El capìtulo de Derechos Humanos del Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayorìa

Los Derechos Humanos deben ser el fundamento principal y eje articulador del accionar del Estado, tanto del Gobierno, de los poderes e instituciones del Estado y en especial de la actividad legislativa y las políticas públicas que se adopten. A su vez, los derechos humanos deben ser la base normativa mínima de una sociedad democrática, que permita la convivencia nacional en torno a principios de dignidad, igualdad, justicia, diversidad y tolerancia.

Adoptaremos todas las medidas necesarias para la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos resguardando y mejorando la institucionalidad ya alcanzada. Impulsaremos una nueva normativa que aplique los principios y tratados internacionales.

Asimismo se debe continuar con la exigencia de verdad, justicia y reparación en relación a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura, adecuando la normativa y los medios necesarios para tal objetivo. Al mismo tiempo, se deben desarrollar planes de educación y memoria histórica tendientes a desterrar definitivamente la posibilidad de que tan graves atentados a la vida y dignidad humana se repitan y a fomentar una cultura de la paz y la tolerancia.

El avance de la sociedad democrática y el empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas presentan nuevos desafíos para la plena vigencia de los derechos humanos. La ciudadanía exige el término de los abusos y la satisfacción de necesidades individuales y sociales, reclamando equidad, calidad y derechos en materia de salud, vivienda digna, empleo, seguridad pública, educación, medio ambiente sano, el derecho al trabajo, a negociación colectiva, entre otros.

El Gobierno, en lo que le corresponde, debiera hacerse cargo de estas expresiones y exigencias, las que se deben abordar con una genuina visión de derechos humanos, con los deberes y obligaciones correspondientes, promoviendo el reconocimiento legal o constitucional en su caso.

Por tanto, enfrentamos desafíos no sólo en cuanto a las violaciones que se cometieron bajo la dictadura, sino también en cuanto a garantías para aquellos derechos surgidos en democracia.

Durante el Gobierno, adoptaremos una Política de Estado Explícita e Integral en Derechos Humanos, que contemple, a lo menos, los siguientes cuatro ejes: promoción y garantía de la vigencia integral de todos los derechos humanos; una institucionalidad adecuada para el diseño y monitoreo de esa Política de Estado; políticas públicas concebidas con “enfoque de derechos”; verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad de la Dictadura, a sus familiares y a la sociedad toda.

Reconoceremos con el máximo valor en la Constitución, los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos y, en especial, incorporaremos una norma que establezca que, en toda interpretación constitucional o legal, deben primar dichos tratados o convenciones. Estableceremos en forma expresa en la carta fundamental que los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, son delitos imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido y no susceptibles de amnistía, ni indulto general o particular.

Impulsaremos medidas legislativas y administrativas que impidan la impunidad en materia de DDHH, tales como impedir toda aplicación en los juicios sobre Crímenes de Lesa Humanidad del D.L. N°2.191, de Amnistía de 1978, y de las normas que regulan la prescripción en materia de delitos comunes o de la prescripción en materia de responsabilidades civiles.

Crearemos un sistema único de información relativa al estado y resultados de los procesos judiciales sobre Crímenes de Lesa Humanidad. Apoyaremos el mantenimiento de las instituciones de la sociedad civil de defensa y promoción de los derechos de las víctimas de los Crímenes de la Dictadura, especialmente de las que poseen una trayectoria histórica y simbólica en la materia.

Solicitaremos la designación de Jueces de dedicación exclusiva para los juicios por las graves violaciones a los derechos humanos y asignaremos recursos especiales al Poder Judicial para estos efectos. Fortaleceremos el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, los departamentos de derechos humanos del Servicio Médico legal y la Policía de Investigaciones, a través de la designación de recursos humanos, tecnológicos y materiales.

Debemos fortalecer la institucionalidad existente. Esta hoy considera al Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Pero no resulta suficiente. Crearemos la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con dotación de recursos humanos y presupuestarios que permitan el trabajo de coordinación y ejecución en materia de derechos humanos. Ampliaremos la presencia del INDH a nivel de regiones en forma gradual. Impulsaremos la creación de la Defensoría del Pueblo u Ombudsman.

Reformaremos la justicia militar, limitándola a sujetos militares, bienes jurídicos militares y en recintos militares. Reformaremos la Ley 18.314 para adecuarla a estándares internacionales en relación al derecho a un juicio justo.

Diseñaremos un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, para todos los niveles educacionales, que sea participativo y de formación integral.

Incentivaremos la investigación académica en temas de derechos humanos y memoria histórica. Promoveremos el desarrollo de materiales y estrategias didácticas en la enseñanza de los derechos humanos e incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones como herramienta de formación en los temas de los derechos humanos.

Fortaleceremos la educación de derechos humanos en todas las escuelas matrices y/o academias de las FF.AA., Carabineros y Policía de Investigaciones, elaborando una propuesta de actualización curricular que incorpore la formación en temas de derechos humanos desde su aspecto teórico y normativo, así como formación en los protocolos de actuación.

Promoveremos la ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968 y ratificaremos el conjunto de tratados de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas y OEA pendientes.

Adicionalmente, estableceremos legalmente las medidas destinadas a asegurar el cumplimiento y respeto en el país de las decisiones jurisdiccionales internacionales en materia de Derechos Humanos.

Adoptaremos medidas, legislativas si fueren necesarias, para reconocer el derecho de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares, a obtener reparaciones civiles de los victimarios y, en su caso, del Estado. Revisaremos las actuales leyes reparatorias. Asignaremos a una entidad estatal permanente que se haga cargo del reconocimiento, acogida, asistencia jurídica, social y de reparación para las víctimas de Crímenes de la Dictadura.

Desarrollaremos un programa sistemático y nacional de recuperación y conservación de testimonios de la memoria histórica de violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Desarrollaremos una política de recuperación de todos los sitios de memoria histórica donde se violaron los derechos humanos, velando por su mantención básica y permanente. Desarrollaremos una estrategia específica para vincular a los sitios de memoria histórica con las nuevas generaciones.

Revisaremos lo referido a los archivos judiciales de las violaciones a los Derechos Humanos que tienen un periodo de 50 años para poder ser conocidos y revisados.

Adicionalmente, desarrollaremos una iniciativa legal para regular el derecho a reunión y revisaremos los reglamentos, protocolos y práctica de las Fuerzas Policiales para su adecuación a estándares internacionales.

La complejidad del mundo actual se plasma en el avance, reconocimiento y protección de nuevos derechos humanos. Los derechos de niños/as y adolescentes, sexuales y reproductivos, los derechos de los pueblos indígenas y los de la tercera edad, entre otros, constituyen un desafío y una prioridad para nuestro país en tanto buscan asegurar que aquellas personas que se encuentran en desventaja social en el acceso y goce de derechos, lo hagan en condiciones de igualdad y no discriminación.

En definitiva, adoptaremos un sistema integral de promoción y protección de los derechos humanos, que junto con hacerse cargo de las deudas aún pendientes con las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos del pasado, también fortalezca la garantía y respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

El fracaso del discurso anti-partidos políticos

En la región de Magallanes durante mucho tiempo, se ha usado y abusado del discurso anti-partidos políticos, una retórica básica y negativa que pretende denostar a la actividad política y a la militancia, como si fueran las causas de los males de toda la sociedad.  Para muchos políticos hablar en contra de los partidos políticos y de los políticos y de la política, les ha venido saliendo casi gratis, porque quedó depositado en el subconsciente colectivo el desgastado discurso antipolítico de los militares durante la dictadura.

El discurso antipolítico huele muy sospechosamente a un neofascismo corporativista, anticuado y resucitado para infiltrarse en la democracia.

Los hechos sin embargo, prueban lo contrario: que los partidos y la política continúan siendo objeto de la preocupación y del interés de los ciudadanos.

En Magallanes, funcionan a lo menos 10 partidos políticos, desde los partidos de derecha UDI, Renovación Nacional y el Partido Regionalista Independiente (PRI), hasta los partidos de la Nueva Mayoría, el Partido por la Democracia, el Partido Comunista, el Partido MAS, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Democrata Cristiano y la Izquierda Ciudadana.

Pero además, en esta región figuran a lo menos cinco partidos políticos en formación: Amplitud, el Partido PRO, el partido de la Izquierda Autónoma, el Partido Regionalista de Magallanes, y el partido Democracia Regional.   No deja de llamarnos la atención que el “mundo” de los autdenominados independientes y de los llamados “regionalistas” se presentan en realidad profundamente divididos, según los caudillos de turno y las fuentes de financiamiento.

En esta creciente marea de partidos políticos que se viene, no faltarán los “cuenteros” que saquen a relucir el discurso de que se trata de un partido político sin ideología y que se forma no para hacer política, sino para “ayudar a la gente”…

En este contexto, hasta podría decirse que “la política y los partidos políticos gozan de buena salud” si no asistiéramos en realidad a una crisis de su credibilidad ante la ciudadanía.   Pero, justamente a pesar del deterioro de la credibilidad de los partidos políticos como actores del sistema político y del ejercicio de la democracia, se siguen formando más partidos políticos.

Es decir, al revés de la retórica “semi-fascista” de los que denostan y denigran a los partidos políticos y a contrapelo de quienes se han hecho un lugar en la actividad política, enlodando y criticando a los partidos políticos, resulta que formar, organizar, convocar a un partido político es bueno y positivo, porque demuestra la salud de la democracia y habla bien de la conciencia cívica y política de los ciudadanos.

Manuel Luis Rodríguez U.

El programa a la calle y en las instituciones

La oposición desplegada contra los cambios señalados en el Programa de Gobierno de la Presidenta  Bachelet, ha adquirido numerosos ribetes: está por un lado la oposición abierta, mediática, que proviene desde la derecha más conservadora hasta los termocéfalos del otro extremo (cuyos discursos, coincidentemente, se retroalimentan para mutuo beneficio); y está además esa oposición de la moderación y de la lentitud, de la burocracia, de manera de sacrificar los 4 años de gobierno de la Nueva Mayoría.

La mayoría de los movimientos sociales aboga hoy por los cambios, por avanzar y profundizar la Reforma Educacional, por avanzar y profundizar la Reforma Laboral y muy en especial, por dar los pasos necesarios para impulsar el cambio de la Constitución.

El programa hay que defenderlo desde la calle y en las instituciones, dos perspectivas que no se contraponen.  De esta manera, se aclara el aparente dilema si salir a la calle, por ejemplo, a propósito de la Reforma Educacional o de la Reforma Laboral, significa moverse en contra de los cambios, o moverse para que esos cambios se hagan, para que los proyectos avancen dentro del Congreso incorporando decisivamente la perspectiva y el aporte de los movimientos sociales y ciudadanos.

En esta coyuntura política de mediados de 2015 (especialmente en estos meses de mayo a septiembre), se juega de alguna manera el destino del Gobierno de la Presidenta Bachelet y la perspectiva de la continuidad de la Nueva Mayoría, se juega en las instituciones y en la calle.  Un juego decisivo porque 2015 es el último año “no electoral” de este período, y después vienen las municipales del 2016, y las parlamentarias, de consejeros y presidenciales del 2017.

Notable tarea para los partidos de la Nueva Mayoría: sacar el Programa a la calle, explicar el Programa y sus cambios a la ciudadanía, rompiendo con el cerco mediático de los grandes medios de comunicación de orientación opositora, mostrar los logros  y avances de su propio gobierno, llevar las reformas del Programa a la vida cotidiana de las personas, las familias, las organizaciones, los territorios y las comunidades.

El año 2015 es el año decisivo para proyectar a la Nueva Mayoría después del 2018.   El año 2015 es el año decisivo para instalar en la agenda pública la discusión ciudadana sobre la nueva Constitución, un debate que ya ha comenzado desde hace varios años en nuestro país y que ahora se encamina a un momento clave cuando se defina el inicio del “proceso constituyente”.

Manuel Luis Rodríguez U.

Cambio de Gabinete y rumbo político – Juan Andrés Lagos

juan-andres-lagos_11212-L0x0En Chile existe una crisis de representación y de credibilidad que viene de años, y que se ha incrementado fuertemente en los últimos meses.

No es un hecho nuevo, como lo establecen estudios e investigaciones cualitativas sobre la subjetividad de los habitantes de nuestro país, quienes muy mayoritariamente exponen la necesidad de cambios sociales, políticos, económicos y constitucionales.

El reciente estudio del PNUD es claro en este diagnóstico.

La disputa por representar este descontento y generar fuerzas que permitan imponer un rumbo político al país, es lo que caracteriza la permanente y más profunda confrontación entre los dos principales bloques partidarios realmente existentes.

Los movimientos sociales organizados, y algunos coordinados relativamente en torno a sus demandas específicas, tratan de incidir en el rumbo político nacional desde sus especificidades, y desde hace algún tiempo, algunos de ellos, especialmente la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se han planteado influir y explicitar propuestas claras respecto de asuntos políticos nacionales, como es una nueva constitución política plebiscitada por el Soberano.

En el ciclo político anterior, la forma en que las correlaciones de fuerzas políticas expresaron sus direccionalidades e incidencias, fue a través de la política de los consensos, de los acuerdos, lo que durante décadas dio gobernabilidad a un modelo que legitimó (temporalmente) a una elite transversal, mientras en la ciudadanía se generó un distanciamiento creciente de esa forma de acción política y una no participación que ha llegado a golpear, severamente, a las elecciones institucionalmente establecidas, en las que participan menos del cincuenta por ciento de las y los ciudadanos con posibilidad legal de hacerlo.

En las elecciones de movimientos sociales organizados, la participación tampoco es alta, incluso en aquellos que están bajo instituciones amparadas por el estado o que existen bajo el imperio del privado, los indicadores de participación son relativamente bajos.

Un punto relevante de esta situación se vivió bajo el gobierno de la derecha, porque millones de personas marcharon por meses por las calles de Chile, exigiendo educación gratuita y de calidad, y una reforma tributaria para financiarla.

El impacto político más importante de esa expresión ciudadana fue la derrota posterior de la derecha, y la incorporación de esas demandas al actual programa de gobierno de la NM, en plena realización ahora.

A la desafección social y ciudadana, se une el fenómeno indesmentible que es la desigualdad, la injusticia social, profunda e irritante, y que golpea prácticamente a todos los ámbitos de la vida social e individual de los habitantes del país: salud, educación, vivienda, transporte, salarios, delincuencia y violencia criminal.

Las fuerzas políticas que buscan representar a la ciudadanía, e incidir e influir en ella, podrán discutir, e incluso disputar respecto de los grados o intensidades de este descontento. Pero es francamente absurdo y casi esquizofrénico desconocer que este fenómeno es real, y crucial para interpretar y comprender el descontento y desafección de la mayoría ciudadana respecto de la política y la vida política del país que se expresa en sus instituciones en las cuales se delega el  poder de representar a la ciudadanía.

Más aún, el estudio del PNUD ha develado que, actualmente, la mayoría del país tiene más esperanzas que antes, respecto de los cambios profundos que demanda.

Si se analiza con sentido de la historia, y con objetividad, este es el primer gobierno que tiene un programa de cambios estructurales profundos, desde que se inicio la transición tras la dictadura cívico-militar de Pinochet, apoyada políticamente por la derecha.

Es un mérito no menor, si se analiza este período con sentido de la historia, el haber llegado con una correlación política (Nueva Mayoría) a conquistar el gobierno y el parlamento que ha iniciado este proceso de reformas, y que durante el primer año logró aprobar importantes proyectos de ley.

Es un mérito de la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet y de todo su primer gabinete, encabezado por Rodrigo Peñailillo.

Sin embargo, y es importante reconocerlo para el análisis del diagnóstico real, los descontentos ciudadanos sobre asuntos tan gravitantes como salud, transporte, educación, delincuencia y violencia criminal, así como desigualdad, persisten e incluso crecen.

La mayoría de las reformas profundas y estructurales que impulsa el gobierno no tendrán impacto social en la vida de las chilenas y chilenos, bajo este actual régimen. Las muy severas catástrofes que han  impactado al país agudizan esta situación.

Es este descontento el que busca representar la derecha política, y que trata de usar y direccionar para incrementar su presión que permita frenar y detener las reformas estructurales, especialmente la de nueva constitución política.

Fragmentada, sin programa ni rumbo político claro; pero aún con una gran representación parlamentaria y con un poder incontrarrestable en el espacio de los medios de información social (escrito, radial y televisivo), la derecha presiona y resiste, tratando de instalar a partir de hechos reales y graves de corrupción, la idea que “los políticos y la política” son la expresión más evidente de la crisis de credibilidad en el país.

Es una política de gran peligro para la Democracia, pero no es la primera vez que la derecha orgánica e histórica de Chile apela a ese camino para desmantelar un proyecto de reformas sociales y políticas estructurales.

Hasta ahora, ese esfuerzo de la derecha no logra representar a la mayoría ciudadana, ni algo cercano a eso. El escándalo Penta la sigue golpeando fuerte.

Sin embargo, la desafección al gobierno de la NM y al prestigio de la Presidenta se ha incrementado, y tal expresión ciudadana partió el año pasado, bastante antes de los casos Caval y SQM.

Hasta ahora, el gobierno y la NM han buscado retomar la iniciativa con respuestas muy contundentes respecto de separar de una vez por todas el poder del gran negocio de la política y la vida social, y darle centralidad al gran asunto de fondo; esto es, un “proceso constituyente” hacia el cambio de la actual constitución política, con participación del Soberano.

Y la derecha, en medio de su falta de propuesta política, ha reaccionado tratando de frenar y restarle credibilidad a esos intentos.

Es un hecho real que las pugnas entre partidos y al interior de los partidos, ha debilidad la capacidad de dirección de la NM; pero tal vez lo más complejo es que sus posibilidades reales de representar a la ciudadanía no son relevantes y no son perceptibles para el momento político que se vive. Es una especie de bloque que parece más concentrado en presionar a su propio gobierno, que incidir y crecer en representación en la sociedad civil.

Es posible, y bien deseable, que en este cuadro los movimientos sociales articulados y con vocación de incidir en el curso de la política nacional, puedan influir en el rumbo político de los acontecimientos. Eso podría cambiar el actual estado de cosas.

Pero ni la derecha política, ni la derecha empresarial se quedarán inmóviles; su capacidad de influir en el rumbo de los acontecimientos está casi intacta.

Es en este cuadro que se produce el cambio de gabinete.

La Presidenta ha reafirmado con claridad el rumbo general del gobierno, en cuanto a programa de reformas.

Ahora, la derecha presiona por “diálogo y acuerdos”, y una agenda centrada “en los problemas sociales”.

Al interior de la NM hay voces políticas que, sin poner en cuestionamiento lo señalado por la Presidenta, sin embargo abren la posibilidad de una forma de hacer la política diferente a cómo se ha implementado hasta ahora. Y también relacionan a la necesidad de acuerdos, el clave concepto de “crecimiento”.

Si se analiza lo realmente existente, y las décadas pasadas, ese concepto de “crecimiento” generó una macroeconomía sólida y robusta, pero a la vez causa de la tremenda y brutal desigualdad que hasta hoy no se supera.

Si bien en gobiernos pasados (incluso el de la derecha) hubo intentos y esfuerzos de políticas y gestión pública que buscaron la protección de los más golpeados, sin embargo las desigualdades estructurales permanecieron, e incluso aumentaron.

El desafío del nuevo gabinete, en este contexto, es revertir procesos que podrían ser tendencias.

Por un lado, mantener el programa de reformas; y por otro, enfrentar radicalmente los problemas sociales que persisten y generan gran descontento.

El trasfondo de este hecho crucial es, en rigor, el agotamiento de un modelo político y económico. Pero para la ciudadanía, mayoritariamente, el tema de fondo sigue siendo vivir un poco mejor, y no sólo ser consultada esporádicamente, sino que participar del destino del país.

Hacer avanzar y profundizar la Reforma Laboral

Ximena Rincón, nueva Ministra del Trabajo descartó de una postergación en la agenda laboral y dijo que se mantiene como plazo el 31 de agosto para el total despacho de la Reforma Laboral.

  • Ximena Rincón, nueva ministra del Trabajo expresó a la prensa lo siguiente:
  • “La agenda laboral no se detiene. Simplemente los nuevos ministros que van a tener que llevarla en su tramitación requieren por seriedad conocerla en el detalle, en la sensibilidad de sus actores. Se los dice alguien que ha tramitado reformas laborales, que conoce el mundo del trabajo”.
  • Comentando la suspensión de las sesiones que esta semana debía realizar la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados respecto a la reforma laboral: “Les solicité que nos permitieran revisar la reforma, verla con el ministro de Hacienda”. “Eso no significa pausa, significa seriedad, responsabilidad en el trabajo en una agenda tan importante como ésta. Esa agenda estaba programada para fines de agosto, así que se mantiene”.
  • Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT manifestó al respecto:
  • “Esperamos que este segundo tiempo sea un tiempo de profundizar los avances, esperamos que en esta etapa podamos seguir concluyendo lo que ya habíamos avanzado, que podamos terminar de consolidar lo que ya hemos logrado corregir de la reforma laboral e incluso profundizarla más y que podamos seguir avanzando en el resto de los desafíos laborales”.

La orientación política del Gobierno siguen siendo los cambios

Tras salir del primer Consejo de Gabinete con los nuevos Ministros de la Moneda, Marcelo Díaz ha ratificado ayer 13 de mayo el compromiso del gobierno con las reformas comprometidas.

  • Marcelo Díaz, ministro vocero de Gobierno expresó al respecto:
  • “Para la Presidenta esto se ha denominado como un segundo ciclo de su Gobierno, un reimpulso de la agenda gubernamental. Ella ha ratificado el corazón de su compromiso con los chilenos, que es combatir la desigualdad y nos ha dicho de una manera clara y categórica que el norte de este Gobierno es poner las bases de un desarrollo equitativo y justo de mayor inclusión social para todos los chilenos”.
  • “Vamos a seguir avanzando con las reformas, porque ese es el compromiso suscrito con los chilenos en la última campaña presidencial. Ese es el contrato que nos vincula con la ciudadanía que votó masivamente por la Presidenta, y lo vamos a hacer con el mayor esfuerzo de diálogo de conversación y de articulación, no solamente con los actores políticos, sino que también sociales, empresariales y de todo tipo”.
  • La Presidenta Michelle Bachelet “espera que la acción del Gobierno se traduzca en medidas concretas que benefician la calidad de vida de los chilenos, porque sabemos que las reformas tienen algunas de ellas, efectos en el mediano y largo plazo. Esto tiene que ir acompañado también de una intensa agenda gubernamental, para que la acción del Gobierno tenga una traducción concreta en mayor bienestar y más calidad de vida para la gente de nuestro país a lo largo y ancho del territorio”.
  • “Aquí no hay giros, el único giro que tenemos es hacia los chilenos, hacia la gente. El compromiso que tenemos es estar intensamente en terreno, cerca de la gente, escuchando sus preocupaciones, trabajando con ellos llevando adelante las reformas, explicándolas con toda la pedagogía que podamos, no solamente a los ciudadanos sino que también a aquellos que hoy quizás no las comparten”.
  • “Vamos a hacer lo que hemos hecho desde el 11 de marzo hasta la fecha, es decir construimos sobre lo que se ha construido desde la primera etapa”.
  • Por su parte, Jorge Burgos, nuevo ministro de Interior manifestó lo siguiente a la prensa:
  • “La Presidenta tomó una decisión, el tiempo dirá si fue una buena decisión nombrándome ministro de Interior. Pero la presidenta tomó esta decisión porque yo no soy un desconocido para ella”.
  • “Ella sabe, conoce de mi impronta, de mis fortalezas y probablemente de mis debilidades (…) Yo soy una persona de diálogo, que me gusta buscar los acuerdos para intentar por cierto implementar lo que yo creo, pero construirlo sobre la base de debatir, y por cierto de tomar decisiones. Soy lo que soy, no me voy a transformar ahora…Estoy exagerando, ‘no creo en el diálogo, siempre hay que imponer las mayorías’, no lo puedo hacer porque no me nace”.
  • “Yo no creo que el escuchar, el dialogar, el buscar ponerle más legitimidad si tu quieres o más consistencia a la búsqueda de acuerdos sea un elemento retardatorio, no creo tampoco que la moderación en la conversación sea un elemento retardatorio de decisiones. No tiene por qué y voy a trabajar en esa lógica”.
  • “Si alguien tiene dudas de ese, que ese afán de conversar, de buscar acuerdos, de moderar las palabras, pudiera convertirse en un elemento inhibitorio de reformas necesarias yo voy a hacer todo lo posible para demostrar lo contrario”.

La agenda de probidad y transparencia en Magallanes

A contrapelo del discurso ideológico conservador, que intenta crear realidades paralelas argumentando “crisis política” donde solo hay “crisis de legitimidad y credibilidad” de los actores políticos, en Chile y en Magallanes, existe una agenda de transparencia que ha probado ser eficaz y donde las instituciones del Estado de Chile funcionan.

Cada uno de los casos que aquí analizamos representan situaciones episódicas que no pueden ser generalizadas, pero donde las normas legales y los estándares éticos han sido cumplidos y se siguen cumpliendo.

Si vemos el tema desde un punto de vista estrictamente judicial, las instituciones del Poder Judicial, Fiscalías, Tribunales de primera instancia, Corte de Apelaciones…todas ellas funcionan en un marco conocido y reconocido, además del Poder Contralor sobre el aparato público.

Pero además funcionan y cada vez más exigentes, los estándares éticos que reclama la ciudadanía y que las autoridades de gobierno cumplen con la mayor rigurosidad posible.

El caso denunciado del ex Alcalde de Timaukel Atilio Gallardo por malversación de fondos públicos, ha pasado todas las etapas del proceso judicial y la sanción legal y moral ya ha sido emitida.

El caso denunciado del senador Carlos Bianchi por presunto fraude al Fisco se encuentra en Fiscalía Regional, donde ya hay acusaciones y formalizaciones en curso y nos aproximamos a una decisión judicial, más allá de las presiones mediáticas y las amenazas contra el Fiscal Regional.

Recordemos que la acusación por presunto fraude al Fisco y negociación incompatible contra el senador Bianchi se produjo luego de la denuncia que realizara el ex parlamentario y aliado suyo Miodrag Marinovic.  El Tribunal de Garantía determinó un plazo de investigación de 60 días y decretó la medida cautelar de arraigo nacional para la mujer, debido a un contrato que celebró con Bianchi por el arriendo de su sede parlamentaria, ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto 824-A, Punta Arenas.

El fiscal a cargo del caso, Juan Agustín Meléndez, señaló que el perjuicio causado alcanza a los 45 millones 148 mil 728 pesos.   Las supuestas irregularidades indican que Bianchi adquirió el inmueble a su suegra, Fresia Espinoza (actualmente fallecida) entre abril del 2006 y marzo del 2007. Luego, hasta el 2010, la oficina pasó a ser arrendada a su cuñada, Victoria Retamales, por un monto que la denuncia estima como excesivo.

 El caso denunciado de  la candidata a la directiva del Partido Socialista y actual Directora del IPS María Isabel Ochsenius, ya fué sancionado por el Tribunal Supremo regional de ese partido y se encuentra en apelación a nivel del tribunal supremo nacional.

Los  numerosos casos de procesos judiciales que afectan a la CORMUPA se encuentran en trámite en los tribunales regionales.

El caso denunciado de sobresueldo de José Miguel Rubina ya ha sido resuelto por la Contraloría Regional y dicho dictamen afecta al FOSIS como una irregularidad administrativa.  José Miguel Rubina era funcionario de Fosis Magallanes cuando fue nombrado Coordinador Regional de Seguridad Pública (26 de mayo de 2014). En el oficio N° 1902 del 28 de abril de 2015 la Contraloría Regional señala que “…se verifica que entre el 26 de mayo y el 31 de diciembre de 2014, el referido funcionario tenía nombramiento en ambas reparticiones públicas”.  En este dictamen, la Contraloría Regional ordenó al FOSIS Magallanes adoptar a la brevedad las medidas pertinentes “para el reintegro de remuneraciones respectivo, dada la superposición de cargos del señor José Miguel Rubina Sánchez”. De esta forma, FOSIS cuenta ahora con un plazo de 60 días para cumplir el dictamen de Contraloría.

En Magallanes, al igual que en el resto de Chile, las instituciones funcionan.

Para entender el cambio de Gabinete (2)

Una de las claves políticas para entender el cambio de Gabinete en curso en Chile, es la intensa disputa que hoy tiene lugar en el escenario político, social y mediático entre los partidarios de los cambios señalados en el Programa de Gobierno de la Nueva Mayoría y el bloque conservador que se opone a dichas transformaciones.

Se trata de una línea divisoria difusa y transversal, donde unos procuran impulsar los cambios y tratando de incidir en los ritmos y en la secuencia de las decisiones políticas y el trámite legislativo de cada medida, a fin de asegurar el logro de las transformaciones estratégicas del Programa (Reforma Educacional, Reforma Laboral, Agenda de Transparencia y proceso constituyente para una nueva Constitución) dentro de los márgenes de tiempo que otorga el período presidencial en curso, y otros generan un conjunto de dispositivos de contención, de distorsión y de freno de las reformas, intentando volcar a una parte de la ciudadanía y de la opinión pública dentro de una corriente de oposición y disolución de los cambios.

En este contexto, asistimos a una fuerte tentativa ideológica y política de los sectores conservadores de poder político, económico y comunicacional -una suerte de “golpe blando” desde el interior de las instituciones- para frenar los cambios en curso, haciendo uso de un vasto arsenal de medios de comunicación, organizaciones gremiales, partidos políticos y grupos de presión.

No se trata de construir teorías conspirativas, ni de pintar un cuadro de blanco y negro.

Los adversarios de la Reforma Educacional en Chile tratan de producir y vender la imagen que son y representan la mayoría del país, del mismo modo que los opositores a la Reforma Laboral, a la agenda de transparencia y al cambio constitucional, intentan construir la realidad artificial de que las preocupaciones de la gente son otras.   Evidentemente que mientras el Gobierno despliega esta “agenda estratégica” de cambios estructurales, al mismo tiempo desarrolla una amplia gestión pública en materia de participación ciudadana, descentralización, políticas sociales, agenda de reactivación económica y soluciones en materia de salud, seguridad ciudadana, obras públicas, conectividad, energía, vivienda, educación pública, empleo y protección del medio ambiente.

Pero el “partido del orden” comprende que el exito de la Reforma Educacional, la Reforma Laboral y del cambio de la Constitución, puede consolidar a la Nueva Mayoría y abrir una nueva fase de cambios estructurales en la sociedad chilena y que la suma de esos cambios puede poner las bases de un nuevo modelo de desarrollo, una nueva democracia y un nuevo tipo de Estado.

La resolución política de esta tensión entre impulsores y frenos de los cambios no solo incidirá en la gestión del nuevo Gabinete, sino que pudiera determinar la continuidad y proyección de la Nueva Mayoría después de 2018.

Manuel Luis Rodríguez U.

Las salidas de Bolivia al océano Pacífico y al océano Atlántico

las salidas de bolivia al marBolivia dispone de amplas facilidades de salida al mar tanto en Chile como en Perú por el océano Pacífico y en Brasil por el océano Atlántico.

Las salidas de Bolivia al océano Pacífico por puertos peruanos.

Se considera que el acercamiento de mayor significación del siglo XX entre Bolivia y Perú fue el Acuerdo de Ilo con la firma de un protocolo el 24 de enero de 1992. Ese año, los presidentes Alberto Fujimori y Paz Zamora firmaron el Convenio de Amistad, Cooperación e Integración “Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz”, que no solo incluía la cesión en favor de Bolivia de cinco kilómetros de playa en la localidad peruana de Ilo para un puerto, una zona turística, otra industrial y una zona franca, sino todo un paquete de convenios que apuntaban a integrar a los dos países con una serie de compromisos. Asimismo, Bolivia concedía un similar derecho y facilidades para Perú en Puerto Suárez, en la frontera boliviana con Brasil, a fin de posibilitar al vecino país una salida hacia el océano Atlántico, a través de la hidrovía Paraguay-Paraná-Río de La Plata.

En el marco de los Convenios de Ilo de 1992, se suscribieron varios instrumentos: la Declaración Presidencial; el Convenio Marco Proyecto Binacional de Amistad, Cooperación e Integración Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz; tres convenios específicos (sobre participación de empresas bolivianas en la zona franca industrial de Ilo; participación de Bolivia en la zona franca Turística de playa; y, sobre facilidades para el tránsito de personas entre los territorios de ambos países); tres acuerdos (entre los que se incluyeron: la creación de la comisión binacional encargada de la celebración del bicentenario del nacimiento del gran mariscal Andrés de Santa Cruz; desarrollar centros de investigación de los recursos hidrobiológicos de la cuenca del lago Titicaca; y sobre la ejecución de un programa de complementación empresarial pesquero).

En lo relacionado al convenio sobre la zona franca industrial, se pacta que Bolivia designe a la empresa promotora que participaría en dicha zona (art. 1); la obligación de Bolivia de propiciar la constitución de la empresa promotora mayoritariamente integrada por personas públicas o privadas bolivianas –a la cual la junta de administración de la Zofri-Ilo le entregaría la administración de una zona por una plazo de 50 años (art. 2)—; y la referencia de que el área a concederse sería de aproximadamente 163.5has. También se acuerda que en el área concedida, se permitiría la importación de bienes y/o su reexpedición exclusivamente a Bolivia o a terceros países, no estando afecta dicha operación a tributo alguno (art. 10). De igual forma, se le concede a Bolivia las más amplias facilidades para la utilización del puerto de Ilo (art. 11) y Bolivia otorga al Perú facilidades similares en puerto Suárez (art.13), el mismo que se conecta con el Atlántico a través de hidrovías. Por otro lado, Bolivia se compromete a colaborar en la captación de financiamiento para el mejoramiento de las instalaciones portuarias (art. 11) y ambos gobiernos acuerdan otorgarse facilidades para operar sistemas intermodales y/omultimodales de transporte de y hacia cada uno de ellos, así como para las cargas provenientes de terceros países en tránsito por sus respectivos territorios.

También asumen la obligación de mejorar el uso del corredor ferro-lacustre Matarani-La Paz y el ferrocarril Santa Cruz-Puerto Suárez. Este convenio, finalmente, especifica que la concesión solo tiene alcances de usufructo (art. 5) y no conlleva transferencia de propiedad (art.7); asimismo, se somete el ejercicio de las facultades y atribuciones concedidas, al cumplimiento del Decreto Legislativo N°704 del Estado peruano (art. 1), resultando también aplicable el régimen tributario, aduanero, laboral, cambiario y de comercio exterior establecido en dicha norma.

Sobre el convenio referido a la zona franca turística, este establece que el Perú otorga a Bolivia en el litoral de Ilo una zona franca turística, este establece que el Perú otorga a Bolivia en el litoral de Ilo una zona franca turística de playa por 99 años para este fin, de 5km de longitud por 400m de ancho, denominada “Boliviamar” (art. 1). Asimismo, se propicia la conformación, por Bolivia, de una empresa promotora, mayoritariamente boliviana, en las mismas condiciones que las establecidas para la Zofri-Ilo (art. 2). La formalidad societaria es libre, pudiendo adoptarse la modalidad de empresa multinacional andina (art. 2). Se precisa, además, que la concesión de las zonas francas en ningún caso implica reconocimiento de soberanía extranjera.

Por último, en lo que respecta al convenio de tránsito de personas, este pone en vigencia la tarjeta de tránsito y turismo avalada por los respectivos documentos de identidad, para el libre tránsito y permanencia de los nacionales o extranjeros residentes en ambos países, en las áreas fronterizas que se indican, por un plazo de 60 días prorrogables a otros 30.

Cabe subrayar además que  Perú y Bolivia suscribieron el día lunes 1° de octubre de 2012 en Lima un acuerdo para dinamizar la actividad económica y portuaria en el marco del Convenio de Ilo, por el cual Perú entregó a Bolivia una zona franca industrial y turística con acceso al Océano Pacífico sin soberanía.   A través de un intercambio de notas diplomáticas, ambas naciones introdujeron precisiones al Protocolo Complementario y Ampliatorio a los Convenios de Ilo de 1992, suscrito en octubre del 2010, el cual deberá ser sometido a la aprobación del Congreso.   Dicho protocolo, firmado durante el gobierno de Alan García, autoriza a Bolivia a utilizar el puerto peruano de Ilo, e instalar una aduana y una escuela de la Armada boliviana.

Las notas firmadas por los cancilleres Rafael Roncagliolo, de Perú, y David Choquehuanca, de Bolivia, actualizan y adecúan el conjunto de disposiciones del Protocolo de Ilo a las normas nacionales que regulan las zonas francas y promueven la inversión.

El Convenio Complementario de los Convenios de Ilo entre Perú y Bolivia de 201o dice expresamente:

El Perú concede al Estado Plurinacional de Bolivia, por 99 años, computables a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Protocolo, una zona franca industrial y económica especial, en adelante ZOFIE, en el área de terreno otorgada como zona franca industrial de Ilo en 1992 (163.5 hectáreas identificadas en la Nota RE 6-7/03 del 2 de abril de 1993); así como, de manera permanente acceso al Océano Pacífico en el puerto de Ilo y a un punto de atraque. La ZOFIE es una parte del territorio peruano, perfectamente delimitada, conforme a lo establecido en el presente Protocolo Complementario”.

Las salidas de Bolivia al océano Pacífico por puertos chilenos.

“Sobre Iquique se acordó una ampliación del recinto portuario, así como lo que sería la habilitación del recinto extraportuario”, afirmó la vicecanciller de Bolivia, Mónica Soriano, tras el encuentro con su par chileno Fernando Schmidth, que comenzó en julio de 2010.  Soriano, explicó que comisiones de los dos países “irán próximamente a definir los aspectos operativos para la habilitación del puerto de Iquique, y la firma inmediata de lo que serían las notas reversales”.   Schmidth acotó por su lado que “se acordó la habilitación del puerto de Iquique al régimen de libre tránsito que se suma a los puertos de Arica y Antofagasta” en favor de Bolivia.

Un análisis comparativo para las exportaciones bolivianas a través de los puertos de Iquique y Arica, publicado por la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas, del Instituto de Comercio Exterior y Aduanas de Bolivia, da cuenta de cómo se ha ido forjando esta relación, y la forma en que actualmente se realizan las transacciones comerciales en los mencionados terminales marítimos. Movimientos logrados gracias a los acuerdos alcanzados tras los diferentes tratados que se han ido firmando en el último siglo, entre ambos países.   Se explica en este documento, que actualmente el comercio de Bolivia hacia o desde el Pacífico se hace principalmente mediante la utilización de los puertos de Antofagasta, Iquique, Arica, Ilo y Matarani.

Para la utilización de estos puertos, Bolivia tiene suscritos diversos Tratados y Convenios Internacionales de concesión de libre tránsito y/o facilidades portuarias o de almacenamiento con sus países limítrofes. “Estos Tratados y Convenios Internacionales han sido suscritos en el marco de cooperación de estos países por nuestra situación de enclaustramiento, con excepción del Tratado de 1904 denominado de “Paz y Amistad” y los Convenios posteriores resultantes de este Tratado, todos suscritos con Chile, los cuales a diferencia de los otros Tratados y Convenios, son consecuencia del Pacto de Tregua a causa de la conflagración del Pacifico”, señalan los archivos de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas.

Entre estos Convenios posteriores, resultantes del Tratado de 1904 y suscritos bajo el espíritu de este acuerdo en el año 1975, se creó el Sistema Integrado de Tránsito (SIT), sistema creado con el fin de administrar correctamente entre las partes el Libre Tránsito acordado, y para evitar una serie de conflictos que se daban en los puertos de Arica y Antofagasta, que son los puertos habilitados para el Libre Tránsito.

Es necesario aclarar que si bien el SIT fue creado para administrar el Libre Tránsito en general, sólo es utilizado operativamente para las importaciones bolivianas, y no así para las exportaciones.

Establecido desde 1975 por los Gobiernos de Bolivia y Chile, el SIT es la modalidad que agrupa y compromete a las instituciones relacionadas directa e indirectamente con el tránsito de las mercancías bolivianas que usan los puertos de Arica y Antofagasta en los siguientes objetivos:

  • Dar fiel cumplimiento al espíritu y letra del Tratado de 1904 y Convenciones
  • Establece que el puerto sea sólo un punto de transbordo entre el medio marítimo y terrestre para la carga en tránsito a Bolivia.
  • Reducir el tiempo de tránsito como, asimismo, los daños y mermas de la carga.
  • Promover un aprovechamiento óptimo de los recursos físicos utilizados en el sistema de tránsito.
  • Aprovechar la capacidad de almacenaje del puerto, para racionalizar el traspaso de carga entre los distintos medios de transporte, que difieren enormemente a su capacidad unitaria y en la regulación del flujo de abastecimientos de los importadores individuales en Bolivia.
  • Dejar claramente establecida la responsabilidad que corresponda a las naves, al puerto y a los medios terrestres por las pérdidas y mermas de la carga, a fin de reducir el costo de seguros sobre la misma.
  • Asegurar que la carga que ingrese a los puertos elegidos por Bolivia salga efectivamente del país.
  • Cuidar que se cumplan acuerdos internacionales bilaterales, a todo lo relacionado con el transporte internacional de carga, protección del medio ambiente, calidad de vida de las comunidades involucradas, etc.

Las salidas de Bolivia al océano Atlántico.

Bolivia puede acceder al río Paraguay a través del canal de Tamengo o del corredor de Man Cesped, en el área del actualmente desactivado puerto Busch.

El puerto Busch ha sido puesto como una prioridad nacional por el gobierno boliviano dado que es la llave para materializar su salida al Atlántico a través de la hidrovía.

Los bolivianos han visualizado la posibilidad histórica de lograr soberanía en 48 kilómetros de las aguas internacionales del Río Paraguay. Un complejo portuario en el Corredor Man Césped ahorraría 500 kilómetros de recorrido en la hidrovía de ida y vuelta hasta el Canal Tamengo. Representa entre 6 a 8 días de tránsito y una reducción de fletes fluviales de aproximadamente 4 dólares por tonelada. Se podrían despachar mercaderías los 365 días del año sin grandes restricciones de calado o de conformación de convoyes de barcazas. Bolivia sentaría así soberanía en la Hidrovía Paraguay – Paraná – Uruguay.

Semicorredor La Paz – Santa Cruz – Santos.

La principal fortaleza que presenta esta opción es la infraestructura con la que ya cuenta. Brasil posee en su territorio conexiones viales en muy buenas condiciones y los puertos de salida sobre el Atlántico están dotados de todas las capacidades requeridas.

Otra fortaleza es que sus principales compradores son Brasil y Suiza siendo esta salida adecuada para dirigir sus productos de exportación, es una salida que está funcionando. Debe considerarse que esta situación es transitoria y que está pautada por las actuales condiciones geoeconómicas. Una salida marítima diferente que funcione eficientemente podría generar nuevos mercados. (Asia-Pacífico)

Se visualiza como una salida óptima para carga que puede ser transportada eficientemente por carreteras y trenes, por ejemplo minerales. El gasoducto ya existente es el medio para la exportación del gas natural a Brasil.   Una oportunidad que genera esta opción es la de incentivar la materialización del corredor bioceánico con la captación de inversiones en infraestructura para mejorar o ampliar algo que ya está funcionando.

DOCUMENTOS ANEXOS.

Protocolo Complementario entre Bolivia y Peru firmado en 2010:

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO CONVENIO DE ILO PERU BOLIVIA 2010

El Libre Tánsito de Bolivia por Chile, documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile:

EL LIBRE TRANSITO DE BOLIVIA POR CHILE

Ultimo alegato de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya

LA HAYA (HOLANDA) , .- A las 10:00 horas de este viernes en
Chile (15:00 horas en Holanda), el equipo jurídico de Bolivia
entrara por última vez al Gran Salón de la Justicia de la
Corte Internacional, CIJ, con el objetivo de quemar sus
últimos cartuchos para defender su demanda marítima.

En la ocasión, la delegación de La Paz intentara rebatir los
argumentos que expuso este jueves Chile, en los cuales
estableció con contundencia el “intento” del país vecino de
encubrir el verdadero motivo de su tesis: desconocer el
tratado de 1904 para obligar a nuestro país a acceder a una
negociación que determine una salida soberana al Océano
Pacífico.

Será el último alegato de una serie de cuatro, el cual
estará marcado por la obligación que tienen los abogados
altiplánicos de responder a la pregunta realizada por el juez
británico Christopher Greenwood, quien los emplazó a
determinar la fecha exacta en que Chile accedió a negociar un
acuerdo que les permitiera avanzar hacia su aspiración
marítima.

La pregunta ha sido considerada clave por el equipo jurídico
nacional, ya que podría despejar la gran interrogante
planteada durante el juicio. Esto, luego que las distintas
negociaciones mencionadas por Bolivia, y que fueron
posteriores al Pacto de Bogotá de 1948, no son vinculantes a
juicio de Chile.

Según comentó el jueves el jurista francés Pierre Marie
Dupuy, en dichas conversaciones entre ambos países “no se
sabe ni cómo ni cuándo se concertó un acuerdo, sino que se
trate de un compromiso unilateral de Chile”, negando así la
existencia de un eventual pacto de contrahendo.

En la previa del alegato, el líder del equipo jurídico
boliviano, el español Antonio Remiro Brotons, dio algunas
luces de lo que ocurrirá este viernes y sentencio que la
intención de Bolivia no es modificar el tratado de 1904. “No
hay ningún tratado que sea para la eternidad, solamente las
leyes de dios son para la eternidad”, dijo.

Asimismo, respecto a los argumentos chilenos, que
desacreditaron las pruebas altiplánicas relativas a la
existencia de cartas enviadas por autoridades nacionales que
los comprometería a negociar una salida soberana al mar, el
jurista aseguró que “de los actos unilaterales también se
derivan obligaciones”.

LA HAYA (HOLANDA), .- Comienza la jornada en la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, CIJ, en el marco de la
demanda marítima de Bolivia en contra de Chile, con la
exposición de la profesora y abogada francesa, Monique
Chemillier-Gendrau.

Según la jurista, “desde el principio de la Guerra del
Pacífico, Chile siempre se ha declarado a satisfacer las
demandas persistentes de Bolivia, pero jamás pudo darles
curso, concretamente”.

“Hoy Chile quiere culpabilizar a Bolivia, porque buscaría
vías para salir de esa injusticia”, dice la abogada francesa;
junto con precisar que “Chile quiere culpabilizar a Bolivia,
porque buscaría vías para salir de esa injusticia”.

Chemillier también refuta los argumentos del abogado del
equipo chileno, Harold Koh, quien ayer aseguró que la demanda
boliviana podría alterar las fronteras en Latinoamérica.

Asegura, además, que “el pactum de contrahendo (Acuerdo
sobre un acuerdo) sí existe, a diferencia de lo que dice
Chile”.

Chemillier nombra notas diplomáticas de 1977. En una de
ellas, Augusto Pinochet se habría comprometido a negociar.

“La parte chilena poco caso le hace al memorándum de 1961,
será porque Chile manifestó su acuerdo para esta necesidad de
Bolivia de tener acceso propio y soberano al mar, la
necesidad de negociar queda allí fundamentado”, dice la
jurista.

Termina la intervención de Monique Chemillier-Gendrau. Ahora
es el turno del también francés Mathias Forteau.

LA HAYA (HOLANDA), .- Ahora es el turno del también francés
Mathias Forteau, quien se refiere a las palabras del jurista
Samuel Wordsworth, del equipo chileno y las lee en inglés.

Forteau cuestiona el considerar el año 1948 como la fecha
crítica para dirimir la competencia de la Corte Internacional
de Justicia, y asevera que “Chile, para probar su argumento,
está obligado a reformular la demanda de Bolivia”.

“Toda la cuestión estriba en saber si la obligación existe,
lo cual es una pura cuestión de fondo”, dice el abogado
Forteau; quien también afirma que “interpretación de Chile
del artículo 6 del Pacto de Bogotá no es correcta”.

“Esta cuestión de la fecha crítica es una condición creada
por Chile para esquivar los acuerdos constatados por Chile,
comenzando por el intercambio de notas a partir de 1950”,
señaló.

“Chile deduce que todo compromiso de negociar posterior a
1948 queda libre de su competencia”, dice el abogado.

Para Forteau, la fecha crítica no es la del Pacto de Bogotá,
sino que la de la presentación de la demanda a la Corte, es
decir, 2013.

Texto completo del Fallo del Caso Riggs

“Que, encontrándose acreditada la calidad de funcionarios públicos de los acusados, el carácter público de los fondos sustraídos por medio de transferencias bancarias y estando acreditado, además, el hecho que los mismos tenían a su cargo los fondos sustraídos, se concluye inequívocamente que aquéllos, al accionar de la manera que ha sido descrita en esta sentencia, incurrieron en el delito de malversación de caudales públicos, descrito en el artículo 233 del Código Penal, puesto que en su calidad de funcionarios públicos, substrajeron para beneficio particular de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte y su familia, fondos públicos provenientes del erario nacional, concretándose de esa forma la acción material de apoderamiento de los fondos que tenían bajo su cargo en virtud de ser ellos Jefes de la Casa Militar, Edecán y Secretarios Privados, todos ex oficiales del Ejército de Chile.

i.- Que, ahora bien, de lo expuesto en la parte expositiva de esta sentencia, es posible concluir que el monto total malversado por los acusados en favor de Augusto Pinochet Ugarte asciende a una suma total de US$ 6.466.406,68, desglosándose de la siguiente forma:

– Jorge Ballerino Sandford y Ramón Castro Ivanovic: US$3.608.564,03;
– Jorge Ballerino Sandford bajo el alias de John Long: US$1.112.567,19;
– Gabriel Vergara: US$671.075, 56;
– Juan Mac Lean Vergara: US$880.417,31;
– Eugenio Castillo Cádiz: US$70.061,59;
– Sergio Moreno Saravia: US$123.721,00.”

Lea y descargue aquí el texto completo original del Caso Riggs:

Caso Riggs Sentencia (1)

Para entender el cambio de Gabinete (1)

Para entender el próximo cambio de Gabinete se requiere centrarse en los cuatro grandes ejes del Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría, a saber:

Reforma Educacional, con la nueva política nacional docente, el proceso de desmunicipalización y el financiamiento de la Educación Superior.

Reforma Laboral.

Reformas políticas, agenda de descentralización y proceso constituyente hacia una Nueva Constitución.

Agenda de Probidad y Transparencia.

Estos cuatro ejes debieran explicar la orientación marcadamente política y con experiencia del nuevo Gabinete ministerial, en función de las tareas principales que habrá que cumplir para ejecutar el Programa durante el año 2015 y preparar el escenario para las elecciones municipales de octubre de 2016.   Estos ejes programáticos permiten además ordenar la coalición de gobierno.

Manuel Luis Rodríguez U.

Un cambio de timón político de la Presidenta Bachelet

Previo al 21 de Mayo, la Presidenta de la República Michelle Bachelet ha anunciado que ha solicitado la renuncia a todos los Ministros de su Gabinete.  Un fuerte cambio de timón político, marcando la pauta mediática, en medio de una crisis de credibilidad de la clase política, un inédito cambio de todo el Gabinete, que era esperado transversalmente en todos los sectores políticos y donde se abre a una nueva etapa del proceso político.

Con un nuevo equipo ministerial a 72 horas de plazo (es decir, el viernes 8 de mayo), la Presidenta retoma fuertemente en sus manos la agenda política, instala la agenda de transparencia y probidad, los cambios de la reforma educacional y la reforma laboral, la recuperación del crecimiento económico, la agenda de cambios políticos y de descentralización y el inicio del proceso constituyente para una Nueva Constitución a partir de septiembre próximo.

Es altamente probable que el Canciller Heraldo Muñoz sea confirmado en su cargo, antes que se cumplan las 72 horas de plazo, dadas las implicancias de dicho cargo en la actual coyuntura internacional.

Los partidos de la Nueva Mayoría se alinean de inmediato con lealtad y adhesión a la figura presidencial y la oposición buscará encontrar los puntos débiles de esta coyuntura, donde las encuestas de opinión señalaban un curso de baja de la popularidad y credibilidad de la Presidenta y de su gobierno.

Manuel Luis Rodríguez U.