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile:

Agradecidos por la presencia del Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y expresar nuestro agradecimiento por el saludo que envío ayer la Presidenta Michelle Bachelet, que fue extraordinariamente bien acogido por nuestro Pleno.

Nosotros estamos al lado de la Presidenta en estos momentos difícil, y queremos relevar y decir que nos da mucha confianza el hecho de que a pesar de eso, ella haya puesto por sobre todo, la necesidad de seguir avanzando en el cumplimiento de las reformas que nos hemos propuesto.

Reconocer en la persona del Ministro del Interior, que ha sido un sostenedor incansable de esta decisión presidencial y que tiene todo nuestro respaldo político.

Este Pleno se ha desarrollado normalmente, y de los acuerdos gruesos que se empiezan a vislumbrar, está el hecho de que estamos todos de acuerdo en que hay que impulsar las reformas.

Nos vamos a comprometer a ello y lo vamos a hacer desde todos los lugares donde estamos. Desde el mundo social, desde el mundo político, desde la institucionalidad parlamentaria, vamos a hacer un esfuerzo supremo por contribuir a impulsar el programa de gobierno.

Quiero decir claramente, que existe toda esta situación que afecta a la institucionalidad, que pudiera impedir el desarrollo de las reformas, nosotros nos disponemos desde ya a defender el programa y sus reformas, y si es necesario, lo haremos como sabemos hacerlo, en la calle.

Nuestro Pleno piensa, y creo que es transversal en la Nueva Mayoría, que es necesario que sigamos adelante como Nueva Mayoría, ya sea como acuerdo político, como conglomerado, con el nombre que se le quiera dar.

Estamos en condiciones de pensar, con mucho optimismo, de tener un nuevo periodo presidencial  para consolidar lo que hemos hecho y además avanzar en nuevas reformas democráticas y de cambios y justicia social.

En ese empeño estamos creando las condiciones para nuestro Congreso Nacional en octubre, que seguramente va a ratificar este camino, y lo vamos a hacer con todo nuestro empeño, porque Chile se merece después de tantos años, que sigamos adelante porque hay muchas cosas que están pendientes, que sabemos que no se pueden hacer todas en este gobierno.

Vamos a terminar este Pleno con un homenaje a una gran mujer luchadora, Gladys Marín, que es un ejemplo digno de tener en cuenta en estos tiempos, porque ella luchó denodadamente por estos cambios. Fue leal con el pueblo de Chile, fue éticamente un ejemplo y nos sentimos, como Partido Comunista, muy comprometidos con esa figura.

Agradecemos la presencia en este Pleno, del Ministro del Interior. Muchas gracias.

El problema del Estado y el régimen político en la futura Constitución

El debate público y ciudadano sobre la futura Constitución se centrará en algún momento del próximo período, en torno a las cuestiones esenciales de contenido de la nueva Carta fundamental de la República.

Y uno de los nudos cruciales de la discusión será sin duda el tipo de Estado y de régimen político que prefieren los ciudadanos en este momento del desarrollo de nuestra nación.  No es un tema menor: se refiere esencialmente al tipo de organización política que la nación desea para los próximos decenios, el modo cómo se organizará la República en los umbrales del desarrollo.

La Constitución define el tipo de Estado en la forma del conjunto de atributos y funciones que el aparato público debe y puede desempeñar, tanto en el proceso de elaboración normativa, en la organización institucional y en la relación que el orden público va a tener con la ciudadanía, con la Nación.   En la historia de Chile y de los textos constitucionales (desde 1818 en adelante), ha sido el Estado (a través de la elite gobernante en cada coyuntura histórica) la que ha definido su carácter y sus relaciones con la Nación, hasta el punto que ha podido afirmarse que en Chile, a diferencia de los Estados-naciones europeos, primero fue el Estado y después se formó la Nación.

DESDE UN ESTADO SUBSIDIARIO DE LOS MERCADOS, A UN ESTADO AL SERVICIO DE LA NACIÓN.

Los más diversos sectores políticos y ciudadanos coinciden que una de las causas del actual estado de cosas en los asuntos públicos en Chile, encuentra su origen en el Estado subsidiario creado por la Constitución establecida por la dictadura en 1980.

No cabe duda que el modelo de Estado incide sobre el conjunto de la institucionalidad y este Estado subsidiario neoliberal, inspirado en ideólogos neoliberales estadounidenses (como Milton Friedman), ha significado un deterioro constante de la administración y una suerte de vaciamiento de la función pública a manos del mercado.

Aquí reside acaso una de las paradojas más brutales del Estado neoliberal implantado desde 1973: que fue un Estado para privatizar las empresas del Estado y los activos públicos, un aparato público para beneficiar a los capitales privados, a partir de la apropiación de las empresas públicas.

De esta manera, el Estado subsidiario ha sido funcional al modelo de desarrollo neoliberal, dejando al aparato público reducido a un rol complementario respecto de las omnímodas atribuciones y poderes de la iniciativa privada, los mercados y las empresas.

En el reino neoliberal del actual modelo de desarrollo en Chile, el Estado subsidiario sirve como aparato público y político de soporte a la actividad empresarial, pero deja a la nación y a la ciudadanía sometida y a merced de los intereses privados.

El modelo de Estado neoliberal subsidiario es una de las claves políticas e ideológicas de la Constitución de 1980.

El Estado subsidiario no sirve al interés general o al bien común: en realidad lo que hace es poner el interés general subordinado a los intereses particulares de los que compiten para conseguir los recursos públicos, para obtener beneficios privados.   En la lógica subsidiaria del Estado neoliberal en Chile, las ganancias (económicas) son para el actor privado, y las pérdidas (sociales) son para el público.

Uno de los efectos perversos del funcionamiento de este Estado subsidiario, es que los ciudadanos han pasado a convertirse en usuarios y en clientes, privatizando ideológica y culturalmente la condición ciudadana.

Para avanzar hacia un “régimen de lo público” se requiere pasar desde un concepto de Estado basado en la dependencia respecto de los mercados, a un concepto de Estado representante del interés general, actor primordial del bien común y aparato institucional al servicio de la Nación.

En la futura Constitución el Estado deberá ser el garante fundamental del bien común, el representante legítimo del interés general, el resguardo jurídico e institucional de los bienes públicos y de las riquezas básicas, de la educación, de la salud, de la seguridad social.

Después de 40 años de predominio de “lo privado”, ha llegado la hora y el tiempo de “lo público”.

Y la futura Constitución asentará su legitimidad no solo en el origen ciudadano de su contenido, sino en el contenido ciudadano de su texto.   Y la futura Constitución debiera poner a la Nación y a la ciudadanía en el centro de las instituciones, de los poderes, de las normas y de los principios.

Un Estado de derecho centrado en la protección de la ciudadanía y órgano político del gobierno de la nación, un defensor intransigente del patrimonio, del territorio y de la identidad nacional, pero sobre todo, un órgano de poder que asegura la estabilidad y la continuidad de las instituciones, que se relaciona profundamente con los ciudadanos, con la Nación.   No es un Estado omnímodo, es un Estado garante del respeto a los derechos, del ejercicio de los deberes y del acceso a las oportunidades.

Un Estado que reconoce a través de la Constitución las nuevas formas de ciudadanía, que expresa a la nación en su diversidad territorial, cultural, identitaria.   Una Nación que contiene culturas, identidades y pueblos diversos, o un Estado que reconoce diversos pueblos y naciones.

DESDE LA CENTRALIZACION A LA DESCENTRALIZACION.

La forma presidencial del régimen político en Chile, surge de una tradición que encuentra sus raíces en la época colonial, donde la centralización del poder se explicaba por la debilidad del orden político establecido y por la necesidad de control de un territorio no completamente sometido.

El presidencialismo resultó coherente con el centralismo político y administrativo, a lo largo de tres siglos de dominio colonial y de los recientes dos siglos de vida republicana.

En una época de cambios culturales y sociales profundos como la actual, el centralismo del Estado de Chile (y de su aparato administrativo) se corresponde exactamente con el centralismo corporativo y empresarial.   Constatamos que el centralismo no es solo un modo de organización del aparato público o de las entidades privadas, sino que opera también como una mentalidad, una ideología transversal implantada en el inconsciente colectivo de los ciudadanos.

El arco de opciones en el ámbito de la descentralización y la regionalización a partir de la diversidad y desigualdad territorial del país, va desde la perspectiva de un Estado federal (ensayado apenas en los inicios de la República) hasta las modalidades de Estado unitario con formas diversas de autonomías regionales.  Una cuestión que al ser debatida pondrá en tensión la relación entre la capital y las regiones, donde la “descentralización” se puede leer desde dos perspectivas distintas: una cosa es discutir la descentralización desde la región metropolitana hacia las regiones, y otra es poner en discusión la descentralización desde las regiones respecto de la capital nacional.   Un dilema político e institucional de importancia en un país, donde aproximadamente la mitad de la población del país vive en la capital nacional y la otra mitad en regiones.

Pero al mismo tiempo, surge la cuestión del tipo de régimen político que la ciudadanía entiende instaurar: un régimen presidencialista como el actual (con las ventajas de la centralización funcional y la unicidad de decisiones y las desventajas de la diversidad territorial), o un régimen político semi-presidencial o semi-parlamentario (con las ventajas de la distribución de facultades y recursos, y la desventaja de lo desconocido del ensayo).

Un Poder Ejecutivo con amplias facultades incluso legislativas o un régimen político donde el Ejecutivo y el Legislativo dispongan de un mayor equilibrio de atribuciones, sobre todo legislativas.   Un Presidente de la República con un Primer Ministro y un gabinete ministerial con atribuciones ejecutivas.

Un poder legislativo compuesto por dos cámaras, como ha sido históricamente desde la Constitución de 1833, o un parlamento unicameral, concepto que surge periódicamente en nuestro país.

El debate está abierto.

Manuel Luis Rodríguez U.

Se inauguró hoy Pleno del Comité Central del Partido Comunista en Santiago

Discutir sobre el balance del primer año de los comunistas participando en el gobierno de la Nueva Mayoría, analizar el cumplimiento del programa de la Nueva Mayoría, mirar lo que será el proceso electoral municipal, intercambiar opiniones sobre la participación y la movilización social y definir la fecha y los temas del Vigésimo Quinto Congreso, son algunas de las materias que serán discutidas en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista, inaugurado en el Congreso en Santiago, hoy viernes 20 de marzo del 2015.

El análisis se producirá a partir de la discusión de un Informe que fue presentado por el miembro de la Comisión Política y secretario general (s), Juan Andrés Lagos, que abordó materias políticas nacionales e internacionales, ámbitos de reformas y legislación, temas laborales, entre otros.

Además, habrá intervenciones especiales que tienen que ver con la discusión y balance en políticas sobre la mujer, los pueblos indígenas, derechos humanos, comunicaciones, movimiento social, asuntos electorales, situación económica nacional y educación.

El Pleno del CC fue inaugurado en el Congreso sede Santiago, contó con la participación de más de 70 miembros de esa instancia de la organización, y se prolongará hasta el sábado 21 de marzo. En un acto de masas el 22, en el Teatro Caupolicán, el presidente del PC, Guillermo Teillier, dará a conocer las conclusiones políticas del encuentro de los comunistas.

Entre los presentes en la reunión, a parte de Teillier y Lagos, estuvieron los diputados Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, la dirigente de las Juventudes Comunistas, Paz Carmona, el dirigente de la ANEF, Carlos Insunza, alcaldes y concejales comunistas y dirigentes regionales y nacionales del PC.

Un tema relevante de discusión tiene que ver con “consolidar las reformas estructurales”, analizar los contenidos de la reforma laboral y discutir sobre la implementación de una AFP estatal. También un énfasis en el debate será la situación y perspectivas del movimiento social y de la lucha de los trabajadores. Algo que también será discutido en este Pleno, es la proyección de la Nueva Mayoría como conglomerado político que reúnen a distintas fuerzas progresistas y democráticas. No estarán ausentes cuestiones como el impulso de la nueva Constitución e iniciativas para el combate a la corrupción.

Al hablar con la prensa, el presidente del PC, Guillermo Teillier, manifestó: “Acabamos de escuchar un extenso Informe que preparó la Comisión Política y que leyó Juan Andrés Lagos y ahora va a empezar la discusión. Se van a producir varias intervenciones especiales. Este Pleno tiene por objeto hacer un balance de este año, de la presencia del Partido Comunista en el gobierno, un balance de cómo van las reformas, una discusión de cómo seguir adelante el 2015, todavía faltan muchas reformas por hacer y una mirada también al futuro, es decir, qué es lo que vamos a hacer después de este gobierno. Los lineamientos que ha planteado el Informe, es que el Partido Comunista debiera orientarse a seguir fortaleciendo la Nueva Mayoría y para que esta Nueva Mayoría se proyecte mas allá del gobierno de la Presidenta (Michelle) Bachelet, tenga un nuevo programa que consolide lo avanzado hasta ahora, pero que además realice más reformas de carácter democrático y justicia social”.

Se recibió una carta de saludo al Pleno del CC del PC, de parte de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que en algunas de sus partes señaló: “Estoy segura de que el intercambio de ideas que realizarán hará que el Partido Comunista siga realizando las grandes contribuciones que ha hecho a lo largo de su historia para que Chile sea un país más justo, más digno y solidario”. Añadió que “quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles la lealtad y dedicación con que los comunistas, partido de la coalición de gobierno, ha colaborado para llevar adelante nuestro programa común”.

Bachelet apuntó que “el Partido Comunista es un partido con fuerza. Un partido con coraje. Es un partido que mantiene la misma bandera de lucha que enarboló siempre Gladys Marín, una mujer consecuente, una luchadora incansable que no se detuvo ni amilanó para denunciar las injusticias sociales y económicas que, tristemente, aún persisten en nuestro país y que son las responsables de las grandes desigualdades que el Chile de hoy todavía adolece”.

Estándares éticos y transparencia en el Chile de hoy

Estamos asistiendo a una suerte de “revolución ética” en nuestra sociedad.   En el marco de un cambio cultural profundo y extenso, donde se ponen en tensión los patrones de referencia de toda la sociedad, vemos saltar por los aires, los criterios morales tradicionales.

Sin perjuicio y a través de una sostenida tendencia de los medios de comunicación de subrayar las noticias negativas silenciando las positivas, asistimos hoy a una manifestación evidente del cambio cultural: una oleada profunda de reclamo moral, de exigencias indignadas de moralidad.  Se reclama con justicia por la transparencia pública, pero poco se habla de la urgente necesidad de una mayor y efectiva transparencia corporativa y empresarial.

La transparencia pública está siendo cada vez más regulada, vigilada, reglamentada y reforzada, pero la transparencia empresarial o corporativa deja mucho que desear todavía, como queda en evidencia cada vez que algún empresario chileno cae en las manos de los  estrictos sistemas de control empresarial estadounidenses.

En medio de esta insoslayable “revolución ética”, los chilenos exigen mayor transparencia de los servidores públicos, de la política y de la clase política, dejando al desnudo las oscuras relaciones entre los políticos y los empresarios, entre quienes detentan el poder económico y quienes ejercen el poder político.

La política ha quedado desnuda y los chilenos se están indignando.

Pero también han quedado desnudos los numerosos grupos financieros y económicos empresariales, que alientan y participan de este virtual descuartizamiento de la vida pública y que aparecen enredados en el suministro de cuantiosas sumas de dinero para el financiamiento de campañas electorales.   Cuando usted sabe que cada campaña a senador o a diputado costaba -y cuesta- más de 300 ó 400 ó 600 millones de pesos (por ejemplo), no puede menos que preguntarse ¿y de dónde “pecatas meas”, si no es de la “sacristía del señor empresario”…?

La política mezclada con los negocios y el dinero, han quedado desnudos.

Pero,  no podemos hacernos los ignorantes hoy, a mediados del siglo XXI, respecto de cómo la historia y la prehistoria de los grandes grupos económicos y financieros del Chile de hoy, nos habla de la más gigantesca operación de corrupción y de saqueo de los recursos y empresas públicas, perpetrada desde septiembre de 1973.  Fue desde entonces que se liquidaron, enajenaron, privatizaron decenas de empresas del Estado y cuantiosos activos públicos, a aquellos empresarios y altos mandos castrenses que ejercían el poder absoluto, todo a un precio irrisorio, de manera que a continuación esos mismos generales y uniformados que participaron en la decisión de la enajenación de empresas públicas, fueron a parar a las gerencias de las mismas empresas que habían privatizado.  ¿Eso no es corrupción?

El que después, en los años ochenta y sobre todo en los años noventa durante los gobiernos de la Concertación, esas mismas empresas privatizadas hayan ido a parar a manos de accionistas extranjeros y corporaciones foráneas, no es más que otra demostración del “patriotismo de bolsillo” de muchos grandes empresarios y políticos neoliberales en este país.

La operación que significó el desguasamiento del Banco de Talca, no es más que un apéndice menor de aquella gigantesca y corrupta privatización de los bienes del Estado de Chile.     Como todos saben y nadie debe olvidar, el Banco de Talca fue expropiado en 1971 por el Estado a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Al año siguiente, el Estado de Chile adquirió todos los activos que la agencia del First National City Bank en Chile. Pero, en el marco de las privatizaciones ejecutadas por la dictadura, en noviembre de 1975, mediante una licitación pública, CORFO vendió el 89,5% del capital del Banco de Talca a 542 personas naturales y jurídicas de la Región del Maule.

En el año 1979 el grupo empresarial Calaf-Danioni adquirió el 65% de la propiedad del Banco de Talca. Sin embargo, su último directorio y el empresario Sebastian Pîñera como Gerente General realizaron créditos millonarios (200 a 250 millones de dólares cuando el Banco sólo poseía 40 millones de dólares) a empresas de papel de su propiedad, los que se reinvertían en el mismo  Banco, para aumentar artificialmente su capital. Estas operaciones llevaron a la quiebra del Banco. Sus ejecutivos fueron declarados reos, pero huyeron de la justicia hasta que se sobreseyó la causa.

Perdón, ¿eso no es corrupción?

Si queremos comenzar a escribir la historia reciente de la corrupción en Chile, habría que dar cuenta de la forma arbitraria e interesada cómo fueron privatizadas “de un plumazo” y con un simple decreto-ley, casi todas las estatales Cajas de Previsión con cientos de miles de millones de pesos acumulados por varios millones de trabajadores, las que fueron traspasadas a las recién creadas AFP (Administradoras de Fondos de Pérdida), quedando como dueños de esas nuevas empresas, los mismos grandes empresarios que habían resultado beneficiados con las privatizaciones recientes.   Probablemente aquel fue el mayor desfalco al Estado en la historia de Chile, del cual hasta el día de hoy la pérdida para el erario nacional produciría una cifra incalculable.   Llamémosle corrupción masiva.

Y decimos “casi” todas las cajas de previsión, porque no deja de ser corrupta e inmoral la decisión (del dictador y sus secuaces civiles) de dejar fuera de la privatización de las jubilaciones, a las Fuerzas Armadas, de manera que hasta el día de hoy las pensiones y jubilaciones de los institutos castrenses, salen del bolsillo de todos los contribuyentes de Chile, a diferencia de las AFP donde cada uno “se las arregla como puede…”

Pero, aun tenemos Patria ciudadanos...

En el presente nos golpea una inesperada oleada de moralidad pública, que reclama desde la ciudadanía, que se transparente el financiamiento empresarial a la actividad política, apoyo financiero que siempre es a cambio de algo: decisiones con nombre y apellido, privilegios personalizados, exenciones a la norma, beneficios privados, laxitud en la fiscalización.   Los estudios de transparencia nacionales e internacionales dicen que Chile no es un país corrupto…pero el olor a corrupción se siente demasiado fuerte…

La política se resuelve (y se revuelve) en los tribunales de Justicia, en las Fiscalías, en el Ministerio Público, mientras en los directorios de las empresas y conglomerados económicos se intenta encontrar desesperadas “leguleyadas” que los salven del escrutinio fiscalizador y de las penas de cárcel.

Ahora en los años 2000, pasó delante de los ojos de todos los chilenos, la noticia que numerosos empresarios y políticos tienen sus dineros acumulados en bancos de “paraísos fiscales”, dejando al descubierto que tenían algo que ocultar.

Los estándares éticos que tenía Chile como sociedad hace 5 ó 10 años atrás, están siendo cuestionados, y tienen que ser replanteados.   Y este replanteamiento de nuestros estándares éticos en el Chile de hoy, nos obligan a mirar a la Constitución de 1980, como uno de los fundamentos conceptuales que han permitido esta privatización de la política y la moral, en nombre de los principios de la subsidiariedad del Estado y de la mercantilización de los asuntos públicos.

La ciudadanía reclama con mayor fuerza y razón una transparencia aún más amplia, profunda, rigurosa y exigente en la gestión pública y en la gestión empresarial, en la gestión gerencial y bursátil y en la gestión parlamentaria.

Manuel Luis Rodríguez U.