Este viernes 8 de junio a las 17.30 horas se efectuará en el auditorium Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes una Conferencia del economista y director de CENDA Chile Manuel Riesco la que versará sobre los 200 años de Carlos Marx y la vigencia de sus ideas.
El encuentro se efectuará en el marco de los actos de conmemoración de los 106 años de la fundación del Partido Comunista de Chile en Magallanes.
Publicado el: 18/09/2017
Con el avance de la votación de indicaciones definidas como “claves”, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, está abordando el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales.
Cabe recordar que la instancia parlamentaria ha dedicado varias sesiones para el mencionado fin, en las que han quedado de manifiesto que persisten las divergencias entre los parlamentarios miembros. Revise nota relacionada.
Durante la última sesión se aprobó que las elecciones de gobernadores regionales se efectuarán cada cuatro años, conjuntamente con las municipales; sin embargo la aprobación no estuvo exento de debate, pues el senador Alberto Espina puso de manifiesto el problema que esto traerá para los Cores a los que se les acortará el período por tres años.
A su juicio, aclaró, “las elecciones territoriales debieran todas coincidir, pero para no acortarle el período a los Cores, solo por esta vez, se debería votar en conjunto con la elección parlamentaria, de tal manera que la primera elección de gobernadores regionales estaría en una norma transitoria y eso lo propuse como una indicación, para que estas elecciones sean el 2021”. Esta indicación fue rechazada.
Sin embargo, el senador Carlos Bianchi llamó a preguntarse si lo que “nos preocupa es la cantidad de años que estarán los Core o la estructura de gobernadores regionales. Yo no estoy acá para defender el período puntual de los Cores, sino que para dar cumplimiento a una nueva estructura y en esa lógica es que debemos definir a qué le vamos a dar la prioridad. Si será al año 2021 o respetar el acuerdo que la elección se realizará en 2020”.
En tanto, la senadora Ena Von Baer aclaró que el tema tiene “distinta naturaleza. Creo que es mejor que coincida con las demás elecciones territoriales; sin embargo, siempre pensé que tendríamos un sistema que se acercaría más a un sistema alcaldicio y no “tan colgado” al Presidente de la República. Distinto es cómo se soluciona el tema de los Consejeros, decir que estarán por tres años tiene algo de injusto”.
A su turno, el senador Andrés Zaldívar, confidenció que “siempre he creído que el gobierno regional debe elegirse junto con la autoridad Ejecutiva, para darle un rango y permitirle al candidato llevar un equipo para funcionar descentralizadamente con mayor lógica política, pero en la discusión que se ha ido dando se ha dicho anticipemos la elección para lograr cierta unanimidad (…)”.
Para el presidente de la Comisión de Gobierno, senador Rabindranath Quinteros, la visión es una, “las elecciones de gobernadores regionales tienen un carácter territorial, diferente a las de parlamentarias y presidenciales, que tienen carácter nacional; además, de hacerse en conjunto pasarían desprevenidos, porque la atención estaría en la autoridad central”.
Luego, la instancia parlamentaria retomó la votación que había quedado pendiente en sesión anterior, referida a la si el gobernador regional tendría voto permanente en el Consejo Regional o solo sería dirimente, tal como lo establece actualmente la legislación.
Al respecto, por cuatro votos a favor y la abstención del senador Espina se decidió que la nueva autoridad regional tendrá voto permanente, porque, tal como lo argumentó el senador Quinteros, “la antigua figura era la de un intendente designado, pero hoy estamos hablando sobre la base de una autoridad electa por voto popular y el reconocerle el derecho a voto le permite que tome posición sobre los temas de interés regional”.
La siguiente es una síntesis de las principales obras y realizaciones del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría en la región de Magallanes.
A partir del golpe de Estado de 1973 y teniendo como base ideológica la Doctrina de Seguridad Nacional, se implementó en Chile un Estado represivo que tuvo por objetivo eliminar cualquier amenaza al nuevo orden establecido y castigar a simpatizantes y dirigentes del gobierno del Presidente Salvador Allende, recurriendo para ello a la detención, la tortura, el asesinato y el exilio, entre otras medidas de fuerza. Desde entonces, se llevó a cabo en Chile una política sistemática de violación de los derechos humanos, a través de las gobernantes Fuerzas Armadas y Carabineros, destinando para ello a efectivos uniformados, funcionarios civiles, presupuesto público, creando instituciones represivas y disponiendo de diversos lugares para concretar el abuso.
Uno de los sitios más emblemáticos de la represión de estos años fue la Isla Dawson, de unos 2,000 kilómetros cuadrados ubicada en el Estrecho de Magallanes, a 100 kilómetros al sur de Punta Arenas. Primero fue parte de la ruta de los indígenas australes y luego de los viajeros y mercantes que cruzaban entre el Atlántico y el Pacífico. Posteriormente fue concesionada a misioneros salesianos y a empresas ganaderas. Desde 1972, por decisión del gobierno del Presidente Salvador Allende, Dawson se constituyó en una base naval de la Armada de Chile.
Desde el 15 de septiembre de 1973 y hasta fines de 1974, esta isla recibió a cerca de seiscientos prisioneros, que debieron sufrir trabajos forzados, vejámenes y torturas.
Dawson tuvo dos campos de concentración entre 1973 y 1974: Compingim y Río Chico. Este último se encontraba ubicado a unos 15 kms. de Puerto Harris, y tuvo cinco barracas: Alfa, Bravo, Charlie, Remo e Isla. Río Chico empezó a funcionar el 15 de Diciembre de 1973 con los prisioneros trasladados de Compingim. El 21 de Diciembre comenzaron a llegar prisioneros trasladados de los diversos centros de detención de Punta Arenas y llenaron las barracas Alfa, Bravo y Charlie. Estas barracas tenían capacidad entre 80 a 90 personas.
El campo Río Chico tenia un diseño similar a los campos de concentración nazis. Habían guardias fuertemente armados, apostadas en garitas y en los cerros colindantes. Cada barraca estaba cercada con alambres de púa y eran de construcción ligera, de madera y planchas zinc. La alimentación y calefacción eran pésimas y los prisioneros se enfrentaban a condiciones climáticas extremas, como nieve, escarcha y viento, además de su condición de aislamiento total.
Río Chico fue el único lugar construido exclusivamente para la reclusión de presos políticos. Hoy no existe ninguna de sus construcciones, sino sólo las huellas de las fundaciones. La recreación virtual de este lugar fue posible solo gracias a los dibujos y planos realizados por el arquitecto Miguel Lawner, que los trazó de memoria luego de su liberación.
En tanto, la Capilla San Rafael de Puerto Harris ha mantenido su uso en el tiempo, siendo un hito de toda la historia reciente de la Isla Dawson, heredera del proceso de evangelización y representante de la colonización de. Fue construida con materiales de la Iglesia de la Misión y abandonada por la Sociedad Anónima Ganadera Gente Grande. Su posterior restauración fue obra de los presos políticos.
En tanto Chimenea y los Antiguos Hornos del Aserradero de Puerto Harris son un testimonio excepcional del desarrollo regional industrial forestal (aserradero y astillero) y de explotación ganadera, en el marco del cual tuvo lugar la intensa deforestación de la Isla Dawson, que marcó para siempre este paisaje.
Estos tres sitios representan un valor patrimonial de trascendencia local, regional y nacional, siendo hoy uno de los más importantes lugares de memoria existentes en Chile.
REFERENCIAS:
Decreto 132 (2010)
http://www.monumentos.cl/catalogo/625/articles-36529_documento.pdf
Elie Valencia, Reseña de los Campos de Concentración Compimgin y Rio Chico, Isla Dawson, Magallanes 1973 1974
http://www.dawson2000.com/elie9.htm
Asistimos a una creciente territorialización de la política y de la gestión pública. Mientras la política del siglo XIX estaba centrada en las multitudes y las masas, la del siglo XX fue la política de las instituciones y los “aparatos”, y la política del siglo XXI se construye alrededor de redes y territorios.
Las pertenencias territoriales –basadas en la cultura, tradiciones e identidades- han pasado a tener preponderancia, al tiempo que en todo el mundo los Estados nacionales se ven presionados “por arriba” por las tendencias globalizadoras y supranacionales, y también “por abajo” por el creciente protagonismo de las regiones, las provincias y las comunas.
En Chile podría leerse toda la historia política e institucional desde 1818 en adelante, como una constante tensión entre la fuerza centralizadora radicada en la capital de la República y las provincias y regiones, un conflicto más o menos abierto o soterrado entre “centro y periferia” que no ha terminado de resolverse.
Debemos reconocer que el centralismo es un virus ideológico que atraviesa y afecta a todas las instituciones y a toda la sociedad: son centralizados los partidos políticos y las centrales gremiales y sindicales, las empresas y los bancos, todos los organismos públicos y también las corporaciones empresariales.
Y como Chile no es un Estado federal –y enhorabuena- la fórmula para distribuir más equitativamente el poder en el aparato público y en el territorio, manteniendo la unidad del Estado, ha sido la creación de regiones, la desconcentración de servicios, la descentralización de atribuciones y facultades y la elección directa de las autoridades regionales. Aún así una de las grandes tareas pendientes es la descentralización fiscal, de manera de radicar en los territorios la recaudación y la gestión de los recursos tributarios provenientes de impuestos regionales.
La sola lentitud con que estos cambios tienen lugar, es un reflejo evidente de las enormes dificultades, barreras ideológicas y culturales, y rigideces institucionales y políticas con que se enfrenta la profunda demanda ciudadana de la descentralización.
Existe una relación inversamente proporcional entre la residencia en una región o comuna y la distancia física que ésta tiene del centro político y económico del país, a través de la cual los ciudadanos reclaman poder de decisión de sus autoridades locales y regionales.
No hay lugar para exasperarse sin embargo: en Francia (uno de los Estados más centralizados de Europa) la regionalización duró más de 20 años en instalarse y aún no han terminado de percibirse sus efectos.
Nos abrimos a una época en que las redes de las comunicaciones y los intercambios, nos ofrecen la posibilidad de conectarnos con el mundo en forma instantánea: en la sociedad de las multitudes inteligentes y de las plataformas digitales, los ciudadanos reclaman que sus identidades y territorios sean reconocidos en su diversidad. Al mismo tiempo, las regiones de países ganan presencia y protagonismo internacional.
La política ciudadana del presente siglo, es una política de relaciones horizontales, donde los territorios reclaman voz y voto, atribuciones y recursos.
El siglo XXI es el siglo de las regiones, es la época de la descentralización del poder en los territorios, es el momento histórico en que la geografía se toma los titulares y cautiva la imaginación y las aspiraciones de los ciudadanos y las comunidades. No se trata solo de democratizar la descentralización, se trata también de descentralizar la democracia.
El centro del mundo o el centro del país, deja de ser el centro de las vidas de las personas.
Un desafío mayor de nuestro Estado es descentralizarse sin perder su condición unitaria e integrarse desde los territorios en la sociedad global.
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Es preciso recordar que la Municipalización de la Educación es instalada en dictadura por decreto supremo del propio Dictador Augusto Pinochet.
Es preciso decir que esta jugada, a la fecha ha generado 345 formas distintas de administrar la educación en los 345 municipios existentes. Entre las realidades e inspiraciones más notorias se cuentan las 54 corporaciones de derecho privado, conocidas como Corporaciones Municipales de Educación, se agregan municipios con abundantes recursos que pueden tener o no, interés por la educación de su comuna y la gran mayoría, que son los municipios de escasos recursos, para los cuales la educación es un verdadero problema.
A lo anterior debemos sumar que cada cuatro años cambian los Alcaldes, Concejales y con ello aparecen nuevas formas de ver y administrar la Educación Municipal.
Con todo lo anterior es preciso decir que las Corporaciones de Educación son Corporaciones de derecho privado, es decir son entes privados que administran recursos públicos y que inclusive la Propia Contraloría General de la República ha cuestionado, prohibiendo la creación de nuevas corporaciones en los municipios que no las tienen.
En este escenario diverso, que raya en lo caótico ha transitado la educación municipal en nuestro país en las últimas tres décadas y hoy se encuentra colapsada, generando un círculo vicioso de deudas en remuneraciones, leyes sociales, a proveedores y compromisos de los trabajadores de la educación en general. A su vez estos incumplimientos generan sanciones y retenciones de dineros por parte del Ministerio y demandas judiciales, lo que redunda en nuevas deudas para los municipios y corporaciones.
Debo decir que antes de la dictatorial medida de pasar a entidades municipales y privadas a la educación, nuestra educación funcionaba y bien. En un país que logro salir del analfabetismo y generar un cuerpo de profesores comprometidos (Nuestros tan recordados Maestros Normalistas), que sin duda legaron conocimientos a los más desposeídos, en un Chile que despertaba al combate de las desigualdades, con bajos niveles de urbanización, servicios básicos, serios problemas de salud pública, altos índices de mortalidad infantil y mucha vida rural y pobreza. En ese escenario la educación general básica y el rol del estado avanzaron, cumpliendo con creces su tarea.
Hoy nuevamente el debate se abre en Magallanes y es ideológico, porque se trata de retornar al estado, uno de los derechos principales del ser humano, como lo es la educación. Se trata de retornar al estado uno de sus roles principales, garantizar educación gratuita y de calidad. Se trata de cumplir con el programa de gobierno de La Presidenta Michel Bachelet, que en un conjunto de medidas y leyes busca reorientar el curso de nuestro proceso educativo y su correlato con el proyecto de sociedad que añoramos.
Que hoy haya gremios que se oponen, es natural. Por las más diversas razones. Estas van desde el cálculo gremial más simplista y que solo repara en el beneficio económico inmediato, el desconocimiento, la desinformación y utilización de que son víctimas por sectores de oposición, pero estos aspectos son materia de conversación y acuerdo, prueba de ello es la permanente asistencia de los dirigentes gremiales a las comisiones de educación del parlamento y su participación permanente en la discusión legislativa.
En el caso de Senadores y Diputados opositores a la desmunicipalización es entendible que los interese personales, económicos e ideológicos de sectores de derecha que ven en este proceso otro retroceso en materia de mercado y negocios, por lo cual está vigente la Ley de Inclusión Escolar (20.845) que pone fin paulatino al lucro, copago y selección.
No olvidemos que una educación gratuita y de calidad redundara en menos posibilidades de crecimiento de la industria privada de la educación.
Además en materia de financiamiento de la política, estos cuatros años de gobierno y de Programa de Gobierno de la Nueva Mayoría, han sido claramente el momento en que los que un día financiaron Senadores y Diputados, han pasado la cuenta, exigiendo lealtad y retribución por sus aportes.
En materia de propuestas el escenario es escuálido, solo aparecen voces que se oponen, anuncios y declaraciones que distan mucho de un rol responsable de los actores involucrados y lo que es aún peor, es el grado de desconocimiento de unos y el populismo acomodaticio de otros como el Senador Carlos Bianchi. Que ha transitado de ser un funcionario de la tristemente célebre Radio Nacional de Chile, órgano oficial de la dictadura, admirador de la misma y socio político de la derecha regional y que hoy pretende oponerse a los cambios en educación apelando a malos argumentos, sin decir claramente que es lo que realmente lo inspira.
Así las cosas, hoy está la voluntad de la Presidenta de la Republica, del Ministerio de Educación, del Gobierno Regional y de todos los municipios de la Región para avanzar en la desmunicipalización en Magallanes y retornar con nuestra educación al estado y a un Servicio de Educación Regional que garantice la educación que nuestros jóvenes requieren.
No será un camino breve, pero debe comenzar ahora, debemos avanzar en la dirección correcta, resolviendo temas como el financiamiento, el pago de las deudas contraídas por la CORMUPA, las normalización de dotaciones apropiadas de profesores funcionarios y trabajadores de la educación en todos los estamentos y la regionalización de programas educativos acordes a nuestra realidad.
DALIVOR ETEROVIC DIAZ. CORE por MAGALLANES. (PC).
