Todas las entradas por Manuel Luis Rodríguez U.

Ciudadano, magallánico, patagónico, comunicador. Contactos vía email: rodriguez1949@gmail.com - manuelluisrodriguez@outlook.com -

CIDH expresa preocupación por otorgamiento de libertad condicional a condenados por graves violaciones a los derechos humanos en Chile

Washington, D.C. –

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Chile de otorgar la libertad condicional a  condenados por graves violaciones a los derechos humanos que se encontraban cumpliendo condenas privativas de libertad  por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad durante la dictadura chilena, pese a los dictámenes negativos de la Comisión de Libertad Condicional. La CIDH recuerda que en relación con penas impuestas por graves violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido al deber estatal de abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia.

diarios

De acuerdo con información recibida por la Comisión, el 30 y 31 de julio de 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Chile otorgó la libertad condicional a ex agentes de la dictadura cívico-militar condenados por su participación en delitos de lesa humanidad. En cinco de los casos, al tomar esta decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema revocó las resoluciones de la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido las resoluciones dictadas por la Comisión de Libertad Condicional en abril de este año. Estas resoluciones, basadas en informes psicológicos realizados por Gendarmería, advierten que los condenados tienen insuficiente o inexistente conciencia del delito y del daño ocasionado a consecuencia de aquel, o validan o justifican sus conductas delictuales, entre otros aspectos.

La CIDH observa que en el razonamiento de la decisión, se señala que las convenciones suscritas por el Estado chileno en materia de derechos humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la libertad condicional, y sostiene que en el caso Barrios Altos, la Corte Interamericana solo cuestionó el otorgamiento “indebido” de beneficios en la ejecución de la pena. La Sala Penal argumenta que esta situación no se presentaría en los casos en cuestión puesto que se cumplirían los requisitos legales y reglamentarios para acceder a la libertad condicional.

Al respecto, la CIDH pondera que, si bien aún en casos de graves violaciones a los derechos humanos el derecho internacional admite que ciertas circunstancias puedan generar una reducción de la pena, como por ejemplo la colaboración efectiva con la justicia mediante información que permita el esclarecimiento del crimen, de acuerdo con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, tales circunstancias requieren un análisis y requisitos más exigentes en función del bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos,  y la obligación que tienen los Estados de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Por consiguiente, la obligación internacional de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia que impuso la sanción, en apego al principio de proporcionalidad.

Asimismo, la Corte Interamericana recientemente ha señalado que al contemplarse una medida que afecte el cumplimiento de la pena por delitos de graves violaciones a los derechos humanos, se requiere realizar una ponderación respecto de la afectación que ocasione a los derechos de las víctimas y sus familiares, en consideración de los estándares de derecho internacional, tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.

Por último, el sistema interamericano de derechos humanos ha advertido que la aplicación de medidas que le resten sentido o eficacia a las penas impuestas en dichos tipos de crímenes, pueden llevar a la impunidad de conductas que los Estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar. Para graves violaciones a los derechos humanos los Estados deben, por tanto, asegurar el cumplimiento efectivo de la sanción que adopten los tribunales internos, considerando que la imposición de las penas debe contribuir verdaderamente a prevenir la impunidad como mecanismo que impida la repetición de los ilícitos. Asimismo, la Comisión observa que la ejecución de la sentencia es parte integrante del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares.

La Comisión reitera que los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persiguen, entre ellas el concepto de la humanidad como víctima y su función de garantía de no repetición de atentados contra la democracia y de atrocidades inolvidables. “El Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos tipos de crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, absteniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves que puedan desvirtuar los efectos de las sentencias condenatorias para los crímenes de lesa-humanidad”, señaló el Comisionado Luis Ernesto Vargas, Relator para Chile.

Por su parte, la presidenta de la CIDH, Comisionada Margarette May Macaulay afirmó: “La aplicación de beneficios debe tener en cuenta que es necesario aplicar requisitos más exigentes para casos de graves violaciones de derechos humanos. De lo contrario, tornaría inefectiva la sanción que se impuso, en contravención con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos en materia de graves violaciones a los derechos humanos”.

La CIDH celebra que Chile, donde históricamente la voz de las víctimas se ha hecho escuchar en la defensa de la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar, en muchos casos se ha constituido en un emblemático ejemplo regional e internacional en favor de la justicia para graves violaciones de derechos humanos. La CIDH saluda también a las organizaciones de la sociedad civil y defensores y defensoras de derechos humanos por su importante labor para exigir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de estos crimines, en el marco del Estado de Derecho y de una sociedad democrática. La CIDH confía que la Corte Suprema de Chile realizará el control de convencionalidad que está llamada a hacer, observando los estándares internacionales e interamericanos que aplican a graves violaciones a los derechos humanos, y que preservará su importante legado de respuestas adecuadas contra la impunidad para los crímenes del pasado autoritario.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 185/18

Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp

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Declarada desierta la licitación para el Leaseback de la Municipalidad de Punta Arenas

Hoy jueves 16 de agosto en la tarde se informó a través del portal Mercado Público, como aparece en la captura de pantalla adjunta,  que fue declarada desierta la licitación para el Leaseback de la Municipalidad de Punta Arenas.

Como se señala en el portal Mercado Público, la licitación convocada por la Municipalidad de Punta Arenas fue declarada desierta porque no se presentaron ofertas de ninguna entidad bancaria.

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En mayo recién pasado se informó profusamente por el Alcalde Claudio Radonich de los términos de referencia de dicha licitación, como una medida para enfrentar la enorme deuda que tiene esa Municipalidad con los profesores municipales.

El 13 de mayo se informó que “con el leaseback se va a pagar una cuota de 36 millones de pesos, pero nos olvidamos de la deuda, sus intereses”, aclaró el Alcalde en esa oportunidad.

Luego de la autorización del Estado, se concreta la contratación conforme a la Ley de Compras Públicas.    En el caso del municipio de Punta Arenas, las dos propiedades que cumplen con las características para ser ofrecidas en la operación financiera son el edificio donde funciona la Dideco en calle Independencia y el ex CEIA ubicado en Ignacio Carrera Pinto esquina Magallanes.

“El proceso será de al menos 2 meses, por lo tanto, mientras antes se apruebe todo, mejor” añadiendo que el tema se planteará en la sesión de concejo que viene.  Si no se logra el leaseback, Radonich advierte que “el plan B no existe, es una situación compleja”.

Núcleo de Profesores socialistas de Puerto Natales reflexiona sobre problemas de la educación municipal en Magallanes

El Partido Socialista de Chile, Comunal Natales, cree conveniente manifestar su preocupación frente a los problemas que están aquejando a la educación en la ciudad de Punta Arenas cuya solución se visualiza como de largo alcance, y se permite hacer una similitud sobre la concordancia de estas realidades de la educación en la capital regional, con respecto a los mismos problemas y hechos no aclarados que subsisten en nuestra comuna.

Frente a la movilización de profesores en la ciudad capital, se acusa a la administración de esa Corporación de Educación (Cormupa) de no estar al día con los pagos previsionales, de no cancelar los préstamos descontados a los profesores en Cajas de Compensación, de no pagar las cuotas en casas comerciales, también descontadas por planilla a cada profesor, en fin, dinero que es de propiedad de cada uno de los docentes por su trabajo personal.

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Todo lo anterior es comparable con la realidad de la Corporación de Educación Municipal de nuestra ciudad (Cormunat).

Ante esto se hace prioritario recordar que los problemas administrativos y económicos de la educación natalina tienen una historia no contada ni profundizada en su real dimensión, que en estas líneas, creemos un deber actualizar.

En primer lugar recordamos que ante la eventualidad de una inspección de Contraloría, la Municipalidad y, por ende, la Corporación de Educación, quisieron blanquear sus manejos económicos y administrativos contratando una Auditoría, que suponían iba a conformar la existencia de manejos claros y consistentes. Para decepción del Alcalde y del Secretario de la Educación, los resultados de la auditoría externa fueron un aviso avanzado de la catástrofe y el caos en la administración de los dineros que el Estado entrega para subvencionar la educación natalina.

Consistente con lo pensado y planeado por el Alcalde y Presidente de la Corporación de Educación, efectivamente en el año 2015 la Contraloría General de la República, en una revisión habitual de esta repartición a la Corporación de Educación de Puerto Natales detectó varias” irregularidades” que se consignan como OBSERVACIONES y las detalla en su Informe Unidad de Seguimiento N° 4946 del 30 de Noviembre del 2015.

Entregados estos antecedente es posible pensar que, pasados ya tres años de los hechos denunciados en estos informes, se podría decir que los problemas han sido solucionados y que ante las advertencias y observaciones de estas dos entidades, la Municipalidad y Corporación de Educación, en la actualidad no tienen problemas de caja ni de administración y, por tanto, los funcionarios y profesores no debieran preocuparse.

Simplemente sí debieran preocuparse. y no solamente ellos y demás funcionarios de la educación, si no que apoderados y comunidad en general, porque como todos sabemos la educación debe ser siempre una preocupación primordial de todos y todas.

Porque:
¿Se ha solucionado lo dictaminado por la Auditoría de M&C Educa que esta Corporación de Educación “se encuentra prácticamente con un déficit económico permanente” (sic), lo que coloca a esta Corporación en “incumplimientos legales sobre el uso de recursos disponibles de programas y proyectos educacionales que administra esta institución”?
¿Se han dejado de utilizar los recursos de otros Proyectos para financiar el déficit estructural de educación o traspasos o préstamos, ya que según M&C Educa dice que al 31 de Diciembre 2014 la deuda acumulada asciende a $ 1.405.670.495 (mil cuatrocientos cinco millones, seiscientos setenta mil cuatrocientos noventa y cinco pesos)?

¿Se puede responder a la conclusión de M&C Educa de que EXISTE MALVERSACIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS? Página 9 de Auditoría.

Y, ¿Se está en condiciones de responder a las OBSERVACIONES de Contraloría en que ya no se traspasarán los fondos de PIE (Programa de Integración Escolar) a la cuenta corriente para pago de remuneraciones? Nos hacemos un deber en explicar que este proyecto tiene como objetivo integrar a las aulas comunes a todos nuestros niños y niñas que poseen Necesidades Educativas Especiales (NEE).

¿Se puede asegurar que los dineros entregados para los niños de los programas de Educación Preferencial ya no se utilizan en pagar remuneraciones, pagar deudas previsionales, deudas en casas comerciales y gastos administrativos?

Estas y otras muchas interrogantes necesitan respuestas de la Corporación de Educación porque se sabe, que en cuenta del Alcalde al Concejo Municipal, el actual déficit es de más de 1.600 millones de pesos y que muy pronto se incrementará cuando la Corporación de Educación empiece a pagar la demanda ganada por 85 docentes por el bono SAE, que en su época no fue pagada por esa entidad educacional. (Se estima en 800 millones). Entonces; es fácil deducir que la deuda del 2014 se ha incrementado o se va a incrementar a una cantidad superior a los 2.500 millones de pesos. Una cifra que mueve a gran preocupación.

Los docentes y asistentes del Núcleo Educación del Partido Socialista instan a nuestros educadores a prevenir situaciones de futuro que puedan originar despidos y no pago de remuneraciones.

Docentes y asistentes del Núcleo Educación-
Partido Socialista Natales

Desmochando Chile – Jorge Heine – The Clinic

Jorge Heine.

El 80 por ciento de los árboles urbanos está en las calles, y a su protección se les presta poca atención. Hace algunos años, se estimó el total de árboles en la RM en 6.3 millones, siendo que se necesitarían al menos tres o cuatro veces esa cantidad.

Un fantasma, si bien muy de carne y hueso, recorre Chile. A lo largo y lo ancho de nuestra larga y angosta franja, desde Arica a Punta Arenas, motosierra en mano, vastos destacamentos de las empresas eléctricas desmochan el arbolado de nuestras ciudades. Con pretexto de evitar que las ramas interfieran con el cableado eléctrico, cientos, sino miles, de árboles, son amputados y mutilados, a veces dejando el mero “tuco” del tronco, en no pocas ocasiones matando el árbol.

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Lo llaman “podar”, pero de poda no tiene nada. Es una guerra contra el árbol urbano, cuyas copas son una molestia para el anticuado y anacrónico cablerío eléctrico elevado. Es de larga data, pero evidencia anecdótica pareciera indicar que este arboricidio se ha intensificado. La idea pareciera ser cortar lo más posible de cada árbol, en parte en reacción a lo ocurrido en 2017 con los cortes de luz provocados por los temporales. Incluso me han llegado fotos de calles sin cables eléctricos con árboles desmochados.

Los árboles urbanos dan sombra, invitan a caminar por la calle, absorben emisiones de carbono, bajan la temperatura en nuestros calurosos veranos, atraen aves que anidan en ellos, retienen agua, evitan la erosión y contribuyen al paisaje de nuestras ciudades. Cada vez más, el manejo del arbolado urbano ha pasado de consideraciones paisajísticas a otras de tipo ambiental, económicas e incluso de salud. Y aún en pleno centro de una urbe, en cuadras repletas de torres, los árboles le confieren escala humana a la calle o paseo peatonal, enmarcándolas y haciéndolas más amables y amigables.

En otras palabras, los árboles son unas verdaderas hadas madrinas citadinas, en un país en que un 80% de la población es urbana. Ello hace inexplicable que tantos municipios miren este urbanicidio con una complacencia rayana en la negligencia. Dado que el calentamiento global arrecia, y el plantar y cuidar árboles urbanos es considerado un excelente mecanismo paliativo, ello es paradójico.

Hay algo más atractivo que una calle con grandes árboles, cuyas copas se juntan en la altura? Y hay algo más feo que un paisaje urbano, como el de nuestro querido Valparaíso, tapado por decenas de gruesos cables, muchos de ellos ya en desuso?

En el caso de la Región Metropolitana, la discusión se ha centrado en la inequidad en materia de áreas verdes, subrayándose el contraste entre la cantidad de metros cuadrados en materia de parques y plazas por habitante en municipios como Vitacura y Las Condes, por una parte, y Pudahuel y La Pintana, por otra, con diferencias de 10 a 1.

Sin embargo, el 80 por ciento de los árboles urbanos está en las calles, y a su protección se les presta poca atención. Hace algunos años, se estimó el total de árboles en la RM en 6.3 millones, siendo que se necesitarían al menos tres o cuatro veces esa cantidad.

Somos miembros de la OECD, el club de países desarrollados, y nos ufanamos de nuestros avances, pero en esto somos tercermundistas. Ha llegado la hora de legislar para que las empresas eléctricas soterren el cableado eléctrico. Es una inversión no menor, pero factible dadas sus jugosas utilidades. Lo mismo vale para una vasta campaña nacional para plantar especies nativas, con énfasis en copas frondosas que absorban la mayor cantidad de monóxido de carbono. Muchas de las especies plantadas, al ser exóticas, no cumplen a cabalidad esta función en las temporadas que más se necesita.

Una ONG le ha señalado al Ministro de Agricultura, Antonio Walker, la urgencia de una Ley de Arbolado Urbano que los proteja, un proyecto de larga data, al que nuestros legisladores han prestado escasa atención. Ello también debería ser una prioridad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como del Ministerio del Medio Ambiente. El Ministro se habría comprometido a estudiar y a presentar un proyecto de ley al respecto. Nuestras ciudades, asfixiadas por la contaminación, atiborradas de automóviles, y tapadas de cemento, se lo merecen. No puede ser que nuestro arbolado urbano esté a merced de la ley de la selva.

Jorge Heine es abogado y ex-ministro de Estado.

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Fuente. The Clinic.

El servicio público en Magallanes y los vaivenes políticos

Alrededor de 11.900 funcionarios constituyen la actual dotación del servicio público en Magallanes, sin contar a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Ellos forman parte del estamento fundamental para el ejercicio de la gestión de la Administración Pública en la región y en las provincias, no son trabajadores al servicio del gobierno de turno, sino que servidores públicos al servicio del Estado y de la nación, o sea de todos los ciudadanos sin excepción.

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Lo esencial de la función pública que ellos desempeñan, es cumplir las funciones de servicio a la comunidad, y asegurar la permanencia y continuidad de las instituciones, a través de los vaivenes políticos y de los cambios de gobiernos.

Es en relación con la continuidad de dichos servidores públicos que tiene sentido la expresión “el gobierno de turno”, en sel sentido que cada gobierno es pasajero, tiene fecha y plazo de comienzo y de término, mientras que la administración pública y el servicio público son permanentes y continuos en el tiempo.

La ANEF y las demás organizaciones de funcionarios han luchado consistentemente por la construcción de Trabajo Decente en el Estado, es decir trabajos estables, con derechos sociales, laborales y sindicales plenos. En este marco, su lucha por la Estabilidad Laboral en el Empleo Público ha sido permanente, y hemos expresado la exigencia de que las desvinculaciones se enmarquen en la legalidad vigente y a los instrumentos existentes para ello.

Los/as funcionarios/as públicos no son el botín de los gobiernos de turno. Son Trabajadores/as del Estado, sujetos a obligaciones y evaluaciones, que se rigen por la legalidad vigente y tienen derechos garantizados por ella. No es cierto que exista inamovilidad en el Empleo Público, ni para los empleos de planta, ni menos aún para quienes tienen empleos precarios en condición de contrata u honorarios. Para todos ellos, la legalidad vigente contempla procesos de evaluación y calificación, además de procedimientos de sanción administrativa en caso de incurrir en faltas. Estos son los mecanismos de desvinculación, basados en criterios objetivos, sujetos a procesos racionales y justos, vigentes en el Estado, y tal como se ha hecho sistemáticamente durante los últimos años, siguen siendo defendidos y que deben ser plenamente respetados.

El actual gobierno de turno parece no comprender este hecho, lo que se explica porque muchos de los nuevos jefes y autoridades vienen del mundo privado, vienen de empresas, que se rigen por otros códigos de funcionamiento, basadas en el lucro.

En unas recientes y desafortunadas declaraciones emitidas en Radio Antártica FM de Punta Arenas la actual Intendenta de turno, manifestó y justificó la actual oleada de despidos por razones políticas al decir que “aquí hubo un cambio de gobierno”, lo que es una obviedad que atropella la inteligencia de los magallánicos.

Pero además, y sin medir las consecuencias de sus palabras, anunció que van a despedir el 20% de los funcionarios públicos “de cada estamento” en la región de Magallanes.  Naturalmente estas declaraciones, dichas con cierta liviandad, causaron el rechazo de las organizaciones gremiales de los empleados públicos y aumentaron el sentimiento de incertidumbre en los numerosos funcionarios a honorarios y a contrata que actualmente laboran en los servicios públicos y el gobierno regional.

¿Este gobierno va a despedir el 20% de funcionarios en cada servicio, en cada SEREMI…?

Pero, como la justificación de los despidos dada por la autoridad regional es política, es decir, que aquí “hubo un cambio de gobierno”, entonces claramente ha dejado abierta la puerta para que en el próximo cambio de gobierno en 2022, se vayan para afuera todos los funcionarios contratados por el gobierno de Piñera, lo que es un despropósito que no resiste ningún análisis.

¿Así funcionan los servicios públicos en realidad? ¿Cada gobierno va haciendo “tabla rasa” en los servicios públicos?

Los actuales despidos en servicios públicos en Magallanes, nos hacen recordar los más de 11.000 despidos que hizo el primer gobierno de Piñera en todo el país, cuando asumió en 2010 y los cerca de 700 trabajadores despedidos en ENAP Magallanes en aquella epoca.

El Colegio de Trabajajdores Sociales de Magallanes ha denunciado: “repudiamos los despidos injustificados de éstos últimos días en diversos servicios públicos como Seremi del Deporte Magallanes, FOSIS Magallanes y SENAMA Magallanes, donde se han visto afectados profesionales y técnicos con gran trayectoria en la gestión y promoción de los programas sociales que contribuyen en el bienestar de las personas y familias más vulnerables.”

Estos no son los tiempos mejores para los servidores públicos.

Manuel Luis Rodríguez U.

Comisión de Género y Diversidad el Partido Comunista de Magallanes rechaza tratamiento de noticia en periódico La Prensa Austral

Declaración en repudio al titular de la Prensa Austral.

Rechazamos enfáticamente el titular y el tratamiento a la noticia asociada al abuso y violación de una menor de 13 años en nuestra ciudad el viernes recién pasado, el medio de comunicación, “La Prensa Austral” tituló: “Menor denunció secuestro y violación para exculpar a su amante adulto”, es impresentable, se trata de tergiversar la verdad con un fin tendencioso pasando a llevar la ética periodística, este tipo de titular se encamina a naturalizar aún más el machismo más recalcitrante de nuestra sociedad.

No cabe duda para la ley que ante los hechos, se debe hablar de abuso sexual y violación, por lo tanto no hay cabida para la palabra “amante” que denota además un juicio de valor tremendo. Los medios de comunicaciones en su rol social deben anteponer los hechos verídicos ante todo y no mermar la verdad a través de titulares que caricaturizan el abuso y violación a una menor de edad. A pesar de lo aberrante de la situación, no nos sorprende, ya que hemos visto el tratamiento de otras noticias a nivel nacional, como el caso de Nabila Riffo, en donde se filtran antecedentes que no debieron ser públicos por ningún motivo.

logopartidocomunista

En definitiva, los medios de comunicación han sido aliados del patriarcado cumpliendo un rol desinformador y tendencioso, que no se condice con los cambios que exige nuestra sociedad, para consagrar una sociedad libre de violencia machista. Invitamos a la línea editorial de “La Prensa Austral” a reflexionar, repensar sus estrategias comunicacionales y más aún con el trato a este tipo de noticias y pedimos también que este medio pida disculpas públicas a la víctima y su círculo cercano de la misma forma que fue divulgado el titular y el tratamiento de la noticia, aunque no sea equivalente en lo proporcional al daño causado.

Comisión de Diversidad Y Género Gladys Marin

Colectivo Valkiria

Partido Comunista de Chile, regional Magallanes.

 

Habiendo deseos de cambios sociales, los cambios requieren conducción y cauce político – Gonzalo Bascuñán Vargas

El próximo 29 de julio de 2018 el Partido Radical de Chile vivirá una elección interna que renovará tres de sus estructuras principales: la Directiva Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y los Consejos Regionales. Para estos últimos, los nuevos integrantes se definirán a partir del voto que entregue cada militante a un Presidente regional y otro voto, con 5 preferencias, para consejeros y/o consejeras regionales.

En términos generales, a nivel nacional se enfrentan dos sensibilidades partidarias. Una, de continuidad al mandato vigente, que lidera el Presidente actual y busca su reelección, Co. Ernesto Velasco Rodríguez; y otra, que se propone como alternativa, y que encabeza el Co. Carlos Maldonado Curti.

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En regiones la oferta es algo más compleja. En un partido diverso, que posee contradicciones territoriales, era esperable una correlación de esa diversidad en el número de candidaturas a la presidencia. Es decir, sensibilidades propias y específicas de lo local han emergido para esta elección de manera “casi independiente” al apoyo que cada región entregue a una de las dos tendencias nacionales en competencia.

Desde luego, hay regiones que replican la alternativa nacional y presentan dos alternativas a la militancia, es el caso de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Ñuble (región debutante), O´Higgins, Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y Aysén. También, existen regiones donde el partido presenta una sola opción a sus bases como sucede en Tarapacá y Maule. Y hay otras, como Arica, Metropolitana, Los Ríos y Magallanes que presentan 3 opciones. Incluso, en Valparaíso se inscribieron 4 alternativas.

Las sensibilidades partidarias se resumen a lo largo del país en 423 candidaturas que, de manera individual y asociada, disputan un padrón nuevo, obtenido en el proceso de refichaje realizado el año anterior, el que habilita un número determinado de militantes para que ejerza su derecho a voto en la elección de julio. En el caso de Magallanes, el padrón equivale al 1,9% del país; y proporcionalmente, se distribuye con un 68% en la provincia de Magallanes, 17% en la de Tierra del Fuego, 14% en Última Esperanza, y el 1% restante corresponde a la provincia Antártica.

Dicho lo anterior ¿qué es lo que está en disputa en esta elección? Obviamente existe una visión amplia de sociedad que es compartida por la militancia radical; de lo contrario no sería un Partido. También es cierto que ocurren diferencias en la forma de trabajar por alcanzar esa visión de sociedad que abre “tendencias” al interior del PR. Tendencias, que además suelen escindirse dependiendo del lugar que ocupa en un momento la militancia respecto del poder instituido (cerca – lejos; influyente – no influyente); de esta manera, emergen posiciones que van desde las más complacientes hasta las de abierta disconformidad. Pero siendo estas disputas de posiciones relativas al interior del partido ¿existirá una disputa de fondo en el radicalismo?

De fondo, habrá que preguntar “para qué” militar en un partido como el Radical. Y como consecuencia de ello, entrará en disputa el objeto partidario, la organización como tal, el aparato institucional y económico a través del cual se desarrolla el “qué”. Es decir, las acciones específicas que le dan sentido al ser Radical.

Esa mirada filosófica, invita también a preguntarse por qué la necesidad de que el país cuente con un ideario radical claro, decidido y creador en las sociedades del siglo XXI. Un ideario, por cierto, que se sustenta en viejas ideas y principios laicos, republicanos y socialistas, pero que vigorizado con acciones nuevas, conscientes y consecuentes a esas ideas, responderán con radicalismo a las necesidades ciudadanas y a los profundos cambios culturales que estamos experimentando.

Habiendo deseos de cambios sociales, los cambios requieren conducción y cauce político, y quienes logren expresar y representar de mejor manera estas proposiciones ante la militancia, ¿no serán acaso las personas que sus iguales escogerán para dirigir; o será, mayor la alienación? El voto es voluntad, es fuerza y dirección. El que lo sabe milita, y el que milita hace algo al respecto.

En esta elección, cada militante radical tiene en su voto el poder para hacer una distinción única y fundamental. Que reconozca, entre las candidaturas existentes, aquellas que marcan una diferencia de innovación, de renovación, de responsabilidad, de unidad, de trabajo serio y motivado por el colectivo, que promueva liderazgos, que diga y haga desde la ética radical, que respete y se haga respetar, que acumule fuerza para continuar más allá de la elección aun no siendo electos. Eso es parte de un proceso de cambio verdadero; pero en definitiva, cada logro se consigue a su tiempo y a su edad.

El país necesita un Partido Radical revitalizado, que se fortalezca desde su patrimonio político altamente valorado por amplios sectores y lo elabore y proyecte de acuerdo a las actuales circunstancias, buscando democratizar y fortalecer la institucionalidad republicana, reencontrando el valor y el sentido de lo público en lo público, y ampliando sin amagues las libertades individuales y colectivas que oprimen el potencial de felicidad y bienestar del pueblo, y de los pueblos de Chile.

Gonzalo Bascuñán Vargas