Manifiesto: Puentes hacia la nueva Constitución

Manifiesto: Puentes hacia la nueva constitución

Una constitución no es un texto. En rigor no es siquiera una norma jurídica más. Es la configuración del poder. La constitución es la forma del poder.

Al afirmar que el pueblo es el titular del poder constituyente, la tradición democrática afirma que la configuración del poder no es natural ni tradicional. Es algo que nosotros podemos discutir y decidir mirando nuestro interés y el interés de todos. En eso consiste el proceso constituyente. El Proyecto Puentes nace para contribuir a dicho proceso.

En general, la ciudadanía ha entendido mejor que la academia y los políticos el problema constitucional. Aun si carecen del conocimiento del especialista, ciudadanas y ciudadanos creen que Chile necesita una nueva constitución. Los “expertos” se apresuran a descalificar esa opinión ciudadana, precisamente apelando al hecho de que no conocen el texto. Pero como la constitución no es el texto sino la configuración del poder, y por eso es la manera en que convivimos, la ciudadanía identifica correctamente el problema. Al exigir un cambio constitucional comprende que el conflicto actual se encuentra en dicha configuración del poder. Es un poder que está hecho para dar cuenta de los intereses de poderes fácticos, administrado por algo que cada vez más actúa como una clase, con sus propios intereses y necesidades de clase, y que por eso la ciudadanía ha comenzado a llamar la “clase política”.

Chile necesita una nueva constitución no porque necesite un nuevo texto, sino porque necesita un poder democráticamente configurado, un poder que se deba al pueblo, reconociendo su carácter plural y colectivo. La constitución bajo la cual vivimos ha puesto la política al servicio de intereses particulares, de los que tienen recursos para comprar acceso al poder o de la clase misma que lo maneja. Esta transformación es la nueva constitución.

Ahora bien, la nueva constitución no puede ser un conjunto de soluciones teóricas que se funde solo en el entusiasmo de sus proponentes. Por el contrario, es necesario que la discusión ciudadana sobre la nueva constitución sea lo más situada posible, y para eso es importante entender que la constitución democrática del poder no es una teoría sino una práctica, no es una forma estática sino una cuestión de desarrollo político. Y tenemos en esto una historia de la que podemos enorgullecernos. La constitución de 1925, que tampoco era sólo un texto, fue el resultado de décadas de desarrollo político, los cuales generaron una creciente ampliación y profundización del principio democrático. La discusión constituyente actual debe conectarse con ese proceso político, pasando por arriba de la distorsión que la dictadura militar produjo en nuestro desarrollo político y constitucional, y proyectarse hasta hoy.

Es importante tener presente de dónde surge la constitución bajo la cual hemos vivido las últimas décadas. Ella fue el resultado de una interpretación unilateral y antidemocrática de nuestra tradición constitucional, realizada con la completa parcialidad que permitió la victoria militar. Es cierto que desde 1989 el texto ha sido modificado. Pero la condición de cada modificación siempre ha sido el acuerdo de quienes impusieron unilateralmente sus términos. Por eso sigue siendo una constitución que no puede ser reconocida por todos como nuestra. Es y seguirá siendo la constitución de ellos: de los vencedores del 11 de septiembre de 1973.

Si la constitución de 1980 descansa en una interpretación antidemocrática de nuestra tradición constitucional, la nueva constitución debe dar vuelta las cosas y, recurriendo a la misma tradición, recuperar de ella su mejor interpretación, conectándola con la realidad actual. La nueva constitución no podrá ser un ejercicio puramente teórico, en que especialistas imaginan las mejores reglas posibles, o importan desde otros países las de su preferencia. La constitución debe dar cuenta de la historia política de Chile. Al intentar hacer eso, sin embargo, nos encontraremos con que nuestra historia política no es unívoca. En efecto, ella es en parte el desarrollo y profundización del principio democrático; pero es también el intento de atenazarlo y domesticarlo, liderado, como lo dijo Allende el 11 de septiembre, por ese “sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios”.

Nos dirán que recordar lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 es volver sobre un pasado que nos divide, cuando hoy hay que mirar al futuro. Pero eso lo dicen quienes no pueden o no quieren entender el problema, precisamente porque se han visto favorecidos por la actual configuración del poder. El problema constitucional es, todavía hoy, el 11 de septiembre de 1973 y sus consecuencias constitucionales posteriores.

El proceso de discusión constituyente necesitará distinguir estas dos dimensiones de nuestra historia política. El proyecto Puentes nace como el aporte de un grupo de académicos y académicas que quieren poner su conocimiento y formación en derecho y otras disciplinas al servicio de esta reflexión: la de identificar qué parte de nuestra tradición constitucional es la profundización del principio democrático, separarla de la parte en que ella es esclava de la dominación y el abuso, y construir una nueva constitución para que, en el momento que nos toca vivir, continúe la primera historia e interrumpa la segunda.

Por eso, este proyecto quiere ser un puente en dos sentidos.

Primero, quiere ser un puente entre nuestra tradición constitucional, leída para destacar e identificar lo mejor de ella, y el momento actual, en que necesitaremos discutir sobre la nueva constitución, sobre la nueva forma del poder. Este es un puente que pretende pasar por arriba de la distorsión antidemocrática que representa la constitución de 1980. Esto no quiere decir que todas y cada una de las decisiones contenidas en la constitución de 1980 deban ser ignoradas. Algunas de ellas podrán ser rescatadas como continuadoras del desarrollo democrático de la tradición anterior, otras no. Contribuir a una revisión como esta es parte importante del sentido del Proyecto Puentes. Es la finalidad de la constitución de 1980 la que debe ser purgada por completo: la finalidad de una constitución es constituir el poder democrático y permitir su despliegue respetuoso de los derechos de todos y todas, no limitar y neutralizar.

En segundo lugar, quiere ser un puente entre el conocimiento experto que se maneja en la academia y el que maneja la ciudadanía, que identifica correctamente el problema constitucional. Demasiadas veces hemos oído que las cuestiones constitucionales deben ser dejadas a los especialistas, porque el pueblo no sabe derecho constitucional. Esto es, en lo que importa para la comprensión de la configuración del poder, falso, como lo demuestra el hecho ya observado de que la ciudadanía fue capaz de entender lo que los profesores y políticos no fueron capaces de ver: que el problema constitucional no había sido solucionado en 2005. Puentes surge para poner a disposición de la ciudadanía, en la medida en que sea necesario para el proceso constituyente, el análisis del poder, de las instituciones políticas, de la historia y el lenguaje y las categorías académicas del derecho y la teoría constitucional. Así queremos hacer una contribución a dar contenido a la discusión constituyente.

El Proyecto Puentes es un esfuerzo colectivo, no individual. Y situado, no puramente teórico. Se trata de un proyecto político y no puramente académico. Lo que pretendemos no es escribir un libro con un conjunto de propuestas académicas, sino contribuir a una discusión que nos permita darnos una nueva constitución que podamos reconocer y vivir como nuestra, mediante lo que en la teoría y en la práctica constitucional democrática ha sido el método privilegiado, el de la asamblea constituyente.

Abril de 2016

Daniela Accatino

Doctora en derecho (Universidad de Granada)

Profesora de derecho, Universidad Austral de Chile

Amaya Alvez

Doctora en derecho (York University)

Profesora de derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Concepción

Fernando Atria

Doctor en derecho (University of Edinburgh)

Profesor de derecho, Universidad de Chile

Jaime Bassa

Doctor en derecho (Universidad de Barcelona)

Profesor de derecho, Universidad de Valparaíso

Rodrigo Bustos Bottai

Doctor en derecho (Universidad de Salamanca)

Profesor de derecho, Universidad Diego Portales

Cecilia Bustos Ibarra

Doctora en sociología (Universidad Autónoma de Barcelona) Académica Depto. Trabajo Social, Universidad de Concepción

Flavia Carbonell

Doctora en derecho (Universidad Carlos III)

Profesora de derecho, Universidad de Chile

Alberto Coddou

Magister en derecho (New York University)

Profesor de derecho, Universidad Diego Portales

Jorge Contesse

Doctor en derecho (Yale University)

Profesor de derecho, Rutgers University

Pablo Contreras

Magíster en derecho (Northwestern University)

Profesor de derecho, Universidad Alberto Hurtado

John Charney

Doctor en derecho (King’s College London)

Profesor de derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso

Eduardo Chia

Investigador, Instituto Igualdad

Juan Carlos Ferrada

Doctor en derecho (Universidad Carlos III)

Profesor de derecho, Universidad de Valparaíso

Claudio Fuentes

Doctor en ciencia política (University of North Carolina) Profesor de ciencia política, Universidad Diego Portales

Nicolás Fuster

Doctor en ciencias sociales (Universidad de Deusto)

Profesor de sociología, Universidad de Valparaíso

Ximena Gauche

Doctora en derecho (Universidad Autónoma de Madrid)

Profesora de derecho, Universidad de Concepción

Nicolás Grau

Doctor en economía (Universidad de Pennsylvania)

Profesor del Departamento de economía, Universidad de Chile

Matías Guiloff

Doctor en derecho (Universidad de Arizona)

Profesor de derecho, Universidad Diego Portales

Claudia Heiss

Doctora en ciencia política (New School for Social Research) Profesora de ciencia política, Universidad de Chile

Raúl Letelier

Doctor en derecho (Universidad Carlos III)

Profesor de derecho, Universidad de Chile

Domingo Lovera

Magíster en derecho (Columbia University)

Profesor de derecho, Universidad Diego Portales

Pablo Marshall

Doctor en derecho (University of Glasgow)

Profesor de derecho, Universidad Austral de Chile

Daniela Marzi

Doctora en derecho (Universidad Autónoma de Madrid)

Profesora de derecho, Universidad de Valparaíso

Salvador Millaleo

Doctor en sociología (Universidad de Bielefeld)

Profesor de derecho, Universidad de Chile

Fernando Muñoz

Doctor en derecho (Universidad de Yale)

Profesor de derecho, Universidad Austral de Chile

Carlos Muñoz

Profesor, Facultad de educación, Universidad de Concepción.

Flavio Quezada

Magíster en derecho (Universidad de Chile)

Profesor de derecho, Universidad de Valparaíso. Investigador Instituto Igualdad

Ernesto Riffo

Profesor de derecho, Universidad Católica Silva Henríquez

Francisco Saffie

Doctor en derecho (Universidad de Edimburgo)

Profesor de derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

Constanza Salgado

Magíster en derecho (Universidad Católica de Chile) Profesora de derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

Claudia Sanhueza

Doctora en economía (Universidad de Cambridge) Profesora de políticas públicas, Universidad Diego Portales

Nicole Selamé

Doctora en derecho (Universidad Pompeu Fabra) Profesora de derecho, Universidad de Valparaíso

José Luis Ugarte

Doctor en derecho (Universidad de Salamanca) Profesor de derecho, Universidad Diego Portales

Christian Viera

Doctor en derecho (Universidad de Deusto) Profesor de derecho, Universidad de Valparaíso

Yanira Zúñiga

Doctora en derecho (Universidad Carlos III) Profesora de derecho, Universidad Austral de Chile

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