Control preventivo de identidad y ciudadanía

La aprobación de una indicación, propuesta por el senador del PPD Felipe Harboe en su actual trámite en el Senado, para instalar el control preventivo de identidad en los actuales procedimientos policiales, ha generado una natural inquietud y preocupación pública respecto de sus efectos perjudiciales en el ejercicio de los derechos ciudadanos.

El proyecto, que ahora pasa a trámite en la Cámara de Diputados, establece que los funcionarios policiales podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías públicas, por cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades del caso para identificarse, pudiendo utilizarse todos los medios tecnológicos idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 14 años, se entenderá siempre que es menor de esa edad.

Asimismo, se señala que los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación. Si la persona se negare a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso, no le fuere posible hacerlo, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana para identificarla.  Se precisa que este procedimiento no deberá extenderse por más de cuatro horas tratándose de mayores de 18 años y de una hora cuando se tratare de personas mayores de 14 años y menores de 18.   Nada dice la norma propuesta respecto de qué sucede si el funcionario policial se niega a entregar su identificación en este procedimiento.

El control preventivo de identidad no va a reducir la delincuencia ni la comisión de delitos en los espacios urbanos.  Si su finalidad era acaso disuasiva, el control preventivo de identidad opera como un mecanismo prácticamente indiscriminado de control sobre las personas mayores de 18 años, lo que aumenta significativamente la discrecionalidad de la acción policial sobre los ciudadanos.

El sentido básico de la acción policial en democracia, es que sea capaz de conciliar la efectividad en el control y represión de la delincuencia -en sus múltiples formas- con el respeto al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

La mejor demostración de la inoperancia de la policía en su acción de control en los espacios públicos, han sido las repetidas escenas donde pequeños grupos de vándalos encapuchados destrozan bienes públicos y privados durante manifestaciones sociales, y lo han hecho a vista y paciencia de las cámaras del Sistema Operativo de Control de Tránsito, además de retransmitidas en directo por la televisión, sin que la policía haya sido capaz de frenar o de impedir estos desmanes.   La “inteligencia policial” se ha mostrado en general incapaz de anticipar esos desmanes y el control preventivo de las cédulas de identidad en las calles, no ayuda a resolver el problema del vandalismo callejero ni la inseguridad ciudadana.

Al fijar la edad susceptible de aplicarse el CPI desde los 14 años de edad, quiere decir que los estudiantes de enseñanza media y todos los alumnos de liceos y universidades van a poder ser controlados y detenidos durante 1 hora, inhibiendo su participación en manifestaciones.   Pero además, esa detención por una hora, es exactamente lo que ocurre hoy día en la práctica (sólo que generalmente hoy dura varias horas), por lo que sancionar tal práctica “preventiva” sin que existan mecanismos de garantía de los derechos y la integridad de las personas en los recintos policiales, solo ayudará a aumentar la discrecionalidad policial y la inseguridad de los ciudadanos.

Tarea para los organismos de derechos humanos.

Por lo demás cabría preguntarse, los jovenes entre 14 y 18 años, ¿son ciudadanos o no son ciudadanos? ¿Tienen derechos cívicos reconocidos y deberes establecidos o son menores de edad inimputables?   En nuestra opinión, establecer el control preventivo de identidad y la detención por una hora de los jóvenes entre 14 y 18 años, abre una enorme interrogante acerca de los derechos de los jóvenes y sobre su condición de ciudadanos.

Desde otro punto de vista, resulta evidente que la instalación del CPI deja al desnudo que los actuales procedimientos de control de los espacios públicos, (rondas y cámaras de vigilancia entre otros), han sido ineficientes e insuficientes.

Manuel Luis Rodríguez U.

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