Grave retroceso en el derecho a la información – Editorial de La Prensa Austral de Punta Arenas

En los últimos días, el país ha sido testigo de cómo en el Congreso Nacional se han aprobado normas restrictivas a los derechos humanos, como son las relativas a la detención por sospecha y a las sanciones para quienes revelen aspectos reservados de una investigación judicial.
Sobre todo se presenta delicado para la democracia la norma que busca frenar las “filtraciones” sobre procesos judiciales, estableciendo penas de cárcel para todas aquellas personas que entreguen dichos antecedentes.
Lo curioso es que esta disposición se incluyó en la denominada agenda corta antidelincuencia justo en medio de la polémica y el repudio público que han ocasionado los diversos casos sobre corrupción que involucran a la clase política y económica del país.
Ante el rechazo de la Asociación Nacional de la Prensa, el Colegio de Periodistas y la Corte Suprema, el Senado debió reabrir el debate y aprobó una enmienda que deja fuera a los periodistas, ya que era obvio que aquello coartaba la libertad de expresión y el derecho a la información.
Sin embargo, el excluir de las penas de cárcel a los profesionales de la prensa no elimina el atentado a estas libertades y, en particular, al derecho que tienen los ciudadanos de estar oportuna, veraz e imparcialmente informados, toda vez que la referida sanción afecta, a su vez, al derecho que tienen los periodistas a acceder a fuentes de información en temas que son de interés público y coarta, así, toda labor investigativa que los medios de comunicación quieran llevar adelante.
Aquí debe primar la razón ética, la búsqueda del bien superior, de tal forma que sólo se tendría que sancionar aquella “filtración” que persiguiera dañar o frustrar una investigación judicial.
Esto no es una mera defensa corporativa de la prensa, pues la libertad de información -que incluye el derecho de los periodistas de contar con fuentes anónimas que le proporcionen antecedentes- es el pilar de todas las demás libertades que están consagradas en la Constitución y que tempranamente consagró el sistema de las Naciones Unidas.

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