Se abrió un forado en el muro

Se siguen cayendo los muros.

El fallo del Tribunal Constitucional rechazando el recurso de inconstitucionalidad presentado por parlamentarios de RN y de la UDI, ha abierto un serio forado en el muro de contención del sistema político neoliberal en Chile.

La argumentación de la derecha presentada al Tribunal, muestra que la verdadera postura de ambos partidos era y es contraria a aceptar la cuota de género en las elecciones y primarias de los partidos, es contraria a darle mayor representación a las regiones y a las regiones extremas, aunque en el discurso público esos partidos pretendan decir lo contrario.  Era falsa también la palabrería de la derecha diciendo que el incremento del número de parlamentarios no estaba financiado, ya que el Ministerio de Hacienda y la Presidencia demostraron con informes financieros, que el mayor gasto deberá salir del propio presupuesto del Congreso Nacional.

Ha llegado la hora de un cambio estructural en el sistema político.

Se ha abierto un forado en el muro de contención que frenaba e impedía los cambios, no solo porque la mayoría parlamentaria de la Nueva Mayoría en el Congreso logró aprobar el cambio del sistema electoral, sino también porque el Tribunal Constitucional dió la razón al Gobierno.

La derecha ha sido derrotada en el Tribunal Constitucional.

O por decirlo en términos más gruesos: una derecha desprestigiada fue derrotada en un desprestigiado Tribunal Constitucional, poniendo término a un desprestigiado sistema binominal.

Y sobre todo, se ha abierto un forado en el muro (aparentemente) inamovible del sistema político neoliberal dominante, porque la intensa discusión para terminar con el binominal prefigura y anticipa el debate sobre la nueva Constitución. La política chilena se presenta claramente diferenciada, entre los sectores conservadores que tratan de sujetar y contener los cambios (bajo diversos argumentos especiosos, como el de que “la política no le interesa a la gente”, o que “otros asuntos más importantes que discutir”, que los “políticos son todos unos corruptos”; y los sectores políticos y sociales que impulsan cambios en el marco de un programa de gobierno que sigue su curso y su trayectoria, a pesar de los vaivenes y crisis.

El dilema de hoy está entre seguir con la misma institucionalidad política democrática a medias y binominal, o avanzar hacia cambios por más democracia, mejores instituciones y más participación ciudadana.   El dilema político central del presente es “igual democracia o mejor democracia”, la misma democracia u otra democracia más abierta y participativa, con instituciones sólidas y con gobiernos (centrales, regionales y locales) cada vez más legitimados.

La discusión sobre el binominal sacó a la superficie una nueva configuración del campo político, donde los extremos lo ocupan sectores agrupados bajo una lógica “autónoma”, inorgánica y impredecible, y sectores ultraconservadores que se la juegan (y se la han jugado desde antes de la campaña presidencial del 2014) por intentar destruir la imagen de Michelle Bachelet desprestigiando de paso a la Nueva Mayoría.  Y donde el campo de la centro-izquierda se disputa entre una Nueva Mayoría que necesita consolidarse y proyectarse y sectores progresistas que necesitan definir su verdadero domicilio político y social.

Y en medio de un escenario turbulento por los casos de corrupción entre algunos sectores políticos y algunos grupos empresariales coludidos a propósito del financiamiento a campañas electorales, la decisión del Tribunal Constitucional arriesga pasar casi inadvertida, pero no pierde su importancia histórica.

Terminado el sistema electoral binominal, rechazado el recurso de la derecha en el Tribunal Constitucional (último muro de contención que le queda al sistema político heredado de la dictadura), ahora queda abierto el escenario y el espacio público para abrir el debate participativo y el diálogo ciudadano a propósito de la nueva futura Constitución.

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Texto del fallo del Tribunal Constitucional que rechaza requerimiento de la derecha contra proyecto fin al binominal

El siguiente es el texto del fallo del Tribunal Constitucional que rechaza requerimiento presentado por la derecha contra proyecto de ley aprobado que elimina sistema binominal y crea un sistema electoral proporcional.

Lea y descargue aquí el Fallo del TC de fecha 30 de marzo de 2015.

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73% de los chilenos apoya la idea de una nueva Constitución para Chile

En la más reciente encuesta de opinión de Plaza Pública CADEM, la Presidenta Michelle Bachelet cierra marzo con su peor registro: 32% aprueba y 58% desaprueba la forma como está conduciendo su gobierno. Más compleja es la fotografía de la última semana de marzo donde la aprobación se ubica por primera vez en un 29%, bajo la barrera sicológica del 30%. En otros temas, y considerando el contexto de desafección con el actual sistema político y las instituciones, un 29% considera que Chile va por un buen camino desde lo político, económico y social, mientras, un 56% considera que vamos por un mal camino. Por último, un 73% está de acuerdo y sólo un 13% en desacuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución.

A este respecto observamos que el alto nivel de adhesión ciudadana a la nueva Constitución, se explica por la creencia que mejorará la confianza en las instituciones, mejorará la calidad de vida de las personas y permitirá resolver la crisis del sistema político.

Sin embargo, observamos en esta encuesta, que un 48% de los encuestados considera que la Constitución hay que modificarla en algunos aspectos y un 41 % afirma que hay que cambiarla por completo.

Sin embargo, a la hora de consultar el conocimiento de la Constitución, solo un 24% de los encuestados declara conocerla, de donde puede deducirse que el nivel de conocimiento de la carta constitucional es minoritario en la ciudadanía.

Lea y descargue aquí el Informe:

ENCUESTA PLAZA PUBLICA CADEM 30 MARZO 2015

Al rescate de la función pública

El martilleo ideológico neoliberal desde los oscuros años dictatoriales en contra del servicio público y del Estado, ha dejado una huella duradera en el subconsciente colectivo de los chilenos.  La majadera repetición que el Estado es lento, que la administración y los servicios públicos son burocráticos e ineficientes, se acompaña con el discurso ideológico que las empresas son más eficientes y que el mercado resuelve las desigualdades.

La actual crisis originada por las emergencias tanto en el Norte como en el sur de nuestro país, permite a muchos aprovechar el descampado para disparar contra los servicios públicos, mientras silencian la verguenza de las trabajadoras temporeras encerradas en containers con candado o la polémica por los derrames de residuos de las explotaciones mineras.

Cuando se analiza la conducta política de los recientes gobiernos -especialmente del gobierno anterior de Piñera- respecto de la función pública, nadie puede negar que fue una sucesión de situaciones donde se continuó deteriorando la función pública, el servicio público y su prestigio, con casos “emblemáticos” como el fracasado Censo del INE, el Servicio de Impuestos Internos desprestigiado por el sr. Pereira, el fiasco de la CASEN del Ministerio de Desarrollo Social, los conflictos de interés de Ministros y Subsecretarios, el perdonazo de Impuestos Internos a Johnsons, los sobreprecios del Plan AntiDrogas del Ministerio del Interior, el escándalo MINVU Kodama, el escándalo de Chile Deportes en diciembre de 2010, el Plan banderas del Bicentenario, el caso del programa Manos a la Obra del Ministerio del Interior por el 27F, y varios etcéteras.

Al revés de la creencia alimentada por los medios y los sectores conservadores, el servicio público en Chile está constituido por una vasta dotación de funcionarios y profesionales que se esfuerzan por hacer bien su trabajo, con probidad, con dignidad, con respeto a la función pública y con la responsabilidad que les cabe como servidores públicos. Las excepciones confirman esta regla.

En una época en que la corrupción está quedando al descubierto en las oscuras relaciones entre empresarios y políticos para el financiamiento de campañas electorales, el servicio público en general en Chile no puede ser manchado de acusaciones de corrupción ni de tráfico de influencias, pero donde los servidores públicos cumplen con su trabajo aun en medio de las limitaciones y a veces incluso de la precariedad de recursos.

Reconocemos que el principio de probidad  está íntimamente vinculado a la existencia de un régimen democrático, por cuanto este sistema político, no sólo tiene una naturaleza procedimental sino también sustantiva y es precisamente, este último carácter el que le otorga mayores grados de legitimidad al sistema democrático, por cuanto parte de él está constituido por el respeto al principio de probidad de todos los servidores públicos. Ello significa que la actuación honesta de quienes tienen la responsabilidad de conducir al Estado y de desempeñarse en la función pública, permite la construcción de un régimen en que las autoridades trabajan en forma eficiente y por y para los ciudadanos y no para ellos o sus grupos de interés.

 El principio de probidad está también estrechamente ligado con el principio del Estado de Derecho, ya que implica la estricta sujeción de la autoridad estatal y de los ciudadanos al ordenamiento jurídico preestablecido, soin perjuicio de la legitimidad de su modificación y cambio. De aquí se desprende entonces, que el principio de probidad obliga tanto a los titulares de los órganos públicos como a toda persona, institución o grupo.

A su vez, el principio de probidad administrativa importa el deber de desempeñarse con rectitud en el ejercicio de la función pública y siendo esa su finalidad, existe una diversidad de mecanismos destinados a promover y hacer cumplir dicho principio, mecanismos que suponen la existencia de un sujeto fiscalizado y otro fiscalizador. En lo que se refiere a estos últimos, los sistemas jurídicos entregan esa labor, esencialmente, a los propios órganos administrativos o a órganos institucionales independientes como son los tribunales de justicia, pero en un sistema democrático, el mejor ente fiscalizador sería la propia ciudadanía porque es la que tiene el mayor interés en perseguir y denunciar los actos de corrupción.

 No obstante, tal control ciudadano implica que las personas tengan acceso a las información de las autoridades y funcionarios públicos, que les permita conocer de su desempeño y perseguir las responsabilidades administrativas del caso y uno de los mecanismos que permite este acceso, sería la declaración pública de intereses y de patrimonio de las autoridades y de ciertos funcionarios públicos, cuyo conocimiento permitiría a cualquier persona interesada, contrastar la actuación de la autoridad o funcionario con su correspondiente deber legal, fomentando así la transparencia y disminuyendo, en consecuencia, la práctica del secretismo.

La labor de los servicios públicos en Chile se realiza, por otra parte, no solo en medio de una oleada de desprestigio, sino en un contexto en que las condiciones de trabajo son particularmente difíciles, con precariedad del empleo especialmente.

Manuel Luis Rodríguez U.