Minuta técnica descriptiva del proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior

MINUTA PROYECTO DE LEY QUE REFORMA LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

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  1. PRESENTACIÓN GENERAL

El proyecto de ley tiene como objetivo fundamental establecer un Sistema de Educación Superior que aporte al desarrollo social, cultural y económico del país, de sus regiones y personas.

Para ello:

  • Se define un sistema, compuesto por entidades del Estado e instituciones de educación superior (estatales y privadas), con objetivos generales enfocados en el desarrollo del país, y con un marco regulatorio y principios comunes para todos sus componentes.
  • Se definen como principios de todo el sistema la calidad, la inclusión, la autonomía y diversidad de proyectos, la libertad académica, la participación, la pertinencia, la transparencia y la articulación, entre otros.
  • Se reconocen dos subsistemas entre las IES: universitario y técnico-profesional. Cada uno con objetivos y criterios de calidad distintivos, con sistemas de acceso específicos y con contrapartes institucionales claras en el ámbito público.
  • Se fortalece la educación superior estatal con espacios de coordinación con el Estado y entre las instituciones, con reglas generales de gobernanza para las universidades estatales y flexibilizando normas de control de Contraloría y otras leyes, para asegurar mayor eficiencia en su quehacer (en condiciones equivalentes a las instituciones privadas), y permitiendo el acceso a recursos económicos para el mejoramiento institucional, para el desarrollo de la investigación y para el desarrollo de la docencia a través de la gratuidad y ayudas estudiantiles.
  • Se crea la Subsecretaría de Educación Superior, a través de la cual el MINEDUC ejercerá su rol rector del Sistema. Tendrá divisiones especializadas en el subsistema universitario y en el subsistema técnico profesional.
  • Se establece como una tarea de la nueva Subsecretaría de Educación Superior el desarrollo de un marco de cualificaciones que permita la articulación de los distintos subsistemas y posibilite configurar diversas trayectorias formativas de los estudiantes a lo largo de la vida.
  • Se crean instituciones claves para el aseguramiento de la calidad y de la fé pública: el Consejo para la Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación Superior.
  • Se establece un nuevo modelo de acreditación obligatoria, a cargo de un servicio público que incluye tanto la evaluación en materias de gestión institucional como en la docencia y que genera tres niveles de acreditación, más un nivel transitorio cuando se alcanzan los estándares mínimos, permitiendo la mejora previo a un nuevo proceso de acreditación. En caso de no lograr la acreditación, se determinará la aplicación de las normas relativas al administrador provisional o de cierre según corresponda.
  • Se releva el fomento de la investigación, la innovación, la pertinencia y la vinculación con el medio, como dimensiones clave para la acreditación de calidad de las instituciones.
  • Se fortalece el marco regulatorio general del sistema, se establecen normas específicas para el control efectivo de la prohibición del lucro (ver nota al final del capítulo)
  • Se define un modelo de financiamiento institucional público para la educación superior.
  • Financiamiento institucional para la gratuidad en Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, con exigencia de políticas de inclusión.
  • Financiamiento institucional para la investigación y la creación a través de un fondo especial al que accederán todas las universidades que participen de la gratuidad. Asignación por desempeño.
  • Fondo dedicado a las universidades del Estado para su fortalecimiento institucional y de calidad, y para el cumplimiento de sus compromisos con el Estado.

 

NOTAS SOBRE PROHIBICIÓN DEL LUCRO:

 

Se establecerá un nuevo marco regulatorio que será fiscalizado por una Superintendencia de Educación Superior, de manera de garantizar que los recursos de las instituciones de educación superior sean íntegramente utilizados para el desarrollo de la docencia, investigación e innovación, vinculación con el medio, respetando su autonomía. Para ello se establecerán normas respecto de la constitución y el gobierno de las instituciones a fin de evitar que se tomen decisiones que beneficien a un tercero y perjudiquen a la institución.

 

Para evitar la extracción de rentas, el proyecto de ley establece una serie de normas.

En primer lugar, se prohíbe la participación de personas jurídicas con fines de lucro en las instituciones de educación superior y se resguarda también que entidades con fines de lucro pudieran tener el control de manera indirecta.

 

En segundo lugar, se exige que todos los recursos de la institución de educación superior sin fines de lucro se destinen a sus objetivos y se sancionará cualquier operación que vulnere este precepto, pudiendo derivar esto incluso en sanciones penales para quienes participen de la operación o en la pérdida de reconocimiento oficial de la institución. Se establece que quienes desvíen recursos de la institución para fines distintos de los educacionales que constan en sus estatutos, el infractor estará obligado a devolver dichos recursos y pagar una multa del 50% de aquello que se apropió. En caso de no devolver dichos recursos a la institución, se configura el delito de apropiación indebida que se establece en el Código Penal, pudiendo la pena llegar hasta 5 años de cárcel.

 

En tercer lugar, se prohíben las operaciones de la IES con sus dueños (organizadores o asociados), sus controladores o sus autoridades superiores, y se regulan las operaciones con otras personas relacionadas, asegurando que se realicen a precio justo. En este marco, se prohíbe que cualquier autoridad de la IES con algún interés participe de las decisiones que autoricen alguna de estas operaciones. Regular y no prohibir este último tipo de operaciones evita que se ponga en riesgo el cumplimiento de la misión de las instituciones de Educación Superior.

Sólo podrán recibir recursos públicos las instituciones constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro, cuestión relevante para los CFT e IP, y se otorgará un plazo razonable para ajustarse a dichos requerimientos.

Para resguardar la prohibición efectiva del lucro, el proyecto establece que las infracciones a las reglas señaladas anteriormente en materia de prohibición de operaciones con relacionados y de constitución de los directorios, será considerado una infracción gravísima que podrá ser sancionada por la Superintendencia con multa de hasta diez mil unidades tributarias mensuales (UTM).

Además de lo anterior, la Superintendencia en sus funciones de auditoría, en caso que constate que una institución está vulnerando las normas sobre prohibición efectiva del lucro, podrá designar un Administrador Provisional para que pueda modificar la estructura de contratos que la institución tiene, con el propósito que se deje de “lucrar” con la institución y evitar que los perjudicados en este tipo de irregularidades terminen siendo los estudiantes.

Sin embargo, en caso que el problema de lucro en la institución sea de tal magnitud que haga peligrar el proyecto institucional y la viabilidad de la institución, la Superintendencia podrá solicitar al Ministerio la revocación del reconocimiento oficial y el nombramiento de un administrador de cierre de la institución, velando por la reubicación de las y los estudiantes afectados.

  1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY

 

Título I, De las Disposiciones Generales;

Título II, De la Subsecretaría de Educación Superior;

Título III, Del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; Título IV, De la Superintendencia de Educación Superior;

Título V, De las Regulaciones y Prohibiciones Aplicables a las Instituciones de Educación Superior Organizadas como Personas Jurídicas de Derecho Privado Sin Fines de Lucro;

Título VI, De la Educación Superior Estatal;

Título VII, Del Financiamiento Público de la Educación Superior;

Título VII, De las Disposiciones Finales;

Disposiciones Transitorias.

  • DISPOSICIONES GENERALES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE LEY

 

1.- Se define la educación superior y sus fines, y se crea un Sistema de Educación Superior que tiene por objeto velar por el cumplimiento de dichos fines conforme a los siguientes principios orientadores:

 

  1. Autonomía

Conducir sus fines y proyectos institucionales responsablemente en el marco establecido por la ley.

  1. Calidad

Orientada a la búsqueda de la excelencia en todas sus funciones

  1. Diversidad de Proyectos Educativos Institucionales

Reconocer y promover las diversas visiones sobre la sociedad y formas de búsqueda  de la verdad. Se valora y respeta la pluralidad de misiones y visiones

  1. Inclusión

Propender a la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria para el desarrollo de los talentos

  1. Libertad Académica

Respetar y promover la libre expresión y libertad de cátedra

  1. Participación

Promover y respetar la participación responsable de todos los estamentos

  1. Pertinencia

Contribuir al desarrollo del país y sus regiones de conformidad a sus fines

  1. Respeto y promoción de los Derechos Humanos
  2. Transparencia
  3. Trayectorias formativas y articulación

Velar por la adecuada articulación de los estudios

2.- Se definen las siguientes instituciones de educación superior:

 

  1. Universidad

Su misión es crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados y profesionales. Contribuyen al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. La formación de graduados y profesionales se caracteriza por una orientación hacia la búsqueda de la verdad y hacia la capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico.

 

  1. Instituto Profesional

Su misión es la búsqueda permanente del desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales, así como la formación de profesionales capaces de contribuir a dicho desarrollo. Su formación se caracteriza por la obtención de los conocimientos y competencias requeridas para participar y desarrollarse en el mundo del trabajo con autonomía en el ejercicio de una profesión o actividad y con capacidad de innovar.

  1. Centro de Formación Técnica

Su misión es la formación de técnicos altamente calificados en áreas pertinentes al desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales. Cumplen su misión a través de la formación y la innovación en el ámbito técnico. Asimismo, les corresponde articularse especialmente con el nivel de enseñanza media en su formación técnica y vincularse con el mundo del trabajo, para contribuir a la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones.

  1. DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

 

El Sistema estará integrado por:

  1. Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación Superior
  2. Consejo Nacional de Educación (CNED)
  3. Consejo para la Calidad de la Educación Superior
  4. Superintendencia de Educación Superior

 

a).1 Subsecretaría de Educación Superior.

Será colaborador directo del Ministro de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas para la educación superior, especialmente en materias destinadas a su desarrollo, promoción y mejoramiento continuo, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional.

Tendrá, entre otras, las siguientes funciones y atribuciones:

  1. Proponer políticas en materia de educación superior, tanto en el sector Universitario como Técnico Profesional.
  2. Establecer los estándares y criterios de calidad a propuesta del Consejo para la Calidad, y previo informe del Consejo Nacional de Educación, entre otros actores.
  • Establecer las instancias de diálogo y coordinación con las instituciones.
  1. Administrar los instrumentos de financiamiento del sistema.
  2. Establecer el Marco Nacional de Cualificaciones para la clasificación y reconocimiento de competencias en cada ciclo formativo, reconociendo las particularidades de la educación Técnico Profesional.
  3. Administrar el Sistema Común de Acceso a la Educación Superior, que reconoce entre otros aspectos, las particularidades de la educación TP y los diferentes proyectos.

a.2)  Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior

Es administrado por la Subsecretaría de Educación Superior y tendrá como fin establecer los procesos e instrumentos para la postulación, admisión y selección de estudiantes a las instituciones de educación superior, respecto de carreras o programas de estudio conducentes a títulos técnicos o profesionales o grados académicos, excluyendo postgrados o post títulos.

En este contexto el Sistema Común de Acceso contempla mecanismos específicos y diferenciados de ingreso a la Formación Técnica, así como también reconocerá la existencia de instrumentos de acceso que establezcan las propias instituciones, como por ejemplo pruebas especiales o entrevistas, para la admisión a determinadas carreras o programas.

a.3)  Se establece una Institucionalidad específica para la Formación Técnico Profesional.

Se crea una unidad de Formación Técnico Profesional en la Subsecretaría de Educación, (que aborda la formación técnica en el nivel escolar), y una División Técnico Profesional en la Subsecretaría de Educación Superior las que deberán coordinarse para llevar adelante las políticas sectoriales en el este nivel.

Para orientar estas políticas el MINEDUC elaborará una Estrategia Nacional para la Formación Técnico Profesional, la que será propuesta por un Consejo Nacional para la formación Técnico Profesional, de integración público-privada y de carácter consultivo, asesor de la Presidencia de la República y presidido por el Ministerio de Educación.

Como parte del fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional se deben contar también la definición de criterios y estándares propios para la acreditación de calidad, y el establecimiento de un mecanismo especializado y transparente en el marco del Sistema de Acceso a la Educación Superior.

  1. Consejo para la Calidad de la Educación Superior.

Es una nueva institucionalidad responsable de llevar adelante los procesos de acreditación institucional, que será obligatoria para todas las instituciones de educación superior. El proyecto define al Consejo como un Servicio Público autónomo, y establece reglas que permiten resguardar conflictos de intereses entre sus consejeros y las instituciones, el objeto de este servicio será evaluar, acreditar y promover la calidad de las instituciones de educación superior autónomas, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional, y de las carreras o programas de estudio que éstas imparten.

El Consejo estará compuesto por 11 miembros que serán elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública, durarán 5 años en sus cargos y estarán sujetos a reglas de probidad públicas que garantizarán la independencia y transparencia de sus decisiones. Sus funciones serán:

  1. Realizar la acreditación institucional obligatoria, por medio de la evaluación del cumplimiento de estándares objetivos y públicos que serán establecidos por el Ministerio de Educación, a propuesta del Consejo. La acreditación institucional se dará por ocho años, y podrá ser en tres niveles A, B y C, además de un estado condicional transitorio, en el cual la institución podrá estar sólo una vez. En caso de no acreditar la institución, se nombrará un Administrador Provisional, cuya misión será lograr que la institución pueda recuperar su acreditación en alguno de los niveles. En caso que en un plazo de 3 años la institución no sea acreditada, se procederá a su cierre.
  1. Realizar la acreditación obligatoria de pedagogía, medicina y doctorados.
  1. Realizar observaciones y solicitar informes a las instituciones de educación superior respecto del cumplimiento de los estándares de calidad.
  1. Desarrollar los criterios y estándares que se utilizarán para la evaluación de las instituciones en el proceso de acreditación. Estos estándares serán enviados al Ministerio de Educación para que éste los establezca, previo informe del Consejo Nacional de Educación.

III.  La acreditación institucional será integral y evaluará las 5 dimensiones, a saber:

  • Gestión institucional
  • Sistema interno de gestión de la calidad
  • Docencia y Formación
  • Investigación, Creación e Innovación
  • Vinculación con el medio

 

Las instituciones estarán obligadas a evaluarse en las 5 dimensiones. En caso de no hacerlo en todas ellas, éstas no acreditarán.

 

  1. c) Superintendencia de Educación Superior

 

Se crea este servicio público descentralizado cuyo objeto será  fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la educación superior, así como las instrucciones y normas que ésta dicte en el ámbito de su competencia.

 

Asimismo, le corresponderá fiscalizar la legalidad del uso de los recursos por parte de las instituciones de educación superior y supervisar su viabilidad financiera.

 

Fiscalizará a todas las instituciones de educación superior respecto a:

 

  1. Cumplimiento de normas de la educación superior. En particular, se establecen normas para el resguardo de la fé pública, la sostenibilidad de las instituciones de educación superior y la prohibición efectiva del lucro.
  2. Protección de los derechos de los estudiantes (ej. publicidad engañosa).
  3. Legalidad del uso de los recursos.

 

Sanciona en caso de verificarse infracciones a la normativa. El proyecto establece que las instituciones podrán incurrir en infracciones gravísimas, graves y leves. Son infracciones gravísimas, por ejemplo, no dar cumplimiento a las normas sobre prohibición efectiva del lucro, entre ellas realizar operaciones que se encuentran prohibidas o desviar los recursos de la institución para fines distintos que los educacionales. Son infracciones graves, entre otras, el efectuar publicidad engañosa o entorpecer la fiscalización de la Superintendencia. Para efectos de sancionar dichas infracciones se establecen como sanciones:

 

  1. Amonestación por escrito.

 

  1. Multa a beneficio fiscal de hasta quinientas unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones leves.

 

  1. Multa a beneficio fiscal de hasta mil unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones graves.

 

  1. Multa de hasta diez mil unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones gravísimas.

 

  1. Multa para personas naturales de hasta mil unidades tributarias mensuales.

 

  1. Inhabilitación temporal o a perpetuidad para ser directivos o para constituir instituciones de educación superior.

 

Para la determinación de estas sanciones, el Superintendente deberá tener en consideración la entidad de la infracción y el tamaño de la institución, con el propósito de resguardar la rigurosidad y proporcionalidad de estas sanciones.

 

La Superintendencia vigila la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior a través de un monitoreo constante de las instituciones mediante auditorías y el análisis de información financiera que éstas deberán enviar a la Superintendencia, entre ellas sus balances debidamente auditados e información respecto de cualquier hecho esencial que afecte patrimonialmente a la institución, por ejemplo la compra o venta de algún activo importante, el contraer deudas de un monto considerable, reducción de ingresos por caída de matrícula, entre otros. En caso de que se presenten problemas con estas situaciones, la Superintendencia podrá nombrar Administrador Provisional, o solicitar a las instituciones la implementación de planes de recuperación.

 

  1. EDUCACIÓN SUPERIOR ESTATAL.

La política del gobierno apunta a mejorar la articulación y la cooperación en red entre instituciones de formación técnica y universidades estatales, y entre éstas y la educación media técnico profesional. En este sentido se dará un trato especial a las Instituciones del Estado, de tal modo de fortalecer el vínculo de éste con sus instituciones para que éstas cumplan con su misión y su compromiso con el desarrollo económico, social y cultural del país.

Ello implica por un lado asignar un financiamiento basal para éstas, y por otro, se establecerá un modelo de gobierno de las instituciones estatales que permita una gestión eficiente y eficaz, que considere mayoritariamente la participación de la comunidad de dichas instituciones y del Estado  Nacional y Regional. Asimismo se considerará la presencia de académicos, estudiantes y funcionarios en los cuerpos colegiados normativos. Asimismo la ley considerará mejoras en sus procesos administrativos, eliminando algunos controles vigentes que dificultan su gestión eficiente.

Lo anterior se complementa con la creación de dos nuevas universidades estatales en regiones donde no existían universidades públicas y la creación de Centros de Formación Técnica Estatales, con presencia en las quince regiones, los que orientarán su quehacer al desarrollo local y se articularán en forma armónica con el resto de los niveles educacionales y con el sector productivo.

  1. Las instituciones de educación superior estatal deben desarrollar su misión garantizando un ambiente de pluralismo, libertad académica, colaboración y gobierno participativo.
  2. Tienen la responsabilidad y el deber de vincular su quehacer con las políticas y necesidades a nivel nacional y regional, y acometer los encargos que el Estado le solicite al efecto.
  • A su vez, deben garantizar un acceso equitativo de estudiantes a lo largo de todo el territorio.

La Subsecretaría de Educación Superior coordinará la red de instituciones de educación superior estatales constituida, para el desarrollo de políticas comunes, cooperación e intercambio. Esta red tendrá podrá proponer iniciativas para el desarrollo conjunto de las instituciones estatales y el mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones que lo integran, tales como:

a)      Orientaciones que vinculen el quehacer de las instituciones estatales con las políticas nacionales y regionales;

b)      Instancias de colaboración e intercambio de buenas prácticas en materias tales como gestión institucional y procesos de evaluación de docentes, académicos y funcionarios;

c)      Articulación de la oferta académica, de planes de estudios y programas de movilidad estudiantil, docente y académica; y la creación de programas y equipos de investigación, ya sea conjuntamente o en colaboración entre ellas, así como la creación y uso de infraestructura común para investigación, creación e innovación.

  1. Se les imponen deberes especiales, entre ellas brindar una educación laica, garantizar pluralismo y una carrera académica.

 

Gobierno de las Universidades Estatales

Se establecen normas que regulan y uniforman su organización interna básica:

  1. el Rector
  2. Consejo directivo
  3. Órgano colegiado de carácter normativo con representación triestamental

El Consejo Directivo: compuesto por 9 miembros, 4 de ellos representantes del Presidente de la República elegidos por sistema de Alta Dirección Pública, 2 representantes de los académicos, 2 representantes del Órganos Superior de carácter normativo que representa a todos los estamentos (incluidos los estudiantes) y el rector que participa por derecho propio.

Sus funciones serán:

  • Realizar las definiciones estratégicas de la universidad, entre ellas establecer el plan de desarrollo institucional, a propuesta del órgano colegiado de carácter normativo
  • Alinear la política de la universidad con los intereses de país.
  • Aprobación del presupuesto, a propuesta del Rector.
  1. Rector es la máxima autoridad unipersonal. Será electo únicamente por académicos de acuerdo a los mecanismos vigentes. Asimismo, su cargo durará 4 años, y se limitará la reelección hasta por un solo período consecutivo.

Órgano colegiado normativo cuya responsabilidad estará en los temas normativos de la institución, entre ellos los de carácter académico principalmente.. Asimismo propone y opina respecto de definiciones estratégicas de la institución, siendo su principal misión el proponer el plan de desarrollo institucional y participar en la reforma de los estatutos de las instituciones estatales.  Su composición será triestamental con al menos 2/3 de representantes académicos. La representación de los estamentos en este órgano se realizará por medio de elecciones en las cuales, para ser válidas, deberá participar al menos el 40% de los miembros del respectivo estamento.

Actualmente, las universidades estatales ya cuentan con estas instancias de participación, y esta ley viene a complementar y ratificar criterios específicos como la participación de cada estamento y los quórums necesarios para elegir a dichos representantes.

  1. FINANCIAMIENTO PÚBLICO.

El proyecto de ley cumple con la promesa de la Presidenta Bachelet y del gobierno de la Nueva Mayoría en el sentido de establecer progresivamente la gratuidad en la educación superior como un nuevo paso en la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva.

Hacer realidad esta política significa un enorme esfuerzo fiscal que sólo es posible llevar adelante de manera paulatina, para compatibilizar ésta política con otros requerimientos en materia social.

Es por eso que el proyecto define un régimen de cobertura total de la gratuidad al que se avanzará en forma gradual.

Durante 2016 y hasta 2017 inclusive, la cobertura de estudiantes se mantendrá hasta el 5to decil. Durante estos años se incrementará la cobertura horizontal, incorporando a más Instituciones de Educación Superior (en especial Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales que cumplan los requisitos). En 2018 y hasta 2020 inclusive, la ley ampliará la cobertura hasta el 6to decil.

A partir de allí, la cobertura de la gratuidad se ampliará según se alcancen ciertos objetivos de carga tributaria, medida como la proporción de los Ingresos Estructurales del Estado como porcentaje del PIB tendencial. La tabla 1 sintetiza los requisitos de carga tributaria y el consiguiente avance en deciles.

Será un deber de las instituciones de educación superior estatales participar de este nuevo sistema, mientras que para las instituciones privadas que cumplan los requisitos establecidos en la ley (estar acreditadas bajo el nuevo modelo de aseguramiento de la calidad y ser sin fines de lucro, entre otras), la adscripción será voluntaria.

Mientras dure esta transición, el Estado mantendrá el conjunto de ayudas estudiantiles para los estudiantes que no estén en gratuidad, en IES sin fines de lucro, ya sea porque la cobertura aún no alcanza a su nivel socioeconómico o porque la institución en la que estudian no se ha sumado a este régimen.

El proyecto considera además una regulación para los aranceles máximos que pueden cobrar las instituciones que adscriban a la gratuidad. Durante los primeros años de vigencia de la ley se seguirán empleando los aranceles de referencia actuales (debidamente corregidos por IPC). Luego, una Comisión de Expertos, ayudará al Mineduc a establecer nuevos aranceles que permitirán a las instituciones cubrir los costos normales de la docencia, incluyendo la inversión en infraestructura y equipamientos asociados. Estos costos serán específicos para universidades y carreras.

Tabla 1

Avance en deciles de cobertura de la gratuidad según objetivos de ingresos estructurales.

Tabla 2

 

Aranceles y ayudas estudiantiles aplicables según deciles y  régimen de adscripción a la gratuidad de las Instituciones de Educación Superior.

La gratuidad se financiará mediante un nuevo financiamiento institucional (basal) para las instituciones que adscriban a este régimen.

A: Fondos para el fortalecimiento de las Universidades del Estado

Existirá un fondo para el desempeño y fortalecimiento de la Universidades Estatales, adicional y no excluyente al fondo de investigación para las universidades adscritas a gratuidad. Este fondo será, al menos equivalente al Convenio Marco, y será incrementado según las disponibilidades y los objetivos que la autoridad establezca.

  1. Fondos Basales para la Investigación.

Existirá un gran fondo orientado a apoyar la investigación al que accederán sólo las IES que estén en régimen de gratuidad.  Este Fondo será asignado según indicadores de logro en materia de investigación, empleando criterios objetivos que serán actualizados cada cuatro años.

Este fondo se nutrirá con los actuales fondos del  denominado Aporte Fiscal Directo  AFD, el Aporte Fiscal Indirecto AFI y nuevos flujos según se establece en lo que sigue:

A contar del año subsiguiente a la entrada en vigencia de esta ley, los recursos destinados Aporte Fiscal Directo disminuirán anualmente en un monto que será establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año, los que serán redireccionados hacia el Fondo Basal para la Investigación. Adicionalmente la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año, contemplará una cantidad igual adicional para este Fondo. Es decir el Fondo para la Investigación se incrementa en el DOBLE de lo que se reduce el AFD.

No obstante existirá la siguiente garantía:

Durante los primeros 5 años de vigencia del Fondo, el monto que reciba anualmente cada una de las universidades que hoy reciben el Aporte Fiscal Directo, más la suma de los recursos que reciba del referido Fondo para la Investigación, no podrá ser inferior al monto que haya sido asignado a dicha universidad, por concepto de Aporte Fiscal Directo, durante el año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley. Es decir, no podrá existir reducción de recursos para estas Universidades al crearse este nuevo Fondo.

  1. Fondos Concursales:

Continuarán existiendo los fondos competitivos para la investigación y desarrollo (fondos Conicyt).

 

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