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Gritos en la Plaza: Para una historia del “Puntarenazo” en Magallanes, 26 de febrero de 1984

INTRODUCCION.

El año 1984 fue un año “caliente” en Chile y en la región de Magallanes.

Se habían terminado los tiempos en que las organizaciones sociales y sindicales, y sus dirigentes se limitaban a acatar y resignarse ante las medidas adoptadas por la autoridad.

Los actores principales del movimiento social democrático que se había constituido en Magallanes eran la Coordinadora de Pobladores y el Comando Multigremial de Magallanes.

El Comando Multigremial se había logrado poner a la cabeza de la protesta sindical y gremial contra la dictadura y su política económica.

El año se inició con una serie de Cabildos populares organizados por el Grupo de los 24, en coordinación con el Comando Multigremial, la Coordinadora de Pobladores y los principales partidos opositores.  Entre fines de enero y mediados de febrero de 1984, los cabildos acapararon la motivación y la movilización de trabajadores y pobladores.

Un documento inédito del Grupo de Estudios Constitucionales de Magallanes definía estos cabildos en los siguientes términos: “Todas las organizaciones populares y poblacionales, ex alcaldes y ex regidores, así como todos los vecinos de una zona urbana determinada son los llamados a participar en los cabildos abiertos.  Allí, además de expresar sus problemas, discutirán y acordarán iniciativas y acciones de lucha para exigir soluciones reales a sus problemas.  Se trata en consecuencia, de organismos populares, amplios pluralistas, verdaderas escuelas prácticas de la futura democracia chilena.” ( )

El Comando Multigremial convocaba en los siguientes términos a los Cabildos: “Trabajador, profesional, estudiante, mujer, jubilado te señalamos tu compromiso con Chile y su destino que es nuestro destino y el de nuestros hijos.  Concurramos a expresar nuestro pensamiento y nuestras inquietudes junto a nuestros vecinos, familiares y juntos haremos posible que Chile vuelva a ser lo que fue.  Este sábado 25 de febrero, todo Magallanes y en especial el barrio 18 de Septiembre le dirá sí a Chile, no al hambre, la cesantía, el soplonaje, el individualismo y tantas otras lacras que nos han llegado.  Desde las 18 horas concurre al salón de actos de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima en el barrio 18 de Septiembre.  El sábado 3 de marzo Playa Norte se pondrá de pie junto a Magallanes desde las 18 horas en el salón de la Parroquia Cristo Redentor.  La historia la escriben los pueblos con sus actos.” ( )

La serie de encuentros poblacionales, realizados en diferentes parroquias de la ciudad de Punta Arenas, culminó al mediodía del domingo 24 de febrero con una masiva protesta popular efectuada en la Plaza Muñoz Gamero, en presencia del propio dictador: el “Puntarenazo” con el que fue recibido el gobernante, fue un evento político de repercusión nacional e internacional.

Varios dirigentes sindicales fueron detenidos, junto a líderes políticos y sociales en la posterior represión ejecutada por la policía del régimen.

 

Gritos en la plaza:
el “Puntarenazo” o la primera protesta
en la cara del dictador
(febrero de 1984)

 
Se presenta a continuación un relato pormenorizado de los hechos relativos al “Puntarenazo”, en la secuencia cronológica en que sucedieron.

Sábado 4 de febrero.

El Intendente Regional subrogante Gral. Alejandro Medina L., anuncia por la prensa local el programa de la visita presidencial a Magallanes, la cual estaba programada para los días 24 al 29 de febrero.   Este mismo día, los integrantes del Comité Organizador de los Cabildos, resuelve definitivamente el calendario de Cabildos a efectuarse en Punta Arenas, mediante la coordinación con los pobladores, los estudiantes universitarios, los gremios de trabajadores, los partidos políticos opositores y algunos colegios profesionales.

Sábado 18 de febrero.

El sábado 18 de febrero, a partir de las 18.00 hs., se efectuó el Segundo Cabildo convocado por el Grupo de los 24, en el salón parroquial de Cristo Obrero. En una declaración convocatoria aparecida en La Prensa Austral de ese día, emitida por la Izquierda Cristiana, se expresaba: “Invitamos a todos los pobladores del sector norte de la ciudad al cabildo del sábado 18 de febrero y en especial instamos a los pobladores integrantes de las comunidades cristianas del sector.” También la organización MUDECHI publicó una declaración convocando al cabildo.

Concurrieron alrededor de 350 personas. y entre los acuerdos que se adoptaron, se consideró la formación de Comités de Pobladores en todas las poblaciones de la ciudad; la realización de una protesta con motivo de la próxima visita de Pinochet a Magallanes; y la realización de un Tercer Cabildo.

Lunes 20 de febrero
Ya se conocía en toda la ciudad la convocatoria a una protesta contra la próxima presencia de Pinochet en Magallanes: el periódico “La Prensa Austral” titulaba en primera página: “En cabildo abierto del sábado, proponen protesta para recibir a S.E.”.  La elevada circulación del periódico en la ciudad, contribuiría involuntariamente a multiplicar la convocatoria.

En el mismo periódico, el Secretario Ejecutivo del Grupo de los 24, resumía las principales demandas exigidas al gobernante y que constituían el fundamento de la protesta acordada en el Cabildo: la situación de cesantía que afectaba a alrededor de un 23% de la fuerza de trabajo regional y los bajos salarios de los programas PEM y POJH.

Martes 21 de febrero.
El día 21 de febrero, el Frente Magallánico, presidido por el abogado Guillermo Ihnen Miranda, anunció una serie de demandas para ser presentadas al gobernante, debido a que “Magallanes se encuentra en recesión”.

En la página editorial de este día de La Prensa Austral, manifestaba su rechazo a los anunciados actos de protesta.

Este mismo día, el Intendente Regional, Juan Guillermo Toro Dávila se reune con un grupo de dirigentes vecinales a fin de anticiparles los anuncios que haría Pinochet a su llegada a Magallanes.  Los dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos expresaron que el reclamo principal que tenían era contra los elevados precios del gas natural en la región, el pago de los dividendos en UF y los valores de los pasajes LAN a Santiago.
Miércoles 22 de febrero
El 22 de febrero, se anunció en detalle por La Prensa Austral el programa de actividades de Pinochet, cuya visita estaba anunciada para el viernes 24 de febrero.

Este mismo día el Comando Multigremial, por medio de su Presidente José Ruiz de Giorgio, anuncia su adhesión a los actos de protesta convocados contra Pinochet.  El dirigente anunció también que había hecho entrega al Intendente, de un Memorandum con las principales demandas y exigencias de los trabajadores organizados de la región.

Hoy se reune el Intendente regional con un grupo de 19 dirigentes sindicales de orientación oficialista.  Resulta evidente que el Gobierno, ante la inminencia de la protesta anunciada, estaba realizando esfuerzos por reforzar su control sobre sindicatos y Juntas de Vecinos.

Jueves 23 de febrero.
El ambiente en la ciudad es de una tensa  calma.  El aire tiene un clima de expectación contenida, de silencio que precede a algo importante.

Las reuniones de los grupos y partidos opositores democráticos se suceden en el ya acostumbrado sigilo propio de la clandestinidad o la semi-clandestinidad.

Algunos vehículos civiles y militares circulan por la ciudad, dejando en evidencia la presencia de más vigilancia que la acostumbrada: la guardia personal del dictador se ha adelantado al visitante y recorre con cierta discreción mal disfrazada las calles del centro y algunos barrios importantes de la ciudad.
Viernes 24 de febrero.
A las 11 de la mañana llega Pinochet a Punta Arenas: el tradicional y acostumbrado despliegue militar hace aún más evidente el vacío que la gente hace en la calle al paso de la comitiva de vehículos blindados y jeep miliares.  En el mismo aeropuerto, la recepción oficial que intentó ser masiva, no resulta más que un tumultuo de aplausos de unas 40 mujeres de oficiales.

Al mediodía de su llegada y a pocos minutos del paso de la comitiva presidencial por el centro de Punta Arenas, se produjo una manifestación relámpago en la esquina de calle Bories con Av. Colón, en la que participaron unas 30 personas, sin detenidos.

El aeropuerto se vió repleto de autoridades, funcionarios públicos y adherentes pinochetistas, a la llegada del mandatario.  Este mismo día 24 de febrero, en los medios de comunicación y directamente, se anunciaron diversas protestas, en la forma de “cacerolazos” y otras manifestaciones, para el sábado 25 y el domingo 26 contra la visita de Pinochet.

Al mismo tiempo, se anunció la realización de un Tercer Cabildo el que tendría lugar en el salón parroquial de Fatima.

Los panfletos circulaban por la ciudad con la nueva convocatoria.

Organizado y convocado por el Grupo de los 24, su objetivo era agrupar a pobladores de todo el sector sur de la ciudad, especialmente de las poblaciones 18 de Septiembre, Fermín Roca, Carlos Ibañez, Monseñor Boric, El Pingüino, Carlos Ibañez, Calixto, 21 de Mayo, Diego Portales y Nuevo Horizonte.  Muchos grupos de pobladores se reunieron la noche de este día, para organizar su participación en el cabildo y en las protestas.

A las 19.00 hs., se efectuó una misa en la Catedral en homenaje al dirigente sindical Tucapel Jimenez, asesinado hacía dos años.

Al término de la misa, hacia las 20.30 hs. un grupo de participantes marchó por el centro de Punta Arenas, hacia Avenida Bulnes.  Hasta su llegada a Bulnes, la manifestación se desarrolló con plena normalidad, sin incidentes: los manifestantes se instalaron en la vereda oeste de la Avenida.

Algunos de ellos sin embargo, bajaron a la calle e intentaron cortar el tránsito hacia el centro de la ciudad, lo que motivó la intervención de la fuerza policial.  Se iniciaron entonces algunos forcejeos con Carabineros.  En medio de estos incidentes, un vehículo Chevy Nova conducido por un joven estudiante ( ), y  que circulaba a fuerte velocidad por  Plaza Bulnes, fue rodeado por los manifestantes que ocupaban la calle, embistió a la multitud atropellando al joven obrero de 21 años José Chiguay Coliboro, dándose posteriormente a la fuga.  Algunos manifestantes alcanzaron a tomar el número de patente de la camioneta, pero no se formuló denuncia salvo en los medios de comunicación.

En los incidentes con Carabineros, hubo 2 heridos graves, entre los cuales el Sargento de Carabineros Romero y 11 detenidos.  Los detenidos por Carabineros en esta manifestación, fueron los siguientes: Hernán Diaz B., Jorge Gomez A., Orlando Muñoz M., Eddie Chaura Ch., José Barría Ojeda, Atilio Barría Ojeda, Nury Vargas S., Patricio Muñoz R., Oscar Illanes P., Ivan Hechenleitner V. y Epifanio Guineo G. Los manifestantes fueron subidos a golpes a un bus policial y conducidos hasta los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros.

El atropello del joven Chiguay Coliboro, provocó una reacción de indignación en toda la ciudad aumentando inesperadamente el clima de tensión y de rechazo por la visita presidencial.  Los manifestantes derribaron el “arco triunfal” que había sido instalado en la esquina de Sarmiento y Bories, con motivo de la visita presidencial.

La Coordinadora de Pobladores y el Grupo de los 24, reunidos en la noche del día viernes, tenían todo listo para el Cabildo en la Parroquia Fátima.

Inmediatamente de sabidos los nombres de los manifestantes detenidos, el equipo judicial del Obispado, dirigido por el abogado Juan Vivar iniciaron las gestiones para lograr su excarcelación, lo que ocurrió hacia medianoche de ese día.
Sábado 25 de febrero.
En la mañana de este sábado, Pinochet y su comitiva salieron temprano del Hotel Cabo de Hornos, en dirección del aeropuerto, para visitar Porvenir.

A partir de las 18.30 hs. se efectuó el  Tercer Cabildo en la Parroquia Fátima en la Población 18 de Septiembre.  Los asistentes desbordaron el salón parroquial, en un número de alrededor de 250 personas.  Los dirigentes del Grupo de los 24, satisfechos con la convocatoria lograda, trataban de coordinar todos los detalles del acto.

El ambiente del cabildo era particularmente agitado.  La presencia del gobernante en Punta Arenas, le daba un mayor significado a este evento.  En las proximidades de la parroquia de Fátima fueron percibidos algunos agentes de civil en actitud de vigilancia, pero nadie fue detectado entre los asistentes al acto.

Banderas chilenas, lienzos alusivos y un ambiente festivo y nervioso dominaba el gran salón.  Varios cantantes regionales animaron el acto, antes de pasar a los discursos.

Diversos oradores insistieron en las demandas más sentidas de los pobladores: se protestó, por los altos precios del gas, los salarios y sueldos insuficientes, por la cesantía imperante y por todos los problemas económicas que vivía la población más pobre de la ciudad.  En la parte final del acto, una pobladora en la multitud asistente gritó convocando a los asistentes a protestar en la mañana del domingo durante la ceremonia del mediodía, lo que provocó la adhesión entusiasta y espontánea y los aplausos cerrados de la multitud.

Al término del Cabildo no hubo manifestaciones ni enfrentamientos con Carabineros, pero cada asistente llevaba en su conciencia una sola consigna: “mañana, a las 12 en la Plaza”.
Domingo 26 de febrero.
10.30 hrs.   Alrededor de esta hora comienzan a llegar imperceptiblemente los primeros manifestantes opositores, junto al público que se congregaba para presenciar el tradicional izamiento de la bandera. El grupo de manifestantes formaba un abigarrado grupo en la vereda esquina de Fagnano y la Plaza Muñoz Gamero teniendo a sus espaldas la iglesia Catedral.

Carabineros había acordonado todos los alrededores de la Plaza, pero no se notaba una excesiva presencia policial. El palco oficial lucía alfombrado en rojo y abundaban las banderas y escudos chilenos adornando los postes del alumbrado público.  En la terraza del edificio ENAP, en las ventanas de la Gobernación Provincial y en algunas dependencias del Hotel Ritz (en la esquina suroeste de la Plaza), se notaban discretos individuos de seguridad.

En la vereda de la esquina de la iglesia Catedral y en la vereda sur poniente de Fagnano con Nogueira, se fueron concentrando los manifestantes opositores, en un número estimado de unos 350, mientras que en la vereda esquina de la Plaza frente al edificio sede de ENAP (6), se concentraron los partidarios más notorios de Pinochet, junto a un nutrido número de conscriptos de civil, acompañados por sus oficiales de mando, también de civil.

Las tropas -unos 800 efectivos de Ejército, Marina y Fuerza Aérea- que debían rendir honores se instalaron a las 10.45 hs. en formación frente a la Plaza Muñoz Gamero, abarcando los 100 metros de la calzada. La banda instrumental del Ejército estaba situada de espaldas al templo Catedral.

El programa previsto incluía la siguiente secuencia:

– honores militares al Presidente de la República;

– revista del Presidente a las fuerzas militares en formación;

– discurso de homenaje del Intendente y Comandante en Jefe de la Región Militar Austral;

– desfile de las fuerzas.

Había silencio en la Plaza antes de la llegada del gobernante: un silencio expectante.  El vehículo presidencial se desplazó lentamente desde el Hotel Cabo de Hornos hacia la esquina de José Nogueira y Fagnano, bordeando la Plaza.

12.00 hs. Al mediodía en punto -y después de las campanadas de la Catedral al término de la misa dominical- el son de un clarín anunció la presencia de Pinochet, quién se aproximó en su automovil blindado de color negro hasta la esquina de la Plaza con José Nogueira, a fin de recibir los honores con banda en dirección al Asta Monumental, donde lo esperaban autoridades regionales y su comitiva.

Al momento de descender del vehículo presidencial, el General esbozó un saludo hacia el público ubicado frente a las rejas de la Catedral, pero lo que él creyó eran gritos de adhesión, en realidad fué un poderoso grito masivo de protesta, mezclado con insultos que resonaron en toda la Plaza amplificados por los tres edificios de dicha esquina.

Los manifestantes, apostados delante y detrás de las rejas de la Catedral gritaban (“¡Asesino, asesino!” o “¡Y va a caer…y va a caer!”” eran las consignas más fuertes y repetidas) y lanzaban panfletos al aire, que el viento de esa esquina levantaba y dejaba caer sobre el público y la formación de uniformados.

Su rostro se demudó de la sorpresa, mientras la banda entonaba el Himno Nacional. Los manifestantes, en su mayoría pobladores, trabajadores y jóvenes de poblaciones, colgados de las rejas exteriores de la Catedral, lanzaban panfletos los que, recogidos por el viento, volaban hacia la Plaza;  otro manifestante incluso, en medio del griterío y el impacto inicial de la sorpresiva manifestación, envió por los aires un conejo muerto hacia Pinochet que se encontraba a menos de 10 metros del público, el que rozó su hombro y cayó en el suelo, dejando una tenue mancha de sangre en su uniforme.

Los uniformados rindiendo honores inmóviles, formaban una barrera entre Pinochet y los manifestantes…

12.05 hs.  Los últimos acordes del himno patrio se mezclaban con la protesta, formando una estruendosa confusión de ruidos, bandas, voces, gritos y consignas, mientras el dictador camina revistando las tropas.

Frente a los cordones policiales, y entre la tropa formada y el público que protestaba, los nerviosos guardias del General se mezclaban con Carabineros, con civiles de lentes oscuros y rostros amenazantes, con camarógrafos de todo tipo que filmaban la escena, con fotógrafos.

En menos de 5 minutos se había agüado la ceremonia del General: a los gritos de protesta e insultos de los manifestantes, se sumaron los gritos de adhesión de los conscriptos, las campanadas de la iglesia Catedral, la batahola de Carabineros tratando de detener manifestantes, los flash de los fotógrafos, y el increíble desorden que se producía en la vereda exterior de la Catedral.  Desde lo alto del campanario de la Catedral, alguien lanzó también algunos panfletos, los cuales habían sido repartidos hacia las 11 de la mañana entre los manifestantes.

Mientras Carabineros trataba de detener, golpear y reprimir a los manifestantes, una avalancha de éstos se volvó hacia el patio interior del templo Catedral haciendo retroceder a los asistentes a la misa dominical.  Los gritos y consignas se escuchaban desde la iglesia, generando un movimiento hacia su interior en busca de refugio.

El gobernante terminó su desfile frente a las tropas y llegó hasta el Asta Monumental con el rostro indignado y enrojecido, mientras su Intendente, el General Toro Dávila trataba infructuosamente de dar explicaciones y el Ministro Secretario General de Gobierno Alfonso Marquez de la Plata, entregaba nerviosas instrucciones a su séquito.

12.10 hs. Precisamente en este instante, en estos primeros minutos dramáticos, los fieles asistentes a la misa (alrededor de unos 150) comenzaron a salir del templo, presionando para abrirse paso hacia la calle, mientras los manifestantes en la vereda recibían golpes y puntazos de los Carabineros, por lo que comenzaron a retroceder hacia el patio exterior y dentro de la reja de la Catedral en busca de refugio.

El automóvil presidencial se instaló frente al Asta Monumental y partió raudo hacia el Hotel Cabo de Hornos.  Pocos minutos antes, el automóvil de la Primera Dama, Lucía Hiriart, llegó al Hotel.  La escena en el hall de entrada del Hotel fue impresionante: gritos destemplados de Pinochet y su esposa, mientras su séquito de oficiales y autoridades trataba de dar explicaciones y órdenes contradictorias. (7)

12.15 hs.  Los Carabineros armados con lumas, golpeaban y trataban de detener a quienes pudieran: alcanzaron a aprehender a 16 opositores.

Los 16 detenidos por Carabineros en la represión contra los manifestantes fueron los siguientes:  Pedro S. Díaz D., Victor Christi M., Julio Salas B., Leonel E. Sanchez P., José M. Ruiz V., Raul Lizama B., José L. Aqueveque G., Waldo Lorca M., Carlos Mladinic A., José Ruiz de Giorgio, Juana Navarro R., José L. Mena B., Susana Guerrero T., Eugenio Bahamondez P., Ivan Ojeda B. y Enrique Haro H., quienes fueron llevados en pequeños grupos a los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros, a medida que iban siendo detenidos.

Los camarógrafos de televisión, periodistas, fotógrafos e incluso funcionarios de la CNI., con sus máquinas fotográficas, captaban nerviosamente los hechos.

La presión del público manifestante ante el empuje de Carabineros, volvió a llenar la Catedral, mientras el sacerdote oficiantes presbítero Natalio Vitale (en ausencia del Obispo titular), trataba de calmar los ánimos y de cerrar las puertas del templo, a fin de proteger a los amenazados manifestantes opositores.  Las puertas de acceso y rejas del templo Catedral fueron cerradas con llave desde el interior, para proteger a los manifestantes.

12.30 hs.  Desde la esquina de la Plaza frente al templo, los conscriptos gritaban consignas amenazantes (“Pudeto unido, jamás será vencido!” era la consigna más utilizada), mientras su número iba en aumento. Alrededor de sus cabos, sargentos y oficiales, todos los uniformados vestían de civil e informal, pero se mostraban cada vez más agresivos y dejaban entrever que algunos de ellos portaban armas cortantes: yataganes y cuchillos.

12.45 hs.  Numerosos manifestantes que se encontraban en el exterior de la reja de la Catedral, intentan huir por Fagnano, perseguidos por Carabineros y agentes de la CNI.  Algunos de ellos son aprehendidos antes de alcanzar a saltar la reja del recinto eclesiástico, siendo golpeados brutalmente.  Otros agentes intentaron derribar la puerta del templo por calle Fagnano e incluso se dieron a la tarea de filmar con cámaras-video a los manifestantes refugiados dentro del patio del templo por calle Fagnano.

13.00 hs. Desde esta hora y hasta las 17.00 hs. el templo Catedral estuvo completamente rodeado y sitiado por conscriptos de civil, mientras Carabineros mantenía un control total y vigilancia sobre el área.  Durante la tarde, algunos grupos de curiosos se apostaban en las esquinas frente al templo para comentar los hechos y presenciar algún evento.

Algunos grupos de conscriptos en un número cercano a los 50, una vez terminada la ceremonia y el desfile, fueron aproximándose a la vereda exterior de la Catedral, siempre reunidos con sus oficiales y gritando consignas políticas a favor de Pinochet.

En total hubo 471 personas refugiadas en la Catedral, grupo en el que se encontraban personas de distintas filiaciones políticas, tanto gobiernistas, independientes y opositores, mujeres, hombres, jóvenes e incluso niños.

13.30 hs.  Comenzaron a llegar al interior del templo cajas conteniendo sandwichs, bebidas, café y otros alimentos.

14.00 hs.  Al interior del templo, a pesar del temor inicial reinante, se fué creando un clima de solidaridad y de religiosidad muy profundo.

Los sacerdotes procedieron a explicar a los presentes la situación en la que se encontraba el templo, reiterando a todos que se trataba de un recinto religioso y que, por lo tanto, la principal actividad que cabía realizar era la oración y la reflexión.  A lo largo de la tarde, se efectuaron a lo menos seis momentos de oración especiales, dadas las circunstancias excepcionales en las que se encontraban.

Mientras afuera del templo catedral, los soldados-conscriptos azuzados por sus oficiales y mandos vociferaban consignas en favor de Pinochet e insultos improvisados, dentro de la iglesia se rezaba…!  Carabineros impuso vigilancia alrededor del templo, cerrando los únicos dos accesos al recinto.

Desde el interior del templo, se escuchaban los gritos amenazantes de los conscriptos.

15.00 hs.  La manifestación contra el dictador en Punta Arenas, se había convertido en un hecho político nacional, gracias a la rápida cobertura de Radio Chilena y radio Cooperativa, ésta última a través de la emisora local Radio Presidente Ibañez.  El suceso además, amenazaba transformarse en un nuevo conflicto entre la Iglesia católica y el Gobierno militar. (9)

El sacerdote Natalio Vitale informa a los refugiados en el templo que se están efectuando gestiones telefónicas para preservar su integridad.  El conjunto de las personas presentes deciden colectivamente que o salen todos juntos o no sale nadie del templo.

Pero algunos -una especie de “célula de crisis”- en el interior del recinto eclesial, comenzaron a efectuar negociaciones cuidadosas e intensas para salir de la situación, aprovechando los teléfonos de la sacristía, cuyas líneas no fueron cortadas aunque se notaban intervenidas.

Las primeras llamadas telefónicas se hicieron hacia la Nunciatura Apostólica en Santiago y a las oficinas del Arzobispado de Santiago, a fin de obtener que el Gobierno y en particular los militares, garanticen clara y explícitamene la seguridad de las personas allí sitiadas y se permita su salida segura y ordenada.

Se infomó telefónicamente también a Radio Chilena y Radio Cooperativa de Santiago, respecto del detalle de los hechos, mientras la emisora local Radio Presidente Ibañez efectuaba una cobertura cercana de todos los acontecimientos desde fuera del recinto, a través de un corresponsal en la calle.

Al interior del templo se continuaron efectuando oraciones y cánticos religiosos colectivos, para mantener la moral en alto de los refugiados.

16.30 hs.  Las negociaciones telefónicas desde el interior del templo, se centraron en la Prefecto de Carabineros de Punta Arenas, a fin de obtener el levantamiento de la guardia policial que cerraba los accesos, el retiro de los conscriptos de civil que permanecían en las veredas de la Plaza y la obtención de un bus que saque a los manifestantes hacia un punto seguro de la ciudad.

16.45 hs.  Los conscriptos reunidos en la Plaza fueron retirados en dos camiones militares del Regimiento Pudeto y los Carabineros de punto fijo en las puertas de la Catedral regresaron a su comisaría de base.

17.15 hs. Finalmente, concluídas las negociaciones, un bus especialmente habilitado, retiró a los manifestantes desde una puerta lateral del templo por calle Fagnano. Otros asistentes en el templo, salieron por dicha puerta, pero aprovecharon a retirarse por sus propios medios del lugar.
Lunes 27 de febrero
Los sucesos del domingo 26, necesariamente habían abierto una nueva fisura, un nuevo frente de conflicto entre la Iglesia y el Gobierno militar.

Las declaraciones de Pinochet, interrogándose si “¿La Iglesia está contra el Gobierno?”, aparecidas ese lunes en La Prensa Austral de Punta Arenas, expresaba tanto la preocupación de los gobernantes por evitar que se generara un conflicto mayor con la institución eclesial, como su queja de que al interior de ésta se albergaban naturalmente muchos opositores, sean éstos católicos o no.

Otra repercusión fue una nueva oleada de vigilancia, control y persecusiones dentro de la región, contra todos quienes habían sido considerados como responsables de la protesta.

El Puntarenazo, a su vez, había sido un hecho único y de alcance mundial: el Obispo de Punta Arenas, Tomás González, quién se encontraba en Roma en el momento de los sucesos, lo leyó en el “Corriere de la Sera” del domingo 26, para gran sorpresa suya, aunque ya había recibido un detallado informe telefónico desde Punta Arenas a fines de la tarde del mismo día.

El impulso dado por el “Puntarenazo” alentó a los sindicalistas y líderes opositores de Magallanes para acentuar sus demandas y protestas.

El 1° de mayo de 1984, los trabajadores se reunieron en el Cine Cervantes de Punta Arenas.  Titulaba La Prensa Austral al día siguiente: “Más de 600 trabajadores conmemoraron 1° de mayo” ( ) y relataba los principales discursos de los dirigentes sindicales que hicieron uso de la palabra en esa ocasión.  Los oradores del acto fueron José Donoso Hueicha, a nombre del Comando Multigremial, Erreña Montiel, por la Asociación de Taxistas Colectivos, Hugo Morales, a nombre del Comando de Trabajadores de ENAP, Edmundo Cárcamo, por la Coordinadora de Pobladores de Punta Arenas y Orlando Muñoz por el Comité Juvenil por la Democracia.


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Comisión Etica contra la Tortura: Alto a la represión y pleno respeto de los Derechos Humanos del pueblo mapuche

En relación a la situación que enfrentan comunidades mapuche la Comisión Ética Contra la Tortura y La Coordinadora Jurídica 4  de Agosto declaran lo siguiente ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1.- Expresamos nuestra más profunda preocupación ante los recientes hechos de violencia policial registrados en la Provincia de Arauco, Región del Bío Bío, así como en las regiones de la Araucanía y Los Ríos en Chile, donde del uso desmedido de la fuerza y de los elementos disuasivos se ha pasado, franca y abiertamente, al uso de armamento de grueso calibre contra manifestantes de comunidades mapuche como lo demuestran estos dos meses que van corridos del 2015. Por ello, recordamos la obligación que tiene el Estado de Chile de respeto irrestricto de los derechos humanos y su obligación de garantizar los derechos de los pueblos originarios contenidos en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y en el Convenio 169 de la OIT que nuestro país ha suscrito.

2.- Estimamos que Chile viola los derechos humanos al diagramar un diseño de impunidad donde hasta ahora lo único que ha permitido, es que esta violencia no cese y que, muy por el contrario, avance de tal forma que permita que el Estado justifique la aplicación de leyes de excepción, como la Ley Antiterrorista, la militarización del territorio y otras medidas que simulan un estado de excepción de facto en el territorio ancestral mapuche. Sin ir más lejos, los primeros dos meses del año 2015, se han registrado los siguientes hechos donde el Estado chileno y sus fuerzas policiales han actuado fuera de toda legalidad y legitimidad:

  1. a) El 14 de enero de 2015, los comuneros Gastón Antileo MarileoMartín Marileo CalbullancaVitalina SanhuezaLuis Antio (miembros del Lof Cacique Antonio Paillao), fueron detenidos por parte de funcionarios de Carabineros de Chile tras un desalojo en el Fundo Cañihual, sector La Campana, en las cercanías de Tirúa. Gastón AntileoMartín Marileo resultaron con graves heridas propinadas con armas de grueso calibre por parte de la fuerza policial que disparó contra ellos directamente al cuerpo sin tener la intención de usar medidas disuasivas.
  1. b) El 9 de febrero de 2015, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó un Recurso de Amparo interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de los dos comuneros por considerar que el procedimiento de Carabineros habría sido ilegal y arbitrario.
  1. c) El 22 de enero de 2015, los comuneros Mario CayupiJulio CastroJosé Huenuchefueron detenidos por parte de efectivos de Carabineros de Chile. Los comuneros reivindican un predio inscrito como propiedad de la empresa Mininco en Rihue alto, sector Huentelolén. Tras la audiencia de formalización Mario Cayupi y Julio Castro fueron dejados en libertad con medidas cautelares, en tanto que José Huenuche fue dejado en prisión preventiva y formalizado, acusado de robo frustrado de madera. José Huenuche es un destacado comunero mapuche que anteriormente había sido procesado bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista y condenado por un supuesto ataque a una comitiva encabezada por el fiscal Mario Elgueta junto a otros comuneros pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco, en uno de los juicios en los que se pudieron constatar graves vicios y faltas al debido proceso.
  1. d) El 14 de febrero de 2015: cinco funcionarios de la Policía de Investigaciones actuaron con extrema violencia en contra de comuneros mapuche pertenecientes a la comunidad Nicolás Calbullanca, en el sector de Lleu Lleu, Provincia de Arauco (VIII Región del Bío Bío). En el procedimiento de detención de uno de los comuneros, los policías esposaron a una anciana y golpearon a dos niños de cinco y siete años de edad a quienes además apuntaron con sus armas, por encontrarse junto al comunero que era objeto de detención. Cabe señalar que debido a la resistencia del comunero, los policías dispararon sus armas impactando una camioneta perteneciente a otro comunero que casualmente transitaba por el sector y que llevaba en su interior a un menor de cuatro años de edad.
  1. e) El 18 de febrero de 2015, en el sector Alto de Antiquina, Comuna de Cañete (VIII Región del Bío Bío), fuerzas militarizadas de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones ejercieron una brutal represión en contra de comunidades mapuche que reivindican territorio en el cual se emplazan las empresas forestales Mininco, Arauco y Volterra. Dos comuneros resultaron gravemente heridos por balas de acero y cuatro fueron detenidos y golpeados.
  1. f) El mismo día, el INDH presentó una querella en el Juzgado de Garantía de Temuco por apremios ilegítimos en contra de funcionarios de la Policía de Investigaciones de la Prefectura Provincial de Cautín (IX Región). El comunero mapuche Enrique Mauricio Sandoval, perteneciente a la comunidad Lleuful Sandoval, Comuna de Padre Las Casas (IX Región de la Araucanía), fue citado a prestar declaraciones el día 3 de febrero de 2015. De acuerdo a lo señalado por el abogado querellante, Oscar Rabanal Toro, Sandoval fue torturado por los funcionarios de la Policía de Investigaciones mientras lo interrogaban.

 

  1. g) Al igual que José Huenuchehay un número superior a cuarenta personas afectadas en su libertad como consecuencia de su adscripción a la defensa de sus derechos como pueblo o simpatizan con la causa del pueblo mapuche; una vez encarcelados, son sometidos a graves faltas al debido proceso, al efectivo derecho a la defensa que tiene todo ciudadano y, más aún, se les acusa y estigmatiza públicamente a través de los medios de comunicación sin que sea demostrada su real culpabilidad. Uno de los casos más flagrante sobre la parcialidad de la justicia se gráfica en el proceso de Emilio Berkhoff, en que a pesar de la determinación del Tribunal Constitucional de retirar del mismo y, por tanto de las acusaciones en su contra, a 14 testigos “sin rostro”, éstos serán repuestos a través de la representación explicita de efectivos policiales que actuarán como “testigos a escucha”. Algo similar ha acontecido el 13 de febrero de 2015, cuando el Juzgado de Garantía de Collipulli, tras una audiencia de preparación de juicio oral, admitió el uso de un testigo sin rostro en contra de cinco mapuche dentro de los cuales se encuentran dos mujeres menores de edad. Esta resolución, así como en el caso de Emilio Berkhoff, la justicia chilena se dispone en franca contradicción con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya en el caso Norín Catrimán y otros, rechazó el uso de “testigos sin rostros” como medio de prueba en contra de mapuche.
  1. h) A todo ello se agregan las deplorables condiciones de encarcelamiento en que se encuentran los presos políticos mapuche y, como si fuera poco, Gendarmería de Chile sigue desempeñando un rol de torturador contra personas inermes y a sus expensas como lo acontecido el 16 de febrero de 2015 en el Centro de Detención Penitenciario de Angol, donde el alcaide comandante Fernando Olivares Osorio, hizo conducir desde el módulo de reclusión a Claudio Huentecol Huentecola las 11:20 horas de la mañana a la guardia interna, donde fue encerrado, atado de manos y desnudado y en esa condición se dispuso la orden de re-conducirlo al módulo.
  1. i) Del mismo modo denunciamos el reciente secuestro, por parte de civiles desconocidos, de la madre de los werkén JorgeJaime Huenchullán Cayulde la Comunidad Autónoma de Temucuicui el día viernes 20 de febrero de 2015. Este hecho debe esclarecerse pues es grave que civiles actúen como organizaciones terroristas o que sean agentes del Estado comprometiéndose en acciones de esa naturaleza.

4.- Por todo lo anterior es que llamamos al Gobierno, a los Tribunales de Justicia, al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional de Derechos Humanos a detener este estado de represión contra el pueblo mapuche y sus comunidades y cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales de respetar los derechos humanos; hacerse cargo de una vez por todas de la violencia desmedida protagonizada por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, que no se contiene ante la presencia de menores de edad ni de adultos mayores, así como solicitamos detener la actuación discriminatoria y acciones de torturas ejercidas por Gendarmería de Chile al interior de los penales.

5.- El Estado de Chile debe ajustarse a sus compromisos internacionales en materia de los derechos que les asisten a los pueblo originarios que habitan nuestro país, y comprender que estos pueblos se encuentran en un proceso de ejercicio del legítimo derecho a la recuperación de tierras, a la autonomía y autodeterminación. Sus acciones relacionadas con el derecho al ejercicio del control y recuperación de territorio que se encuentra usurpado por empresas forestales, no puede seguir apareciendo ante la opinión pública como “robo de madera”, pues obedece a un montaje que pretende distorsionar sus luchas y reivindicaciones y colocar al mapuche como un ladrón cuando no son precisamente ellos los extraños que se han apropiado y sobreexplotado esos territorios, depredado sus recursos, destruido sus símbolos culturales, religiosos y espirituales y han instalado hidroeléctricas, como en Pilmaiquén, y empresas forestales como Mininco, Volterra y Arauco, entre otros proyectos económicos extractivistas nacionales e internacionales.

6.- Exigimos la libertad inmediata de José Huenuche y de todas y todos los presos políticos mapuche. El Estado, protegiendo los intereses de empresas forestales, está ejerciendo una verdadera persecución política en contra de comuneros mapuche y de quienes solidarizan en esta causa. Dicha persecución debe cesar si se pretende construir un futuro de paz y de justicia.

7.- Hay que poner fin a la militarización del territorio mapuche y garantizar el resguardo inmediato de los derechos de niñas y niños, así como de ancianos y mujeres. Las fuerzas represivas deben retirarse inmediatamente del territorio perteneciente a las comunidades y poner fin al sistema de “patrullas étnicas” en todo el territorio mapuche.¡

8.- Exigimos respeto de las autoridades ancestrales del pueblo mapuche, pues se trata de líderes espirituales y sociales de su pueblo. Someter a prisión política y ejercer la violencia en contra de loncos, werkenes y machis apunta a la destrucción del tejido social e identitario fundamental en la continuidad de la cosmovisión del pueblo mapuche.

Comisión Ética Contra la Tortura

Coordinadora Jurídica 4 de Agosto

Santiago de Chile, lunes 23 de febrero de 2015

 


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Declaramos ilegal la pobreza – Luis Infanti de La Mora, Obispo de Aysén

Declarar “fuera de la ley” a las leyes inmorales, a las leyes que promueven la POBREZA como estructura social, que crea pueblos y personas esclavas, torturadas, martirizadas diariamente y sometidas al empobrecimiento, es un desafío humanitario que debería comprometernos como protagonistas de nuestra historia. A eso apunta la campaña naciente a nivel mundial y que está brotando con fuerza también en Chile, DECLARAMOS ILEGAL LA POBREZA. Ya la campaña tiene sólidos comienzos en Bélgica, Italia, Canadá, Filipinas, Malasia, etc.

Una profunda CRISIS ÉTICA nos lleva a reconocer algunas serias amenazas que ponen en grave peligro la vida y el futuro de nuestro planeta y de la humanidad:

·La amenaza nuclear, la carrera armamentista y la militarización de numerosos países y zonas geográficas;
·El cambio climático y la crisis ecológica, que exigen un radical cambio en el rumbo de las políticas mundiales;
·La pobreza y sus consecuencias trágicas y desestabilizantes para la paz mundial, fruto de profundas injusticias e inequidades.

Ya en 1974 la ONU comprometió a todos los países del mundo a que podamos “celebrar” el año 2000 “erradicando la pobreza absoluta” (objetivo central del nuevo milenio). Visto el rotundo fracaso, en 1995, abdicando a la vida, la misma ONU modificó el objetivo, para “reducir a la mitad la pobreza” al año 2015.

El nefasto sistema económico actual, del cual Chile es un entusiasta, obediente y fiel reproductor de los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) desde los años de la dictadura, ha logrado:

·Desmantelar los Estados;
·Liberalizando los mercados;
·Desregularizando casi todos los sectores de la economía;
·Privatizando los más estratégicos sectores públicos;
·Mercantilizando los bienes comunes más esenciales para la vida de todo ser vivo (agua, alimentos, tierra, aire,…)

No es casualidad que el 1% de la población mundial sea propietaria de más riquezas que el 99% restante (ver informe OXFAM, 19 enero 2015). Ni es casualidad lo inmoral y delictivo del vergonzoso robo de algunos políticos (¿populares?) y de entidades económicas (PENTA) que nuevamente manifiestan en Chile la corrupción que existe en las esferas del poder económico – político. Corrupción que ya habíamos denunciado en el “Caso Aysén”, 15 años atrás, cómplice además el Poder Judicial. Estos escándalos crean pobreza, insultan gravemente a los pobres, son la violencia legalizada e institucionalizada en un país “democrático” (¿?)

Pobreza es mucho más que un problema de plata: es marginación, depresión, humillación, desesperación, es un robo de humanidad y de futuro de las personas.

La pobreza no es casualidad, pues hay leyes, instituciones (frecuentemente multinacionales), convicciones culturales (y mentales) que crean una estructura social que produce mantiene y profundiza este drama personal, colectivo y social.

Los rostros sufridos, violentados, desfigurados de los pobres gritan su dolor, al igual que la Madre Tierra, depredada y saqueada, grita su clamor.

¿Será casualidad que los hermanos Mapuches en su idioma no tengan la palabra “pobreza”? Como el idioma es fruto de la vivencia y experiencia de un pueblo, en mapudungun no existe la palabra “pobreza”, pero si existe “empobrecido”. Y el empobrecimiento tiene causas y causantes.

Miles y millones de hermanos y hermanas, hijos de Dios, sacrificados en los altares de la INEQUIDAD y de la INJUSTICIA, nos motivan a romper la indiferencia y el silencio, promoviendo una movilización ética mundial para declarar ilegal la EXTREMA RIQUEZA Y LA CORRUPCIÓN y lograr que la ONU, en 2018, para los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declare ILEGAL LA POBREZA (no a los pobres), como una construcción social, planificada por los poderes económicos, políticos y judiciales.

Seminarios, charlas, encuentros a lo largo de Chile nos ayudarán a tomar conciencia de estas realidades y reaccionar colectivamente.

¿Será Chile un país promotor de esta histórica iniciativa ética? ¿Habrá también algún Municipio, Universidad u otra institución social que nos ayude a tomar conciencia de esta forma avanzada de esclavitud y declare ilegal la pobreza en su entidad?

Empecemos revisando nuestros estilos de vida, nuestra domesticación o sumisión (tal vez inconsciente) al actual sistema neoliberal, mercantilista y consumista. Podemos cambiar la historia. Esta iniciativa, surgida en Italia e impulsada por movimientos populares liderados por el Doctor Ricardo Petrella, nos abre la mente, el corazón, la voluntad y el poder ciudadano para que no solo podamos, sino que DEBAMOS CAMBIAR LA HISTORIA.

Luis Infanti de La Mora, Obispo de Aysén.


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Una nación que se respeta

Nos escandalizan los escándalos.   Los chilenos hemos presenciado casi impávidos pero con crecientes sentimientos de desazón y de verguenza ajena, que diversos casos judiciales hayan puesto en evidencia los profundos y extensos lazos concomitantes entre la actividad de algunos partidos, personajes y sectores políticos con el mundo del gran empresariado y más específicamente con un grupo financiero.

Cada uno de los casos denunciados durante 2014, desde el caso Penta, el caso Cascadas, el caso Soquimich y el caso Dávalos, han sido objeto de una amplia cobertura periodística y la prensa, respondiendo a la necesidad de información que se entiende en un mundo globalizado y una sociedad que demanda cada vez más transparencia.   Lo que viene a complicar aun más las cosas es que todas estas denuncias por irregularidades cometidas en la actividad política y de campañas, fue a parar a Tribunales de Justicia.  Ahora tenemos entonces procesos judiciales por delitos tributarios, fraude al FUT, fraude al Fisco o negociación incompatible, pero que implican a dirigentes políticos, candidatos y parlamentarios en ejercicio, de manera que hemos llegado al extremo que el Fiscal Nacional ha decidido hacerse cargo directa y personalmente de uno de los casos judiciales más controversiales, el caso Penta.

Nos encontramos en la extrema judicialización de la política.

Una nación que se respeta y una ciudadanía que reclama igualdad de trato, oportunidades iguales y apertura en el acceso a la información, no puede menos que exigir que se adopten medidas políticas y legislativas que impongan sanciones a los conflictos de intereses de candidatos y de autoridades, de parlamentarios y ejecutivos de empresas.

Si reclamamos transparencia, no es justo ni igualitario disparar a la bandada contra todos los políticos, todos los partidos políticos.  Por eso es también injusto y desproporcionado cuando algún dirigente de la oposición aparece interrogado sobre las implicancias de candidatos suyos en los casos judiciales que se investigan, responde diciendo que el problema afecta a toda la clase política y a todos los partidos políticos.

No señor, no es cierto.  No todos los partidos ni todos los políticos están salpicados por la corrupción de los enormes flujos de dineros dudosos salidos desde algún grupo empresarial para financiar algunas connotadas campañas electorales.   Nadie puede olvidar que cuando se habla de corrupción, siempre hay dos partes: el que corrompe y el corrompido.

Una nación que se respeta tiene derecho a reclamar, a exigir, que haya completa transparencia tanto de quienes reciben dineros para campañas y partidos políticos, como de quienes entregan dineros para campañas y partidos políticos.   La transparencia que reclamamos es total, para ambas partes del financiamiento privado a las campañas electorales, de manera que que la legislación prohiba directa y taxativamente todo aporte de empresas a candidaturas y campañas electorales.  Y para evitar que se produzca el tradicional juego chileno de “hecha la norma, hecha la trampa”, cada campaña electoral debería transparentar ante el Servicio Electoral (un servicio fortalecido en sus atribuciones fiscalizadoras y en sus recursos humanos y materiales para fiscalizar), todos los recursos utilizados en dichas campañas.

La futura legislación sobre financiamiento de las campañas electorales, debiera dictarse bajo un criterio restrictivo y no más bajo un criterio permisivo o de la buena fe.

Para que se termine con las poco dignas rogativas para un “raspado de la olla” de los fondos financieros destinadas a campañas electorales, la futura legislación debe exigir y asegurar completa transparencia, prohibir los aportes de empresas, regular los aportes de corporaciones y entidades particulares, generar mecanismos que eviten la evasión tributaria mediante esos dineros para campañas, abrir el acceso al público a toda la información contable de las campañas, fijar nuevos límites a los montos del gasto electoral y generar mecanismos que aseguren un financiamiento público igualitario, transparente y verificable a la actividad electoral.

El financiamiento público basado en el volumen de votación obtenida en las elecciones inmediatamente anteriores, resulta perfectamente lógico, de manera que el número de votos obtenidos en cada elección (municipal, parlamentaria, de consejeros regionales, de Intendentes), es el piso cuantitativo a partir del cual el Estado puede contribuir a financiar las siguientes campañas electorales.

En esta materia, de la relación entre la Política y los negocios, el dinero y la política, una Nación que se respeta es aquella cuya ciudadanía vigila, observa, fiscaliza, exige, se informa, busca y reclama información y no se queda pasiva leyendo los titulares de la prensa.

Manuel Luis Rodríguez U.


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Los desafíos de la audiencia televisiva como objeto de estudio – Informe de la CNTV

La Comisión Nacional de Televisión ha publicado recientemente el informe final de un estudio sobre las audiencias televisivas en Chile, cuyo contenido nos parece relevante para conocer preferencias y tendencias en esta materia.

Lea y descargue aquí el Informe:

los_desafios_de_la_audiencia_televisiva_como_sujeto_de_estudios___copia


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Reforma Laboral del Gobierno: algunas luces y demasiadas sombras – Nolberto Díaz, VicePresidente CUT

cutvicepresidenciaEl gobierno de la Presidenta Bachelet hizo público hace algunas semanas el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales introduciendo modificaciones al código del trabajo. Pasados los días, y conocido con mayores detalles el proyecto, el mundo del trabajo se ha podido ir construyendo una opinión respecto del articulado y si esta normativa responde al espíritu de lo establecido en el programa de Gobierno, el cual señalaba “El respeto a los derechos en el trabajo y la dignidad del trabajador, son parte integral de la identidad social y política de la Nueva Mayoría. (pag.92 programa de Gobierno)”

Entre los puntos positivos de destacar del proyecto, queremos reconocer como un hecho positivo el haber presentado el proyecto de ley en los plazos acordados con la CUT. Nos parece que este es un punto importante de destacar, ya que incluso semanas antes de la presentación del proyecto, existían dudas respecto de si este iba a ser presentado efectivamente el año 2014, es decir el primer año del Gobierno de Bachelet.

En lo que dice relación con el proyecto propiamente tal, también nos parece importante destacar la propuesta sobre titularidad sindical, eliminando los grupos negociadores en las empresas en donde no hay sindicatos. Durante muchos años el empresariado ha utilizado esta figura para conculcar derechos de trabajadores, creando “grupos de trabajadores” que al final terminaban logrando, por lo general, mejores condiciones de negociación que los propios sindicatos, e incluso pagando menos como cuota sindical que un trabajador sindicalizado, desincentivando la existencia de los mismos.

En tercer lugar, también nos parece positiva la modificación legal que establece que un trabajador se incorpora al Contrato Colectivo al momento de afiliarse al Sindicato. Aunque esto pueda parecer lógico, en la actualidad la ley no lo permite. El Contrato Colectivo afecta sólo a los trabajadores que estaban al momento de la negociación colectiva y quienes se afilian después deben esperar hasta el proceso siguiente.

En lo que dice relación con la extensión de beneficios, también creemos que representa un avance para el mundo del trabajo, pero creemos que la posibilidad de acordar o no entre empresa y los sindicatos extender los beneficios a los no sindicalizados generara situaciones complejas para los sindicatos más pequeños, transformándose este tema en un tema a negociar y no un derecho establecido para los que se sindicalizaron y estuvieron dispuestos a participar formalmente de la negociación y pagar los costos de la misma.

Otro punto positivo nos parece la propuesta de permitir la negociación, en la empresa, de los sindicatos interempresas, lo cual nos parece recoge un deseo de cientos de sindicatos interempresas de negociar colectivamente de verdad, y no solo siempre y cuando el empleador lo quiera como es hoy. En todo caso, hay que revisar varias propuestas en esta materia, como por ejemplo los quórum para negociar, fueros, etc.

El proyecto de ley nos parece que recoge de buena manera estos aspectos mencionados, pero equivoca la manera de enfrentar otros temas de igual o mayor importancia, estableciendo “concesiones” que terminan desnaturalizando las intenciones de terminar con figuras jurídicas que han servido de abusos contra las organizaciones sindicales y sus trabajadores en los procesos de negociación colectiva. Un buen ejemplo de lo anterior es el establecimiento del “piso mínimo” y la posibilidad que otorga el nuevo proyecto de negociar bajo el mínimo en caso de crisis económicas de las empresas. Recogimos con entusiasmo esta idea del piso mínimo cuando fue planteada en el programa de Gobierno, pero creemos que el hecho que el piso no incluya IPC pactado o nominal, hace que la figura se parezca demasiado al Art.369 actual del Código del Trabajo (que permite prorrogar los contratos colectivos por 18 meses) y que además el nuevo articulado establece que las partes pueden rebajar el piso de la negociación, cuando las “condiciones económicas de la empresa así lo justifiquen” (Art.343 inciso final del proyecto de ley), o sea, eventualmente menos que el actual Art.369.

En el caso del reemplazo de los trabajadores en huelga, el nuevo proyecto de ley establece la prohibición de reemplazo del puesto de trabajo (Art.349 inc. 2), estableciendo en vez del reemplazo la figura de “servicios mínimos universales” (Art 361 del nuevo proyecto de ley), los cuales deben ser concordados con el empleador incluso antes de la huelga. En caso de no existir acuerdo entre las partes respecto de la calificación de los servicios mínimos, se deberá solicitar la intervención de la Dirección del Trabajo quien deberá emitir un pronunciamiento respecto de la procedencia de los servicios mínimos, el cual será reclamable ante los tribunales de justicia. En nuestra opinión, se está cambiando los reemplazos en huelga, por los servicios mínimos universales, dejando a los trabajadores igualmente con un derecho a huelga a medias, y no como un derecho fundamental como lo ha planteado la propia jurisprudencia de la Corte Suprema.

Uno de los temas que ha generado mayor discusión entre los dirigentes sindicales es la manera en como aborda el proyecto el tema de la huelga, partiendo por la modificación que se le introduce a su concepto, señalando que la huelga es un derecho que debe ser ejercido colectiva y “pacíficamente” por los trabajadores. A lo anterior, se suma en el artículo 411 del proyecto de ley, que establece prácticas desleales del trabajo en la negociación colectiva, señala como prácticas desleales las acciones que busquen entorpecer la negociación colectiva tanto por parte del empleador como del trabajador, y estableciendo causales para el que haya ejercicio de “fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas con ocasión del ejercicio de la actividad sindical” y tuviera la calidad de dirigente sindical, quedaría expuesto a sanciones que implicarían la posibilidad de perder el fuero. Lo preocupante de todo esto es que esta norma fuera incluida en el Código del Trabajo por un Gobierno democrático, de centro izquierda y a 25 años de recuperada la Democracia y no estuviera siquiera considerado por el Plan Laboral de José Piñera. Esta materia nos parece muy preocupante y un evidente retroceso.

El proyecto de ley, también faculta a las partes negociar pactos de condiciones especiales de trabajo en las empresas en que exista una afiliación, en régimen, del 30% del total de trabajadores de la empresa. Lo anterior consideramos que es por decir lo menos peligroso, ya que se podrá establecer pactos de adaptabilidad que incluso incluyen jornadas pasivas, con porcentajes que creemos no resguardan de manera adecuada los derechos de los trabajadores y una efectiva capacidad de negociación entre empleadores y trabajadores. El hecho que los sindicatos, una vez cumplidos los quórum que propone el proyecto, puedan actuar conjunta o separadamente respecto de condiciones especiales de trabajo, creemos que se puede utilizar para dividir a las organizaciones sindicales y generar situaciones de abuso.

En el caso de la eliminación de los notarios como ministros de fe, varias veces la OIT le ha señalado a nuestro país la excesiva presencia de organismos estatales en todas aquellas materias que dicen relación con la actividad sindical y la negociación colectiva en particular en nuestra legislación. Creemos que la eliminación de los notarios como ministros de fe podría representar una vulneración a los convenios internacionales firmados por Chile y una limitación a la autonomía sindical que el Estado de Chile se ha comprometido a resguardar en su legislación.

El propio Mensaje señala que este proyecto de ley busca regular aquellas situaciones que han sido representadas como violaciones a la normativa internacional por parte de la OIT a Chile (pag.8 del Mensaje), entre los cuales señala expresamente la situación del actual artículo 384 del Código del Trabajo. El proyecto aborda este tema en el nuevo artículo N°363 del CT, estableciendo en líneas generales las mismas disposiciones anteriores a esta reforma, pero aumentando el plazo de duración del decreto emitido por los Ministros de Trabajo, Economía y Defensa, de 1 a 2 años y estableciendo la posibilidad de una reclamación judicial tanto del empleador como del sindicato en caso de no estar de acuerdo con la calificación. Entendemos que es en este tipo de empresas, de acuerdo a lo que señala la OIT, la que debe establecer los “servicios esenciales” para el funcionamiento de la empresa, y no los “servicios mínimos” en todo tipo de huelga como propone el Gobierno.

En el caso de los permisos sindicales, el nuevo proyecto de ley cambia en el artículo N°249 las palabras “permisos sindicales” por las palabras “horas de trabajo sindical”, estableciendo un aumento de hasta 3 semanas de hora de trabajo sindical en el año calendario, para asistir a actividades destinadas a formación y capacitación sindical. En esta materia además se incumple una promesa que consta textual en el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet (pág. 93), que señalaba que estas horas serían de cargo del empleador, lo que al final no se vio reflejado en el proyecto de ley enviado al Congreso.
Estos temas, más varios otros como el decreto de reanudación de faenas, la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva para trabajadores aprendices en grandes empresas o los contratados para una obra o faena transitoria, la entrada en vigencia de la reforma, entre otros, creemos que deben ser modificados, porque representan retrocesos respecto de nuestra legislación actual.

El proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo para su tramitación legislativa, tal como dice el título de este informe tiene algunas luces y demasiadas sombras que creemos se hace necesario corregir en la discusión legislativa. La normativa legal propuesta, queda bastante “al debe” para – tal como lo dice el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet-, “equiparar la cancha al interior de las empresas” y eso es bueno decirlo con claridad y no llamar a engaño. Esta normativa legal, en nuestra opinión, fortalece aun más la profunda desconfianza con que nuestro legislador mira la organización de los trabajadores, circunscribiendo la negociación solo a la empresa, estableciendo derechos a medias como en el caso de la ampliación de cobertura, o derechamente criminalizando el ejercicio de la fuerza no sólo en la huelga sino que ahora “en el ejercicio de la actividad sindical”, lo que podría traer aparejada la sanción de la pérdida del fuero para los dirigentes sindicales, lo cual nos parece un retroceso evidente que ni siquiera José Piñera se decidió a incluir en el Código del Trabajo. En suma, nos enfrentamos a una nueva reforma laboral (otra más), demasiado humilde, que luego de 35 años de establecimiento del Plan Laboral en Chile, viene a consolidar un modelo de desarrollo del diálogo al interior de las empresas basado en la desconfianza y en la excesiva regulación de la negociación colectiva, lo que desgraciadamente no cambia con este proyecto de ley sino que por el contrario se mantiene.

En síntesis, este proyecto de ley avanza en algunos temas y retrocede en otros, pero requiere modificaciones importantes si realmente quiere ser un punto de inflexión para comenzar a derrotar el Plan Laboral impuesto en dictadura. Las excusas que escucharon los trabajadores durante 25 años ya se terminaron. Hoy están los votos para avanzar en el parlamento, mejorar este proyecto de ley, y permitir que los trabajadores chilenos recuperen algo del poder que les fue arrebatado artera y vilmente durante la dictadura militar. Los trabajadores chilenos se han ganado legítimamente ese derecho y la Nueva Mayoría tiene el deber de cumplirlo.

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