Piñera: la trenza peruana – El Mostrador

Cada vez que Sebastián Piñera pasa por Perú solicita hablar con PPK. ¿De qué conversarán? Tienen varios intereses comunes, en múltiples materias.

Ni Sebastián Piñera ni Alfredo Moreno advirtieron o consultaron al equipo que llevaba el juicio de Chile con Perú ante La Haya sobre el cambio de orientación política en las relaciones  bilaterales. La política de las cuerdas separadas (que las relaciones comerciales no se tocaran con las políticas, afectadas por la demanda peruana), sugerida por el Perú y aceptada por el Gobierno de Chile al asumir Piñera, estuvo fuera de cualquier análisis sobre sus eventuales impactos en el fallo. Así lo dio a conocer el agente de Chile, Alberto van Klaveren, en una serie de entrevistas al diario La Tercera, consignadas en un pormenorizado artículo de Francisco Artaza, en su sección Reportajes, el 25 de enero de 2014,  a dos días del fallo de La Haya: “El gobierno de Piñera nunca le preguntó a la agencia su opinión sobre el giro que pretendía dar a la relación con Perú. Nos dimos cuenta del cambio político que se estaba dando a la relación con Perú, pero no se nos consultó”.

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La bitácora del agente Van Klaveren tiene más puntos de compleja lectura. Uno de ellos es la referencia que hace  a la formación de los equipos y la orientación de los debates ante la Corte: “Para la elección de nuestros abogados se tomaron muchas consideraciones, incluso el que estuvieran representadas diferentes lenguas y sensibilidades jurídicas. Buscamos, por ejemplo, un equilibrio entre abogados conservadores y algo liberales. Conocíamos la composición de la Corte y se estudió el perfil de los jueces. En los alegatos, se buscó desarrollar los argumentos siguiendo determinados principios, pues sabíamos qué jueces de la Corte eran partidarios de esos principios en los fallos. La idea de los alegatos es que apelaran a las distintas sensibilidades expresadas en la Corte. Había mucha conjetura y muy poca evidencia para determinar quiénes eran los jueces más influyentes. Nuestros abogados, incluso, pese a toda su experiencia en la Corte, eran muy cautelosos respecto de eso. Algunos nos decían que por qué no defendíamos con menos fuerza el triángulo exterior en los alegatos. Pero eso era extremadamente peligroso desde el punto de vista táctico, porque si uno muestra cierta flexibilidad en cuanto a un punto que está en disputa, podría alentar al tribunal a pensar que ese punto no es importante para Chile y entonces, si pretenden hacer un fallo más salomónico, los jueces podrían hacer concesiones en los otros puntos. Si es que nosotros decíamos que el triángulo exterior no importaba, el peligro de que sí buscaran una solución salomónica en el paralelo era muy grande”.

Hoy,  después de lo dicho por el agente chileno y la inadvertencia de Sebastián Piñera al país sobre sus inversiones en Exalmar, perfectamente caben al menos tres preguntas: la primera, ¿cuál habría sido la reacción del equipo de La Haya y cuáles los impactos públicos del hecho de que el Presidente fuera accionista de una empresa pesquera peruana con derechos de pesca en la zona litigiosa?; segunda, ¿cuáles fueron los abogados que proponían a Chile defender con menos fuerza el triángulo exterior?; tercera, ¿es posible que alguno de los jueces de la Corte supiera de la inversión de Sebastián Piñera hecha en medio del juicio, y si eso influyó en el fallo, a la luz de las consideraciones expresadas más arriba?

Las destempladas reacciones de Sebastián Piñera y su entorno en relación con la investigación de El Mostrador sobre su ingreso como accionista a Exalmar en medio del juicio de La Haya, evidencian el bajo autocontrol y la baja prudencia política del ex Mandatario respecto a la responsabilidad que rodea a las acciones de un Presidente de la República.

No se trata de un asunto menor de negocios, ni nadie ha sugerido traición a la patria. Simplemente se juzga un negocio personal imprudente de Piñera, quien, buscando ganancias, ensució el más importante asunto de política exterior que Chile tenía en ese momento. Y que tuvo como final una pérdida de soberanía territorial marítima para Chile. Esos son los hechos puros y duros. Todo el resto, incluidas las interpretaciones, las agregan Piñera y sus acólitos.        

El Interés Nacional y sus garantes

El ciudadano Piñera ha recibido defensa de múltiples partes con hincapié en su marca empresarial y la legalidad de sus emprendimientos. Lamentablemente, sus seguidores no hacen ninguna referencia a la institución Presidencia de la República ni aluden a los estándares éticos e institucionales que esperan de ella o que implica su ejercicio. Hacen solo referencias al mercado y no a la Patria ni al Estado. Por ello hay una lesión imprudente del interés nacional, fuera de cualquier otra investigación que se quiera hacer.

Si eso es grave en los sectores políticos, de la tendencia que sea, más lo es en personas directamente vinculadas a la defensa del interés y la soberanía nacionales.

Las recientes declaraciones de tres ex comandantes en Jefe de la Armada (Jorge Arancibia, Miguel Angel Vergara y Edmundo González) dejan en evidencia que la imprudencia sobre el tema invade todos los ámbitos. De acuerdo al diario La Segunda, en su edición del martes 15 de noviembre, ellos acusan “alharaca política” en torno al caso.

Los tres ex altos oficiales navales, además de estar actualmente pensionados por el Estado de Chile, son funcionarios a honorarios de la institución ($1.111.111 mensuales, según la página de Transparencia de La Armada) para asesorar al actual comandante en Jefe.

Sus declaraciones, hechas por separado o en conjunto, da lo mismo, arrastran y empañan al comandante en Jefe de esa rama, quien ha mantenido silencio respecto de esos dichos. Requerida por este medio, la Secretaría General de La Armada indicó que son opiniones a título personal.

Tienen derecho a hacerlo, pero, por decir lo menos, resulta imprudente e inoportuno.

Jorge Arancibia fue senador por la UDI, partido del sector político de Piñera, cargo al que accedió luego de dejar anticipadamente la Comandancia en Jefe de la Armada para abrazar una carrera política. Durante el Gobierno de Sebastián Piñera fue embajador en Turquía, y considera que 9 millones de dólares es poca plata. Edmundo González, quien declara que esto (el tema Piñera) se parece a la elección norteamericana, es recordado como el Comandante en Jefe que en medio del terremoto y maremoto del 2010 “se relajó” y siguió en su casa durmiendo en vez de asumir el ejercicio de su mando. El hecho le fue perdonado por las autoridades civiles de la época, que debieran haberlo llamado a retiro, pero que no lo hicieron por estar  más complicadas que él por lo ocurrido. Pero sí le trajo un grave golpe de imagen a la Armada, del cual le ha costado reponerse.  Miguel Angel Vergara, por su parte, declara que “un Presidente no complota contra su país”, lo que deja entrever que, de ser cierto que existió una negociación incompatible, podría configurarse un complot, pero que él cree no es posible.

Lo que los tres ex comandantes en Jefe olvidan ponderar es que uno de los puertos de Chile, Arica, con el fallo perdió su frente de alta mar, y se generó una compleja situación de presencia soberana de nuestro país, de la cual la Armada es garante.

Los amigos de Piñera en Exalmar

El perfil del empresario financiero, que compra y vende acciones y bonos, es de alguien que hace un cálculo de ganancia proyectado al futuro, mirado desde todos los ángulos y calculados todos los riesgos, incluidos aquellos cuya ocurrencia depende de terceros.  Su objetivo no es producir nada sino comprar barato y vender caro.

Nunca se sabrá qué tenía en mente el ex Presidente Piñera y sus mandatarios al invertir en Exalmar, fuera de la ganancia.  Lo que sí está claro es que el perfil de sus nuevos socios debía conocerlo en profundidad.

El jueves 1 de noviembre de 2012, cuando Sebastián Piñera llevaba ya dos años de accionista de Exalmar S.A. y más de dos como Presidente de Chile, una investigación de IDL-Reporteros –medio de prensa independiente de Perú– puso en evidencia prácticas inescrupulosas de la empresa, que dañaban directamente los intereses del fisco peruano, reportaje que obtuvo un premio de excelencia periodística.

El año 2001, PPK, como ministro de Economía y Finanzas de Alejandro Toledo,  siguió teniendo acciones en COSAPI, empresa que integra el Consorcio LAP, administrador del aeropuerto Jorge Chávez. Entre  el 2001 y 2002, se dictaron cuatro decretos de urgencia para que el Estado peruano asumiera la cobertura por riesgo de las empresas aeroportuarias, lo que fue advertido de conflicto de interés (diario La República 2005). En esa época, LAN se consolidó como operador principal en ese aeropuerto.

La investigación, dirigida por la periodista Milagros Salazar, aclara el significado financiero para el Perú de  una industria que tiene al país como principal productor mundial de harina de pescado, mueve más de 1.600 millones de dólares al año, tiene rentabilidades promedio cercanas al 50%, y es dominada por una seis empresas.

La investigación se originó en la denuncia de decenas de pescadores acerca de que las naves en las que trabajan llegan a los puertos con mucha más carga de lo que registran las balanzas ubicadas en las fábricas de harina. Un pesaje incorrecto significa un menor pago de derechos de pesca al Estado y también  de remuneración a los pescadores, que cobran por tonelada capturada. Todo ello fuera de la sobrepesca, que no se informa.

Lo que en realidad ocurre es que, aprovechando ser dueños de los sitios de descarga y pesaje ubicados en sus plantas, más del 50% de los desembarques, en el tiempo investigado (2009 y 2010), tuvieron discrepancias más allá del 10% de tolerancia generalmente aceptado, llegando en algunos casos incluso a superar el 50%. Exalmar es la compañía pesquera que encabeza la lista de las empresas infractoras. El 64% de sus desembarques tiene discrepancias del 20% para arriba.

La firma declaró que eso era inexacto: “Si existieran realmente diferencias en las descargas de la magnitud que se indica (…) no tendríamos un volumen de 45% de descargas de terceros, ya que ante diferencias de esas magnitudes, optarían por vender su pesca a otras empresas industriales”.

Pero el reportaje demostró que solo el 27% de los desembarques de terceros en las plantas de Exalmar tienen discrepancias a partir del 20%. El mayor volumen de discrepancia (un 64%) se produce en la flota propia.

Según el reportaje de IDL Reporteros, esta discrepancia de miles de toneladas de pesca que se esfuma significa la desaparición de cerca de 100 millones de dólares que van directamente a los bolsillos de las empresas infractoras, sin contar los impuestos sobre esa cantidad que no se pagan, y cerca de 600 mil dólares en derechos de pesca no recaudados desde las compañías más grandes. Los daños a los pescadores se calculan en otros varios millones de dólares, pues estos reciben paga por volumen de pesca.

La tercera empresa infractora en importancia es Corporación del Mar, hoy  propiedad de Exalmar y Pesquera Austral. Ambas, se repartieron la flota y las plantas de Corporación del Mar en 2010, la que figura inactiva, pero en el sistema de control de desembarques sigue apareciendo como una compañía independiente. 

Cecilia Blume Cilloniz

Entre las principales defensoras el ex Presidente chileno en Perú está la abogada Cecilia Blume Cilloniz, directora de larga data de Exalmar S.A.

Blume es una de las lobbistas más poderosas de ese país. Acostumbrada a gestiones rudas para la consecución de los intereses que representa según denuncia del diario limeño El Comercio el año 2013 presionó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), dependiente del Ministerio de Agricultura, a favor de las empresas Exalmar y Fénix Power, valiéndose de su amistad con el ministro  Milton von Hesse. Tal gestión, que tuvo éxito, terminó además con la carrera funcionaria en ese organismo de la directora de Gestión de Calidad del Agua, Betty Chung, la que había efectuado exigencias técnicas que las empresas no cumplían.

En el caso de Exalmar, eran seis observaciones no absueltas de un total de once en el Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de las plantas de Congelados de pesca en Paita y Tambo de Mora (informe técnico Nº087-2012-ANA-DGCRH/GPP de diciembre de 2012). La advertencia previa que recibieron los funcionarios de sus superiores, y que consta en un correo electrónico del domingo 3 de febrero de 2013, publicado en Perú por IDL Reporteros, fue: “Ya me llamó el ministro y Cecilia Blume. Cuándo fueron atendidos? .4to aviso…”.  Todo esto cuando  Piñera ya era accionista de Exalmar S.A. y su family office Bancard, si seguía con atención la inversión, estaba al tanto de las infracciones y fraudes de la empresa en la que invirtieron.

Cecilia Blume ha desarrollado su carrera sirviendo al Estado peruano en los Ministerios de Energía y Minas, Economía y Finanzas y Presidencia del Consejo de Ministros, siendo jefa del Gabinete de Asesores en tres oportunidades y trabajando estrechamente con el actual Presidente de ese país, PPK. Ha sido directora de diversas empresas públicas del sector eléctrico, gerenta legal de Osinergmin (organismo supervisor de la inversión en energía y minas de Perú); miembro de la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi; integrante del Consejo Empresarial de ProInversión; catedrática de Derecho Empresarial; y miembro de la Asociación Civil Transparencia (sic), entre otras muchas actividades.

Para Ipsos Perú, según encuesta del poder realizada el 2010, Cecilia Blume Cilloniz era considerada por el 33% de entrevistados (todos líderes de opinión) como la lobbista o gestora de intereses más poderosa del país.

PPK

En el directorio de Exalmar también ha estado Pedro Pablo Kuczynski Godard, apodado PPK,  actual Presidente de Perú. Llegó en junio de 2014 y fue director hasta el mes de diciembre de 2015. PPK  es un director profesional de empresas y su especialidad es el ámbito financiero. A los treinta años de edad, ya era uno de los gerentes del Banco Central de Reserva del Perú.

El Mandatario peruano tiene una larga relación con Chile, por haber sido director de empresas como CAP y Edelnor. El año 2001, como ministro de Economía y Finanzas de Alejandro Toledo,  siguió teniendo acciones en COSAPI, empresa que integra el Consorcio LAP, administrador del aeropuerto Jorge Chávez.  Entre  el 2001 y 2002, se dictaron cuatro decretos de urgencia para que el Estado peruano asumiera la cobertura por riesgo de las empresas aeroportuarias, lo que fue advertido de conflicto de interés (diario La República 2005).

En esa época, LAN se consolidó como operador principal en ese aeropuerto. Su  participación en el  caso de explotación del gas de Camisea fue muy criticada. Kuczynski trajo a Hunt Oil al Perú y le hizo la parte financiera del proyecto de exportación de gas. Luego, como ministro de Economía, inició el proceso de cambiar la ley para favorecer la exportación de gas. Como asesor de Hunt Oil participó, asimismo, en el diseño de la empresa para solicitar el Lote 56 y como ministro le entregó a la referida compañía dicho lote, que tenía reservas probadas de gas, para que lo dedique a la exportación (diario La República, septiembre de 2009).

El año 2005, en su calidad de primer ministro del Gobierno de Alejandro Toledo, promovió el cambio de la ley para que el gas del Lote 88, reservado para el consumo interno, también se dedicara a la exportación. En todo el caso, en Camisea tuvo que ver asimismo Osinergmin, organismo en el que participó su amiga Cecilia Blume (información publicada en diario La República, en septiembre de 2009).

Cada vez que Sebastián Piñera pasa por Perú solicita hablar con PPK. ¿De qué conversarán? Tienen varios intereses comunes, en múltiples materias.

Fuente: EL MOSTRADOR – http://www.elmostrador.cl/destacado/2016/11/21/pinera-la-trenza-peruana/

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