Descripción del contenido del proyecto de ley de Reforma a la Educación Superior

  1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

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Los cambios que se proponen al H. Congreso Nacional se materializarán mediante la dictación de una nueva ley que regulará la Educación Superior, así como la modificación a diversos cuerpos legales.

El presente proyecto consta de ocho títulos permanentes que establecerán el nuevo marco regulatorio e institucional que regirá a la educación superior a fin de alcanzar los objetivos de la Reforma Educacional.

  1. Sistema de Educación Superior

Se propone la creación de un Sistema de Educación Superior, que estará integrado por las instituciones de educación superior y por el conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en dicho ámbito. Este Sistema cuenta con principios propios que lo orientan, complementarios a aquellos en que se inspira el sistema educacional chileno.

Adicionalmente, el proyecto de ley define las instituciones de educación superior: centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades.

  1. La Subsecretaría de Educación Superior

El proyecto de ley contempla la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, como un órgano administrativo de colaboración directa del Ministro o Ministra de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas para la educación superior, tanto en el ámbito universitario como en el técnico profesional.

Se crea un Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior, administrado por la referida Subsecretaría y obligatorio para las instituciones de educación superior que reciban fondos públicos. Este Sistema de acceso permitirá contar con información objetiva y transparente sobre los procesos de postulación, selección y admisión de estudiantes, el que considerará la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias previas de las y los estudiantes.

Finalmente, se establece que esta Subsecretaría administrará un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior que contendrá información de los estudiantes y las instituciones de educación superior, lo que permitirá la elaboración de políticas públicas y dotará de mayor transparencia al Sistema de Educación Superior.

  1. Fomento de la formación técnico profesional

Se establece que cada cinco años se elaborará, a través de un Consejo Asesor con integración público-privada, la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, que orientará el desarrollo e implementación de las políticas públicas que se definan para el sector.

Adicionalmente se crea, en el Ministerio de Educación, una unidad de coordinación de Formación Técnico Profesional.

  1. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

Se establece el Sistema de Aseguramiento de la Calidad integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo para la Calidad y la Superintendencia de Educación Superior.

Se crea el Consejo para la Calidad de la Educación Superior como un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que sustituye a la actual Comisión Nacional de Acreditación, cuyo objeto principal será administrar y resolver los procesos de acreditación institucional. El Consejo cuenta con un órgano superior, denominado “Directorio”, que será presidido por el Jefe Superior del Servicio.

El proyecto contempla una nueva acreditación institucional, la que será obligatoria para las instituciones de educación superior autónomas. Esta nueva acreditación consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de los estándares de calidad para cada nivel, fijados por el Ministerio de Educación, en conjunto con el Consejo para la Calidad y el Consejo Nacional de Educación.

Además, se mantiene la acreditación obligatoria de las carreras y programas conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Pedagogías y se establece la acreditación obligatoria de los programas de doctorados.

  1. La Superintendencia de Educación Superior

El proyecto crea la Superintendencia de Educación Superior como un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objeto es la fiscalización y supervigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la educación superior, la legalidad del uso de los recursos y la supervisión de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior.

Asimismo, se regula un procedimiento administrativo sancionador que permite resguardar el interés público comprometido en el actuar de la Superintendencia, a través de un debido proceso. El procedimiento podrá finalizar imponiendo sanciones ante las infracciones, las que serán proporcionalmente graduadas.

  1. Regulaciones de las Instituciones de Educación Superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro

El proyecto de ley contempla regulaciones de las Instituciones de Educación Superior que se organicen como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Se establece la exigencia de que sus controladores, miembros asociados sólo sean personas naturales o personas jurídicas sin fines de lucro.

Adicionalmente, se les exige contar con un órgano de administración superior, cuyos integrantes cuentan con claros deberes y son responsables civil y penalmente.

Asimismo se les impone la obligación de destinar sus recursos y reinvertir sus excedentes en la consecución de sus fines y en la mejora de la calidad de la educación que brindan. Además se incorporan prohibiciones y regulaciones estrictas a las operaciones con personas relacionadas a institución de educación superior, a fin de resguardar la obligación antes señalada.

  1. Régimen de la Educación Superior Estatal

En el proyecto e ley se hace explícito el reconocimiento al rol de las instituciones estatales en el Sistema de Educación Superior, definiendo su misión y responsabilidades.

Para ello, se propone el establecimiento de una Red con las instituciones de educación superior estatal, coordinada por la Subsecretaría de Educación Superior, que se constituirá en una instancia de articulación de dichas instituciones.

Además, el proyecto establece normas que contribuirán a flexibilizar los procesos internos de dichas instituciones. Asimismo, se regulan sus órganos de administración y gestión (Rector o Rectora, Consejo Directivo y un órgano colegiado de carácter normativo).

  1. Del Financiamiento Público de la Educación Superior

El proyecto de ley propuesto establece la gratuidad para los estudiantes de sus estudios de pregrado mediante el financiamiento público a las instituciones de educación superior que cumplan ciertos requisitos y obligaciones.

Las instituciones de educación superior que accedan a esta modalidad de financiamiento institucional deberán otorgar estudios gratuitos a aquellos estudiantes que cumplan las condiciones señaladas en la ley. Asimismo, todos sus estudiantes estarán sujetos a las normas de aranceles regulados. Los valores de estos aranceles los determinará la Subsecretaría de Educación Superior mediante un procedimiento especial en el que participará una Comisión de Expertos.

Adicionalmente, el proyecto de ley establece la modalidad de financiamiento de las funciones de investigación y creación artística para aquellas universidades que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad.

Finalmente, el proyecto de ley incluye la creación de un fondo de las instituciones de educación superior estatales, para que cumplan con las obligaciones que les son propias y para su fortalecimiento institucional.

  1. Modificaciones a otras normas

Para adecuar el régimen legal vigente a la reforma propuesta, resulta necesario modificar diversos cuerpos legales, de esta forma:

  1. Se modifica la ley N° 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación Pública.
  2. Se modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, que establece la Ley General de Educación, adecuando sus disposiciones a la nueva Ley de Educación Superior.
  3. Se derogan los decretos con fuerza de ley N° 1, de 1980, que fija normas sobre universidades; N° 5, que fija normas sobre Institutos Profesionales, y 24, que fija normas sobre Centros de Formación Técnica, ambos de 1981, todos del Ministerio de Educación.
  4. Se modifica la ley N° 20.800 que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.
  5. Se modifica el decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación que fija normas sobre financiamiento de las universidades.
  6. Se deroga la ley N° 20.129 que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
  7. Regulación de la transición.

El proyecto de ley establece plazos para la dictación de las normas que regulan las nuevas instituciones creadas: la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior y el Consejo para la Calidad.

Además, se establece la entrada en vigencia del Sistema Común de Acceso, así como también los procesos y plazos para el cumplimiento de las normas aplicables a las instituciones de educación superior de derecho privado sin fines de lucro.

Adicionalmente se fijan los plazos para que entre en vigencia el nuevo proceso de acreditación obligatoria y la vigencia de las actuales acreditaciones, y los procesos para establecer los nuevos criterios y estándares de calidad.

Es importante destacar que en este proyecto de ley define la transición del financiamiento institucional para la gratuidad, así como la transición de las condiciones a cumplir por las instituciones. Además se señalará el avance en la cobertura de acuerdo a la condición socioeconómica de los estudiantes, iniciándose con los cinco deciles de menores ingresos pasando al sexto decil el año 2018 y avanzado los demás deciles según la disponibilidad de recursos en función de los ingresos fiscales estructurales. También se establece la regulación del arancel para aquellos estudiantes que no cumplan la condición socioeconómica y se matriculen en instituciones adscritas a gratuidad.

Del mismo modo, se define el proceso para calcular los aranceles regulados y también del plazo para el inicio y la determinación de los recursos de los fondos para el financiamiento de las funciones de investigación de las universidades que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad y el fondo para las instituciones de educación superior.

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