Parece diseñarse una nueva orientación política del gobierno ante la emergencia de los movimientos sociales, y los acontecimientos en Aysén bien puede considerarse como un elocuente “laboratorio de ensayo”. Criminalizar, controlar, vigilar, dividir, desgastar, estigmatizar y minimizar comunicacionalmente las demandas y los movimientos ciudadanos parece ser la nueva línea de conducta de las autoridades frente a una suma creciente de movilizaciones que se anticipan para este año 2012.
En este contexto, el diálogo existe y se usa, pero ocurre bajo la velada amenaza de la aplicación de las leyes represivas. En los dos movimientos regionales ciudadanos recientes (Magallanes y Aysen), la primera autoridad nacional enviada a esas regiones fue el Subsecretario de Interior, figura clave en la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado.
El clima de inquietud social que se viene manifestando (pescadores artesanales, estudiantes de liceos, estudiantes universitarios, pobladores daminificados por el terremoto, ecologistas…) y la abultada agenda de demandas pendientes, promesas incumplidas y aspiraciones no resueltas, parece ser leida en las esferas oficiales con el prisma estricto de “la ley y el orden“, convirtiendo a la “doctrina Hinzpeter” en la lógica fundamental para enfrentar los movimientos ciudadanos.
La política pasa a tener un notorio trasfondo securitario; el Estado se vuelve rígido a los ojos del ciudadano y las autoridades -escudadas detrás de los piquetes policiales- se vuelven más lejanas, inaccesibles y distantes.
