Los magallánicos nos merecemos una Isla Riesco limpia

Unas 50 organizaciones no gubernamentales, además de 12 entidades internacionales, firmaron recientemente una declaración en contra del multimillonario proyecto minero de carbón Isla Riesco, que la empresa Minera Isla Riesco (propiedad de Copec y Ultramar) intenta lleva adelante en la región de Magallanes.

El rechazo ciudadano en Chile y en la región de Magallanes,  surge a partir del método de extracción del yacimiento por parte de la compañía, además de la amenaza que, acusan, implican dichos métodos extractivos en contra de la rica y abundante flora y fauna nativas que habitan la zona.

A esto se suman los impactos negativos que se generarán contra la actividad del turismo en la zona.

Recientemente, las ONG crearon la Organización Comunitaria de Desarrollo Sustentable (OCDS), al que se unieron algunos habitantes de la comuna de Río Verde, donde se emplazarán los tres proyectos de minería a rajo abierto considerados en el proyecto Isla Riesco.

Además, han trabajado con equipos de profesionales de la Universidad Austral, quienes analizaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Isla Riesco, «dando cuenta a las autoridades ambientales de los errores y omisiones garrafales más evidentes», señala una declaración.   La oposición a este proyecto depredador, además, ha ido sumando otros actores sociales y culturales, como por ejemplo al abogado Fernando Dougnac, quien lideró la negativa a la construcción del tranque de relaves El Mauro, para la faena Los Pelambres del grupo Luksic.

En medio de una polémica pública que crece, no deja de ser notable el silencio que han mostrado en Magallanes los partidos políticos.

En efecto, salvo el Partido Comunista y algunas redes ciudadanas (como la red Alerta Explotación del Carbón en Isla Riesco, Magallanes, difundida en Facebook), los partidos de la Concertación y de la coalición de derecha han mostrado un extraño y sospechoso silencio frente a este proyecto, seguramente enfrascados,  unos en sus constantes disputas internas y los otros en sus esfuerzos por terminar de instalarse en el poder.

Los magallánicos tenemos derecho a una Isla Riesco limpia, y tenemos derecho tambien a preguntarnos: ¿existe verdadera voluntad política de los partidos y las autoridades para impedir este futuro desastre ambiental, o prevalecerá una vez más la lógica mercantil y depredadora del medio ambiente?

Isla Riesco, con aproximadamente 5 mil metros cuadrados de territorio y una de las cinco islas más grandes del país, es una zona que ha estado ligada históricamente a las  actividades ganaderas con presencia en la región desde fines del siglo XIX.

Se ha anunciado públicamente -según informa la Red Alerta Explotación de Carbon Isla Riesco Magallanes– que se pretende explotar uno de los yacimientos de carbón ubicados a 130 kilómetros de Punta Arenas, extrayendo 6 millones de toneladas anuales, durante por lo menos, por 12 años.

El sistema de explotación será mediante rajo abierto, es decir un gran hoyo de explotación de 3.900 metros de largo, 1.615 de ancho y una profundidad de 180 metros, es decir 487 héctareas de hoyo. El proyecto en general, impactará negativamente a 1.500 hectáreas que incluyen el rajo, los enormes botaderos de material de desecho de la explotación carbonífera (como ya se muestran en el sector de pinguineras de Seno Otway, precisamente dentro de la estancia de un acaudalado diputado por la región), instalaciones, caminos en donde circularan las máquinas de extracción y camiones de traslado, etc.

Entre muchos aspectos que preocupan a la ciudadanía, es que este proyecto contempla cortar 400 hectáreas de bosque nativo, secar una de las lagunas de la isla e incorporar a aproximadamente 800 personas a vivir y circular las 24 horas al día en un lugar donde la cantidad de población total de la isla es actualmente de 190 personas.

Su potencial carbonero es enorme, de acuerdo con los estudios hechos por el gobierno y los privados al respecto. En efecto, Isla Riesco cuenta con la reserva de carbón del tipo sub bituminoso más importante de Chile, con buenas leyes de mineral. Pero, se ha demostrado públicamente que los «beneficios» del proyecto son considerablemente menores (apenas 800 empleos en una región cuya fuerza laboral supera los 64.000 trabajadores) que los «costos, perjuicios e impactos» a mediano y largo plazo.

Manuel Luis Rodríguez U.