Discurso de la Presidenta Michelle Bachelet en el Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional: caso “Omar Humberto Maldonado y otros versus Chile”

S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, asiste al acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Omar Humberto Maldonado y otros versus Chile”

Amigas y amigos:

Quiero partir agradeciendo las palabras de quienes me han precedido en este estrado: el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch y el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber. Y también saludar muy especialmente al comandante Ernesto Galaz, que hará uso de la palabra en representación de las víctimas beneficiadas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que hoy estamos dando cumplimiento.

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Y como parte del cumplimiento de esta misma sentencia, el miércoles 5 de octubre me correspondió participar, junto a las víctimas y sus familiares que hoy nos acompañan, del develamiento de una placa conmemorativa en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile. En ella, se consignan sus nombres y se recuerda a todos quienes allí sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos, a partir del 11 de septiembre de 1973.

Más importante aún: la Fuerza Aérea reitera, en esa placa, el compromiso de las actuales y futuras generaciones de oficiales y suboficiales, de promover y respetar los valores de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos inherentes a toda persona.

Hoy, en este acto solemne, el Estado de Chile, a través de sus tres poderes, ofrece reparación a estas víctimas. Ofrece una disculpa por el trato que recibieron y da un paso más en el camino de ese “Nunca Más” que tanto trabajo y empeño nos ha costado.

Y ello es posible, como ha ocurrido en tantos otros casos, gracias a la lucha denodada e incansable de las propias víctimas. Por una parte, nos conmueve y nos llena de orgullo; por otra parte, nos muestra muy nítidamente los vacíos y deficiencias que aún debemos superar en este ámbito.

Desde la recuperación de la democracia, el Estado de Chile ha transitado un camino para avanzar en verdad, justicia y en  reparación a las víctimas por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura.

Ha sido un camino no exento de dificultades, en el cual se han dado pasos importantes desde el Estado. Y ha sido mencionado por quienes  me han precedido, el trabajo de las Comisiones de Verdad,  el establecimiento de una institucionalidad de derechos humanos, primero con la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y luego con la reciente Subsecretaría de Derechos Humanos, da cuenta de un Estado que busca, desde el reconocimiento de su historia reciente y de sus deudas, avanzar hacia un horizonte en que todos los derechos sean garantizados.

Pero así como hemos avanzado, tenemos deudas pendientes. Desde esa convicción, debemos seguir ahondando nuestro compromiso con los derechos humanos en este proceso que es permanente y en el que cada día se abren nuevos desafíos.

Los crímenes de la dictadura, que impactaron a las víctimas, a los familiares y a toda nuestra sociedad, requieren de esfuerzos continuos por parte del Estado para investigar, sancionar y reparar estas heridas. Sólo así podremos construir sobre cimientos firmes, un futuro de garantías plenas a los derechos de todas y todos.

Sólo así podremos hacer del “Nunca Más”, una realidad palpable y cotidiana.

En el caso concreto que hoy nos reúne, hablamos de un “Nunca Más” a la tortura, que es una de las violaciones a los derechos humanos que más intensa y destructivamente afectan la dignidad humana. La tortura daña indeleblemente a la víctima, y por ello en el derecho internacional de derechos humanos se ha llegado al consenso de prohibirla absolutamente en todo tiempo y lugar.

Tenemos la obligación de investigar, sancionar y reparar estos actos. Desde la recuperación de la democracia, el Estado de Chile ha sido enfático en condenar y avanzar en la reparación de las víctimas y en la investigación de los hechos de tortura cometidos de manera sistemática y organizada desde ese mismo Estado.

Pero debemos ir más allá. Precisamente porque lo vivimos en el pasado, porque estamos marcados por el daño infligido al conjunto de la sociedad, no podemos cerrar los ojos ante las denuncias de torturas que se puedan cometer también en democracia.

Estamos adoptando, por ello, las medidas necesarias para prevenir y sancionar estos hechos. Ello incluye la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, radicado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y la Promulgación de la Ley que tipifica el Delito de Tortura, aprobada finalmente por el Congreso Nacional el 5 de octubre, y que quedará en condiciones de entrar en vigencia una vez que pase por el Tribunal Constitucional.

La tipificación del delito de tortura adecua la ley chilena a los estándares internacionales, y termina con el eufemismo de “tratos inhumanos y degradantes” con el cual nuestra legislación designa aún hoy este crimen. Cuando esta ley se promulgue, llamaremos a la tortura por su nombre y tendremos un instrumento más para erradicar esta práctica para siempre.

Señoras y señores:

A la crueldad inherente a la tortura se suma, en el caso que hoy nos convoca, el hecho de que ésta fuese aplicada por los propios compañeros de armas de las víctimas, en un recinto que ellos frecuentaban, que consideraban su casa.

Esa bofetada feroz es la que hoy intentamos reparar.

Esa negación brutal de la dignidad y el honor, esa traición de lo más sagrado: la integridad de las personas, su vida, su honra.

El fin último de los derechos humanos es respetar la dignidad de las personas.

Es el Estado de Chile el que en este caso, y en muchos otros, violó esa dignidad al torturar, aplicar instancias jurisdiccionales sin garantías del debido proceso y negar la posibilidad de reparar con un recurso eficaz en nuestros tribunales, esto último ocurrido en democracia.

El Estado de Chile se equivocó gravemente. Y hoy estamos aquí para reconocer esta responsabilidad y reparar a las víctimas con medidas que permitan restaurar su dignidad violentada.

La sentencia internacional que esas víctimas obtuvieron, hoy nos permite reconocer el error cometido y avanzar un paso más hacia la reparación integral de quienes vieron violados sus derechos más fundamentales durante la dictadura.

Gracias a este fallo, otras víctimas de consejos de guerra podrán presentar recursos de revisión y restaurar, así, su dignidad y su honor militar, cuando se trate de uniformados.

Y quisiera cerrar esta intervención dirigiéndome a las víctimas que hoy nos acompañan, y a través de ellos, de estos hombres tenaces, dignos y sencillos, a todos los que ya no están.

Hoy el Estado de Chile les reconoce, solemnemente, su condición de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Ustedes fueron juzgados y condenados injustamente. Se les arrebató aquello que más querían. Se los llamó traidores.

Hoy, gracias a su esfuerzo, a su coraje, a su tenacidad, las cosas vuelven a estar en su lugar y queda claro, ante Chile, ante el mundo y más importante, ante las generaciones que vendrán, lo que todos siempre supimos: son ustedes inocentes; son ustedes víctimas; nunca traicionaron su juramento de lealtad al orden constitucional, y menos aún a sus compañeros de armas.

Permitan, entonces, a esta Presidenta de la República, hija de un general de la Fuerza Aérea que estuvo con ustedes en la misma celda, que desde su rol de Gobierno, pero también desde lo más profundo de la historia personal, reconozca lo que ustedes han logrado con una única palabra final: gracias.

Muchas gracias.

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