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Núcleo de Profesores socialistas de Puerto Natales reflexiona sobre problemas de la educación municipal en Magallanes

El Partido Socialista de Chile, Comunal Natales, cree conveniente manifestar su preocupación frente a los problemas que están aquejando a la educación en la ciudad de Punta Arenas cuya solución se visualiza como de largo alcance, y se permite hacer una similitud sobre la concordancia de estas realidades de la educación en la capital regional, con respecto a los mismos problemas y hechos no aclarados que subsisten en nuestra comuna.

Frente a la movilización de profesores en la ciudad capital, se acusa a la administración de esa Corporación de Educación (Cormupa) de no estar al día con los pagos previsionales, de no cancelar los préstamos descontados a los profesores en Cajas de Compensación, de no pagar las cuotas en casas comerciales, también descontadas por planilla a cada profesor, en fin, dinero que es de propiedad de cada uno de los docentes por su trabajo personal.

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Todo lo anterior es comparable con la realidad de la Corporación de Educación Municipal de nuestra ciudad (Cormunat).

Ante esto se hace prioritario recordar que los problemas administrativos y económicos de la educación natalina tienen una historia no contada ni profundizada en su real dimensión, que en estas líneas, creemos un deber actualizar.

En primer lugar recordamos que ante la eventualidad de una inspección de Contraloría, la Municipalidad y, por ende, la Corporación de Educación, quisieron blanquear sus manejos económicos y administrativos contratando una Auditoría, que suponían iba a conformar la existencia de manejos claros y consistentes. Para decepción del Alcalde y del Secretario de la Educación, los resultados de la auditoría externa fueron un aviso avanzado de la catástrofe y el caos en la administración de los dineros que el Estado entrega para subvencionar la educación natalina.

Consistente con lo pensado y planeado por el Alcalde y Presidente de la Corporación de Educación, efectivamente en el año 2015 la Contraloría General de la República, en una revisión habitual de esta repartición a la Corporación de Educación de Puerto Natales detectó varias” irregularidades” que se consignan como OBSERVACIONES y las detalla en su Informe Unidad de Seguimiento N° 4946 del 30 de Noviembre del 2015.

Entregados estos antecedente es posible pensar que, pasados ya tres años de los hechos denunciados en estos informes, se podría decir que los problemas han sido solucionados y que ante las advertencias y observaciones de estas dos entidades, la Municipalidad y Corporación de Educación, en la actualidad no tienen problemas de caja ni de administración y, por tanto, los funcionarios y profesores no debieran preocuparse.

Simplemente sí debieran preocuparse. y no solamente ellos y demás funcionarios de la educación, si no que apoderados y comunidad en general, porque como todos sabemos la educación debe ser siempre una preocupación primordial de todos y todas.

Porque:
¿Se ha solucionado lo dictaminado por la Auditoría de M&C Educa que esta Corporación de Educación “se encuentra prácticamente con un déficit económico permanente” (sic), lo que coloca a esta Corporación en “incumplimientos legales sobre el uso de recursos disponibles de programas y proyectos educacionales que administra esta institución”?
¿Se han dejado de utilizar los recursos de otros Proyectos para financiar el déficit estructural de educación o traspasos o préstamos, ya que según M&C Educa dice que al 31 de Diciembre 2014 la deuda acumulada asciende a $ 1.405.670.495 (mil cuatrocientos cinco millones, seiscientos setenta mil cuatrocientos noventa y cinco pesos)?

¿Se puede responder a la conclusión de M&C Educa de que EXISTE MALVERSACIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS? Página 9 de Auditoría.

Y, ¿Se está en condiciones de responder a las OBSERVACIONES de Contraloría en que ya no se traspasarán los fondos de PIE (Programa de Integración Escolar) a la cuenta corriente para pago de remuneraciones? Nos hacemos un deber en explicar que este proyecto tiene como objetivo integrar a las aulas comunes a todos nuestros niños y niñas que poseen Necesidades Educativas Especiales (NEE).

¿Se puede asegurar que los dineros entregados para los niños de los programas de Educación Preferencial ya no se utilizan en pagar remuneraciones, pagar deudas previsionales, deudas en casas comerciales y gastos administrativos?

Estas y otras muchas interrogantes necesitan respuestas de la Corporación de Educación porque se sabe, que en cuenta del Alcalde al Concejo Municipal, el actual déficit es de más de 1.600 millones de pesos y que muy pronto se incrementará cuando la Corporación de Educación empiece a pagar la demanda ganada por 85 docentes por el bono SAE, que en su época no fue pagada por esa entidad educacional. (Se estima en 800 millones). Entonces; es fácil deducir que la deuda del 2014 se ha incrementado o se va a incrementar a una cantidad superior a los 2.500 millones de pesos. Una cifra que mueve a gran preocupación.

Los docentes y asistentes del Núcleo Educación del Partido Socialista instan a nuestros educadores a prevenir situaciones de futuro que puedan originar despidos y no pago de remuneraciones.

Docentes y asistentes del Núcleo Educación-
Partido Socialista Natales

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Desmochando Chile – Jorge Heine – The Clinic

Jorge Heine.

El 80 por ciento de los árboles urbanos está en las calles, y a su protección se les presta poca atención. Hace algunos años, se estimó el total de árboles en la RM en 6.3 millones, siendo que se necesitarían al menos tres o cuatro veces esa cantidad.

Un fantasma, si bien muy de carne y hueso, recorre Chile. A lo largo y lo ancho de nuestra larga y angosta franja, desde Arica a Punta Arenas, motosierra en mano, vastos destacamentos de las empresas eléctricas desmochan el arbolado de nuestras ciudades. Con pretexto de evitar que las ramas interfieran con el cableado eléctrico, cientos, sino miles, de árboles, son amputados y mutilados, a veces dejando el mero “tuco” del tronco, en no pocas ocasiones matando el árbol.

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Lo llaman “podar”, pero de poda no tiene nada. Es una guerra contra el árbol urbano, cuyas copas son una molestia para el anticuado y anacrónico cablerío eléctrico elevado. Es de larga data, pero evidencia anecdótica pareciera indicar que este arboricidio se ha intensificado. La idea pareciera ser cortar lo más posible de cada árbol, en parte en reacción a lo ocurrido en 2017 con los cortes de luz provocados por los temporales. Incluso me han llegado fotos de calles sin cables eléctricos con árboles desmochados.

Los árboles urbanos dan sombra, invitan a caminar por la calle, absorben emisiones de carbono, bajan la temperatura en nuestros calurosos veranos, atraen aves que anidan en ellos, retienen agua, evitan la erosión y contribuyen al paisaje de nuestras ciudades. Cada vez más, el manejo del arbolado urbano ha pasado de consideraciones paisajísticas a otras de tipo ambiental, económicas e incluso de salud. Y aún en pleno centro de una urbe, en cuadras repletas de torres, los árboles le confieren escala humana a la calle o paseo peatonal, enmarcándolas y haciéndolas más amables y amigables.

En otras palabras, los árboles son unas verdaderas hadas madrinas citadinas, en un país en que un 80% de la población es urbana. Ello hace inexplicable que tantos municipios miren este urbanicidio con una complacencia rayana en la negligencia. Dado que el calentamiento global arrecia, y el plantar y cuidar árboles urbanos es considerado un excelente mecanismo paliativo, ello es paradójico.

Hay algo más atractivo que una calle con grandes árboles, cuyas copas se juntan en la altura? Y hay algo más feo que un paisaje urbano, como el de nuestro querido Valparaíso, tapado por decenas de gruesos cables, muchos de ellos ya en desuso?

En el caso de la Región Metropolitana, la discusión se ha centrado en la inequidad en materia de áreas verdes, subrayándose el contraste entre la cantidad de metros cuadrados en materia de parques y plazas por habitante en municipios como Vitacura y Las Condes, por una parte, y Pudahuel y La Pintana, por otra, con diferencias de 10 a 1.

Sin embargo, el 80 por ciento de los árboles urbanos está en las calles, y a su protección se les presta poca atención. Hace algunos años, se estimó el total de árboles en la RM en 6.3 millones, siendo que se necesitarían al menos tres o cuatro veces esa cantidad.

Somos miembros de la OECD, el club de países desarrollados, y nos ufanamos de nuestros avances, pero en esto somos tercermundistas. Ha llegado la hora de legislar para que las empresas eléctricas soterren el cableado eléctrico. Es una inversión no menor, pero factible dadas sus jugosas utilidades. Lo mismo vale para una vasta campaña nacional para plantar especies nativas, con énfasis en copas frondosas que absorban la mayor cantidad de monóxido de carbono. Muchas de las especies plantadas, al ser exóticas, no cumplen a cabalidad esta función en las temporadas que más se necesita.

Una ONG le ha señalado al Ministro de Agricultura, Antonio Walker, la urgencia de una Ley de Arbolado Urbano que los proteja, un proyecto de larga data, al que nuestros legisladores han prestado escasa atención. Ello también debería ser una prioridad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como del Ministerio del Medio Ambiente. El Ministro se habría comprometido a estudiar y a presentar un proyecto de ley al respecto. Nuestras ciudades, asfixiadas por la contaminación, atiborradas de automóviles, y tapadas de cemento, se lo merecen. No puede ser que nuestro arbolado urbano esté a merced de la ley de la selva.

Jorge Heine es abogado y ex-ministro de Estado.

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Fuente. The Clinic.

El servicio público en Magallanes y los vaivenes políticos

Alrededor de 11.900 funcionarios constituyen la actual dotación del servicio público en Magallanes, sin contar a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Ellos forman parte del estamento fundamental para el ejercicio de la gestión de la Administración Pública en la región y en las provincias, no son trabajadores al servicio del gobierno de turno, sino que servidores públicos al servicio del Estado y de la nación, o sea de todos los ciudadanos sin excepción.

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Lo esencial de la función pública que ellos desempeñan, es cumplir las funciones de servicio a la comunidad, y asegurar la permanencia y continuidad de las instituciones, a través de los vaivenes políticos y de los cambios de gobiernos.

Es en relación con la continuidad de dichos servidores públicos que tiene sentido la expresión “el gobierno de turno”, en sel sentido que cada gobierno es pasajero, tiene fecha y plazo de comienzo y de término, mientras que la administración pública y el servicio público son permanentes y continuos en el tiempo.

La ANEF y las demás organizaciones de funcionarios han luchado consistentemente por la construcción de Trabajo Decente en el Estado, es decir trabajos estables, con derechos sociales, laborales y sindicales plenos. En este marco, su lucha por la Estabilidad Laboral en el Empleo Público ha sido permanente, y hemos expresado la exigencia de que las desvinculaciones se enmarquen en la legalidad vigente y a los instrumentos existentes para ello.

Los/as funcionarios/as públicos no son el botín de los gobiernos de turno. Son Trabajadores/as del Estado, sujetos a obligaciones y evaluaciones, que se rigen por la legalidad vigente y tienen derechos garantizados por ella. No es cierto que exista inamovilidad en el Empleo Público, ni para los empleos de planta, ni menos aún para quienes tienen empleos precarios en condición de contrata u honorarios. Para todos ellos, la legalidad vigente contempla procesos de evaluación y calificación, además de procedimientos de sanción administrativa en caso de incurrir en faltas. Estos son los mecanismos de desvinculación, basados en criterios objetivos, sujetos a procesos racionales y justos, vigentes en el Estado, y tal como se ha hecho sistemáticamente durante los últimos años, siguen siendo defendidos y que deben ser plenamente respetados.

El actual gobierno de turno parece no comprender este hecho, lo que se explica porque muchos de los nuevos jefes y autoridades vienen del mundo privado, vienen de empresas, que se rigen por otros códigos de funcionamiento, basadas en el lucro.

En unas recientes y desafortunadas declaraciones emitidas en Radio Antártica FM de Punta Arenas la actual Intendenta de turno, manifestó y justificó la actual oleada de despidos por razones políticas al decir que “aquí hubo un cambio de gobierno”, lo que es una obviedad que atropella la inteligencia de los magallánicos.

Pero además, y sin medir las consecuencias de sus palabras, anunció que van a despedir el 20% de los funcionarios públicos “de cada estamento” en la región de Magallanes.  Naturalmente estas declaraciones, dichas con cierta liviandad, causaron el rechazo de las organizaciones gremiales de los empleados públicos y aumentaron el sentimiento de incertidumbre en los numerosos funcionarios a honorarios y a contrata que actualmente laboran en los servicios públicos y el gobierno regional.

¿Este gobierno va a despedir el 20% de funcionarios en cada servicio, en cada SEREMI…?

Pero, como la justificación de los despidos dada por la autoridad regional es política, es decir, que aquí “hubo un cambio de gobierno”, entonces claramente ha dejado abierta la puerta para que en el próximo cambio de gobierno en 2022, se vayan para afuera todos los funcionarios contratados por el gobierno de Piñera, lo que es un despropósito que no resiste ningún análisis.

¿Así funcionan los servicios públicos en realidad? ¿Cada gobierno va haciendo “tabla rasa” en los servicios públicos?

Los actuales despidos en servicios públicos en Magallanes, nos hacen recordar los más de 11.000 despidos que hizo el primer gobierno de Piñera en todo el país, cuando asumió en 2010 y los cerca de 700 trabajadores despedidos en ENAP Magallanes en aquella epoca.

El Colegio de Trabajajdores Sociales de Magallanes ha denunciado: “repudiamos los despidos injustificados de éstos últimos días en diversos servicios públicos como Seremi del Deporte Magallanes, FOSIS Magallanes y SENAMA Magallanes, donde se han visto afectados profesionales y técnicos con gran trayectoria en la gestión y promoción de los programas sociales que contribuyen en el bienestar de las personas y familias más vulnerables.”

Estos no son los tiempos mejores para los servidores públicos.

Manuel Luis Rodríguez U.

Manuel Riesco dictará conferencia en la Universidad de Magallanes sobre la vigencia de las ideas de Carlos Marx

Este viernes 8 de junio a las 17.30 horas se efectuará en el auditorium Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes una Conferencia del economista y director de CENDA Chile Manuel Riesco la que versará sobre los 200 años de Carlos Marx y la vigencia de sus ideas.

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El encuentro se efectuará en el marco de los actos de conmemoración de los 106 años de la fundación del Partido Comunista de Chile en Magallanes.

La universidad patriarcal en la encrucijada – Alejandra Decap

Una nueva coyuntura cruza la realidad de varios planteles universitarios, tanto de Santiago como en regiones. Tras muchos años de organización de mujeres en nuestras diferentes corrientes, se consolida un nuevo elemento en la conciencia del movimiento estudiantil: el feminismo.

Alejandra Decap.

Iniciando mayo del 2018, en un segundo gobierno de derecha post dictadura, y tras la salida a las calles de millones de mujeres en todo el mundo al grito de #Niunamenos y las masivas marchas del último 8 de marzo, es posible hablar de un nuevo elemento en la conciencia del movimiento estudiantil: el feminismo.

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Hoy se expresa en una incipiente movilización, donde universidades como la Católica de Temuco, Universidad de Chile, UTEM o la Universidad Austral mantienen diversos niveles de lucha, como tomas o paros en contra de la violencia machista. La mayoría de las movilizaciones se iniciaron por casos particulares de acoso y abuso sexual, a medida que se van trenzando las redes de acción y discusión, se comienzan a articular ejes para una profundización a nivel programático: ¿cómo transformar la universidad en un espacio libre de violencia machista? ¿es posible? ¿Qué mecanismos necesitamos para avanzar en esa perspectiva?

La rabia y frustración honestas, tanto de la experiencia cotidiana de opresión como ejemplificado en casos horrorosos que en las últimas semanas se tomaron el debate y la prensa, se han traducido en la organización de cientos de nosotras en cada uno de nuestros espacios, como por ejemplo en la asamblea de mujeres de la Universidad de Chile con casi mil compañeras, que constituyó un hito político por su masividad y participación de la mayoría de los campus y facultades del plantel.

Esta fuerza hasta ahora se ha centrado en un análisis crítico de los protocolos y en el rol que han jugado las autoridades de las universidades para que se hagan efectivos. Por supuesto que debemos tomar medidas frente a los casos de acoso y abuso en las universidades. Pero estos protocolos por sí solos son insuficientes, y no dan abasto a las necesidades de los espacios educativos, considerando que es una estructura social completa la que potencia, valida y reproduce la violencia machista en todos sus niveles.

Entender que el patriarcado se entrelaza de manera intrínseca con el capitalismo neoliberal, implica asimilar que nuestras estrategias deben procurar no aglutinarse bajo la hipocresía de las autoridades y los gobiernos de turno.

Y pese a que en la mayoría de las naciones, durante las décadas recién pasadas, han cooptado exitosamente algunas de las demandas del movimiento de mujeres, muchas de ellas se encuentran con que el capitalismo está diseñado para resguardar los privilegios de esos empresarios millonarios que se enriquecen a costa de las grandes mayorías trabajadoras. Mayorías compuestas principalmente por mujeres: el 70% de las personas que viven en extrema pobreza son mujeres y niñas. La feminización de la pobreza radica precisamente en esta violencia sistémica, donde el acceso a los servicios básicos como educación, salud y vivienda, y a oportunidades de empleo dignas, es lo que sostiene en concreto que la mitad de la humanidad viva relegada en un nivel u otro a la miseria.

En el mundo educativo, pese a lo que se sostiene en las declaraciones institucionales, son las autoridades universitarias, elegidas por una minoría privilegiada de académicos, quienes han sido los principales sostenedores de la violencia tanto en las aulas como en los pasillos y jardines universitarios. Pues es bajo su mandato que se perpetúan las desigualdades no sólo en razón de género, sino también de raza y clase. Nuestras casas de estudio así son una pequeña muestra de los grandes problemas de la sociedad, y es desde esa posición como también podemos jugar un rol clave en transformaciones que excedan las paredes del mundo estudiantil.

La universidad, como institución, cumple un rol muy claro en este sistema: es la encargada de certificar el conocimiento, de validar el dominio de un saber y de administrar la producción de nuevos conocimientos y tecnologías. Según el enunciado de la mayoría de las universidades estatales, en esta responsabilidad social reside el rol de lo público. Bajo el antifaz de la neutralidad de esta labor, esconden varios secretos: que dicha producción, validación y certificación del conocimiento está orientado con lógicas mercantiles o que directamente está ligado a los intereses de grandes empresarios, quienes en su condición de financistas indirectos, hacen pesar sus propias preocupaciones en el quehacer académico. La Universidad reproduce las lógicas de dominación, jerarquía y competencia, donde el abuso de poder y el autoritarismo se convierten en la principal arma para imponer su voluntad.

La institución universitaria reproduce precariedades para las mujeres y otros sectores oprimidos y explotados presentes en el conjunto de la sociedad: violencia económica, relegando a las funcionarias y docentes a contrata a la inestabilidad laboral, salarios bajos y no equitativos entre hombres y mujeres. No hay un reconocimiento efectivo de las identidades trans. Empuja a las estudiantes a hacer malabares para poder costear la educación, más aún si son madres; y a la violencia sexual, al amparar a abusadores y acosadores dentro del espacio educativo, sin considerar tanto mecanismos preventivos como protocolos con medidas cautelares, de acompañamiento y resolución expedita, de manera triestamental. No contamos tampoco con atención garantizada en casos de ITS/ETS. Además, de violencia simbólica en cuanto al currículum, que valida algunos conocimientos por sobre otros, excluyendo lenguas y saberes no hegemónicos, por sólo mencionar algunas de las problemáticas que aquejan el espacio universitario.

Es que la gran ficción de la Universidad como garante de la democratización del conocimiento y la igualdad de derechos se cae a pedazos: la forma autoritaria y antidemocrática de los rectores elegidos entre una minoría de profesores de las más altas jerarquías, es una expresión más del patriarcado. El modelo de administración, con la figura del rector como un pequeño monarca, requiere pocos quienes toman las grandes decisiones, poniendo así las preocupaciones de las mujeres, la mayoría de la comunidad universitaria y la sociedad en segundo plano. Y esta, es una decisión política, que se intenta maquillar con excusas burocráticas. Nada dicen del peligro que acarrea el sostener una tesis unilateral del problema, donde se utilizan los casos por parte de las autoridades como “chivos expiatorios” de su propio machismo. El problema de la violencia machista requiere un abordaje en forma dual para buscar una solución real al mismo, incorporando políticas ante todo preventivas: sino, se convierte en el aniquilamiento por la pura fuerza, de estos chivos expiatorios, por quienes se alzan del lado de la moral “correcta”.

El cuestionamiento profundo que empieza a nacer en nuestros espacios sobre el machismo y su violencia, es precisamente lo que nos abre el camino para erradicar el patriarcado en todas sus formas, la acción que nosotras podamos generar puede transformar esta realidad. La movilización que hoy estamos emprendiendo nos muestra el camino si anteponemos la unidad de quienes no tenemos voz ni voto en las decisiones de nuestras universidades. Si ya sabemos que las autoridades no son nuestros aliados ¿Quiénes sí lo son? Claramente las fuerzas que como estamento estudiantil podemos articular no bastan para hacerle frente a una institución que perpetúa el machismo. Todas las “ganadas” que nos vayan a entregar las autoridades serán para lavarse la cara y no abordar el problema de la violencia de género de manera transversal y democrática. Precisamente esa maniobra es la que debemos evitar.

Para esto se vuelve clave aliarnos con quienes la universidad también oprime: las y los funcionarios, tanto de planta como a honorarios; lo mismo el estamento docente, quienes debido a las jerarquías académicas no tienen participación equitativa en las elecciones de rector. Conquistar esa unidad desde las bases, desplegada en paros, claustros e instancias de movilización como asambleas y marchas, puede proponerse conquistar organismos con representación de todos los estamentos, comisiones triestamentales que puedan tomar los casos de violencia machista independiente de las autoridades, abriendo el camino al cogobierno universitario como mecanismo democrático real para construir la universidad que queremos: financiamiento integral para una educación pública, gratuita y no sexista, que barra con toda la herencia de la dictadura, y que plantee la universidad como herramienta más para acabar con este sistema capitalista y patriarcal.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.cl/La-universidad-patriarcal-en-la-encrucijada

Revolución femenina

En una sociedad con una cultura tan pesadamente machista y paternalista como la chilena, profundamente tributaria de una religión paternalista y de patrones de conducta conservadores, la rebelión cultural de las mujeres que presenciamos hoy, vendría siendo como otro  inusitado e inesperado “Mayo del 68”, pero en versión del siglo XXI.

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Son siglos de dominación patriarcal, de machismo abierto y encubierto, de discriminación soterrada y de violencia aceptada, de sometimiento paternalista que se han acumulado y que hoy se sintetizan en un movimiento social y ciudadano disperso y renovador, y que estalla en la superficie mediática de los hechos, manifestando reclamos, demandas y aspiraciones contenidas y silenciadas, en el hogar familiar, en el trabajo, en las aulas escolares y universitarias, en las empresas y directorios corporativos, en las instituciones del Estado, en la vida pública y privada.

Las movilizaciones, convocadas por la Confech y por los centros de alumnos de liceos y colegios, son manifestaciones feministas y transversales que están sucediendo en distintos recintos universitarios y escolares, son encabezadas por mujeres demandando la existencia de protocolos en casos de denuncias de abuso laboral y/o sexual y que se termine con la violencia de género.

La sociedad chilena no resiste ni acepta que femicidios, agresiones, abusos y discriminaciones sean naturalizados, sean considerados como pequeñas humillaciones, o sean mostrados como “casos aislados”: esta es una sociedad machista, paternalista y violenta donde las mujeres se movilizan por la igualdad, la sororidad y la justicia.

Reclaman por una educación no sexista y protestan contra el abuso, la discriminación, el acoso y la violencia de que son víctimas las mujeres, en todos los espacios de la vida pública y privada.

Toda la sociedad y la cultura chilena debemos sentirnos interpelados por estas manifestaciones.

Algunas de las instituciones chilenas tradicionales más machistas y paternalistas como la Iglesia Católica y la Masonería, donde la mujer ocupa una posición subordinada ¿leerán este movimiento como unas cuantas “manifestaciones callejeras”, que suceden allá afuera de los muros de sus templos y que no las cuestionan e interpelan?

No es solo una demanda feminista, aunque si se trata de una movilización con contenidos feministas, es una intranquila revolución de las mujeres, movilizando a estudiantes, profesionales y trabajadoras que hablan por varios millones de mujeres silenciadas.

Manuel Luis Rodríguez U.

Declaración del Partido Comunista de Magallanes

Ante la denuncia efectuada por el CORE Juan Vukusich, en cuanto a la inexistencia de una residencia para internación de menores en la región, el Partido Comunista de Magallanes manifiesta a la opinión pública su rechazo a las flagrantes contradicciones del Gobierno de Sebastián Piñera, representado en la figura del Intendente Regional, en materia de protección a la infancia en Magallanes:
1. De manera reiterada hemos sido testigos del abandono de niños, niñas y jóvenes cuyos derechos sistemáticamente han sido vulnerados, situación que desnuda la crisis estructural del SENAME como un mero encargado de pagar subvención a instituciones colaboradoras, tercerizando y externalizando sus funciones, respecto de las cuales el Estado debe ser el verdadero garante.
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2. El Gobierno ha buscado tomar medidas convocando una Comisión de Infancia, en los hechos un espacio con pretensiones prelegislativas según se desprende de las aseveraciones de las propias autoridades, a la que cuestionamos precisamente por suplantar las atribuciones constitucionales del Congreso Nacional, espacio que expresa la voluntad popular donde se discuten y resuelven democraticamente las iniciativas de ley.
3. Sin perjuicio de lo anterior, mientras en diversos titulares de prensa el Primer Mandatario y sus Ministros expresan prioridad por la infancia, la preocupación está completamente ausente en el Gobierno Regional que encabeza el Intendente Sr. Christian Matheson.
4. A manera de ejemplo, haciendo uso de sus atribuciones el gobierno ha nombrado como nuevo director del SENAME en Magallanes al Sr. Mario Miranda Barrera, el que deberá, según se ha dicho, primero pasar un período de tres meses de prueba para ser ratificado en el cargo, demostrando con ello la profunda improvisación en que se mueve la autoridad regional.
5. En materia de salud mental infantil tenemos otro abandono que mantiene el Estado, esto asociado a la precariedad laboral de los programas de atención a salud mental. Producto de ello, en el Cosam infanto juvenil de Punta Arenas, abundan los casos en que algunos niños reciben escuetas atenciones 1 vez al mes.
6. En nuestra región, el abandono emocional en los niños es patente ya en kínder y primero básico, con diagnósticos como disfunción familiar severa, trastornos conductuales agresivos, TDHA (trastorno de déficit de atención) más hiperactividad con impulsividad, situaciones que se han hecho comunes en las escuelas y colegios. Agregamos a esto, una población infantil migrante que también está dañada a causa de la separación con las figuras maternas y paternas en la primera infancia.
7. Pero aún más grave resulta el hecho de que el Intendente, pese a los requerimientos de diversos actores regionales, no ponga dentro de las prioridades de su gestión el proyecto ya existente de Residencia para niños, niñas y jóvenes vulnerables, el que se ubicaría en Las Heras #825 en Punta Arenas.
8. Esto desnuda una negligente falta de voluntad de su parte, actitud que resulta aún más sorprendente al constratarla con uno de los puntos neurálgicos de la Comisión de Infancia instalada por el ejecutivo, la que ha planteado la necesidad de un diagnóstico de la infraestructura de los Centros Residenciales en todo el país.
9. Hay que aclararles entonces a las autoridades regionales, que en Magallanes el diagnóstico está hecho. Los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad no pueden esperar, por la falta de infraestructura hoy no son acogidos en el Hospital Clínico, razón por la cual en muchos casos estos niños y niñas son derivados fuera de Magallanes.
En tal sentido, reiteramos nuestro respaldo a las urgentes demandas de los más vulnerables, expresadas en Magallanes a través de la voz del Consejero Regional Dr. Juan Vukusic.
PARTIDO COMUNISTA
REGIONAL MAGALLANES
Punta Arenas, 11 mayo de 2018