Comisión de la Cámara que analizará la acusación constitucional contra la Ministra Javiera Blanco tiene mayoría de la Nueva Mayoría

Luego de que el diputado independiente René Saffirio concretara el ingreso de la acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco, la mesa de la Cámara escogió a la comisión que analizará el libelo en su primera instancia.

A través de un sorteo los diputados Issa Kort (UDI), Karol Cariola (PC), Iván FLores (DC), Gonzalo Fuenzalida (RN) y Leonardo Soto (PS) fueron designados para pronunciarse sobre la procedencia de la acusación constitucional. Es decir, la Nueva Mayoría tiene mayoría en dicha comisión, así como en la Sala de la Cámara, de manera que a la coalición de gobierno le basta solamente ejercer las mayorías de las que dispone.

En dicho sorteo se excluyó a los suscriptores del documento y a los miembros de la mesa de la Corporación.

En esta etapa, los parlamentarios escucharán a expertos en las materias cuestionadas -en este caso la situación del Sename- y juristas. Además, la titular de Justicia tendrá un plazo de 10 días para formular descargos.

PRÓXIMOS PASOS

Tras el informe de la comisión, la Cámara Baja sesionará diariamente para examinar el libelo y deberá votar respecto de su procedencia. Debe ser aprobado por la mayoría de los diputados presentes.

Si la acusación obtiene la mayoría de los votos favorables, la ministra quedará suspendida de sus funciones mientras dure el procedimiento y el documento pasará al Senado, quien se limitará a declarar si la secretaria de Estado es culpable o no. Dicha resolución debe ser aprobada por la mayoría de los senadores en ejercicio.

En esta instancia, la ministra podrá asistir a las sesiones de la Cámara Alta para manifestar su defensa, incluso podrá recurrir a abogados para sustentar su postura.

Si la autoridad es declarada culpable, será destituida de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública por el plazo de cinco años, sea de elección popular o no. Además, podrá ser juzgada a través de los tribunales competentes para hacer efectiva su posible responsabilidad civil o penal.

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