Plataforma programática Unidad para el Cambio

Unidad para el Cambio

Unidad para el Cambio es un acuerdo político compuesto por el Partido Progresista, Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social.

Actualmente cuenta con 15 parlamentarios y ha realizado encuentros programáticos en distintas regiones, resultando de estos una declaración programática conjunto.

La Unidad es un compromiso de caminar juntos. La Unidad es la búsqueda de lo que nos une, no negando ni escondiendo bajo la alfombra nuestras diferencias, pero sí entendiendo que por sobre todo, lo que debemos relevar, son nuestras convicciones comunes.

Nuestro espacio común hoy representa un importante sector de la sociedad y queremos hacer presente nuestra visión en los siguiente ejes programáticos:

1. Reformas Políticas para profundizar la democracia
– Solicitamos rechazar la legislación de un proyecto que restituya el sistema binominal.
– Pedimos que el Ejecutivo exija hacer efectiva las elecciones de gobernador.
– Consideramos urgente empujar la reducción de sueldos de los parlamentarios, autoridades del ejecutivo y organismos autónomos.

2. Combate contra la delincuencia y el narcotráfico. Proponemos:
– Nueva legislación para combatir al lavado de dinero que involucra a grandes empresas y al sector público, especialmente en infraestructura y transacciones bancarias. Y promover una ley de extinción del dominio.
– Construcción de políticas sociales de carácter preventivo en materia de infracción y delincuencia, especialmente en programas sociales destinados a niñez, juventud y mujeres. La mera represión se muestra históricamente inefectiva y contraria a la idea de resocialización eficaz.
– Política deportiva: Construcción de canchas multiuso de carácter barrial y financiamiento de organizaciones deportivas, comenzando en los 426 barrios críticos de nueve regiones del país.

3. Derechos de los trabajadores y trabajadoras
– Considerando el incremento del desempleo, consideramos urgente implementar una Política Nacional de Inversión Regional que genere empleos dignos en todas las regiones del país, priorizando en una primera etapa aquellas donde se han disparado las tasas de desempleo.
– Urge crear una nueva institucionalidad en salud y seguridad laboral. Las licencias por enfermedad corresponden a un derecho del trabajador y la trabajadora, y por tanto el COMPIN y las ISAPRES deben pagar licencias laborales. Las licencias no se rechazan. Se propone 15 días para el reintegro.
– Dada la ratificación de Chile del Convenio 190 de la OIT de Violencia y Acoso en el Trabajo, exigimos la presentación inmediata del texto por parte del Ejecutivo para la aprobación del Congreso.
– En Unidad para el Cambio respaldamos las justas y legítimas demandas de las y los trabajadores movilizados en Chuquicamata y llamamos a las organizaciones sociales y al propio movimiento sindical, a expresar y manifestar de manera concreta el apoyo a los mineros de Chuquicamata.

4. Derechos de los adultos mayores
– Pedimos la rebaja del pasaje en el transporte público de los adultos mayores, igualándolo al de los estudiantes, en todas las regiones del país.
– Solicitamos la ampliación de la cobertura del pilar solidario en pensiones al 80% de los adultos mayores (hoy en el 60%). Asimismo y con urgencia, requerimos que se aumente en un 20% el monto de las pensiones solidarias.
– Consideramos necesaria la implementación nacional del Sistema de Apoyos y Cuidados (domiciliarios) para los adultos mayores y personas con discapacidad (650 mil familias aproximadamente). Este sistema ya existe y solo tiene cobertura en 20 comunas.
– Rechazamos el acuerdo al que llegó el presidente de la Democracia Cristiana Fuad Chahín con el gobierno. No obstante a ello, la Unidad para el Cambio está dispuesta a que dentro del marco de la Reforma Previsional seamos capaces de crear un organismo estatal autónomo, de patrimonio propio, con criterios de solidaridad e intergeneracional, y en la lógica de un sistema mixto tripartito. Este órgano, similar a FONASA pero en materia de previsión, debe administrar los recursos previsionales del 10% de cada trabajador y trabajadora y el 4% del aporte de los empleados.

5. Educación Pública
– Exigimos se cumplan los plazos predefinidos para la ley de nueva educación pública.
– Apoyamos las legítimas demandas del Colegio de Profesores que lucha por materias de fondo que van en directo beneficio de todo el sistema educativo de nuestro país, como la titularidad de las horas de extensión, condiciones laborales de igualdad y trato digno respecto a la calidad de la educación, y pago de la deuda histórica.
– Hacemos hincapié en el rechazo a los cambios curriculares aprobados por el Consejo Nacional de Educación que pretende declarar como optativas las asignaturas de Historia y Educación Física.

6. Fin a la política represiva del gobierno de Sebastián Piñera
– Declaramos la presentación ante el Comité de Derechos del Niño de ONU de un reclamo formal y solicitud de observadores frente a la represión y violencia en contra de niños y niñas en los establecimientos estudiantiles.
– Rechazamos los toques de queda para menores de 18 años.

7. En el ámbito de los Pueblos indígenas
– Proponemos poner fin a la Consulta Indígena. Dicha consulta se orienta a debilitar y anular los derechos vigentes en la Ley Indígena 29.253, particularmente sobre la propiedad de la tierra, la calificación indígena y la asociatividad en los pueblos y sus comunidades.
– Exigimos implementar los acuerdos del Proceso Constituyente Indígena como solución política al conflicto entre el Estado de Chile y los pueblos originarios. Priorizando el reconocimiento constitucional de carácter político, consignando escaños reservados.

8. Salud Pública
– Reconocimiento del derecho social a la salud, garantizado por un Seguro Nacional de Salud Universal y Solidario, que proteja a toda la poblcación, por medio de un fondo único de salud con con la cotización obligatoria de todos los grupos sociales para entregar una atención digna, oportuna y sin discriminaciones por medio de un Sistema Público de Salud con redes basadas en Atención Primaria.
– Inyección de nuevos recursos para cerrar la brecha presupuestaria, hospitalaria y de Atención Primaria, eliminando la compra de servicios a privados desde los establecimientos o Servicios de Salud.
– Fortalecimiento de los equipos de salud, coo eje de transformación, resguardando el trabajo decente y la estabilidad laboral de las y los trabajadores.

9. Reforma Tributaria
– Rechazamos categóricamente la integración en el sistema tributario.
De los puntos contenidos en la reforma valoramos los siguientes:
– El mecanismo a favor de los adultos mayores para el pago y el tratamiento preferente para efectos de determinar sus contribuciones de bienes raíces.
– La eliminación de exención de contribuciones que beneficia a los predios forestales y mantención respecto a los bosques nativos.
– Las medidas pro-regiones que, ante las externalidades negativas de nuevos proyectos de inversión, entreguen beneficios para las regiones y gobiernos locales. Esto se debe traducir en Ley de rentas para las regiones y nueva ley de puertos.

10. Urgencia Verde y gobernanza del agua
– Solicitamos financiamiento ahora a los planes de descontaminación de las ciudades mineras y de las centro sur por leña, incluyendo triplicar subsidios a la climatización de hogares.
– Pedimos prioridad a trenes interregionales y reconversión de buses a la electromovilidad en tres años.
– Exigimos gobernanza del agua corresponsable con rectoría pública regional de las cuencas, el fin de la reventa de derechos y la creación de un tribunal especial de controversias.

Guillermo Tellier
Presidente Partido Comunista de Chile

Camilo Lagos
Presidente Partido Progresista de Chile

Jaime Mulet
Presidente Federación Regionalista Verde Social.

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Crisis, derechos humanos y las salidas a la crisis en Venezuela – Opinión

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha emanado su informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela. Su lectura arroja una honda preocupación a la comunidad de los derechos humanos.

Venezuela es escenario hoy de un intenso conflicto social y político interno, y de una también intensa campaña política, ideológica, económica y mediatica del imperio estadounidense, de las derechas latinoamericanas y del gobierno de Donald Trump por desestabilizar al gobierno bolivariano.

El contexto de una intensa lucha social, de un intenso conflicto político, comunicacional, económico y social en Venezuela, sin embargo, no justifica ni permite aceptar que se cometan graves violaciones a los DDHH de los ciudadanos por sus preferencias políticas e ideológicas.

En ese contexto, en Venezuela están ocurriendo una serie de violaciones a los Derechos Humanos, que alteran la convivencia y ponen en entredicho a las instituciones venezolanas para dar respuesta a las necesidades y urgencias de millones de ciudadanos. La sola cifra de más de 4 millones de ciudadanos venezolanos migrantes, que han salido de su país para intentar buscar refugio y acogida en otros países de la región, constituye una interpelación para los gobiernos y para la conciencia humanitaria de los ciudadanos del continente.

Las salidas posibles a la crisis.

Los primeros responsables de la solución a los factores que influyen en la crisis humanitaria y socio-política de Venezuela son los propios venezolanos, con todo el apoyo posible de la comunidad internacional. Ninguna ingerencia política o político-militar exterior vendrá a traer solución -la fuerza militar nunca ha sido solución- a un conflicto que tiene su raíz profunda en el desarrollo de un esfuerzo por construir un modelo de socialismo con características propias de la realidad de ese país.

Las intervenciones militares de EEUU en Irak, Libia y Afganistán, han sido impulsadas como supuestas “soluciones” de liberación pero en realidad orientadas a la captura de las fuentes de petróleo, han significado años y decenios de desangramiento y la persistencia de dramáticas guerras interminables.

Es posible y necesario buscar una salida política a la crisis en Venezuela, la solución a la crisis política tiene que ser una solución política.

En segundo lugar, cabe valorar y respaldar el diálogo entre todos los sectores políticos venezolanos, como el que ha tenido lugar en Oslo, Noruega, abriendo una vía posible de apertura hacia la búsqueda de caminos de solución el conflicto. La comunidad internacional y en particular los Estados latinoamericanos tienen la responsabilidad de contribuir a fortalecer el diálogo político, el reconocimiento objetivo del principio de la autodeterminación y de la no ingerencia en los asuntos internos de un país, de manera que todos los actores políticos de ese país, tengan espacio para expresar sus demandas y aspiraciones y que dicho diálogo conduzca a soluciones efectivas y se reduzca el sufrimiento de los ciudadanos venezolanos.

Creemos además, que se necesita establecer una fuerte critica a las medidas coercitivas que han contribuido a agravar la crisis interna en Venezuela.

En tercer lugar, se debe descartar y de rechazar toda forma de injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela.

Consideramos que es necesario establecer una clara y tajante condena a todas las formas de violaciones a los Derechos Humanos que se están perpetrando en Venezuela, y la responsabilidad principal que le cabe al Gobierno venezolano, órgano principal del Estado bolivariano.

Lo que no dice el informe de Naciones Unidas.

El informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre DDHH sin embargo, guarda silencio y creemos que no ha ponderado suficientemente algunos hechos que han sido objeto de una alta preocupación de la opinión pública.

Venezuela es hoy objeto de una intensa presión internacional, política, comunicacional y económica encabezada por EEUU incluyendo tentativas abiertas y reconocidas de subvertir el orden constitucional y de provocar el derrocamiento del gobierno venezolano. Diversas autoridades del gobierno de EEUU han reconocido y amenazado públicamente que promueven un golpe de Estado en Venezuela o, en su defecto, una intervención militar extranjera en dicho país.

En junio recién pasado, el comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (SouthCom), el almirante Craig Faller, hizo llegar una carta a los militares venezolanos con el propósito de estrechar los lazos entre ambos ejércitos, a pesar de las “muchas diferencias” que ahora les dividen. “Así nos comunicamos directamente con el Ejército venezolano, ya que no son todos malos, hay en sus filas profesionales que quieren hacer lo correcto, que quieren que se restaure la democracia”.

En segundo lugar, el Informe no refiere ni condena el llamado de una parte de la oposición al golpe de Estado, a la desobediencia de las fuerzas armadas y al uso de formas armadas y militares de violencia contra el gobierno. Las barricadas o guarimbas han sido algunos de los recursos permanentes de la oposición en contra de las fuerzas policiales y contra el gobierno.

Naciones Unidas no puede ignorar que lo que ha ocurrido en Venezuela en los primeros meses de 2019, fue una tentativa orquestada, organizada, planificada y deliberada de golpe de Estado, con el abierto y desembozado apoyo de un gobierno extranjero, en este caso, de los EEUU.

En tercer lugar, el Informe de la ONU nada dice respecto de la tentativa de creación de un gobierno paralelo en Venezuela, por parte de algunos sectores políticos, sociales y empresariales de la oposición. Han pretendido validar su postura mediante la creación de una figura ficticia, pero de potente impacto comunicacional,  como el llamado Presidente Encargado, que desconoce los términos de la Constitución venezolana vigente.

Cuando un poderoso grupo de la oposición política al gobierno constitucional pretende arrogarse atribuciones que se salen de la Constitución, o cuando recurren a tácticas de presión para intentar quebrar la unidad de las Fuerzas Armadas, están acudiendo a recursos extralegales y extraconstitucionales.

En cuarto lugar, el informe de Naciones Unidas desconoce o no hace referencia a las múltiples y frecuentes formas de violencia política y social perpetradas por elementos de la oposición en contra de ciudadanos venezolanos partidarios del gobierno.

Estos son los elementos principales que permiten comprender la situación de los DDHH en Venezuela.