Una ley que regule la publicación y difusión de encuestas electorales

A medida que avanza el proceso electoral en Chile, este año 2017 cargado de diversos comicios simultáneos: presidencial, parlamentario y de Consejeros Regionales, las encuestas de opinión y las encuestas electorales han vuelto a convertirse en el arma más socorrida y más criticada que utilizan algunos sectores políticos, para tratar de instalar en la ciudadanía determinadas visiones del cuadro político.

encuesta

Las encuestas de intención de voto son objeto de numerosas críticas, tanto por sus deficientes capacidades de pronóstico (como se vio recientemente en EEUU, en Gran Bretaña con el Brexit…y en las municipales en Chile) como porque se pueden convertir en factores claves para la toma de decisiones en política.

¿Porqué las encuestas de intención de voto se han convertido casi en un pequeño monstruo ingobernable en Chile?

Entre otras razones, porque no existe una legislación ni una institucionalidad que regule su publicación y difusión.

Para comenzar, se requiere crear una institucionalidad pública que se haga cargo de la fiscalización previa de estos instrumentos de medición.   Una Comisión de Encuestas formada por equipos de profesionales especializados en revisar, controlar y garantizar la calidad metodológica de dichas mediciones.

Aún así, siendo realistas, debemos admitir que lo más probable que ocurra es que una tal idea de crear una Comisión encargada de fiscalizar y regular la publicación y difusión de encuestas de carácter electoral, sea rechazada en los meses venideros, precisamente porque nos encontramos en un año electoral.

Pero se hace imprescindible avanzar hacia una legislación en esta materia.

El “mercado electoral” y de las encuestas, es también un mercado muy lucrativo pero desregulado.

Una ley cuya aplicación evite que la publicación de encuestas electorales vengan a influenciar o perturbar la libre determinación de los ciudadanos electores y que establezca regulaciones precisas y que establezca los períodos y las condiciones metodológicas.

La futura norma debiera prohibir la publicación y la difusión de toda encuesta de intención de voto o la realización de ejercicios de simulación de voto, en un plazo de varios días previos a la fecha de cada elección, incluyendo la primera y segunda vuelta presidenciales.

¿Cuáles debieran ser los datos que cada entidad que realiza y/o difunde sondeos o encuestas de intención de voto, debiera presentar para que la Comisión respectiva autorice su publicación?

Sin perjuicio de una enumeración más exhaustiva, proponemos que los datos que debieran entregarse y publicarse debieran ser: 1º el nombre y razón social del organismo que realiza la encuesta; 2º el nombre y razón social de la entidad mandante de la encuesta; 3º el nombre y razón social de la entidad que financia la encuesta; 4º el texto integral de las preguntas que forman parte del instrumento de recolección de datos de la encuesta; 5º la metodología utilizada para la recolección de datos (estrategia de campo, construcción de la muestra, universo, métodos de reemplazo); 6º los márgenes de error de los resultados obtenidos; 7º la proporción de personas que no respondieron el cuestionario o respondieron solo una parte de éste, y 8º la existencia de eventuales pagos, premios, remuneraciones o gratificaciones entregadas a las personas que fueron encuestadas.

Todos estos datos deben ser públicos.

Una ley de relativa a la publicación y difusión de encuestas de intención de voto, debiera establecer además las condiciones de la aplicación de estos instrumentos de medición, entendiendo que éstos se realizan para obtener información de intención de voto a partir de una muestra genuinamente representativa del universo de ciudadanos electores.

La vigencia de normas regulatorias de la publicación y difusión de encuestas electorales o de intención de voto, contribuirá eficazmente a disminuir el impacto distorsionador de estos instrumentos en el proceso electoral y en la toma de decisiones de los electores, y fortalecerá a la democracia.

La experiencia comparada y, por ejemplo, el ejemplo exitoso de la Comisión Electoral y la ley de julio de 1977 sobre publicación y difusión de sondeos de opinión electoral vigente en Francia, junto a otros modelos europeos, debiera servir a nuestros legisladores para acometer esta tarea.

Manuel Luis Rodríguez U.

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