Demandas sociales y sistema político en el Chile de hoy

En agosto de 2011, cuando las movilizaciones ciudadanas por la educación alcanzaban su punto álgido en todo el país, se dió publicidad a un “Acuerdo Nacional para una democracia social ahora”  recogiendo y sintetizando las demandas de una amplia mayoría ciudadana en el país y de un amplio espectro de organizaciones sociales del mundo sindical, profesional, de derechos humanos, estudiantiles, territoriales, artísticas y culturales.

La gran mayoría de los movimientos sociales y ciudadanos que hemos presenciado el 2011 y que responden a una acumulación de experiencias colectivas desde años anteriores, están tomando conciencia que las demandas sociales más urgentes que se están expresando en esta coyuntura, no encontrarán realización al interior de la institucionalidad política actualmente existente, si no se producen además, cambios estructurales en el propio sistema político.  La ciudadanía está adoptando cada día más demandas políticas y demandas sociales con contenido político.

Esas demandas ciudadanas y sociales tienen un profundo contenido y significado político: reclaman una nueva Constitución Política que emane de una asamblea constituyente; plebiscito vinculante en materia educacional un nuevo sistema político que garantice la participación, la representación y la diversidad; una nueva política económica y el apoyo a las pymes; una reforma tributaria profunda; un Estado democrático socio-ambiental y soberano que recupere para la nación los recursos naturales y energéticos del país; un nuevo Código del Trabajo; terminar con la alta concentración en la propiedad de los medios de comunicación; una ley de televisión digital que abra espacios al pluralismo; verdad y justicia a las victimas  del terrorismo de Estado de la dictadura, anulación de la ley antiterrorista y derogación del decreto ley de amnistía; fin a la represión y criminalización de los movimientos sociales y el movimiento mapuche; políticas públicas coherentes que hagan de la salud, la educación, la vivienda y los salarios sean derechos constitucionales.

¿Porqué estas demandas y propuestas de política, no pueden ser el eje articulador de los acuerdos de los actores políticos democráticos en el Chile de hoy?  ¿Porqué estas exigencias sociales y ciudadanas no pueden convertirse en el punto articulador principal, estratégico, de toda la izquierda en su diversidad y en la perspectiva de las elecciones municipales y parlamentarias, pero sobre todo en la perspectiva de avanzar hacia un cambio político en el gobierno de la nación?

¿Porqué estas demandas ciudadanas no pueden ser la brújula política mediante la cual los partidos, los movimientos y los líderes políticos pudieran orientarse en las turbulentas aguas de la política nacional, regional y local?

El problema político central que experimenta el sistema político en el Chile de hoy es el creciente desfase de representación y de legitimación entre la ciudadanía y el sistema político: una corriente profunda de indignación ante las desigualdades, de rechazo a las injusticias, de demandas insatisfechas, viene desde la ciudadanía, se manifestó multitudinariamente en favor del respeto al medio ambiente, en favor de una educación pública laica, gratuita y de calidad y en favor de un conjunto de exigencias de cambio político.

Incluso si se ponen en la balanza todas las (no muy numerosas) reformas políticas que se han implementado en los recientes años (eliminación de senadores designados, cambios en el Consejo de Seguridad Nacional, inscripción automática y voto voluntario), resulta flagrante la evidencia que lo que está en la agenda política estratégica del Chile presente es cambiar la Constitución Política, eje articulador jurídico de todo el sistema político heredado del siglo pasado.   Un sistema político que ya tiene 30 años de funcionamiento y que muestra claras señales de agotamiento, por deslegitimación, por descrédito ciudadano y -en última instancia- por su carácter centralizado, oligárquico e insuficientemente democrático.

La ciudadanía se está cansando que los políticos del sistema monopolicen la escena política y las instituciones, y -parafraseando una legendaria proclamación de los años sesenta- “se ha echado a andar”…  Para una creciente mayoría ciudadana es cada vez más evidente que este orden político, esta estructura de poder (partidos políticos oligárquicos y centralizados, Presidencia omnipotente, Congreso Nacional, Consejos Regionales y concejos comunales con escasas atribuciones, instituciones poco representativas, mecanismos desiguales de representación, minorías dominando sobre las mayorías, sobre-representación y sub-representación de territorios y regiones, estructuras elitistas y legalistas…), resulta cada vez más un obstáculo creciente para el efectivo fortalecimiento de la democracia.

Y mientras mas lejano, rígido e impenetrable se manifieste el sistema político, creado durante la dictadura como superestructura política de dominación con el modelo económico neoliberal, más evidente se hará la brecha existente entre democracia y neoliberalismo y más problemático será el ejercicio del poder político.

Manuel Luis Rodríguez U.