INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTRALORIA REALIZADA A LA CORMUPA DE PUNTA ARENAS SOBRE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL – FEBRERO 2019

INFORME FINAL 757-18 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LA LEY N° 20.248, SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL- 08 FEBRERO 2019

“OBJETIVO

Efectuar una auditoría a los recursos entregados por el Ministerio de Educación y ejecutados por los sostenedores, en virtud de la ley N° 20.248, su reglamento y modificaciones, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el ingreso, aplicación y rendición de los recursos involucrados, junto con comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, por la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor.

Además, incorporar la constatación de las posibles irregularidades indicadas en las denuncias, mediante las cuales se reprocha la falta de control en el traspaso de recursos SEP, el pago de remuneraciones, deudas previsionales, créditos sociales, entre otras materias.

CONCLUSIONES

• Se constató que el saldo que mantiene la CORMUPA en la cuenta corriente donde administra los recursos de la Subvención Escolar Preferencial, SEP, no cubre el saldo sin utilizar de la SEP, presentando un déficit de $ 1.124.761.927, situación que será puesta en conocimiento de la Fiscalía Local de Punta Arenas del Ministerio Público, para los fines que procedan. Además, la corporación deberá acreditar y documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de este Organismo de Control, los registros que den cuenta del saldo, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la notificación del presente informe.

• Se advirtió la rendición de gastos asociados a labores de publicidad por $1.689.083, y por la realización de material audiovisual en el contexto de aniversario de la Escuela Padre Alberto Hurtado, por un monto de $ 1.166.000, contraviniendo lo consignado en el dictamen N° 19, de 2015, de la Superintendencia de Educación, toda vez que corresponde a una actividad de publicidad dirigida la comunidad educativa, por lo que dicha situación será puesta en conocimiento de la Fiscalía Local de Punta Arenas del Ministerio Público, para los fines que procedan.

• Se objetó el pago de finiquitos de trabajadores por los cuales no se proporcionaron verificadores de las labores realizadas, por $ 491.463, lo que será remitido a la Fiscalía Local de Punta Arenas del Ministerio Público y a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena.

• Se constató la rendición con cargo a la SEP, por conceptos de transporte escolar, por un total de $ 14.635.073, lo que contraviene lo dispuesto por la Superintendencia de Educación, en su dictamen N° 22, de 2016, por lo que se remitirá los antecedentes a la Fiscalía Local de Punta Arenas del Ministerio Público y a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena.

• Se observa la rendición de gastos de remuneraciones asociados a labores de chofer, cuidador nocturno y apoyo a portería, por un total de $ 12.448.927, los que no se ajustan a lo establecido en la ley N° 20.248, por lo que dichos antecedentes serán remitidos a la Fiscalía Local de Punta Arenas del Ministerio Público y a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena.

• Se verificó que, en el transcurso del 2018, tanto la CORMUPA, como el Ministerio de Educación, efectuaron pagos por, a lo menos, $ 432.804.606, por concepto de intereses, multas y sobrecargos por demoras en el cumplimiento de los pagos previsionales, situación que será puesta en conocimiento de la Fiscalía Local de Punta Arenas del Ministerio Público. Asimismo, las irregularidades expuestas serán abordadas por este Órgano de Control en una investigación especial sobre la materia.

• Se constata que durante 2017 el Ministerio de Educación retuvo por concepto de causas laborales $ 1.798.487.591 y en 2018 la suma de $ 4.224.150.519.

• Se constató la ausencia de conciliaciones bancarias de la cuenta SEP para el periodo 2018, por lo que la entidad deberá acreditar su confección, acompañando con las respectivas cartolas bancarias y saldos contables, de los meses de enero a diciembre. Dichas conciliaciones deberán contener la identificación del responsable de su elaboración, toda vez que las conciliaciones del año 2017 solo contienen la individualización del jefe de finanzas.

• Se constató la ausencia de póliza de fidelidad funcionaria de los responsables de manejo de fondos de la administración central, y de los directores de establecimientos.”

Texto completo del Informe:

https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/54e8ddf3cca8142b6df44b3a22e1a9e4/html

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Frente Ecológico Austral valora fallo del 3er Tribunal Ambiental sobre uso de tronaduras en Isla Riesco

El Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes, determinó decretar una nueva medida cautelar en la reclamación interpuesta por particulares contra la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Tronaduras, de Mina Invierno S.A., en Isla Riesco, Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Mientras la empresa minera sigue con las tronaduras en Isla Riesco, el Tribunal Ambiental de Valdivia sigue sin resolver la reclamación de ambientalistas que buscan terminar con esa práctica para remover material.

Sin embargo los jueces adoptaron una decisión que sí afecta el desarrollo de las tronaduras.

La resolución restringe la profundidad de las tronaduras para resguardar los fósiles paleobotánicos que puedan existir en el yacimiento de Isla Riesco. Ahora las explosiones no pueden afectar más de 100 metros de profundidad.

La decisión, aún sin entrar al fondo de la reclamación, acoge en parte los argumentos de los opositores a las tronaduras que afirman que esta técnica daña el patrimonio arqueológico en el lugar y los informes de la minera no han aclarado del todo a los jueces que ello no suceda.