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Dictan acta de acusación por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva

MINISTRO ALEJANDRO MADRID DICTA ACUSACIÓN POR EL HOMICIDIO DEL PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid Crohare, dictó acusación en contra de seis implicados –en calidad de autores, cómplice y encubridores, respectivamente–, en el delito de homicidio del Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, acaecido el 25 de enero de 1982.

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En la resolución (causa rol 7.981- B Tomo L 50), el ministro en visita acusó a Patricio Silva Garín, Luis Becerra Arancibia, Raúl Lillo Gutiérrez, como autores del delito; a Pedro Valdivia Soto, como cómplice, y a Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere, en calidad de encubridores.

En la etapa de investigación, el ministro Madrid logró determinar los siguientes hechos:
“a) Que, en primer término, situándose en el contexto histórico de la época es necesario señalar que con motivo del plebiscito realizado para la aprobación o rechazo del proyecto constitucional del régimen militar que posteriormente dio origen a la Constitución de 1980, el Ex Presidente Sr. Eduardo FREI MONTALVA, encabezó la disidencia con respecto a dicha consulta plebiscitaria, y señaló que por no reunirse las condiciones que la legitimaban, tales como, la existencia de registros electorales, la posibilidad de explicitar una opción contraria y la existencia de un tribunal electoral imparcial que validara la decisión de la ciudadanía, hacían que el acto a que había sido llamada esta última carecía absolutamente de fuerza legal.
El mencionado liderazgo del ex mandatario se materializó en un acto político realizado en el teatro Caupolicán de esta ciudad el día 27 de agosto de 1980 y según ha declarado en estos autos el Ministro del Interior de la época, Sr. Sergio FERNANDEZ FERNÁNDEZ, a fojas 6.553, al Ex Presidente se le proporcionaron la custodia y medidas de seguridad necesarias para que pudiera expresar su opinión, lo que en un análisis realizado al interior del Gobierno, habría tenido solamente por objeto permitir la realización de ese acto para dar legitimidad el señalado plebiscito al existir la posibilidad de rechazo de la aprobación del texto constitucional antes señalado;

b) Que, por otra parte, durante el año 1981 se produjo en el país la posibilidad de confluir fuerzas políticas y gremiales que pretendían unirse para instar por el término del régimen militar o bien por la realización de una transición gradual que fijara plazos para la realización de elecciones libres.
En esas acciones unitarias tuvieron un papel destacado determinados líderes políticos y gremiales, estos últimos conformaron la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), encabezada por Manuel BUSTOS y Alamiro GUZMAN, y, obviamente, por el prestigio internacional con que contaba el ex mandatario Sr. Eduardo FREI MONTALVA, dicha unidad podría ser respaldada por la opinión pública internacional y por determinados regímenes y líderes democráticos que se oponían al régimen militar.

Además, es necesario precisar, que durante ese período se produjo la expulsión del país de cuatro dirigentes opositores, militantes de partidos políticos que habían sido disueltos, en virtud del Decreto Ley Nº1.699, tales como, el Sr. Jaime CASTILLO VELASCO, el Sr. Carlos BRIONES OLIVOS, el Sr. Orlando CANTUARIAS ZEPEDA y el Sr. Alberto JEREZ HORTA, dicha medida fue rechazada por los sectores opositores al régimen y en dicha oposición cupo un papel destacado al ex mandatario antes señalado;

c) Que, así las cosas, resulta que en el segundo semestre de ese año el Sr. FREI MONTALVA consultó a un grupo de médicos acerca de la factibilidad de someterse a una intervención quirúrgica para remediar una hernia gastroesofágica que le afectaba y que no le permitía llevar una vida normal.
Reunidos un grupo de facultativos de su confianza en su domicilio, se le expresó que era factible realizar una operación de esa naturaleza y que podía hacerse en Chile o en el extranjero y por tal razón, tomó la decisión de ser intervenido quirúrgicamente en la Clínica Santa Maria de esa ciudad, el día 18 de noviembre de 1981, actuando como primer cirujano el doctor Augusto LARRAIN ORREGO.
Previo a la referida intervención se realizaron en el mismo establecimiento los exámenes de rigor, los que resultaron satisfactorios y, el día señalado se practicó la operación con la participación del facultativo antes señalado y de otros médicos que colaboraron en ella, dentro del ámbito de sus especialidades, y también con la presencia de médicos de confianza del paciente que actuaron como observadores;

d) Que, realizada la operación con pleno éxito el paciente fue remitido a una habitación de pensionado y después de unos pocos días, fue dado de alta a su domicilio y en este, luego de transcurrido un tiempo, comenzó a sufrir molestias que hicieron necesario que el día 04 de diciembre de 1981 fuera nuevamente trasladado al establecimiento asistencial antes señalado y sometido a una nueva intervención quirúrgica, por parte de un nuevo médico cirujano que a partir de ese momento se hizo cargo del equipo de facultativos encargados de la atención del paciente.
La reintervención, se realizó el día 06 de diciembre de ese año -vale decir pasados dos días desde la fecha de su reingreso-, sin embargo el hecho de haber permanecido durante ese período en la habitación Nº401 del pensionado de la clínica, demuestra que ella no se efectuó con la urgencia que el diagnóstico de una obstrucción intestinal aconsejaba, y a consecuencia de ella se produjo la extirpación de una parte del intestino debido a que se encontraba afectado de una necrosis, lo que significó que debieron unirse las partes sanas de este órgano;

e) Que, en atención a lo dicho anteriormente el paciente fue nuevamente remitido a la misma habitación del pensionado y es así que el día 08 del mismo mes y año, sufrió un shock séptico que motivó su traslado inmediato a dependencias de la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Santa María de esta ciudad.
Es del caso señalar que a fojas 4.275 la enfermera Olga ORTIZ ROJAS, declara haber visto el día 06 de diciembre a una enfermera particular alrededor de las 10:45 horas trasladando hasta Rayos al ex Presidente y en el trayecto, al cambiarlo de camilla, se le rompió el guante con el contenido gástrico de la sonda nasogástrica, de lo que se percató cuando bajó a verlo de propia iniciativa y como estaba manchado debió cambiarle la ropa de cama, dejando la respectiva constancia en la hoja de enfermería terminando su turno a las 12:00 horas; por su parte, a fojas 4.283 la enfermera María Elena ZAMORANO SOTO declara que ese mismo día, a las 12:00 horas cuando llega a desempeñar su turno que se lo entregaba Olga ORTIZ, al concurrir a la habitación del ex Presidente, éste estaba sin la enfermera externa, se encontraba “sudoroso, descompensado, la presión baja, el suero estaba fuera de la vía venosa y su cama impregnada con sangre, había perdido mucha sangre”, llamaron a la enfermera de turno y al médico residente quienes dispusieron su traslado a la UCI, sin que retornara al pensionado.
Para el tratamiento del paciente en la UCI se requirió la presencia de un experto utiólogo, el doctor Sergio VALDES JIMENEZ, quién se integró al equipo de médicos que atendían al ex mandatario, el que se fue incrementando con la aparición de nuevos especialistas en la medida en que aumentaron las complicaciones que afectaban al paciente;

f) Que, durante ese período se recibió un aviso por parte de cercanos a la familia del enfermo, acerca de que este pudiera estar siendo envenenado, sin embargo, no obstante la gravedad de la comunicación, sólo se tomaron medidas para impedir el acceso de extraños a las dependencias donde estaba éste, sin que realizara ningún tipo de exámenes que pudieran determinar la efectividad de lo señalado anteriormente.- También, resulta necesario precisar que según manifiestan los médicos que atendían al paciente, a pesar de los esfuerzos realizados, y de los tratamientos aplicados al enfermo, no era posible obtener la estabilización de su estado de salud, puesto que cada vez que se obtenía algún avance favorable, al poco tiempo, decaía la condición física del paciente, lo que se explicaba por su estado inmunológico deficitario, a pesar, que del mérito de la investigación se ha podido también establecer que al enfermo se le aplicó un producto denominado “TRANSFER FACTOR”, (factor de transferencia), el que se encontraba en etapa de experimentación, y que, tal como señala el inmunólogo y doctor en ciencias de la Universidad de Chile, Luis FERREIRA VIGOUROUX, a fojas 8.729 y siguientes, dicho producto, no estaba certificado ni autorizado por la Food and Drug Administration (FDA) en Estados Unidos, y aunque se pensaba que podía favorecer la recuperación de un sistema inmunológico deprimido, en definitiva, al agregar más endotoxinas a las ya pre-existentes en el organismo, esto induciría al sistema inmunológico a secretar moléculas que median el shock séptico.
Todo ello se encuentra corroborado por el texto de un estudio científico agregado a los autos a fojas 8.734 y siguientes, con su correspondiente traducción a fojas 8.884, ratificada fojas 8.973 y siguientes por las peritos traductoras de O.C.N. INTERPOL;

g) Que, por otra parte, con fecha 22 de diciembre de 2004 el tribunal asesorado por un equipo de peritos se constituyó en el patio Nº6 del Cementerio General frente al Patio Histórico, en el mausoleo de la Familia FREI RUIZ-TAGLE y al ingresar a este se procedió a abrir el ataúd y en su interior se observó el cadáver del ex Presidente don Eduardo FREI MONTALVA, que se encuentra esqueletizado y a la simple observación externa no se divisa la existencia de piel y partes blandas del organismo.
Con la colaboración de las peritos toxicóloga y anátomo patóloga designadas en autos, se procede por parte de la primera, a tomar muestras de restos que corresponderían al riñón, pulmón derecho, cerebro y cabello.
La segunda perito, procede a tomar muestras de la piel del muslo, del tórax y del abdomen, de tela adhesiva desconocida que se encuentra adherida a la pelvis, de insectos que se encuentran en el líquido existente en el fondo de la urna, restos encefálicos adheridos al hueso craneano y el fémur izquierdo.- Manifiesta la doctora Sra. Carmen CERDA que el esqueleto está completo pero desarticulado y que el cráneo no fue objeto de una autopsia médico legal.
Posteriormente las peritos antes referidas, vale decir, la doctora Laura BÖRGEL AGUILERA, médico toxicólogo del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile y la doctora Carmen CERDA AGUILAR, anátomo patóloga y profesora asociada de Medicina Legal en misma universidad, proceden a evacuar los informes solicitados en autos y, la primera de las nombradas, concluye que el ex Presidente don Eduardo FREI MONTALVA, presentó exposición a Talio y MS (mostaza sulfúrica), en los últimos tres meses previos a su fallecimiento, esta exposición fue a dosis bajas, por vía endovenosa, como la más alta probabilidad y con potenciación entre los dos xenobióticos, lo que determinó efectos de daño celular y del DNA, expresado en compromiso multisistémico, alteraciones en la capacidad de los linfocitos de defenderse de gérmenes oportunistas, lo que determinó su muerte por un cuadro séptico. La presencia de “TALIO”, también se indica en un informe acompañado a los autos.
Por su parte, la doctora Carmen CERDA AGUILAR, expresa en su informe en el Nº4) de su informe al contestar la pregunta de ¿Cuál fue la forma médico legal de muerte?, responde: Los productos químicos hallados en las muestras -presencia de dos sustancias tóxicas combinadas-, no se corresponden ni con los alimentos, ni con los medicamentos que recibió el Sr. FREI MONTALVA durante su hospitalización.- Además, señala la perito que es posible establecer que ellas le fueron administradas, al menos, en tres (3) ocasiones diferentes.
Debido a ese tipo secuencial y simultáneo de suministro, el efecto de los productos se potenció, haciendo posible que, con menores dosis, el efecto final fuera igualmente mortal, más aún, cuando –como se ha dicho– no se realizó algún examen de carácter toxicológico para confirmar o descartar la presencia de alguna sustancia extraña en el organismo del paciente.
Todo lo anterior, permite descartar una forma de ingesta accidental y las deficientes condiciones de salud en que se encontraba el Sr. FREI MONTALVA, debido al negativo resultado de los procedimientos quirúrgicos utilizados después de su reingreso al establecimiento de salud antes señalado, de todo lo cual se puede afirmar con razonable certeza, que se trata de una forma médico legal de muerte calificable como homicidio.
Además, es preciso señalar que el médico cirujano doctor Augusto LARRAIN ORREGO, prestando declaración a fojas 1.540 y siguientes manifiesta que ratifica su declaración extrajudicial que consta en el anexo del informe policial Nº87 agregado a fojas 707 y siguientes, y señala que la primera operación de hernia gastroesofágica donde él intervino como cirujano y que se realizó el día 18 de noviembre de 1981, fue exitosa y después al ser informado que el ex Presidente había sido trasladado de urgencia a la Clínica Santa María se dirigió a esta y allí fue informado por los doctores Patricio SILVA y Alejandro GOIC que su trabajo había terminado y que quedaba el doctor Patricio SILVA a cargo del paciente don Eduardo FREI.
Como se diagnosticó una obstrucción intestinal el doctor Patricio SILVA decidió operarlo y él participó como observador y cuando se produjo la re intervención la lesión que observó fue una mesenteritis hipertrófica localizada de tipo inflamatorio. Agrega, que esta lesión no habría sido de tipo contaminación bacteriana, ya que esto habría significado una extensión mayor de la lesión hacia el peritoneo.
Debido a su experiencia quirúrgica anterior y al no haber encontrado nunca esta lesión en las intervenciones quirúrgicas abdominales que ha realizado, ha pensado que esta lesión solamente puede explicarse por una contaminación localizada de un agente químico o tóxico que no comprometió al resto del mesenterio, por lo que este agente habría sido de tipo deletéreo (esto significa que actúa y puede evanecerse). Esto podría haber ocurrido por la presencia de este tóxico en una compresa.
Que lo expuesto anteriormente, sumado al análisis de las fichas médicas incautadas en la Clínica Santa María, demuestran que el tardío y deficiente procedimiento quirúrgico proporcionado al referido paciente y la factibilidad que le fueran inoculadas substancias tóxicas que afectan la salud humana, las que aplicadas en pequeñas dosis y espaciadas en el tiempo, todo lo cual deprime el sistema inmunológico y favorece la aparición de las denominadas bacterias oportunistas que ocasionaron la muerte al ex mandatario;

h) Que, lo señalado anteriormente, resulta coherente con el hecho de no haberse dado una explicación médica verosímil para explicar el fallecimiento del señalado líder opositor, más aún, dado que la realización de atentados criminales como los que significaron la muerte del ex Comandante en Jefe del Ejército General Carlos PRATS GONZALEZ y su señora Sofía CUTHBERT, del ex Canciller Sr. Orlando LETELIER DEL SOLAR y su Secretaria Sra. Rony MOFIT y las graves lesiones del ex Vicepresidente de la República, Ministro de Estado y parlamentario Sr. Bernardo LEIGTHON GUZMAN y su señora Ana FRESNO, perpetrados en Buenos Aires, Washington y Roma, respectivamente, provocaron tal conmoción internacional y a nivel interno, lo que hacía imposible la realización de un atentado de esa naturaleza en contra de la figura del ex mandatario antes señalado, por lo que se optó por un procedimiento como el que se ha descrito anteriormente, que significaba que el hecho punible resultara imperceptible para todos, con exclusión de los que intervinieron en él, y, aprovechando las circunstancias de indefensión en que se encontraba la victima producto de su enfermedad y prolongada estadía en un establecimiento hospitalario;

i) Que, además, para la comisión de este hecho, es necesario señalar que sus partícipes se vieron favorecidos por una serie de circunstancias provocadas intencionalmente con anterioridad a la perpetración del delito, tales como, la desprotección de la seguridad del ex mandatario por parte de la autoridad gubernamental y policial, la intervención telefónica y seguimientos de que era objeto permanentemente, los hostigamientos realizados tanto a su persona como a su familia en su domicilio particular y, sobre todo, la infiltración en su círculo más cercano de personas que obedecían a los citados organismos de seguridad del régimen militar y otros que formaban parte activa del Ejército de Chile y que naturalmente, dada la estructura de esa institución no podían menos que estar subordinados a las órdenes provenientes de sus mandos superiores, lo que explica que a pesar de la discrepancias del régimen de la época con el partido político al que pertenecía el ex Presidente y a su exclusión de la vida política nacional, integrantes de la institución armada antes referida tuvieran participación principal en la atención de este paciente, lo que obviamente no pudo ser realizado sin que se hubiera obtenido la autorización institucional correspondiente, más aún, si se tiene en consideración que de cualquiera situación dolosa o culposa que lo afectara se habrían formulado cargos a la señalada institución militar con consecuencias que pudieran ser de extrema gravedad para la subsistencia del régimen político de la época, dado el aislamiento y condena internacional que soportaba;

j) Que, también es necesario precisar que dentro del staff de médicos que prestaban servicios en el establecimiento asistencial antes señalado, existían algunos que paralelamente se desempeñaban en los servicios de seguridad del Gobierno, específicamente en la Clínica LONDON, que dependía de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y, resulta del caso señalar que precisamente uno de ellos ha reconocido haber ingresado a la habitación del ex Presidente FREI, el día 08 de diciembre de 1981, cuando sufrió el shock séptico que motivo su internación en la UCI y posteriormente fue visto en forma reiterada en las dependencias últimamente mencionadas, no obstante no desempeñar labores en ella;

k) Que, el día 22 de enero de 1982 falleció el ex Presidente FREI y a pesar de las circunstancias anormales acaecidas durante su permanencia en la Clínica antes referida, no obstante las dudas evidenciadas acerca de las causas precisas y necesarias que ocasionaron su deceso, no se dispuso la práctica de la autopsia médico legal necesaria para determinar esto último, ni menos se denunció el hecho a la justicia ordinaria, y, por el contrario, sin que se contara con la autorización de la familia ni tampoco del médico cirujano a cargo del paciente y sin que aquello fuera siquiera debidamente informado, se realizó por parte de un equipo médico de la Facultad de Medicina de la Pontifica Universidad Católica de Chile, un procedimiento que significó la extracción de órganos del cadáver del occiso con la finalidad de someterlos a exámenes patológicos, dándose como justificación de esto, la factibilidad de que una TBC sufrida por el ex mandatario durante su juventud, hubiera tenido alguna incidencia en el desenlace de su enfermedad, lo que del mérito de la investigación ha resultado no ser efectivo puesto que con anterioridad se habrían realizado exámenes con ese mismo fin en el Instituto de Salud Pública, los que arrojaron un resultado negativos.
También, la afirmación hecha por los médicos partícipes en el referido procedimiento de haberles sido encomendado un embalsamamiento del cuerpo, en atención a los días que debería estar expuesto al público en la Catedral de Santiago para que se le rindieran los homenajes pertinentes, no ha resultado ser verosímil en atención a que en esos casos, como lo confirman los expertos, sólo es necesaria la práctica de una inyección conservadora, dejándose el embalsamamiento para traslados de los cuerpos de una ciudad a otra o fuera del país, lo cual resulta ser una exigencia sanitaria, no aplicable en la especie;

l) Que, por último, es necesario dejar constancia que en el establecimiento asistencial donde falleció el ex mandatario no se practicaban habitualmente autopsias clínicas ni procedimientos como los descritos, no existiendo un lugar adecuado para ello y, por ende, la realización de aquel en una habitación común resultaba ser absolutamente inadecuada y contraria a las normas de salud pública.
Lo anterior aconteció, a pesar que el Departamento de Anatomía Patológica de la P. Universidad Católica de Chile contaba con un lugar adecuado, para que se pudieran desarrollar este tipo de procedimientos, siendo absolutamente excepcional que un equipo médico perteneciente a ese departamento se haya trasladado a una clínica particular ubicada en otro lugar de la ciudad con el objeto de realizar un “embalsamamiento” al cadáver del ex mandatario, según han declarado los propios funcionarios pertenecientes a ese departamento.
Constituye un hecho absolutamente inusual que el denominado protocolo de autopsia Nº9/82, que especifica los exámenes realizados a los órganos del ex mandatario fuera incorporado al Libro respectivo una vez transcurridos varios años desde la fecha de su realización, asimismo, que en el “cuaderno de autopsias” en la parte donde se enuncia el procedimiento realizado al ex presidente, no se indique el lugar de donde provenían los restos señalándose como traídos de “MED” (medicina), lo que como se ha dicho no resulta ser efectivo.
Por último, también aparece como algo irregular que la Dirección del referido Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica no haya sido debidamente informada, en su oportunidad, de las acciones efectuadas en el cadáver de un Ex Presidente de la República y de la mantención de documentación relacionada con el procedimiento realizado por facultativos pertenecientes a ese departamento;

m) Que, toda esta serie de hechos, irregulares y situaciones abiertamente irregulares como la pérdida o extravío del protocolo de la primera intervención quirúrgica a que fue sometido el ex mandatario y también la falta de la última hoja de la ficha médica, donde debería constar su deceso, conjuntamente con la individualización y firma del facultativo habilitado para ese fin, lo que sumado al contenido de los informes periciales a que se ha hecho mención en la letra g) que antecede y a las circunstancias referidas en las letras d), e) y f), constituyen un conjunto de presunciones judiciales que apreciadas en conformidad a la ley permiten a este tribunal tener por suficientemente comprobado que el fallecimiento del Ex Presidente de la República Don Eduardo FREI MONTALVA acaecido el día 22 de enero de 1982, fue ocasionada por la deficiente y tardía atención médica proporcionada al momento de su reingreso a la “Clínica Santa María” y por la factibilidad de la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de un producto farmacológico no autorizado, denominado “Transfer Factor” y por la ocurrencia de diversas situaciones anómalas, que pudieron ser disimuladas como inadvertencias o negligencias que paulatinamente deterioraron su sistema inmunológico y facilitaron la aparición de bacterias oportunistas, tales como las denominadas “proteus vulgaris” y “candida albicans”, que resultaron ser la causa final de su muerte y dieron la apariencia que su deceso ocurrió por complicaciones derivadas de las intervenciones quirúrgicas a que fue sometido, haciendo imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento”.

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21 ex presos políticos de Isla Dawson presentaron hoy en Tribunales demanda por detención y tortura en 1973 en Punta Arenas

Un grupo de 21 ex presos políticos de Isla Dawson y otros centros de detención en Magallanes, presentaron hoy en los Tribunales de Justicia en Punta Arenas, una demanda de indemnización por detención y tortura ocurrida desde el 11 de septiembre de 1973.

La acción indemnizatoria fue elaborada y presentada por un equipo profesional de abogados de Magallanes encabezados por Oscar Gibbons Munizaga.

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El libelo relata en detalle las diferentes formas de torturas y otros tratos inhumanos y degradantes de que fueron víctimas quienes permanecieron detenidos en diferentes recintos militares en Punta Arenas y en el campo de concentración de Isla Dawson, desde el golpe de Estado de 1973.

En uno de sus considerandos, el libelo denuncia: “Todos los demandantes fueron secuestrados por agentes al servicio del Estado de Chile entre el 11 de septiembre al 31 de diciembre de 1973, durante el estado de sitio en tiempo de guerra declarado a nombre del Estado de Chile, por la dictadura militar de ese entonces; fueron prisioneros de guerra, rehenes en los campos de concentración y obligados a efectuar trabajos forzados en los campos de concentración Compingim y Río Chico, instaurados en la isla Dawson por el Estado de Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 22 de septiembre de 1974 durante la dictadura militar; fueron prisioneros de guerra y rehenes en uno o más campos de concentración y recintos clandestinos de prisión, cárceles o prisiones instaurados por el Estado de Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1977 durante la dictadura militar.”

Recordamos que este es el tercer grupo de ex detenidos en el campo de concentración de Isla Dawson, que presenta una demanda por similares causales contra el Fisco, siguiendo a quienes presentaron recurso ante los Tribunales en 2007 y cuya causa fue sentenciada favorablemente por la Corte Suprema en septiembre de 2015.

Logros y avances en la Agenda de Género en Chile durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet

Avanzando en la protección a las mujeres

En 2016 comenzó una nueva etapa para las mujeres de Chile. Hoy cuentan con más instituciones que las protegen y que defienden la igualdad de género, la principal es el nuevo ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género.

En Chile, una de cada tres mujeres sufre o ha sufrido algún tipo de violencia. La nueva cartera está tomando medidas importantes para avanzar, de una vez por todas, a una sociedad más equitativa donde no se viva esta vergonzosa realidad. La convicción de la Presidenta Bachelet es que todo lo que se hace en beneficio de las mujeres, va en beneficio de todo el país.

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Justicia en el cobro de energía eléctrica

En 2016, más de 10 millones de personas se vieron favorecidas por la Ley de Equidad Tarifaria, que apunta a que no existan más desigualdades en los cobros de la cuenta de la luz. Hasta ahora, había importantes diferencias en las cuentas de la luz entre zonas menos pobladas y grandes ciudades. Una familia de Alto Biobío puede pagar hasta un 90% más que una familia de Santiago. La medida también beneficia a las comunas que acogen proyectos que proveen electricidad al país, como Tocopilla o Coronel. La normativa promulgada en 2016 tiene un importante impacto ciudadano. Los hogares beneficiados verán una disminución en su cuenta de un 14% promedio.

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Más acceso a una educación de calidad

En 2016 se dio un paso histórico en favor del acceso a la Educación Superior ¡140 mil estudiantes obtuvieron Gratuidad! Se trató de uno de los hitos más importantes de la histórica reforma impulsada por el Gobierno para mejorar la educación en Chile. Para el próximo año hay buenas noticias: Un total de 44 instituciones de educación superior adscriben a la Gratuidad en 2017, sumándose a la lista Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

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Buenas noticias en la lucha contra la pobreza

El año que termina trajo un gran incentivo para seguir avanzando. La Encuesta Casen reveló que la pobreza por ingreso disminuyó de 14,4, el 2013, a 11,7% el 2015. Lo importante, dijo la Presidenta al conocer la noticia, es que “más que los porcentajes, estamos hablando de 400 mil personas que salieron de la pobreza“. Por otro lado, en un 15% disminuyó el déficit habitacional cuantitativo (familias que no tienen vivienda) respecto del año 2013. Entre los años 2013 a 2015, este indicador se redujo de 459.347 a 391.546 unidades, alcanzando su más bajo nivel histórico.

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Castigo severo contra la colusión

En 2016 una nueva ley aumentó el castigo ante la colusión. Los culpables deberán pagar con cárcel. La medida apunta a dar un paso en favor de la libre competencia. La iniciativa también contempla un aumento de multas que alcanzan hasta el 30% de las ventas captadas durante el período que duró la infracción, o hasta el doble del beneficio económico reportado. La ley permite tener mercados menos concentrados, lo cual beneficia a las pymes y consumidores.

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Por otro lado, en 2016 el sector público y privado trabajaron juntos para avanzar hacia una economía más compleja, capaz de crear e incorporar innovación. En total fueron 22 medias en tres ejes: Financiamiento, Exportación de Servicios y Simplificación de Trámites. ¿Un ejemplo? La entrada en funcionamiento del innovador sistema Escritorio Empresa, plataforma virtual que transforma los antiguos trámites en ventanillas en una cómoda gestión vía web. Un servicio que favorece, sobre todo, a los emprendedores.

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Mejor calidad de vida para todas y todos

Noticias alentadoras en Seguridad

Mejorar la calidad de vida de las chilenas y chilenos ha sido prioridad para el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Gracias a distintas iniciativas impulsadas en materia de Seguridad Pública, el 2016 dejó buenas noticias: la tasa de casos policiales se redujo un 6,6% y los Delitos de Mayor Connotación Social disminuyeron en 11 de las 15 regiones del país. ¡Revisa las estadísticas oficiales!

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Mejores pensiones

Durante este año se envió un proyecto de ley para aumentar en un 10% la Pensión Básica y el Aporte Previsional Solidarios. De esta forma más de 1 millón 300 mil compatriotas verán mejorado el aporte que el Estado realiza a su pensión. Paralelamente la Presidenta convocó un Pacto Nacional para incorporar las miradas de los distintos actores sociales que trabajan por mejorar el futuro de todos y todas.

Favorecer el autocuidado de las personas

Otro de los avances 2016 es el etiquetado de alimentos a través de sellos. El objetivo de la medida es advertir contenidos de nutrientes críticos en cantidades elevadas, que pueden afectar la salud. La ley ayuda a miles de ciudadanos a identificar aquellos alimentos altos en azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías. La iniciativa fue reconocida internacionalmente, siendo destacada por la OMS como un ejemplo para el resto de América.

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¡Más participación, mejor país!

Una conversación inédita en Chile

Durante este año se avanzó en construir un país más democrático y participativo. La ciudadanía levantó la voz e hizo valer sus propuestas en Una Constitución para Chile, instancia en la que se reunieron más de 200 mil compatriotas en territorio nacional y en el extranjero. Sus ideas hoy son parte de las Bases Ciudadanas del Proceso Constituyente.

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Hito histórico en nuestra democracia

Otro de los hitos relevantes que marcó el 2016 fue la aprobación del voto para las chilenas y chilenos que viven en el exterior. A partir del próximo año, los ciudadanos chilenos que viven en el exterior podrán sufragar en un proceso seguro y transparente ¡Un gran avance para la democracia y participación!

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¡Revisa el video!

Corte Suprema en fallo dividido otorga libertad condicional a uno de los participantes en el asesinato de Parada, Guerrero y Natino

Como un error calificó el abogado Nelson Caucoto la decisión de la Corte Suprema que este jueves ratificó en fallo dividido la libertad condicional para el carabinero en retiro Claudio Salazar Fuentes, condenado por su participación en el degollamiento de tres profesionales comunistas, hecho ocurrido en marzo de 1985.

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El abogado que fue querellante en esta causa, sostuvo que la determinación del máximo tribunal afecta el derecho internacional.
“Indudablemente que hay una vulneración del derecho internacional. Estos son casos donde no corresponde ningún beneficio de ninguna especie. Fueron condenados para cumplir completamente las penas y eso no ha ocurrido. Entonces, eso es un retroceso a partir de esta resolución del máximo tribunal”, precisó Caucoto.

El penalista recordó además que el objetivo del derecho internacional en materia de derechos humanos es protegerse de este tipo de criminales y así impedir que estos hechos vuelvan a ocurrir, por lo que no corresponden beneficios ni ventajas a su favor.

“La impunidad no significa sólo la ausencia de justicia. La impunidad también comprende el no cumplimiento efectivo de las penas o la desnaturalización del castigo, eso también es impunidad. Y en ese sentido, este fallo junto con otros, viene a contradecir esta necesidad que tiene la comunidad internacional de defenderse en contra de estos violadores de derechos humanos”, comentó en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile.

Caucoto indicó que al suscribir estos tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, uno de los compromisos que se asumen es impedir que estos agentes que cometieron serios atropellos no obtengan los beneficios que se pueden aplicar a los condenados por delitos comunes.

Claudio Salazar Fuentes fue uno de los agentes de la desaparecida Dirección de Comunicaciones de Carabineros, DICOMCAR, que secuestró y luego degolló a tres profesionales comunistas, José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

Salazar estaba condenado a cadena perpetua más 541 días por asociación ilícita en este mismo hecho. Cumplio 24 años y ocho meses de presidio hasta recibir este beneficio de la Corte Suprema.

Soy partidaria de beneficios a reos de delitos de lesa Humanidad – Trinidad Lathrop

Yo soy partidaria de beneficios a reos de delitos de lesa humanidad.

Antes que me golpeen, lean todo.

Soy partidaria aún cuando los beneficios en si mismos no son un derecho, por eso se llaman beneficios, si es un derecho lal igualdad ante la ley.
Cuando se hace una excepción a ese derecho, y se declara que un delito de lesa humanidad no prescribe, no puede ser indultado ni amnistiado se busca señalar sin lugar a dudas, que ese delito es de tal gravedad que jamás, ni por medio de indultos, amnistía o el simple paso del tiempo, puede quedar impune.

Y concuerdo plenamente con eso.

Jamás se puede permitir que un delincuente que vulnera a la sociedad en su conjunto, que viola de manera sistemática y reiterada derechos humanos, amparado por el poder del estado, quede impune.

Dicho esto.

Los reos de Punta Peuco no tienen derecho a cumplir la pena en su casa. Porque no es un derecho.

Pero si pueden optar a pedir, como beneficio o como acto humanitario ir a morir a su casa. Y a mi parecer, debe otorgarseles cuando:
1.- cumplan los requisitos que se le exige a cualquier reo que haya cometido crímenes graves contra personas, como homicidio calificado, parricidio, femicidio, violación con homicidio, con todas las agravantes que consigna la ley y de manera reiterada.
O sea, no basta que hayan ido un par de veces a hacer muebles al taller de la cárcel.
2.- Muestren clara consciencia del daño causado. O sea: No declaren que están presos por servir al país, porque las víctimas no eran blancas palomas, que son inocentes y están presos porque los jueces, todos, son comunistas, etc.
Porque eso significaría que siguen pensando igual que cuando cometieron el delito y que lo cometerían otra vez o empujarían a otro a cometerlo.
Que señalen inequívocamente que son culpables de los actos por los cuales están condenados.
3.- Que muestren arrepentimiento “eficaz”
O sea, no lágrimas de cocodrilo… eso significa que entreguen toda la información que tienen, incluyendo quien lo mando, quienes fueron sus cómplices, como, cuando, donde ocurrieron los hechos, donde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos, etc.
De hecho, en aquellos países donde existen estos casos con beneficios, una sola mentira es causal suficiente para quitarles cualquier beneficio otorgado.
Hasta la fecha, no hay ninguno que cumpla con estos requisitos en punta peuco. (tengo dudas con uno de los homicidas de Tucapel Jimenez)

Muchos han cumplido la mitad de una de sus condenas, pero tienen varias más y siguen procesados por otros delitos.

Ninguno ha mostrado comprensión del daño causado. Los expedientes con sus declaraciones son públicos, pueden leerlos. Siempre culpan a otros, inclusive a las mismas víctimas.   Ninguno ha mostrado arrepentimiento eficaz, delatando a los cómplices y testificando en su contra, contando todo lo que hicieron, como, dónde están los detenidos desaparecidos, etc.

Por tanto, siendo partidaria de otorgar beneficios humanitarios a quienes tienen enfermedades terminales avanzadas, que se le entregarían a otros presos con crímenes graves, creo que no corresponde entregárselo a los reos de Punta Peuco, porque simplemente no cumplen los requisitos, y deben ser tratados como cualquier reo que no cumple con los requisitos.

Hacer una misa en la cárcel, y pedir perdón, a mi me parece un show mediático, pero poniéndonos en el caso que sea sincero, ojalá las familias de sus víctimas los perdonen, lo que no implica que puedan salir de la cárcel. No son las familias de las víctimas quienes los condenaron ni quienes deben determinar si tienen beneficios o no.

La ley solo les otorga el derecho a ser escuchados antes que el organismo pertinente determine si soltarlos o no.

Así que, repito: soy partidaria de beneficios humanitarios para personas enfermas terminales que hayan cometido delitos de lesa humanidad, siempre y cuando cumplan los requisitos legales que se imponen a criminales que han cometido los peores crímenes, y no existe en Punta Peuco ninguno que lo merezca.

El pedir perdón no es suficiente. Y sospecho de esta petición de perdón hecha con tanta faramalla, además.

Ahora, hay un caso con alzhéimer, caso que creo podría ser tratado de otro modo, No hay forma que cumpla los requisitos si no sabe ni quien es. No tengo una solución para eso.

Es necesario recordar que si están presos con la edad que tienen, habiéndose aplicado la media prescripción, o sea, dándole menos de la pena que les correspondería, es porque por años evitaron la justicia con la ley de amnistía, jueces nombrados por ellos mismos, y otras triquiñuelas.

En fin, esta es mi opinión, nada más que eso.

Trinidad Lathrop

Discurso de la Presidenta Michelle Bachelet en el Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional: caso “Omar Humberto Maldonado y otros versus Chile”

S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, asiste al acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Omar Humberto Maldonado y otros versus Chile”

Amigas y amigos:

Quiero partir agradeciendo las palabras de quienes me han precedido en este estrado: el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch y el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber. Y también saludar muy especialmente al comandante Ernesto Galaz, que hará uso de la palabra en representación de las víctimas beneficiadas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que hoy estamos dando cumplimiento.

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Y como parte del cumplimiento de esta misma sentencia, el miércoles 5 de octubre me correspondió participar, junto a las víctimas y sus familiares que hoy nos acompañan, del develamiento de una placa conmemorativa en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile. En ella, se consignan sus nombres y se recuerda a todos quienes allí sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos, a partir del 11 de septiembre de 1973.

Más importante aún: la Fuerza Aérea reitera, en esa placa, el compromiso de las actuales y futuras generaciones de oficiales y suboficiales, de promover y respetar los valores de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos inherentes a toda persona.

Hoy, en este acto solemne, el Estado de Chile, a través de sus tres poderes, ofrece reparación a estas víctimas. Ofrece una disculpa por el trato que recibieron y da un paso más en el camino de ese “Nunca Más” que tanto trabajo y empeño nos ha costado.

Y ello es posible, como ha ocurrido en tantos otros casos, gracias a la lucha denodada e incansable de las propias víctimas. Por una parte, nos conmueve y nos llena de orgullo; por otra parte, nos muestra muy nítidamente los vacíos y deficiencias que aún debemos superar en este ámbito.

Desde la recuperación de la democracia, el Estado de Chile ha transitado un camino para avanzar en verdad, justicia y en  reparación a las víctimas por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura.

Ha sido un camino no exento de dificultades, en el cual se han dado pasos importantes desde el Estado. Y ha sido mencionado por quienes  me han precedido, el trabajo de las Comisiones de Verdad,  el establecimiento de una institucionalidad de derechos humanos, primero con la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y luego con la reciente Subsecretaría de Derechos Humanos, da cuenta de un Estado que busca, desde el reconocimiento de su historia reciente y de sus deudas, avanzar hacia un horizonte en que todos los derechos sean garantizados.

Pero así como hemos avanzado, tenemos deudas pendientes. Desde esa convicción, debemos seguir ahondando nuestro compromiso con los derechos humanos en este proceso que es permanente y en el que cada día se abren nuevos desafíos.

Los crímenes de la dictadura, que impactaron a las víctimas, a los familiares y a toda nuestra sociedad, requieren de esfuerzos continuos por parte del Estado para investigar, sancionar y reparar estas heridas. Sólo así podremos construir sobre cimientos firmes, un futuro de garantías plenas a los derechos de todas y todos.

Sólo así podremos hacer del “Nunca Más”, una realidad palpable y cotidiana.

En el caso concreto que hoy nos reúne, hablamos de un “Nunca Más” a la tortura, que es una de las violaciones a los derechos humanos que más intensa y destructivamente afectan la dignidad humana. La tortura daña indeleblemente a la víctima, y por ello en el derecho internacional de derechos humanos se ha llegado al consenso de prohibirla absolutamente en todo tiempo y lugar.

Tenemos la obligación de investigar, sancionar y reparar estos actos. Desde la recuperación de la democracia, el Estado de Chile ha sido enfático en condenar y avanzar en la reparación de las víctimas y en la investigación de los hechos de tortura cometidos de manera sistemática y organizada desde ese mismo Estado.

Pero debemos ir más allá. Precisamente porque lo vivimos en el pasado, porque estamos marcados por el daño infligido al conjunto de la sociedad, no podemos cerrar los ojos ante las denuncias de torturas que se puedan cometer también en democracia.

Estamos adoptando, por ello, las medidas necesarias para prevenir y sancionar estos hechos. Ello incluye la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, radicado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y la Promulgación de la Ley que tipifica el Delito de Tortura, aprobada finalmente por el Congreso Nacional el 5 de octubre, y que quedará en condiciones de entrar en vigencia una vez que pase por el Tribunal Constitucional.

La tipificación del delito de tortura adecua la ley chilena a los estándares internacionales, y termina con el eufemismo de “tratos inhumanos y degradantes” con el cual nuestra legislación designa aún hoy este crimen. Cuando esta ley se promulgue, llamaremos a la tortura por su nombre y tendremos un instrumento más para erradicar esta práctica para siempre.

Señoras y señores:

A la crueldad inherente a la tortura se suma, en el caso que hoy nos convoca, el hecho de que ésta fuese aplicada por los propios compañeros de armas de las víctimas, en un recinto que ellos frecuentaban, que consideraban su casa.

Esa bofetada feroz es la que hoy intentamos reparar.

Esa negación brutal de la dignidad y el honor, esa traición de lo más sagrado: la integridad de las personas, su vida, su honra.

El fin último de los derechos humanos es respetar la dignidad de las personas.

Es el Estado de Chile el que en este caso, y en muchos otros, violó esa dignidad al torturar, aplicar instancias jurisdiccionales sin garantías del debido proceso y negar la posibilidad de reparar con un recurso eficaz en nuestros tribunales, esto último ocurrido en democracia.

El Estado de Chile se equivocó gravemente. Y hoy estamos aquí para reconocer esta responsabilidad y reparar a las víctimas con medidas que permitan restaurar su dignidad violentada.

La sentencia internacional que esas víctimas obtuvieron, hoy nos permite reconocer el error cometido y avanzar un paso más hacia la reparación integral de quienes vieron violados sus derechos más fundamentales durante la dictadura.

Gracias a este fallo, otras víctimas de consejos de guerra podrán presentar recursos de revisión y restaurar, así, su dignidad y su honor militar, cuando se trate de uniformados.

Y quisiera cerrar esta intervención dirigiéndome a las víctimas que hoy nos acompañan, y a través de ellos, de estos hombres tenaces, dignos y sencillos, a todos los que ya no están.

Hoy el Estado de Chile les reconoce, solemnemente, su condición de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Ustedes fueron juzgados y condenados injustamente. Se les arrebató aquello que más querían. Se los llamó traidores.

Hoy, gracias a su esfuerzo, a su coraje, a su tenacidad, las cosas vuelven a estar en su lugar y queda claro, ante Chile, ante el mundo y más importante, ante las generaciones que vendrán, lo que todos siempre supimos: son ustedes inocentes; son ustedes víctimas; nunca traicionaron su juramento de lealtad al orden constitucional, y menos aún a sus compañeros de armas.

Permitan, entonces, a esta Presidenta de la República, hija de un general de la Fuerza Aérea que estuvo con ustedes en la misma celda, que desde su rol de Gobierno, pero también desde lo más profundo de la historia personal, reconozca lo que ustedes han logrado con una única palabra final: gracias.

Muchas gracias.

Se cumplen 23 años de vigencia de la Ley Indígena en Chile

23º Aniversario Ley Indígena (19.253) que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

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La Ley Indígena fue publicada en el Diario Oficial el 5 de Octubre de 1993, bajo el Nº 19.253, cuya declaración de principios establece que “El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”.

A continuación, la Ley señala que “El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a la Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas y Diaguita del norte del país, las comunidades Kawésqar y Yagán de los canales australes. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores”.

Esta ley es la que da origen a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, como un organismo público encargado de promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional; acción que realiza a través de los fondos de Tierras y Aguas, Desarrollo, Cultura y Educación.

En estos años, podemos de destacar la entrega de tierras a comunidades mapuche. Desde 1995 a 2016, mediante subsidios (20-A) se han adquirido 49.668 há a 5.813 familias (M$115.979.105 en moneda 2016). Estas cifras incluyen a 3.338 familias, las cuales son parte de 307 comunidades Indígenas. Mientras que a través del artículo 20-B, entre 1994 a 2016, se han adquirido 165.367 há a 12.756 familias de 440 comunidades indígenas (M$394.302.113 en moneda de 2016).

En resumen, en la historia de CONADI hemos devuelto más de 215 mil hectáreas a personas y comunidades indígenas.

En el ámbito del Desarrollo Indígena, históricamente se han invertido más de 34 mil millones, distribuidos en estudios para generar inversión pública, gestión social, fomento a la economía, apoyo a predios adquiridos, destacando en los últimos $209 millones invertidos en calidad turística. En esta área también es importante destacar el aporte de más de $838 millones invertidos en el turismo indígena desde el año pasado, un anhelo de las comunidades que quieren desarrollarse sin perder su cultura y su entorno natural.

Es por esto que la Ley 19.253 es reconocida como uno de los logros más grandes obtenidos por nuestros pueblos indígenas, pues fue la primera vez que en Chile una Ley de la República reconoció jurídicamente a los indígenas como entidades cultural e históricamente diferenciadas.

Finalmente, durante la actual administración hemos tenido la oportunidad histórica de iniciar un nuevo camino, donde la institucionalidad indígena se prepara para dar un gran salto hacia la creación del Ministerio de Asuntos indígenas y el Consejo para Pueblos Indígenas.

Estados Unidos publica nueva prueba de que Pinochet ordenó el asesinato de Orlando Letelier

El más interesante es el documento original de la CIA que afirma que Pinochet fue el que ordenó la creación de un comando que atentara contra Letelier, un político incómodo para la dictadura por sus constantes denuncias en Washington, aliado clave en esa época del dictador, de los crímenes cometidos por el régimen autoritario de Santiago.

“Una revisión de nuestros archivos sobre el asesinato de Letelier nos ha proporcionado lo que consideramos pruebas convincentes de que Pinochet ordenó a su jefe de inteligencia perpetrar el asesinato”, señala el informe de la CIA fechado el 1 de mayo de 1987, redactado durante el Gobierno de Ronald Reagan.

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 Que la mano de Pinochet estaba detrás del asesinato de Letelier era algo de lo que nadie duda desde hace tiempo. Ya el año pasado se desclasificó un primer paquete de documentos entre los que figura un memorando del entonces secretario de Estado, George Shultz, enviado en octubre de 1987 a Reagan. En él, Shultz cita ese informe de la CIA para responsabilizar a Pinochet. Pero faltaba —hasta hoy— el documento original, el “santo grial”, como lo ha denominado el investigador estadounidense Peter Kornbluh, responsable en buena parte de que EE UU haya desclasificado tantos documentos sobre la dictadura chilena.

El documento de seis páginas, titulado “El papel de Pinochet en el asesinato de Letelier y su posterior encubrimiento”, tiene algunos párrafos tachados. Aun así, contiene revelaciones interesantes, como el momento exacto en que EE UU tuvo la certeza de que tras el atentado contra el excanciller estaba la mano del dictador: mediados de 1978, es decir, casi dos años después del ataque terrorista y una década antes de que rompiera abiertamente con el régimen chileno.

“Hasta donde sabemos, no hubo ningún informe creíble sobre el papel de Pinochet en el caso Letelier antes de mediados de 1978, cuando la investigación estadounidense estaba concluyendo y las autoridades chilenas se dieron cuenta de que Washington iba a procesar a tres oficiales en activo y a pedir su extradición”, señala el informe. Un agente de la inteligencia estadounidense de la oficina de Santiago envió en junio de 1978, cuenta la CIA, una “evaluación especial” sobre la estrategia de la dictadura ante esta situación. “Informó de que Pinochet actuó rápidamente para limitar los daños de la confesión de Michael Townley (el estadounidense afincado en Chile que activó la bomba contra Letelier) que ponía la responsabilidad del crimen de forma directa en el antiguo jefe de la inteligencia chilena DINA, Manuel Contreras”.

Según ese agente estadounidense, “Pinochet estaba decidido a proteger a Contreras de un proceso judicial por el asesinato de Letelier porque sabía que su propia supervivencia política dependía del destino de Contreras”. De ahí que el dictador decidiera “obstruir todas las siguientes peticiones de EE UU que hubieran podido ayudar a solidificar el caso contra Contreras y otros implicados en el asesinato de Letelier”.

Los papeles fueron formalmente entregados durante una ceremonia en el lugar donde se produjo el atentado —el primero cometido en Washington por un gobierno extranjero— que segó la vida de Letelier y de su joven colaboradora estadounidense Ronni Moffit. La subsecretaria de Estado Heather Higginbottom entregó a Bachelet el medio centenar de documentos que aún no habían sido revelados, después del primer paquete que la presidenta recibió del secretario de Estado, John Kerry, el pasado octubre.

Bachelet, que también fue víctima de la dictadura, agradeció unos documentos que, dijo, permitirán “avanzar en materia de justicia y verdad” en el caso Letelier. Un caso, subrayó, que representa la victoria de “la memoria sobre el olvido, de la democracia sobre la violencia, de la justicia sobre la impunidad”.

Al homenaje acudieron los cuatro hijos de Orlando Letelier, que por primera vez desde la muerte de su padre regresaron juntos a Sheridan Circle, la rotonda en el corazón diplomático de Washington donde los terroristas accionaron la bomba adosada al coche del excanciller.

Con la entrega de los últimos documentos, “tenemos la convicción de que hoy tenemos más verdad”, dijo el senador socialista Juan Pablo Letelier. El valor de esta información desclasificada, señaló, es que “ratifican que Pinochet fue quien dio la orden para cometer este acto de terrorismo de Estado.

Fuente: EL PAIS, España. http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/23/estados_unidos/1474658001_549935.html

Orlando Letelier: el que lo advirtió – Miguel Lawner

El 21 de Septiembre próximo, se cumplen 40 años del asesinato de Orlando Letelier, a raíz del atentado terrorista perpetrado por la DINA en  el corazón de Washington. Una bomba colocada en el piso de su automóvil, generó una explosión que le originó la muerte minutos más tarde. Junto con Orlando, falleció su acompañante, la joven Ronni Karpen Moffitt, compañera de trabajo en el  Instituto de Estudios Políticos.

A comienzos de su gobierno, el presidente Allende lo designó embajador en los Estados Unidos, cargo en el cual destacó por su capacidad para enfrentar la compleja situación que generó la nacionalización del cobre en Chile, por cuanto afectó los intereses de las compañías norteamericanas dueñas de los grandes yacimientos existentes hasta entonces: la Kennecott y la Anaconda Copper Mining.

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A comienzos de 1973, Allende convocó a Letelier a Santiago a fin de asumir la cartera de Relaciones Exteriores, más tarde el Ministerio del Interior y finalmente el de la Defensa Nacional. En esa responsabilidad lo sorprendió el golpe militar de 1973.  Fue detenido el mismo 11 de Septiembre al ingresar al Ministerio a su cargo y confinado a la Isla Dawson junto con otros altos funcionarios del gobierno depuesto.

En Dawson, Orlando jamás se doblegó ante las vejaciones de las cuales éramos víctima. Imponía respeto por su apostura y su altivez para enfrentar a los militares. Enfrentó sin dar muestras de fatiga el trabajo forzado  y cuando emprendimos la restauración de la Iglesia de Puerto Harris, fue un trabajador aplicado, a cargo de pintar el alero de la Iglesia.

Justamente acabamos de recuperar uno de los apuntes que realicé en la Isla, donde aparece Letelier pintado cuidadosamente dicho alero.  El dibujo estaba en el Archivo de la Biblioteca Nacional, institución a la cual la familia de Orlando donó todos sus  documentos, fotografías y artículos personales.

Es una primicia que acompañamos con este texto, y donde Orlando aparece junto al abogado porteño Luis Vega, también preso en la Isla, ambos  encaramados en un andamio que habilitamos para permitir la ejecución de una tarea, autoimpuesta por nosotros mismos.

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Desde Dawson nos trasladaron a Santiago en Mayo de 1974. Letelier, fue recluido en el subterráneo de la  Academia de Guerra Aérea (AGA), junto a otros ocho compañeros. Dos meses más tarde todo el grupo de Dawson fue destinado a Ritoque, un balneario popular construido por el gobierno de Allende, que se blindó y artilló para servir como campo de concentración.

Con motivo del primer aniversario del golpe militar, el 11 de septiembre de 1974, los presos políticos en Ritoque fuimos llamados a formación, a fin de escuchar la palabra de un alto oficial de la Fuerza Aérea, quién pretendió justificar la intervención militar, debido a las supuestas ilegalidades y escándalos  cometidos por la administración Allende. El oficial concluyó su diatriba con la siguiente advertencia:

“Algunos de ustedes saldrán pronto expulsados fuera de Chile, pero sepan que la larga mano de la Dina los alcanzará en cualquier lugar del mundo, vayan donde vayan.”

¿Qué tal?

Días después, Orlando fue expulsado de Chile, arribando a Venezuela cuyo gobierno había realizado numerosas gestiones en demanda de su libertad.  Allí se reunió con su familia, con la cual viajó meses después a los Estados Unidos, a fin de integrarse como miembro del Instituto de Estudios Políticos en Washington, tarea que compartió con el cargo de Director del Transnational Institute (TNI), con sede en Holanda.

Desde entonces, Letelier  desarrolló una actividad infatigable denunciando los crímenes y las múltiples violaciones a los Derechos Humanos que tenían lugar en Chile, tarea compartida con el análisis de las transformaciones a las estructuras sociales y económicas que comenzaron a implementar los golpistas.

El 26 de Agosto de 1976, veinticinco días antes de su asesinato, Orlando publicó un ensayo en la revista norteamericana The Nation titulado:   

 

 Los Chicago Boys en Chile

 “LIBERTAD ECONOMICA Y REPRESION POLITICA”

              dos caras de un mismo modelo”.

 

El texto analiza detalladamente los cambios introducidos en la economía chilena por la Junta Militar, enfatizando que una política tan  contraria a los intereses mayoritarios de la población, solo podía implementarse mediante una feroz represión.

En esos días, las autoridades norteamericanas reconocían la existencia de los abusos en materia de derechos humanos cometidos por los militares chilenos, pero valoraban con entusiasmo sus éxitos económicos. El ensayo de Orlando es categórico en demostrar que libertad política y represión económica son dos caras de una misma moneda. Es imposible disociar esa yunta, y enrostra a los Chicago Boys su responsabilidad por el genocidio que tiene lugar en Chile.  Es un documento pionero. Orlando es la primera persona en el mundo entero, que advirtió los estragos que produciría el modelo neoliberal, implementado primero en Chile en calidad de conejillo de Indias y extendido años después al resto del planeta. Su  artículo no se conoció en Chile, hasta que Hernán Soto y yo lo dimos a conocer en libro publicado por LOM Ediciones el 2011 con el título: “Orlando Letelier: el que lo advirtió”

El 10 de Septiembre de 1976, con motivo del tercer aniversario del golpe militar en Chile, Orlando fue el principal orador de un acto efectuado en el Madison Square Gardens de Nueva York.

La junta militar acaba de dictar un decreto privándolo de su nacionalidad. Ante las 5.000 personas que colmaban el Forum y otras 2.000 que no pudieron ingresar, Orlando declaró lo siguiente:

“Hoy día, Pinochet ha firmado  un decreto que me priva de  mi  nacionalidad. Este es un día importante para mi. Un día dramático en mi vida, en que la acción de los generales  fascistas me  hace sentir  más chileno que nunca. Porque nosotros somos los verdaderos chilenos,, en la  tradición de O’ Higgins, Balmaceda, Neruda, Gabriela  Mistral, Claudio Arrau  y Víctor  Jara  y ellos –los fascistas-  son los enemigos de Chile, los traidores que están vendiendo el país a los intereses extranjeros. Yo  nací chileno, soy chileno y moriré chileno. Ellos nacieron traidores, viven como traidores y serán recordados siempre como  fascistas traidores.”

El 21 de Septiembre de 1976, el agente de la Dina, Michel Towley, con el apoyo de exiliados cubanos miembros de una organización terrorista con asiento en los Estados Unidos, llevaron a cabo el atentado que cobró la vida de Orlando Letelier.

Los culpables fueron juzgados y condenados tanto en Estados Unidos como en Chile, sin embargo, el autor directo del atentado, Michel Townley reside libre en Estados Unidos, amparado en la fórmula de delación compensada.

En Washington DC. se prepara un acto solemne conmemorando los 40 años del asesinato de Orlando Letelier. Allí, su hijo Francisco, pintor que reside en los Estados Unidos, inaugurará un mural en recuerdo de  su padre.

Me cuesta admitir que esta fecha pase desapercibida en Chile  Es un indicador preocupante de la pérdida de los valores éticos e ideológicos  que afectan hoy  a gran parte de la izquierda chilena.

Expreso mi admiración y mi reconocimiento a un hombre tan fundamental en la gestión del gobierno de la Unidad Popular. Saludo al leal colaborador del Presidente Allende, al altivo prisionero de guerra; a quien fue el primero en advertir los estragos  generados a raíz de las transformaciones económicas impuestas por los militares; al hombre que encabezó las denuncias internacionales por los crímenes y las violaciones a los derechos humanos que tenían lugar en nuestro país.

Querido Orlando, amigo y compañero: no te olvidamos.

Miguel Lawner.

10 de Septiembre de 2016.

 

 

 

Declaración del Partido Demócrata Cristiano de Magallanes ante declaración del Obispo Bastres contra senadora Carolina Goic

El Partido Demócrata Cristiano de Magallanes, frente a las declaraciones del Obispo Bastres efectuadas en el contexto de la aprobación de la idea de legislar en el proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, señala:

  1. Los democratacristianos siempre hemos dado muestra y testimonio de fidelidad a los principios de la dignidad humana. Y lo hemos hecho cuando nos opusimos a la dictadura, cuando hemos defendido a las víctimas de violaciones de derechos humanos, cuando contribuimos decididamente a derogar la pena de muerte. Hemos velado siempre por el respeto de los derechos humanos, en todo momento y lugar, sin importar la orientación del gobierno ni el país donde estos son amenazados o violados.
  2. En base a esa misma coherencia política no podemos sino reafirmar nuestra convicción respecto a la vida del que está por nacer y nos definimos contrarios a la legalización del aborto libre, que jamás ha estado en discusión.
  3. Con la misma fuerza quisiéramos que en nuestra sociedad no existieran abortos, en ninguna de las causales, así como también quisiéramos que no existieran mujeres y niñas que enfrentan una violación o situaciones de abuso, un diagnóstico de inviabilidad fetal o la situación de riesgo de vida en gestación.
  4. Apoyamos y compartimos lo expuesto por nuestra Presidenta Nacional PDC Senadora Carolina Goic y del Diputado Juan Morano, en cuanto a que este proyecto nos exige debatir, enfrentar la realidad de tantas mujeres y comprender que es un conflicto social cuya solución no podemos dilatar artificialmente.
  5. Tenemos que poner sobre la mesa si en estas situaciones el Estado las amenaza con su poder coercitivo- sancionatorio, o más bien se hace cargo asumiendo su rol protectorhacia quienes no pueden quedar solas frente a su drama.Nadie puede estar obligado a actuar más allá de lo que humanamente es razonable sostener y en eso el proyecto busca abordar esta situación que es difícil y es compleja, respetando la decisión de la mujer, cualquiera sea esta.
  6. Es necesario aclarar que a nadie se le está obligando, en estas situaciones excepcionales, a abortar. Sino que al contrario, estamos abordando cómo el Estado se hace cargo – con una política pública clara que tenemos que fortalecer – del drama que hay detrás de estas tres causales excepcionales.
  7. Finalmente expresamos nuestro rechazo a la censura y la inquisición para evitar el debate de fondo. No se puede pretender desde el púlpito entregar lecciones de derechos, sin empatizar con el dolor de tantas mujeres y niñas que han sido victimas de estas 3 situaciones de sumo dolor. Esperamos de la iglesia, la misma fuerza para discutir y debatir otros temas vigentes de vulneración de derechos y violencia contra las mujeres y niños y niñas.

Eugenia Mancilla Macías

 Presidenta Regional PDC

 

Cortés guardó una nave – Víctor Maldonado – Radio Cooperativa

Ricardo Lagos decidió lanzarse al ruedo. No es para menos ya que la encuesta CEP, que según los analistas no arrojó resultados “decisivos” en cuanto a la carrera presidencial, precisamente por eso, no dejó otra opción que adelantar definiciones personales.

Cuando nadie se desmarca de un pelotón de candidatos posibles, lo más recomendable es salir desde ya a la palestra a fin de perfilarse, justamente en la hora de la indecisión. De otro modo, otros pudieran ganar el quien vive y madrugar a aspirantes bien posicionados, simplemente porque estos se quedaron esperando no se sabe qué acontecimiento.

Para todos los efectos prácticos, las elecciones municipales están quedando demasiado lejos para decidirse. Es ahora cuando se presenta el vacío de liderazgo, y es ahora cuando hay que aparecer. Dicho de otra forma, los candidatos esperaban poder escoger el minuto en que declararan abiertamente sus aspiraciones, y ha sido la ocasión la que ha resuelto cuando se hicieran presentes en la lid.

En estas circunstancias, con una cierta premura no buscada, vale la pena analizar con una cierta detención la declaración pública por medio de la cual Ricardo Lagos da a conocer su decisión. Es muy corta (apenas ocho puntos y ninguna palabra demás), y va directo a los temas centrales. Pero ¿cuáles son estos temas?

En resumen la argumentación presentada se puede resumir del siguiente modo.

El mundo –y Chile dentro de el- han experimentado profundos cambios. Hay progresos, crecen las aspiraciones, pero se trata de un cambio ambivalente, con espacios de realización y de frustración, al mismo tiempo. Tenemos más libertad y bienestar, pero también más desconfianza y nada menos que una crisis de legitimidad de las instituciones. La corrupción y la división nos amenazan. El desafío es el de darle continuidad y mejorar las reformas emprendidas. Para ello hay que hacerse cargo de las dificultades existentes y asegurar la cohesión nacional.

Ante este panorama, Lagos se presenta a sí mismo como alguien que no se arredra ni se resta. Todo depende de que “se reúnan con decisión muchas voluntades”. Se puede ganar o perder, pero lo que importa es “luchar con convicción”. De manera que hay un objetivo noble: que las reformas “alcancen sostenibilidad en el tiempo, cuenten con los recursos adecuados y la gente las haga suyas”.

Hay también un camino escogido, la perseverancia, el uso del diálogo, capacidad de tomar decisiones con “apertura y solidez“, proponerse expandir un mayor bienestar social y agrega significativamente, “una fortaleza económica en la cual apoyarse”, a la que concurra “el esfuerzo de todos los chilenos”.

Como se puede ver, las luces y sombras de una opción presidencial se aprecian aquí reflejadas en estas meditadas palabras. Igualmente, y si se compara el planteamiento y el estilo que el mismo Lagos empleaba en su primera candidatura presidencial, se ve el inexorable paso del tiempo transcurrido.

¿Cuáles son los temas centrales y los desafíos a los que apuntan esta presentación de candidatura?

En primer lugar, busca afirmar la plena vigencia. Lagos se presenta como un estadista al tanto de los principales dilemas que enfrenta el mundo y su país, alguien poseedor de una visión de conjunto actualizada. Dicho de otra forma, uno de los principales interlocutores a quien se dirige es a quienes lo ubican como un personaje del pasado, meritorio pero que ya tuvo su tiempo.

En segundo lugar, se sostiene que la presidencia necesita de una mano que sepa lidear con desafíos que, mal tratados, pueden poner en riesgo nuestro sistema de convivencia. Las amenazas se ubican en un tiempo futuro, por lo cual se evita toda confrontación con la actual administración.

En tercer lugar, lo que se ofrece es una especie de “continuidad crítica“. Las reformas han de seguir, pero deben hacerse sostenibles, y han de contar con respaldo ciudadano. Bachelet no es mencionada en ningún momento, pero siempre se la tiene en cuenta implícitamente para no entrar en conflicto.

Pero lo que llama más la atención es un cuarto aspecto. Se trata de una opción condicionada y tentativa. Es una opción presentada en negativo, “no me restaré”,con resultado aún incierto,”en mi vida he perdido y ganado elecciones” y que depende de la reacción que suscite,”es necesario que se reúnan con decisión muchas voluntades “.

Estamos lejos de esos entusiasmos contagiosos que suelen acompañar los albores de una postulación presidencial. Lo que hay es sentido de responsabilidad, gravedad republicana,  imposibilidad de restarse al desafío. Casi se trata de una obligación auto impuesta.

Por lo mismo, adquiere el aspecto de un intento serio inicial con fecha próxima de evaluación. No se trata de Hernán Cortés quemando las naves, se trata de un conquistador que guarda una nave intacta por si se la necesita en alguna oportunidad.

¿Cómo reaccionarán quienes se identifican con la centroizquierda?, ¿qué harán los partidos y los líderes directamente involucrados? Creo que reaccionarán con la misma determinación con la que son convocados, es decir, con prudencia, atentos a la ratificación de la opción inicial.

Es bien posible que la incógnita que se cierra abra otra, la de verificar la determinación positiva del ex Presidente de repostular. Eso es algo que sólo se podrá constatar en debates e intercambios de ideas y de proyectos. El tiempo mejor invertido en los partidos será el de perfilar sus propuestas y programas, evaluar y decidir cuando corresponda. Aún hay tiempo.

Víctor Maldonado, dirigente nacional PDC.

http://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/cortes-guardo-una-nave/2016-09-03/065916.html

Los costos de las comisiones que las AFP descuentan de sus afiliados

Las AFP’s están autorizadas por el DL 3.500 de 1980, a cobrar una comisión por sus servicios de administración de las cotizaciones previsionales obligatorias, las que son calculadas y cobradas como un porcentaje del salario imponible de cada cotizante.

Además, el artículo 45 bis del DL 3.500 establece que, para las inversiones realizadas en el extranjero o en fondos mutuos, las AFP’s pueden recurrir a intermediarios financieros, quienes cobran comisiones calculadas como un porcentaje de los fondos invertidos, cuyo costo es descontado del mismo fondo a los trabajadores que son obligados a cotizar en esas empresas administradoras.

Es decir, el costo de las especulaciones y negocios de los intermediarios es traspasado a los cotizantes.

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La Superintendencia de Pensiones (SP) regula el porcentaje máximo posible de traspasar a los cotizantes, exigiendo que los diferenciales generados por comisiones que superen el máximo establecido sean asumidos por las AFP’s. Es decir, la ley ampara que, además de las comisiones normales que son el precio asumido por el servicio de administración prestado por la AFP, un porcentaje de su costo operacional sea pagado por el cotizante. Situación agravada por tratarse de un cobro asociado a una situación que no elige el cotizante y que no se informa como costo explícito.

Lea y descargue informe de la Subsecretaría de Previsión Social:

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Procesado ex general Cheyre manifestó intención de renunciar al Consejo del SERVEL

Tras su detención por un episodio de la Caravana de la Muerte, el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, quien integra el consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), manifestó su intención de renunciar a la instancia.

El ex timonel de la institución castrense habló la tarde de este jueves vía conferencia telefónica con sus pares del consejo directivo, Patricio Santamaría, José Miguel Bulnes y Alfredo Joignant a quienes les confirmó que iba a renunciar.

Sin embargo, existe un detalle técnico que impide la dimisión de Cheyre, la que debe presentar a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y es que el Servel está funcionando con los cuatro consejeros que establece como mínimo la ley, ya que renunció Gonzalo Molina, cercano a la UDI e involucrado en el caso SQM.

Además de su cargo en el Servel, Cheyre es parte del comité asesor para las demandas que tiene Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde participó en una sesión la mañana de este jueves, y renunció a su condición de director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica.

Fuente: Cooperativa.

¿Justicia para todos? Corte Suprema da libertad condicional a presos de Punta Peuco – Cambio 21

Por Felipe Reyes – Cambio 21.

Da la impresión de que el país avanza en diversas materias, pero siempre algo nos hace detener la marcha y analizar la realidad, pues parece ser incongruente con los antecedentes del pasado.
Algo así dejó entrever la Corte de Apelaciones con una determinación que tomó a todos por sorpresa. Una decisión judicial que resulta inentendible y con poca relación con la historia reciente, y que en uno de los casos fue ratificada por el tribunal superior.
Libertad a criminales de DD.HH.
La tercera sala de la Corte Suprema entregó la libertad condicional a dos exuniformados detenidos en el penal Punta Peuco por crímenes relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Uno es el coronel (r) Hernán Reinaldo Ovalle Hidalgo, quien participó el 12 de septiembre de 1973 en la intervención de la empresa textil “Sumar” del denominado “Cordón Vicuña Mackenna”.
En este operativo fueron asesinados Ofelia Villarroel Latín, militante comunista; Donato Quispe Choque, de nacionalidad boliviana, y Adrián del Carmen Sepúlveda Farías, simpatizante de la izquierda.
A favor de ratificar lo que previamente había determinado la Corte de Apelaciones y conceder la libertad condicional votaron los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y Manuel Valderrama. En contra se pronunció Carlos Aránguiz, quien precisó que este tipo de determinaciones debería ser tomado por la Comisión de Libertad Condicional.
En paralelo, en otro caso, la misma sala de la Corte Suprema revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones y concedió la libertad condicional a José Florentino Fuentes Castro.
Este fue sargento segundo de Carabineros y perteneció a la Dirección de Comunicaciones (DICOMCAR). Se encontraba condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros y homicidios de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino el 30 de marzo de 1985 en Santiago. Además se considera autor del secuestro de otras 5 personas.
A favor de la medida votaron Pierry, Sandoval y Jaime Rodríguez. En contra, Rosa Egnem y Carlos Aránguiz.
Costumbre judicial
Un antecedente importante de la situación puede encontrarse en una determinación judicial tomada por el mismo tribunal. Había concedido la libertad condicional a tres personas: al oficial de carabineros Conrado Alfredo Sesnic Guerricabeitia, quien secuestró, torturó e hizo desaparecer al obrero Rudy Cárcamo Ruiz; a Alex Ambler, agente de la CNI condenado por el homicidio de Rafael Vergara Toledo, y a Claudio Salazar Fuentes, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Parada, Nattino y Guerrero.
Al respecto el abogado de derechos humanos Héctor Salazar tiene una mirada distinta del grueso de la sociedad, pero apegada a derecho.
“El tema es que los presos de Punta Peuco tienen posibilidad de acceder a los beneficios que todos los condenados pueden. En este caso se vuelve un dilema de carácter más político, pues la gente que pudiera verse afectada -política o sentimentalmente, pero principalmente por haber sido víctima o familiar de víctimas-, cuando estas personas pertenecen a movimientos políticos, la dinámica que se genera es distinta y tiene un efecto diferente”, explica.
“Yo creo que el poder judicial no puede hacer una cosa distinta de la que dicen las leyes. Aquí pasa que Gendarmería, con un criterio político, negaba estos beneficios a los que legalmente tenían derecho estas personas. Si aquí esperamos algún cambio en la toma de las determinaciones se debería hacer una modificación en la ley. Se deberían realizar las demandas frente al Ejecutivo y el Legislativo si se quiere, y de esa forma buscar modificar el sistema actual”, agrega al ser consultado por las consecuencias de los fallos.
“Esta situación sí puede repetirse y con presos del mismo tipo, pues se trata de reos que llevan bastantes años cumpliendo condena. Y, si hilamos más fino, el reglamento que rige las libertades condicionales exige tener a lo menos la mitad de la condena cumplida y buena conducta al interior del penal. Si estos dos puntos se cumplen opera el beneficio. Lo que pasa es que estas personas a pesar de cumplir los requisitos la Corte Suprema no le entregaban los beneficios. El problema en este momento es más bien político”, finaliza.

 

“Como en la dictadura”
Por su parte, con una mirada crítica Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, afirma que “a nuestra organización esto nos parece algo gravísimo, algo tan repudiable que nos trae recuerdos del obrar de la Corte Suprema durante los 17 años de dictadura cívico-militar, cuando la Corte Suprema jamás aceptó un recurso de amparo, salvo uno cuando no se vio con ninguna otra posibilidad”.
“Hoy ha demostrado un nuevo subterfugio que le permite otorgar permisos carcelarios a personas que no las merecen. Porque estamos hablando de individuos que jamás han colaborado con la justicia, con personas que nunca han mostrado arrepentimiento sobre sus actos y que jamás han sido capaces de comprender la magnitud de los crímenes que cometieron. Si alguien considera que estas personas no son un peligro para la sociedad, me parece que estamos en presencia de una Corte Suprema tan cómplice y responsable como la que permitió la desaparición de nuestros familiares”, argumenta.
“Nos preocupa que se este generando una lógica de victimización de quienes son los verdaderos victimarios. Esta situación es realmente preocupante para la democracia. Es realmente grave que algunas personas consideren que el sistema es abusivo con ellos, cuando son los mismos que torturaron, desaparecieron y mataron a muchos chilenos. Han pasado más de 40 años desde la dictadura, y nuestros familiares y afectados también han envejecido y no han podido encontrar a sus hijos y familiares, pues precisamente los que hoy aparecen como víctimas no han querido colaborar para que la verdad se sepa”, finaliza.

Justicia de EEUU se adelanta a la Justicia en Chile a uno de los asesinos de Víctor Jara

Por Mario Lopez.

Una luz de esperanza en este caso se abre en Estados Unidos. Uno de los “inextraditables” y que hasta hoy había evadido la justicia a pesar de ser sindicado como uno de los que asesinó al cantautor en 1973, será juzgado en ese país tras cuarenta y tres años de ocurridos los hechos.

Pedro Pablo Barrientos, el oficial que le disparó, será procesado por “detención arbitraria, tortura y asesinato” y su juicio comenzará el lunes 13 de junio. El ex oficial está radicado Daytona Beach desde 1989 y la justicia chilena ha pedido varias veces su extradición, sin éxito.

Detenido en la Universidad Técnica del Estado, fue llevado junto a cientos de prisioneros al Estadio Chile, que hoy lleva su nombre. Allí sufrió crueles torturas. Lo peor ocurrió cuando fue reconocido por un oficial que ordenó traerlo a su presencia. Allí comenzó el calvario de Víctor Jara, que terminó cuando Pedro Pablo Barrientos, en aquella época oficial de Ejército, “jugó” a la ruleta rusa en la nuca del cantante. Finalmente lo mató. Luego ordenó a cinco reclutas que trasladaran el cuerpo, junto al de otros detenidos, no sin antes hacerlo rematar con 44 balazos.

 Crueldad sin límite.

Según el expediente tramitado en nuestro país, tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 la entonces Universidad Técnica del Estado fue sitiada por efectivos del Regimiento Arica. El 12 de septiembre tropas militares ocuparon las dependencias. Detuvieron a estudiantes, profesores y personal administrativo. Los detenidos -entre los que se encontraba el cantante y también investigador universitario- fueron llevados en buses de locomoción colectiva al Estadio Chile.

Víctor  Jara se desempeñaba como profesor en la Universidad Técnica del Estado (UTE), actual Universidad de Santiago, cuando el 11 de septiembre de 1973 acudió a cumplir sus labores. Luego de ser hecho prisionero sufrió crueles torturas, que se consignaron en el Servicio Médico Legal de la época hasta donde ingresó como NN. Los informes daban cuenta de un cuerpo casi destrozado por la ráfaga de metralla, pero también establecía que sus manos, en particular, presentaban signos inequívocos de haber sido especialmente destruidas, arrancándole las uñas.

En 1990 la denominada Comisión de Verdad y Reconciliación determinó que fue acribillado el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile y que fue arrojado a unos matorrales en los alrededores del Cementerio Metropolitano, ubicado a orillas de la actual Carretera 5 Sur.

El expediente relata que “durante los respectivos períodos de su detención, tanto Víctor Jara como Littré Quiroga (también asesinado) fueron reconocidos por el personal militar instalado al interior del Estadio Chile, siendo separados del resto de los prisioneros para posteriormente, ser llevados a otras dependencias ubicadas en los camarines, ocupadas como salas de interrogatorios y apremios, donde fueran agredidos físicamente en forma permanente, por distintos oficiales”.

Decenas de testigos de la época y cuyas declaraciones constan en la causa que por años se ha tramitado en Chile y donde se está pronto a dictar sentencia, ubican a Pedro Pablo Barrientos en el lugar de los hechos, a pesar que él lo ha negado reiteradamente. El abogado querellante, Nelson Caucoto, ha señalado a Cambio21 que “él (Barrientos) es uno de los oficiales que llegó al Estadio Chile, sin duda. La primera gran mentira es que dijo que nunca estuvo y tenemos 20 testimonios que lo ubican en el lugar”, señaló, agregando que “en Chile estamos a la espera de la sentencia. Lo único que falta es eso”.

 Procesado en ausencia.

Efectivamente, en nuestro país Barrientos se encuentra procesado en ausencia y, aún más, “se dictó acusación en su contra y se está pidiendo su extradición. Lo que pasa es que hay que tenerlo en Chile para juzgarlo, no se puede hacer si no es así”, indicó Caucoto.

El militar en retiro se radicó en EE.UU. en los últimos años de la dictadura, tiempo en el que logró obtener la doble nacionalidad, pero que también permite que las autoridades locales lo juzguen.

La demanda civil va en paralelo a la acción penal que se desarrolla en Chile. El caso de Jara está abierto en la Corte Federal del Distrito Medio de Florida, con sede en Jacksonville, desde 2013, cuando el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) interpuso una demanda. En la acción se especifica que Barrientos será juzgado por los cargos de tortura y asesinato extrajudicial pero no por delitos de lesa humanidad.

 “Nunca he estado en el Estadio Chile”…

Los testigos ubican a Pedro Pablo Barrientos Núñez como el asesino de Víctor Jara. En septiembre de 1973 el entonces teniente del regimiento de Tejas Verdes (cuna de la DINA) fue puesto a cargo de custodiar a los prisioneros que eran trasladados hasta el Estadio Chile tras el golpe de Estado.

A pesar de los testimonios en su contra el militar en retiro sigue negando su participación en la muerte de quien fuera un referente de la canción chilena y un férreo defensor del gobierno del Presidente Salvador Allende, derrocado en 1973 por la Junta Militar.

En 2012 Barrientos salió de su anonimato y enfrentó las cámaras de un canal chileno en Estados Unidos, que lo buscó por el caso. En esa ocasión insistió que “realmente eso no es cierto, yo nunca he estado en el Estadio Chile, no conozco el Estadio Chile y no sabía lo que era el cantante Jara”.

“No tengo que enfrentar a la justicia porque yo no he matado a nadie”, sostuvo el militar (r) en el programa “En la mira” de Chilevisión. Los hechos y los testigos acreditan que sí estuvo en el Estadio Chile y fue él quien disparó primero en contra del cantante. Sus propios camaradas de armas lo han dejado en evidencia, declarando en su contra.

 Justicia pendiente en Chile.

Junto a Barrientos, otro oficial ha sido identificado como coautor de la muerte de Víctor Jara. Se trata del militar (r) Hernán Chacón Soto, quien se encuentra procesado desde el 3 de septiembre de 2014 por el ministro en vista Miguel Vásquez, quien determinó que el uniformado habría participado del secuestro simple y homicidio calificado del cantautor.

En la causa también se encuentran procesados el uniformado Patricio Vásquez Donoso y el ex fiscal militar Ramón Melo Silva. Este último es acusado de encubrir el asesinato del cantante, pero obtuvo la libertad provisional tras apelar al tribunal y pagar una fianza de 500 mil pesos.

En el año 2015 la justicia chilena procesó a doce militares en retiro acusados como autores, cómplices y encubridores de secuestro, tortura y del homicidio calificado de Víctor Jara. Además de Barrientos, como autor del delito de homicidio calificado, otros involucrados serían Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei, Luis Bethke Wulf y Jorge Eduardo Smith Gumucio, todos ellos procesados como presuntos cómplices del asesinato.

 Pedro Pablo Barrientos Núñez, impune.

Se trata del asesino del cantautor chileno Víctor Jara. El coronel (r) del Ejército vive en Estados Unidos y la justicia norteamericana decidió juzgar allá al prófugo criminal. En el último año de la dictadura huyó a Estados Unidos, donde vive desde entonces. Son más de ocho mil kilómetros de distancia, que no le bastaron para esquivar la justicia. El militar retirado se enfrentará a un juicio civil el próximo 13 de junio en Florida, en el que la viuda e hijas de Jara lo responsabilizan por el asesinato del músico.

La acusación es por tortura y ejecución extrajudicial. El juez Roy Dalton rechazó la solicitud de Barrientos que se opuso a la demanda que interpusieron Joan Jara, viuda del cantautor, y sus hijas Amanda y Manuela.

La familia de Jara contó con el apoyo de la ONG Centro de Justicia y Responsabilidad para demandarlo al descubrirse que se encontraba en Florida, donde vive con ciudadanía estadounidense. La justicia chilena pidió en 2013 la extradición de Barrientos, pero no fue concedida.

La Corte de Estados Unidos no dio lugar a considerar el crimen como delito de lesa humanidad. Barrientos solicitó la prescripción en ese caso, por ahora sin éxito.

 Reacciones

“Son casos que quedaron marcados dentro de la memoria histórica de Chile. Son crímenes cometidos en el marco de una dictadura y para no ser resueltos nunca más. Esto nos prepara el camino hacia una sentencia de primera instancia. Es claro que en el caso de Víctor Jara hay responsabilidades institucionales, pues desde un principio se negó toda la información y no se contó jamás con información oficial del Ejército”, explicó el abogado Nelson Caucoto.

“Es un tremendo avance, porque nos pone en las puertas de una sentencia que es algo impresionante, porque es muy difícil haberse imaginado este escenario de una causa tan emblemática, de un homicidio tan horrendo como lo que le ocurrió a Víctor Jara. A nosotros nos satisface completamente lo que ha hecho el ministro señor Vásquez”, enfatizó el profesional.

Por su parte, la viuda del cantante, Joan Jara, manifestó en su oportunidad a Cambio21 que “estos años han sido un golpe bastante duro para mí, porque han pasado muchas cosas y he escuchado tantas noticias sobre Víctor que se me hacía difícil pensar que esta vez podía ser cierto”. A esto agregó que “con este avance lo único que esperamos es que la justicia se haga presente, porque así muchas familias tampoco perderán las esperanzas de saber lo que sucedió con sus familiares y poder comprobar que no se suicidaron, como mucha veces se ha dicho”.

Respecto de su extradición, el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior Francisco Ugáz señaló a este medio que “el mayor problema radica en su actual nacionalidad (de Barrientos), pues cuando se requiere su extradición activa a ese país (EE.UU.), este la niega. Pero, por cierto, si llegara a dictarse condena en Chile en contra de este sujeto, puede requerirse a Estados Unidos que la pena que resulte impuesta sea cumplida en ese país. Pero eso excede al Programa del ministerio, pues es una actividad jurisdiccional”, concluyó.

 Encubridor era abogado del CDE

Ramón Melo Silva, procesado como encubridor del alevoso crimen de Víctor Jara y quien era fiscal militar en 1973 y fue quien interrogó al afamado cantautor pocas horas antes de ser acribillado de 44 balazos, se desempeñaba como abogado del Consejo de Defensa del Estado.

Justamente es este organismo el que ha opuesto más restricciones a las causas de DD.HH. y sobre todo a las que determinan las reparaciones a las víctimas sobrevivientes o familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos.

El abogado de derechos humanos Héctor Salazar señaló en su oportunidad a Cambio21 que: “no me llama la atención, porque en los primeros años de la dictadura militar la justicia militar sirvió para reprimir y paralizar cualquier investigación criminal en la que pudiera verse involucrado un uniformado y allí pueden darse figuras de encubrimiento y denegación de justicia y prevaricación de funcionarios judiciales, en este caso, un fiscal militar”.

El diputado Hugo Gutiérrez (PC), presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, manifestó igualmente a nuestro medio que “si Melo hubiese sido una persona que cumplía con su deber de jurisdicción, no nos hubiésemos tardado tanto en encontrar a los responsables materiales de la muerte del artista. Pero él emprendió el camino del ocultamiento de los antecedentes necesarios para arribar a quienes eran los autores materiales del asesinato de Jara”, indicó.

Fuente: http://www.claves.cl/2016/06/12/justicia-norteamericana-se-anticipa-a-la-chilena-se-acerca-fin-a-impunidad-de-uno-de-los-asesinos-de-victor-jara/