El gobierno y algunos parlamentarios de la zona han estado analizando en los recientes meses la eventual modificación y mejoramiento de algunas leyes de excepción para la región de Magallanes. Ha sido hasta el momento, un debate público sesgado y parcial en el que se han oido las voces de los empresarios, de los grandes empresarios y de algunos sectores políticos, pero donde las opiniones y propuestas de los trabajadores y de los movimientos ciudadanos no han sido escuchadas.
Los trabajadores organizados en la CUT han planteado hace varios años, que los sistemas de incentivos a la inversión vigentes en Magallanes (en especial la ley de bonificación a la contratación de la mano de obra), no han producido ni empleos de calidad, ni contrataciones mayores en período invernal ni remuneraciones acordes con el siempre creciente costo de la vida en Magallanes. Eso explica porqué la CUT propuso el 2009 que la bonificación a la contratación de la mano de obra vaya en un 50% directamente a la remuneración del trabajador, entre otras ideas aún pendientes.
La sola reproducción y continuidad de las actuales leyes de excepción para Magallanes, no garantiza ni mayor inversión, ni más productividad, ni más crecimiento, ni desarrollo sustentable para la región. Y ese es un problema político que el gobierno regional debe asumir integralmente si queremos sacar a Magallanes del nivel de contínuo estancamiento y bajo nivel de crecimiento que viene mostrando históricamente.
El informe final de la comisión del Banco InterAmericano de Desarrollo, que aquí adjuntamos en su texto completo para nuestros lectores, y que fue realizado en el año 2007, propuso en su momento un conjunto coherente de medidas legales y administrativas para perfeccionar el sistema de leyes de excepción de Magallanes y llegar incluso a la fijación de un Estatuto para el Desarrollo de la región, pero los sucesivos gobiernos de turno, presionados por los intereses corporativos predominantes en la región o agobiados por las miradas de corto plazo, no han mostrado el coraje ni la capacidad de iniciativa para perfeccionar estas normas en beneficio de los trabajadores también, es decir, de quienes realmente producen la riqueza en esta región.
En las actuales condiciones del escenario politico e institucional, lo más probable es que el gobierno regional negocie directamente con el Ministerio de Hacienda la continuidad de las leyes de excepción, sin consultar a los distintos actores sociales, políticos y económicos de la región, y se continúe con un conjunto de normas excepcionales que constituyen enormes gastos al erario nacional, pero sin que dicha inversión pública signifique más crecimiento, mejores remuneraciones, más inversión, más empleos de calidad ni desarrollo sustentable para la región más alejada del territorio nacional.
Manuel Luis Rodríguez U.
