Despachado por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados proyecto de ley de desmunicipalización

La instancia mantuvo la estructura de la iniciativa y apoyó la idea de crear organismos públicos de carácter descentralizado y especializado en la gestión educacional, que se hagan cargo de la labor técnico-pedagógica, administrativa y financiera de los establecimientos educacionales de un territorio, con el propósito de mejorar los procesos de aprendizaje. El texto será analizado por la Sala de la Cámara de Diputados la próxima semana.

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Luego de una intensa jornada de debate y votación en particular, la Comisión de Haciendade la Cámara de Diputados despachó a la Sala, en segundo trámite reglamentario y primero constitucional, el proyecto que crea el sistema de educación pública, más conocido como desmunicipalización; lea aquí el texto del proyecto de ley (boletín 10368).

El texto conservó, en lo medular, la norma que permite la creación de los Servicios Locales con el aumento de 67 a 68 oficinas territoriales y la facultad para que el Presidente de la República, en un plazo de un año, determine la fecha en que iniciarán sus funciones dichas entidades.

En este punto, aprobó, además, la idea de que los concursos públicos para el ingreso de nuevos profesionales de la educación en dotación de los Servicios Locales, incluyan criterios de selección que ponderen de manera relevante los mejores niveles de práctica pedagógica y conocimientos disciplinarios. Sobre esto, rechazó, a la vez, la idea que incluía la facultad del Director de Educación Pública para revisar la definición de los Servicios Locales y sus territorios.

En esta línea, se afirmó, también, la facultad para que el Presidente de la República pueda nombrar transitoria y provisoriamente al Director de Educación Pública y, si procede, a los primeros Directores Ejecutivos de los Servicios Locales.

Por otro lado, la Comisión mantuvo su negativa en lo que respecta al traspaso a los ya citados nuevos Servicios Locales de Educación Pública, de los establecimientos educacionales que se encuentran hoy bajo la tutela de las municipalidades o de las corporaciones municipales.

Continuado el debate, la instancia reafirmó dos propuestas respaldadas por el Gobierno que tienen que ver con la extensión hasta el año 2022 de la vigencia del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que permite incorporar $450 mil millones al proceso de traspaso, junto con la inclusión de un compromiso expreso de parte del Ejecutivo de enviar, antes de enero de 2017, un proyecto de ley que establezca un estatuto para los asistentes de la educación.

En este contexto, se ratificó que dicho estatuto deberá establecer que los asistentes de la educación ingresarán a la dotación de los Servicios Locales mediante mecanismos públicos y transparentes, que deberán considerar criterios objetivos de ingreso.

Opiniones sobre el proyecto.

Concluida la sesión, el presidente de la Comisión, diputado Manuel Monsalve (PS), valoró que se mantenga la estructura del proyecto que crea una nueva institucionalidad para gestionar la educación pública de Chile. “Creo que eso le hace bien a la educación pública, porque es muy importante lo que pasa en la sala de clases, pero esta no está aislada de lo que pasa en el establecimiento educacional, ni en la red de colegios”.

En ese sentido, el legislador insistió en que se les está garantizando a las familias de Chile que las escuelas donde asisten sus hijos van a tener una mejor gestión. “Hay una serie de normas que regulan el traspaso de los bienes desde los municipios a los Servicios Locales y de las deudas de los funcionarios, profesores, asistentes de la educación, trabajadores vía transferencia de fondos. Ahí el Parlamento ha hecho una contribución, porque yo diría que ha mejorado los contenidos del proyecto de ley para proteger de mejor manera”.

Por otra parte, Monsalve celebró la contribución que, según afirmó, se hizo en Hacienda de prorrogar la vigencia del Fondo de Fortalecimiento a la Educación Pública hasta el año 2022, incorporando $450 millones.

En tanto, el diputado de derecha Ernesto Silva (UDI), expresó que su mayor preocupación es que el proyecto sigue siendo un esquema centralista que no aporta al desarrollo de las comunidades locales. “Por eso votamos en contra de la creación de los Servicios Locales y nos preocupa, especialmente, la manera en que se van a nombrar los primeros directores de estos”.

Indicó, además, que es de esperar que el compromiso que tomó el Gobierno de que no va a hacer nombramientos transitorios, sino que va a modificar la ley durante el resto de la tramitación para que sean todos concursables por alta dirección pública, sea un paso que se pueda dar y un buen camino.

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