El financiamiento de la Educación Superior en el proyecto de ley de Reforma a la Educación Superior

TÍTULO VII. DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo 1º Del financiamiento institucional para la gratuidad.

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Artículo 156.- Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, ya sean estatales o reconocidos oficialmente por el Estado, en este último caso que cumplan con los requisitos señalados en esta ley, recibirán el financiamiento institucional para la gratuidad de conformidad a las condiciones que establece este título.

Artículo 157.- Para optar a este financiamiento institucional para la gratuidad, las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado deberán:

 

  1. Contar con nivel A, B o C, de acuerdo al título II de esta ley.

 

  1. Estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro o cuya personalidad jurídica derive de corporaciones de derecho público u otras entidades de derecho público reconocidas por ley y dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el título V de la presente ley.

 

  1. Estar adscritas, al menos un año antes de la solicitud respectiva, al Sistema Común de Acceso de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 2º del título II de la presente ley.

 

  1. d) Aplicar políticas, previamente autorizadas por la Subsecretaria de Educación Superior, al menos un año antes de la solicitud respectiva, que permitan el acceso equitativo de estudiantes; y contar con programas de apoyo a estudiantes vulnerables que promuevan su retención, fomentando que, al menos, el 20% de la matrícula total de la institución corresponda a estudiantes de hogares pertenecientes a los cuatro primeros deciles de menores ingresos del país.

 

Sin perjuicio de los requisitos establecidos anteriormente, si una institución se encuentra en el caso regulado en el artículo 191, no podrá acceder al financiamiento regulado en el presente título, en el plazo que ahí se señala.

Las instituciones de educación superior estatales accederán a este financiamiento por el solo ministerio de la ley, debiendo dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el presente título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.

Artículo 158.- Las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado que deseen acceder al financiamiento público deberán solicitarlo a la Subsecretaría hasta el 30 de abril de cada año.

 

La Subsecretaría tendrá un plazo de treinta días corridos, contado desde la fecha de la solicitud, para verificar el cumplimiento de los requisitos.

Acogida la solicitud, el financiamiento se otorgará a contar del año siguiente y se entenderá que la institución lo mantiene mientras cumpla con lo dispuesto en el presente título y no manifieste su voluntad en contrario de conformidad al artículo 160. Asimismo la institución será registrada de conformidad a lo dispuesto en la letra q) del artículo 9.

Artículo 159.- La Subsecretaría dispondrá para las instituciones que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad un monto anual en dinero expresado en pesos.

Dicha transferencia utilizará la información del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula, establecidos de conformidad a este título. Asimismo, deberá tener en consideración el volumen de estudiantes de cada institución afecta al artículo 156, considerando la información de a lo menos tres años de aquellos estudiantes matriculados a los que la institución tenga la obligación de otorgar estudios gratuitos de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º, y a lo regulado en el párrafo 4º ambos del presente título.

Artículo 160.- La institución que opte por dejar de recibir el financiamiento de que trata este título deberá comunicarlo a la Subsecretaría de Educación Superior antes del 30 de abril de cada año, lo que se materializará el año siguiente a dicha comunicación.

Con todo, la institución deberá asegurar que las y los estudiantes matriculados con anterioridad a la comunicación a la que alude el inciso anterior, mantengan la misma situación respecto de todos los cobros que les efectúe la institución o su exención, según corresponda, de conformidad a lo dispuesto en el presente título.

La institución de educación superior que comunique la decisión de dejar de percibir el financiamiento, podrá volver a solicitarlo sólo una vez transcurridos diez años contados desde la fecha de la referida comunicación.

Artículo 161.- Las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

 

  1. Regirse por la regulación de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, establecidas en el párrafo 2º y en conformidad al párrafo 5º del presente título.
  1. Regirse por la regulación de vacantes establecida en el párrafo 4º del presente título.
  1. Otorgar estudios gratuitos de conformidad al párrafo 5º de este título.

 

Párrafo 2° De los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación

Artículo 162.- Aquellas instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad se regirán por los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para las carreras o programas de estudio señalados en el artículo 180.

Los valores de los aranceles regulados se determinarán en razón a “grupos de carreras” definidos por la Subsecretaría, los que corresponderán a conjuntos de carreras o programas de estudios que tengan estructuras de costo similares entre sí. Para ello, la Subsecretaría deberá considerar, al menos, los recursos que se requieran para impartirlas en razón de su estructura curricular, si se trata de carreras o programas de estudios profesionales o técnicos de nivel superior, los niveles de acreditación institucional de las instituciones que las imparten, el tamaño de éstas últimas y la región en que se imparte.

Los valores de los derechos básicos de matrícula corresponderán a un valor anual por estudiante, determinado según tipo de institución, es decir, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Por su parte, los valores de los cobros por concepto de titulación o graduación corresponderán a un valor único por estudiante para uno o más grupos de carrera.

Los valores que trata este artículo se establecerán, cada cinco años, mediante resoluciones exentas del Ministerio de Educación, las que deberán ser visadas por el Ministro o Ministra de Hacienda, y publicarse en abril del año anterior al que se aplicarán dichos valores.

Artículo 163.- El arancel regulado deberá dar cuenta del costo de los recursos materiales y humanos que sean necesarios y razonables, de acuerdo a lo previsto en las bases técnicas señaladas en el artículo 164, para impartir una carrera o programa de estudios de los grupos de carreras respectivos.

Dicho arancel deberá considerar tanto los costos anuales directos e indirectos como el costo anualizado de las inversiones en infraestructura.

 

Artículo 164.- La Subsecretaría establecerá, mediante una resolución exenta, visada por el Ministro o Ministra de Hacienda, las bases técnicas para la realización del cálculo de los valores regulados de arancel, cobros por concepto de titulación o graduación para uno o más grupos de carreras y de los derechos básicos de matrícula. Estas bases contendrán el mecanismo de elaboración de los grupos de carreras, las hipótesis, criterios de cálculo, metodologías y procedimientos conforme a los cuales se determinarán los valores que trata este artículo.

Artículo 165.- Para la elaboración de las bases técnicas que trata el artículo anterior, la Subsecretaría deberá presentar a la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles, establecida en el párrafo 3° siguiente (en adelante “la Comisión”) una primera propuesta de dichas bases, tres años después de la publicación de la resolución exenta que determinó, para el último quinquenio vigente, los valores del arancel regulado, los derechos de matrícula y cobros por titulación o graduación para el grupo o los grupos de carreras respectivos. Para la elaboración de la propuesta deberá considerar previamente un proceso de consulta a las instituciones de educación superior respecto a una primera propuesta de bases técnicas.

En este proceso de consulta, las instituciones de educación superior podrán hacer observaciones, las que deberán ser respondidas fundadamente por la Subsecretaría. El fundamento podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

La propuesta presentada a la Comisión deberá adjuntar los antecedentes relacionados con el proceso de consulta señalado en el inciso anterior.

La Comisión deberá pronunciarse respecto de las bases técnicas dentro de tres meses desde la recepción de la propuesta. En el caso que la Comisión realice observaciones a la propuesta, éstas serán enviadas a la Subsecretaria, la que tendrá un plazo de dos meses para remitir una nueva propuesta que considere las modificaciones necesarias o dé respuesta fundada del rechazo de las observaciones.

 

La Comisión deberá pronunciarse respecto de esta nueva propuesta. Este pronunciamiento será vinculante y podrá modificar de manera fundada la proposición de bases técnicas de la Subsecretaria, la que deberá dictar la resolución exenta de conformidad a dicho pronunciamiento.

 

La resolución exenta que establezca las bases técnicas de que trata este artículo podrá entrar en vigencia hasta ocho meses después de la presentación de la propuesta a la que alude el inciso primero.

 

En caso que la Subsecretaría no presente las bases técnicas o que no se cumpla el plazo señalado en el inciso anterior, se aplicarán aquellas que se encuentren vigentes, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa según corresponda.

 

Artículo 166.- En el plazo de nueve meses de aprobadas las bases técnicas por la Comisión, la Subsecretaría deberá presentarle un informe que contenga el cálculo de los valores de los aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de titulación o graduación, de conformidad a las bases técnicas vigentes, así como también las memorias de cálculo que correspondan.

 

La Comisión, dentro de sesenta días corridos contados desde la recepción de dicho informe, se pronunciará al respecto, pudiendo aprobarlo o realizarle observaciones fundadas. Por su parte, la Subsecretaría, dentro de noventa días corridos desde la recepción de dichas observaciones, deberá pronunciarse fundadamente sobre éstas, aprobando o rechazándolas, debiendo dictar la resolución exenta correspondiente.

 

Dichas resoluciones exentas deberán dictarse en el plazo establecido en el inciso cuarto del artículo 162.

 

Artículo 167.- Las resoluciones exentas señaladas en el artículo anterior deberán establecer, al menos, lo siguiente:

 

  1. La definición del o los grupos de carreras que se hubieren determinado, debiendo explicitar las carreras o programas de estudios que se incluyan en cada grupo.

 

  1. Los valores de los aranceles regulados y cobros por concepto de titulación o graduación expresados en pesos por estudiante para cada grupo de carreras señalados en la letra a).

 

  1. Los valores de derechos básicos de matrícula, expresados en pesos por estudiante, salvo que exista una resolución exenta vigente que determine dicho valor, sin perjuicio del nuevo cálculo que corresponda cada cinco años, así como de los reajustes que establece esta ley.

 

Artículo 168.- La Subsecretaría actualizará en octubre de cada año, mediante una nueva resolución exenta, los valores establecidos en las resoluciones que trata el artículo 166, de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, en los doce meses anteriores al mes de septiembre del año en que se dicta la resolución. Este reajuste aplicará para los aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación de todas las y los estudiantes matriculados en la institución respectiva.

 

Asimismo, en dicha resolución se deberá incorporar una nómina de las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad, indicando el nivel de acreditación institucional vigente para dicho año, debiendo considerar para ello el nivel de acreditación institucional del mes inmediatamente anterior a la fecha de dictación de la resolución.

 

En caso de que el nivel de acreditación institucional cambie durante la vigencia de la resolución regulada en este artículo, el nuevo nivel deberá considerarse en la resolución para el año siguiente.

 

Artículo 169.- Las normas de los capítulos IV y V de la ley N° 19.880, no se aplicarán a lo dispuesto en el presente párrafo.

 

Párrafo 3º De la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles

 

Artículo 170.- Créase una Comisión de Expertos para la regulación de aranceles, de carácter permanente. Corresponderá a la Comisión:

 

  1. Aprobar o modificar fundadamente las bases técnicas para el cálculo de los valores de aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, presentadas por la Subsecretaría, de conformidad al artículo 165.

 

  1. Aprobar u observar fundadamente y de conformidad a las bases técnicas vigentes, el cálculo de los valores de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación propuestos por la Subsecretaría de conformidad a lo dispuesto en el artículo 166.

 

  1. Emitir informes sobre otros requerimientos de opinión o asesoría técnica solicitados por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría.

 

  1. d) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

 

Para el cumplimiento de las funciones de la Comisión, la Subsecretaría deberá remitirle la información que le sea solicitada.

 

Artículo 171.- La Comisión estará integrada por siete profesionales nacionales o extranjeros, de amplia trayectoria profesional o académica, que acrediten al menos diez años de experiencia laboral o profesional, y dominio y experiencia laboral mínima de cinco años en materias económicas o jurídicas de regulación económica de servicios públicos, o en gestión de educación superior en el subsistema universitario o técnico profesional.

 

La integración de la Comisión deberá reunir experiencias profesionales o laborales, tanto del subsistema universitario como técnico profesional, así como experiencias regionales, distintas a la Región Metropolitana, y promover la paridad de género.

 

Las y los integrantes de la Comisión serán seleccionados por el Consejo de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882, mediante concurso público de antecedentes, fundado en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias. En el marco del concurso, dicho Consejo deberá constatar la idoneidad de los profesionales elegidos y la ausencia de incompatibilidades e inhabilidades que les afecten. El concurso deberá cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley, y desarrollarse en un plazo máximo de noventa días. Para ello, la Subsecretaría propondrá al Consejo de Alta Dirección Pública perfiles profesionales, y de competencias y aptitudes.

 

El nombramiento de las y los seleccionados se efectuará mediante resolución del Ministerio de Educación.

 

Las y los integrantes de la Comisión permanecerán en sus cargos seis años. Podrán ser designados para un nuevo período, debiendo para ello presentarse al concurso público correspondiente.

 

La renovación de los integrantes de la Comisión se efectuará por parcialidades, las que como máximo podrán considerar dos miembros. Las designaciones serán efectuadas en listas únicas por el Consejo de Alta Dirección Pública, con acuerdo de cuatro quintos de sus integrantes.

 

Artículo 172.- No podrán ser nombrados integrantes de la Comisión:

 

  1. a) Las personas que ejerzan funciones directivas de una institución de educación superior, de conformidad al artículo 133.

 

  1. b) Los miembros, asociados o fundadores; o socios o propietarios, según corresponda, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de una institución de educación superior.

 

  1. c) Los cónyuges, convivientes civiles y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras anteriores.

 

  1. d) Los funcionarios o funcionarias públicos, con excepción de aquellos que posean dicha calidad en razón de ejercer labores académicas en las instituciones de educación superior estatales. Así también, quienes detenten convenios de honorarios en Ministerios u otros servicios públicos.

 

Las personas que al momento de su nombramiento se encuentren en cualquiera de las condiciones señaladas en el inciso anterior deberán renunciar a ellas para poder ser nombrados en el cargo.

 

Las incompatibilidades señaladas en las letras a), b) y c) del inciso primero de este artículo se mantendrán hasta por un año después de terminado el período del integrante.

 

Asimismo, no podrán ser nombrados integrantes de la Comisión quienes hubieren sido removidos de su cargo de conformidad a lo establecido en las letras c), d) y e) del artículo 175 de esta ley.

 

Artículo 173.- El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría, financiará los gastos de administración y funcionamiento de la Comisión así como también el monto de los honorarios de sus integrantes, incluyéndolos en las partidas correspondientes de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Asimismo, la Subsecretaría deberá coordinar y ejecutar las actividades necesarias para la administración de gastos y el funcionamiento de la Comisión, brindándole asistencia administrativa.

 

Los honorarios mensuales de cada integrante corresponderán a diez unidades tributarias mensuales, por cada sesión, con un tope total mensual de cien unidades tributarias mensuales.

 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá encomendar estudios para materias específicas y debidamente fundadas, los que serán financiados por la Subsecretaría, de acuerdo a lo aprobado en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

 

Artículo 174.- La Comisión elegirá de entre sus integrantes a quien la presidirá por los siguientes tres años o hasta que expire su cargo, lo que ocurra primero.

 

El quórum mínimo para sesionar será de cuatro integrantes y los acuerdos se adoptarán por simple mayoría, decidiendo el voto del Presidente o Presidenta en caso de empate.

 

De los acuerdos de la Comisión se dejará constancia en los libros de actas respectivos y en las resoluciones que se emitan.

 

Artículo 175.- Serán causales de cesación en el cargo de integrante de la Comisión:

 

  1. Expiración del plazo por el que fueron designados.

 

  1. Renuncia voluntaria aceptada por el Ministro o Ministra de Educación.

 

  1. Incapacidad legal sobreviniente.

 

  1. Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

 

  1. Faltas graves al cumplimiento de las obligaciones como como integrante de la Comisión de Expertos. Se entenderán faltas graves:
  2. i) Inasistencia injustificada a dos sesiones consecutivas o a cuatro sesiones en un semestre calendario.
  3. ii) No guardar la debida reserva respecto de la información recibida en el ejercicio de su cargo que no haya sido divulgada oficialmente.

 

Artículo 176.- Los integrantes de la Comisión no tendrán carácter de personal de la Administración del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, les serán aplicables las normas sobre responsabilidad administrativa y probidad contenidas en el título III del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el título II del capítulo I de la ley N° 20.880, y las previstas en el título V del Código Penal sobre delitos de los empleados públicos, considerándoseles, por consiguiente, comprendidos en el artículo 260 del referido Código.

 

Artículo 177.- Respecto de las resoluciones de la Comisión de Expertos no procederá ninguna clase de recursos, jurisdiccionales o administrativos, de naturaleza ordinaria o extraordinaria.

Párrafo 4º Regulación de las vacantes de las instituciones de educación superior

 

Artículo 178.- La Subsecretaría, mediante resolución, que deberá llevar la firma del Ministro o Ministra de Hacienda y que deberá dictarse a más tardar el 30 de abril del año anterior al que se aplique la regulación, determinará las vacantes máximas de estudiantes de primer año para instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, para aquellas carreras o programas de estudio señalados en el artículo 180.

 

Dicha resolución considerará, entre otras, las siguientes variables:

 

  1. El nivel de acreditación institucional.
  2. El tipo de institución, ya sea universidad, instituto profesional o centro de formación técnica.
  3. La cobertura regional de la educación superior.

 

Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, la Subsecretaría deberá considerar antecedentes tales como la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, regulada en el artículo 20, así como otras estrategias y políticas relevantes para los subsistemas universitario y técnico profesional.

 

 

Párrafo 5º Del deber de otorgar estudios gratuitos y cobros regulados

 

Artículo 179.- Las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional que trata este título deberán otorgar estudios gratuitos a las y los estudiantes que, de acuerdo a la condición socioeconómica que la ley disponga, cumplan los siguientes requisitos:

 

  1. Ser chileno o chilena; extranjero o extranjera con permanencia definitiva; o extranjero o extranjera con residencia, y respecto a éste último caso, que haya cursado la enseñanza media completa en Chile.

 

  1. No poseer un título técnico de nivel superior, ni un título profesional o una licenciatura; ni un título o grado académico reconocido o revalidado en Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 185 de esta ley.

 

Se entenderá que cumplen este requisito, las y los estudiantes que hayan obtenido una licenciatura en carreras o programas de estudio conducentes a un título profesional, mientras no obtengan este último.

 

  1. Estar matriculado en alguna de las carreras o programas de estudio señalados en el artículo 180.

 

Artículo 180.- Para efectos de esta ley, se entenderá que la institución de educación superior cumple con otorgar estudios gratuitos si exime a las y los estudiantes que cumplen los requisitos señalados en el artículo anterior, de cualquier pago asociado a arancel y a derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación, respecto de aquellas carreras y programas de estudio presenciales conducentes a los títulos y grados señalados en las letras a), b) y c) del artículo 54 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación. En caso que dichas carreras o programas de estudio sean impartidas en modalidad semipresencial, su financiamiento deberá ser autorizado por resolución de la Subsecretaría de Educación Superior, de conformidad a criterios objetivos establecidos en el reglamento respectivo.

 

En lo relativo a los cobros por concepto de titulación o graduación, las instituciones de educación superior sólo podrán cobrar como máximo aquel valor definido de conformidad al párrafo 2º de este título.

 

Artículo 181.- La obligación de otorgar estudios gratuitos de que trata este párrafo, será exigible respecto de aquellos estudiantes que permanezcan matriculados en la respectiva carrera o programa de estudio por un tiempo que no exceda la duración nominal de éstas.

 

La duración nominal de la carrera o programa de estudio corresponderá al tiempo de duración del plan de estudios, y los procesos asociados a la titulación o graduación de las y los estudiantes. Dicha duración nominal será informada por las instituciones de educación superior de conformidad a las normas vigentes.

 

Para el caso de los programas de formación inicial general, tales como bachilleratos u otros equivalentes de conformidad a las normas vigentes, su duración nominal se deberá entender incorporada a aquella de la carrera o programa de estudios en que prosiga el o la estudiante.

 

Artículo 182.- Tanto para los efectos del cálculo de la permanencia de un estudiante señalada en el artículo anterior, como para aquella a la que se refiere el artículo 184, no se considerará el tiempo en el cual el o la estudiante suspenda justificadamente sus estudios, siempre que dicha suspensión se realice y sea notificada a la Subsecretaría según lo disponga el reglamento.

 

Artículo 183.- En caso de cambios de carreras o programas de estudio dentro de una institución de educación superior o entre instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional, las instituciones de educación superior mantendrán su obligación de otorgar estudios gratuitos a aquellos que cumplan lo dispuesto en el artículo 179 sólo respecto del cambio de la primera carrera o programa de estudios gratuito a otra.

 

Para la determinación de la duración de dicha obligación, se considerará la duración nominal de la carrera o programa de estudio en curso, descontándosele el total del tiempo que el o la estudiante haya cursado de forma gratuita en la anterior carrera o programa de estudio.

 

Artículo 184.- En caso que la permanencia de un estudiante que cumple con los requisitos para acceder a estudios gratuitos en una institución de educación superior que recibe el financiamiento institucional exceda el plazo de la obligación de otorgar estudios gratuitos de conformidad a lo dispuesto en este párrafo, la institución podrá cobrar a dicho estudiante de conformidad a lo dispuesto a continuación:

 

  1. a) En caso que el tiempo de permanencia exceda hasta un año sobre el plazo de la obligación de la institución, ésta solo podrá cobrar al estudiante hasta el 50% del valor de la suma del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula correspondientes al período adicional a dicho plazo.

 

  1. b) Si el tiempo de permanencia excede más de un año sobre el plazo de la obligación de la institución, ésta podrá cobrar al estudiante hasta el total del valor de la suma del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula correspondientes al período adicional al señalado en la letra a).

 

La determinación del porcentaje de cobro lo realizará la institución de educación superior en la cual el o la estudiante se encuentre matriculado, de conformidad a los límites máximos señalados en el inciso anterior.

 

Artículo 185.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 179, las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad deberán otorgar estudios gratuitos a aquellos estudiantes que cumplan con lo dispuesto en las letras a) y c) de dicho artículo, y que posean un título técnico de nivel superior otorgado por instituciones de educación superior estatales o reconocidas oficialmente por el Estado, para cursar una segunda carrera o programa de estudios cuya finalidad sea la obtención de un título profesional o grado académico de licenciado impartido por una institución que reciba dicho financiamiento.

 

Para la determinación de la duración de los estudios gratuitos, se considerará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 183.

 

Asimismo, dichas instituciones deberán otorgar estudios gratuitos a las y los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en las letras a) y c) del artículo señalado en el inciso primero y que posean el grado de licenciado o licenciada otorgado por instituciones de educación superior estatales o reconocidas oficialmente por el Estado, para cursar un módulo de licenciatura conducente a título pedagógico otorgado por una institución que reciba el financiamiento institucional cuya duración no exceda de cuatro semestres. Para este caso, no le será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo.

 

Artículo 186.- Las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, podrán cobrar como máximo a aquellos estudiantes que cumplan solo lo dispuesto en las letras a) y c) del artículo 179, el arancel regulado, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación fijados para la carrera o programa de estudio respectivo de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 2º, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 185.

 

Los nuevos valores establecidos en las resoluciones exentas señaladas en el artículo 166, serán aplicables a las y los nuevos estudiantes matriculados el año en que se inicia la vigencia de la resolución respectiva.

 

Respecto de aquellos estudiantes que no cumplan lo dispuesto en la letra a) del artículo 179 o aquellos matriculados en carreras o programas de estudios conducentes a título técnico de nivel superior, título profesional o licenciatura en modalidad a distancia o semipresenciales que, en este último caso, no hayan sido autorizadas por la Subsecretaría, no aplicará el límite dispuesto en el inciso anterior.

 

Párrafo 6º Fondos para las instituciones de educación superior

 

Artículo 187.- La Ley de Presupuestos del Sector Público considerará recursos para un fondo de desarrollo y mejora de las funciones de investigación y creación artística de aquellas universidades que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad de la presente ley.

La distribución de dichos recursos se realizará considerando el desempeño de éstas, medido a través de indicadores de investigación, creación artística e innovación.

Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá llevar la firma del Ministro o Ministra de Hacienda, determinará los indicadores a utilizar, su periodicidad y la ponderación de éstos para el cálculo del desempeño. Dichos indicadores se podrán modificar por parcialidades, cada cuatro años.

 

Artículo 188.- Créase un fondo, adicional al definido en el artículo anterior, para las instituciones de educación superior estatales, cuyo objeto es el cumplimiento de las normas, principios y responsabilidades que les son propias, señaladas en el título VI de esta ley. Este fondo contribuirá al cumplimiento de compromisos acordados entre cada institución estatal y el Estado, que sean necesarios para el desarrollo de país y sus regiones y al fortalecimiento institucional, mediante el financiamiento de acciones asociadas al mejoramiento de la calidad. Este fondo considerará al menos los recursos del Convenio Marco de las universidades estatales establecido en la ley Nº 20.882.

Para acceder al financiamiento referido en el inciso anterior, las instituciones de educación superior estatales deberán dar estricto cumplimiento a las normas establecidas en el párrafo 2° del título VI de la presente ley.

El monto total de este Fondo, será fijado anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

Un reglamento del Ministerio de Educación, que será firmado por el Ministro o Ministra de Hacienda, regulará las materias establecidas en el presente artículo.

 

Párrafo 7º Infracciones y sanciones a este título

Artículo 189.- La Superintendencia de Educación Superior fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en el presente título, de conformidad a lo dispuesto en los artículos siguientes, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Subsecretaría de Educación Superior.

 

Artículo 190.- Sin perjuicio de las demás infracciones que la ley establezca, el incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras c) y d) del artículo 157 se considerarán infracciones graves.

 

Por su parte, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 161 de la presente ley se considerarán infracciones gravísimas.

 

Con todo, la Superintendencia podrá, atendida la gravedad y las consecuencias del hecho o la existencia de infracciones reiteradas a esta regulación, resolver la pérdida del financiamiento público regulado en el presente título solicitando a la Subsecretaría de Educación Superior que decrete dicha medida, a partir del año siguiente a la fecha en que se verifique la infracción. Se entenderá, para estos efectos, que son infracciones reiteradas cuando se hayan cometido dos o más de ellas en los últimos tres años.

 

Además, la Superintendencia podrá establecer devoluciones de dinero a favor de las y los estudiantes, así como también otras medidas correctivas. El cumplimiento de estas medidas se considerará como una circunstancia atenuante de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122.

 

Las instituciones de educación superior que sean sancionadas de conformidad a lo dispuesto en el presente artículo, deberán asegurar que aquellos estudiantes matriculados con anterioridad a la verificación de la infracción, mantengan la misma situación respecto de los cobros que efectúe la institución o su exención, de conformidad a lo dispuesto en el presente título.

 

En caso del incumplimiento de la letra a) del artículo 157 se requerirá únicamente la notificación que realice el Consejo para la Calidad de la Educación Superior a la Subsecretaría respecto de la no acreditación de la institución para que ésta determine la pérdida del financiamiento público regulado en este título. Dicha sanción se aplicará considerando lo dispuesto en el inciso anterior. Si la institución obtiene una acreditación institucional condicional se estará a lo dispuesto en el artículo 56.

 

En caso que se disponga la pérdida del financiamiento público regulado en este título de conformidad a este artículo, la institución sancionada sólo solicitar nuevamente el acceso a dicho financiamiento, diez años después de la determinación de la infracción. Con todo, este plazo no regirá para el caso regulado en el inciso anterior.

 

Artículo 191.- Si una institución que recibe el financiamiento público regulado en el presente título, es sancionada por infracciones graves o gravísimas cinco o más veces dentro de tres años, el Superintendente deberá establecer la pérdida de dicho financiamiento.

 

En este caso, la institución sancionada sólo podrá solicitar el acceso al financiamiento público regulado en el presente título, diez años después de la determinación de la infracción.

Artículo 192.- El Estado transferirá recursos públicos a las instituciones que dejen de recibir el financiamiento institucional para la gratuidad, respecto de aquellos estudiantes que cursaban sus estudios de forma gratuita, con anterioridad a la comunicación regulada en el artículo 160 o a la determinación de la pérdida del financiamiento público regulado en el presente título, mientras éstos mantengan los requisitos y condiciones regulados en el presente título.

 

Artículo 193.- Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá llevar la firma del Ministro o Ministra de Hacienda, regulará las materias y procedimientos necesarios para la aplicación del presente título.

 

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