El ministro de Obras Públicas (OOPP), Sergio Bitar, anunció que su cartera trabaja en un borrador de reforma constitucional que establecería un marco de mayor control y supervigilancia desde el Estado respecto del agua. La iniciativa del Ejecutivo responde al preocupante escenario planetario en relación con ese recurso básico para generar vida. Son muchas las voces de expertos que anuncián para las próximas décadas una creciente escasez del vital elemento, inclusive en nuestro territorio nacional al norte de nuestro país, se ve lamentablemente una escasez de agua, tanto para la población como para la agricultura, como efecto del calentamiento global y el cambio climático. Tal déficit de agua determinaría un cuadro de inestabilidades que podría acarrear fuertes tensiones geopolíticas, donde algunos le han llamado la futura «guerra del agua».
Obviamente también hay visiones que relativizan tales proyecciones, a las que evalúan como apocalísticas e inhibidoras del desarrollo económico, donde muchos parlamentarios de derecha tienen está ambigua posición sobre el tema, avalados por el sistema libre de mercado que hoy sustenta Chile. De acuerdo con la fundamentación del proyecto presentado por Bitar, la demanda de consumo de las personas, así como la expansión de la minería, la industria y la agricultura, presiona fuertemente sobre las reservas nacionales de este vital elemento, hecho que obliga al Estado a adoptar una política más estratégica y de largo plazo.
Sin embargo, el principal escollo de la institucionalidad radica en un excesivo apoyo liberal privatizadora contenida en la actual Constitución Política, en efecto, establece en el número 24 del artículo 19 que los derechos de agua que hayan sido constituidos conforme con la ley otorga a sus titulares la propiedad de ellos. Este procedimiento ha conducido al hecho de que hoy entre el 80% y 90% de tales garantías están en manos de tres empresas eléctricas (Endesa. AES Gener y Colbún), antecedentes que ha llevado al ministerio de Obras Públicas de hablar sobre una «concentración desproporcionada» orientada a generación hidroeléctrica.
La modificación constitucional que se propone postula que las aguas, incluyendo la nieve y glaciares, sean consideradas como un «Bien Nacional» de uso público. De este modo el Estado podría adoptar una posición más activa y, dotarse de una normativa que le permita, entre otras, caducar permisos. Si bien el anteproyecto reconoce los dominios ya constituidos, también abre las vías para que desde lo público se puedan cancelar derechos no utilizados y se amplíe la posibilidad del Estado de reservar caudales tanto superficiales como subterráneos en funsión del interés general, (seguridad nacional, salubridad pública o protección medioambiental). La reforma también incluye la posibilidad de formar corporaciones administrativas de cuencas, para otros sectores de nuestra sociedad se plantéa de plano una «nacionalización del agua» por razones de estrategía y sociales, donde los valores monetarios domiciliarios de este vital elemento, cada vez contienen un alza desproporcionada para la gente más pobre de este país, que sin duda son la mayoría.
Desde luego, que esta iniciativa entre con prisa al parlamento donde nuestros legisladores puedan apoyar un cambio constitucional de estas características, así también como el ajuste posterior de las leyes ordinarias, sean factibles de materializar durante este gobierno, y no dejar cuestiones tan elementales como lo señalado, para el próximo gobierno.
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