CoyunturaPolítica

la crítica del poder y el poder de la crítica

Autonomías regionales y nueva Constitución en el Chile del siglo XXI

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PROLOGO

La problemática regional vuelve cada cierto tiempo a la agenda política en Chile.  Durante la década de los años noventa la cuestión regional estaba asociada a las tareas pendientes de la democratización, mientras hoy el problema resurge en relación con la calidad de la democracia y de la gestión pública.

Un problema estructural afecta a este Estado unitario.

No sabemos si en el futuro, los poderes centrales gobernados por la actual oligarquía política, empresarial y partidista chilena, serán capaces de cuestionar este Estado centralista y unitario, y de poner en marcha una reforma profunda al sistema político chileno, en orden a modificar a fondo la relación entre la capital y las regiones.   Este ensayo -elaborado como una contribución intelectual y desde la perspectiva de la Ciencia Política- pretende poner en discusión una problemática que se hace cada vez más amplia y significativa en l sociedad chilena, a la vez que sugerir algunas líneas de reflexión que permitan avanzar en la transformación de la relación Estado-Regiones en Chile.

Ello pudiera ser posible en un futuro mediato, a partir de la premisa conceptual que las regiones -en su diversidad económica y cultural al interior del Estado nacional- no pueden seguir siendo gobernadas desde una mega-capital política y administrativa que se desborda a sí misma, y de que esa capital no puede sustituir las capacidades y las potencialidades de las regiones y comunas que las componen.   No se trata de subrayar las diferencias, para enfatizar la necesidad de autonomía, sino de poner de entender y conceptualizar el Estado desde la perspectiva de sus regiones, y de la posibilidad de reforzar la unidad del Estado a partir del fortalecimiento de las identidades, las instituciones y la autonomía de las regiones que lo componen e integran.

Este análisis lo hacemos, por cierto, desde la perspectiva de la realidad política e institucional de la región de Magallanes, en la zona austral de la Patagonia.

Hablamos entonces de lo que podría denominarse una reingeniería política e institucional completa, que involucre a las regiones de este país.   El problema no es más o menos regiones, ni cuantas regiones dentro del Estado unitario chileno; la cuestión esencial es cómo se relacionan el Estado central con las regiones, en una época de mundialización de los intercambios, de relativización de las fronteras y las soberanías tradicionales, y de cuestionamiento ciudadano frente al centralismo asfixiante de la capital.

Si el debate sobre el cambio del sistema político comenzó o se va a manifestar durante la campaña presidencial y parlamentaria del 2009, lo importante es que las regiones y las comunas, pongan en la agenda política, el estatuto jurídico, político e institucional que deberían tener las regiones en el futuro marco constitucional. 

Las grandes tareas político-institucionales pendientes en el Estado de Chile siguen siendo hoy, en los umbrales del segundo decenio del siglo xxi, la modernización de la gestión pública, la regionalización y autonomización de las regiones, el cambio de Constitución y de régimen político.

Al mismo tiempo mientras se debate en el Congreso Nacional una reforma  parcial de manera que puedan ser elegibles por votación popular los Consejeros Regionales, es necesario poner dicho cambio en un contexto político e institucional mayor: la elección popular de los Consejeros Regionales debe ir acompañada de cambios institucionales profundos al sistema de gobierno de las regiones y comunas.

Punta Arenas – Magallanes, octubre de 2008.

Manuel Luis Rodríguez U.

I.-  UN MODELO DE ESTADO Y DE REGIMEN POLÍTICO CENTRALIZADO

El Estado de Chile, un Estado relativamente joven con apenas 200 años de historia, se ha caracterizado históricamente por obedecer a una lógica político-administrativa y jurídica centralizada en sus estructuras de poder, unipersonal en sus procesos de toma de decisiones y vertical en su relación y sus modos de funcionamiento  con sus unidades territoriales.

Esta lógica no solo se encuentra en la impronta de las Constituciones Políticas de 1818 y de 1833, y que vino a acentuarse bajo el régimen presidencial de la Constitución de 1925 y 1980, sino que obedece a profundos resabios políticos, ideológicos y culturales en los que –a nuestro juicio- los 3 siglos  anteriores de dominación colonial española y de implantación de formas oligárquicas y centralizadas de ejercicio del poder y la administración continúan pesando.

Estamos en presencia de un Estado centralizado en sus estructuras de poder, unipersonal o piramidal en sus procesos de toma de decisiones y vertical en su relación con las regiones, provincias o comunas. 

Pero además, el centralismo es un mal endémico que afecta al conjunto de la sociedad chilena, al sistema económico y no sólo al aparato administrativo estatal.

La “pirámide” del Estado y la administración

Y en este modelo de Estado, cuyos rasgos centralizados se han acentuado con la Constitución de 1980 emanada de la dictadura militar reciente, las unidades territoriales locales o regionales han resultado ser más dependientes y menos autónomas de lo que la mayoría de la ciudadanía desea y de lo que la eficiencia de la función pública exige.

Pueden tomarse numerosos ejemplos, como: los procesos institucionales de toma de decisiones, el sistema de distribución de los recursos fiscales, los niveles de dependencia,  la jerarquización de poderes y de atribuciones… el conjunto de la estructura estatal obedece a un paradigma político y administrativo centralizado, basado en una distribución asimétrica de competencias entre órganos individuales y órganos colegiados.  El conjunto del aparato institucional del Estado ha sido diseñado y estructurado como si desconfiara de la soberanía popular y de la ciudadanía, como si encerrara en órganos centralizados las atribuciones, facultades y recursos para que no sean sometidos al escrutinio ciudadano o a los imponderables de la democracia representativa y para que la función pública opere con el mínimo posible de intervención ciudadana.  ([1]

La Constitución autoritaria de 1980 (aún con sus parciales e interminables retoques posteriores), consagra un conjunto de estructuras de poder en que las autoridades unipersonales (Presidente de la República, Intendentes Regionales, Alcaldes municipales), acumulan considerables atribuciones ejecutivas al lado de órganos colegiados (Congreso Nacional, Consejos Regionales, Concejos Comunales) débiles y con escasas facultades decisorias.    ([2])

Tenemos entonces un Estado que instaura autoridades individuales poderosas acompañadas con autoridades colegiadas débiles, provocando una distorsión profunda en la forma de ejercerse la soberanía popular y la representación política.  

Así entonces, los órganos políticos donde se expresa la ciudadanía y la representación política más directamente,  aparecen debilitados y jibarizados frente a autoridades ejecutivas unipersonales con amplias facultades.  El centralismo en Chile parece estar radicado primordialmente en el Poder Ejecutivo y en la administración pública, pero atraviesa e impregna a la totalidad de los poderes e instituciones públicas.

Este modelo de Estado repercute en las regiones y comunas, generando formas asimétricas de relación con el Estado central en los que predominan el centralismo de las decisiones, el debilitamiento de las facultades y capacidades regionales para gobernarse y la construcción de numerosas redes de dependencia con los servicios y órganos centrales. 

Los sucesivos procesos de regionalización en la historia más reciente (las reformas administrativas de 1965 y la de 1975), no solo han quedado incompletas en el tiempo, sino que han conducido en la realidad a reforzar los procesos de decisiones radicados en servicios y órganos centrales del Estado, a partir de la propia centralización tributaria, fiscal y administrativa que consagran.

II.-  ¿QUIÉN DIJO QUE EL NORTE QUEDABA HACIA ARRIBA Y EL SUR HACIA ABAJO?

Los magallánicos hemos sido particularmente sensibles sobre la importancia e incidencia del sentimiento regionalista que impera entre nosotros y que sin tener una traducción política explícita (no hay partidos ni movimientos regionalistas en Magallanes en el presente), creemos necesario contribuir al debate constitucional, promoviendo algunos conceptos e ideas para que las regiones y las comunas tengan mayores niveles de atribuciones y de recursos.

La historia política  de la constitución de la región de Magallanes, desde 1843-1848 en adelante, es la historia administrativa y política del centralismo santiaguino imponiendo sus condiciones de gestión, distribuyendo recursos e implantando su orden político y sus modelos de desarrollo al último territorio pionero de la nación.

 En el Chile de hoy y también en la historia política e institucional de la República, la capital (como centro superior y casi único de toma de decisiones) ahoga administrativa y políticamente  a las regiones, y las regiones se ven privadas de muchos recursos que se centralizan en la capital.  El centralismo es un mal histórico y un fenómeno generalizado en la cultura política de Chile, y se manifiesta en el Estado, en la administración pública, en el sistema político y en las propias regiones, pero además se percibe en el sistema económico y en las empresas.

La “paradoja centralista” de la administración del Estado, objeto de crecientes críticas desde la ciudadanía, hace sin embargo que mientras algunos magallánicos reclaman simbólicamente por una “república independiente de Magallanes”, se olvida que los bancos, las cadenas de supermercados, las empresas pesqueras, las empresas forestales, las compañías de seguros, las empresas de marketing, las AFP, las empresas funerarias y las compañías telefónicas, entre otras, y que operan en esta austral región, son todas dirigidas y administradas desde Santiago…   ([3]).

Es decir, al centralismo estatal se acompaña de un centralismo empresarial y corporativo, del que pocos han dado cuenta.  ([4])

Creemos que en los inicios del siglo XXI, la nación debe avanzar hacia formas cada vez más modernas, democráticas y eficaces de autonomía regional.  Se trata no solo de democratizar la regionalización, sino sobre todo de regionalizar la democracia.

III.-  AUTONOMÍAS REGIONALES,  ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

El concepto de autonomía regional puede entenderse -para los efectos de este ensayo- como el conjunto de condiciones políticas, institucionales, administrativas y jurídicas que permiten a una región administrar sus propios recursos fiscales, determinar sus políticas públicas y gestionar la función pública con determinados grados de independencia respecto  de las políticas públicas  nacionales.

Las regiones en Chile (y sus formas anteriores como las comunas y las provincias) han tenido históricamente un estatuto jurídico y político generalmente subordinado y dependiente, en virtud de la estructura constitucional y legal básicamente centralista que predomina desde la época de la Constitución de 1833 y en adelante.  Como se sabe, las actuales regiones fueron creadas como entidades territoriales desde la reforma administrativa ejecutada por el régimen militar en 1975, pero a lo largo de más de 30 años de existencia, las regiones constituyen todavía entidades cuyas decisiones se adoptan en instancias unipersonales y en la capital del país.

El debate sobre la autonomía regional hoy tiene que incluir a lo menos tres tópicos estratégicos:

a)  el tipo de instituciones para el gobierno de las regiones y las comunas, su legitimidad democrática y su eficacia para responder a los desafíos del desarrollo regional y comunal y a los cambios emergentes en materia de gestión pública;

b)  el sistema de atribuciones de las instituciones regionales y comunales y  su relación con el Estado central;

c)  el origen y distribución de los recursos financieros y presupuestarios para que las regiones puedan administrarse con eficiencia. 

Las regiones hoy cuentan con un conjunto de atribuciones y recursos, pero un cúmulo de funciones y decisiones siguen adoptándose a nivel central, de manera que los procesos de descentralización, desconcentración y regionalización han avanzado con extrema lentitud, no obstante los esfuerzos emprendidos desde 1990 en adelante.

Los magallánicos, acaso la región más regionalista de Chile, no perdemos de vista que sufrimos dos formas de centralismo: el centralismo santiaguino o capitalino (que corroe y caracteriza a empresas y servicios públicos por igual) y adicionalmente,  el centralismo puntarenense, que opera a escala de la región y del cual se quejan permanentemente natalinos, porvenireños y demás habitantes de las comunas apartadas de este extenso territorio austral.  Al centralismo de la capital nacional se suma el centralismo de la capital regional respecto de las comunas y provincias que de ella dependen. 

Se trata, en definitiva, de una estructura estatal centralizada en la que lo esencial de los procesos de decisiones se adoptan en el nivel central, dejando a las regiones y comunes grados reducidos y acotados de competencias y atribuciones.

IV.  UN NUEVO MODELO DE GESTION PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL

En los inicios del siglo xxi, asistimos a un cambio en el paradigma de la gestión pública, tanto a escala nacional como subnacional o regional.

A un modelo de gestión pública caracterizado por el paradigma del “new public management” (NPM) proveniente de la experiencia británica y anglosajona de los años ochenta del siglo xx, orientado hacia la marketización de los servicios, el estilo de dirección gerencial y la aplicación de conceptos de outsourcing, el benchmarking, la tercerización, la reingeniería de procesos, los indicadores y la evaluación de desempeños y los procesos por resultados y metas, hoy asistimos a un cuestionamiento de estos criterios y principios.

Este modelo de gestión pública –que ya ha probado sus resultados en los recientes 20 ´0 30 años de historia-  se acomoda mas fácilmente con estructuras estatales centralizadas y de procesos de decisiones verticales, con sistemas de autoridades unipersonales dotadas de atribuciones amplias y casi omnímodas, y con estructuras consultivas colectivas o colegiadas débiles.  El modelo del “new public management” resulta ideal para Estados autoritarios o conservadores, para estructuras oligarquizadas de poder y para políticas orientadas al predominio del mercado y al debilitamiento, desnacionalización y privatización del Estado en la actividad económica y en muchas de sus funciones sociales.  Se trata de un paradigma de desestatalización de la función pública y de privatización de numerosas funciones sociales y económicas, para entregarlas al mercado.

Por lo tanto, la formula anglosajona de gestión pública, aplicada en Chile y en América Latina bajo la lógica de una estrategia de shock (en los años ochenta del siglo pasado), ha resultado en procesos de regionalización –así como de descentralización y desconcentración- que, además de incompletos, paradójicamente, han fortalecido y reforzado los poderes centrales  y han generado estructuras de administración regional y políticas públicas “regionales” (aunque diseñadas y decididas en la capital), pero  completamente subordinadas y dependientes en recursos y en financiamiento del poder estatal central.

Las asimetrías entre la capital nacional y las regiones, y las capitales regionales y las comunas y provincias (en términos de desarrollo relativo, de dotación de recursos…), no han disminuido en estos 30 años de aplicación del modelo NPM, sino que por el contrario, ha tendido a incrementarlas y profundizarlas.

Un nuevo Estado y un nuevo modelo de gestión pública nacional y regional se abrirá camino en el futuro, sin lugar a dudas.

La modernización del Estado y de la gestión pública requiere de un segundo impulso en el segundo decenio del siglo xxi, y éste no puede realizarse al margen de la opinión y de la participación ciudadana, aun cuando se siga considerando a los ciudadanos como meros clientes, beneficiarios acríticos o usuarios pasivos.

Conceptos innovadores de la gestión pública futura como la calidad social,  el servicio público situacional y multifuncional, el gobierno electrónico, la participación decisoria, el gobierno transformacional, la eficiencia satisfactoria, la contraloría ciudadana, son algunos de los componentes conceptuales de un nuevo paradigma de la gestión pública.

El surgimiento de nuevas formas de ciudadanía y de identidades regionales y locales más fuertes, determina que los procesos de diseño e implementación de  las políticas públicas no podría realizarse en el futuro sino mediante la incorporación creciente de mecanismos de participación ciudadana, de consulta inteligente y de intervención de los actores sociales.

V.  HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y SUS REGIONES

Un concepto  político e institucional de autonomía regional en Chile

La autonomía regional es una experiencia inédita en los breves doscientos años de historia republicana de Chile.  Probablemente este debiera ser considerado como el factor institucional de inercia más poderoso a la hora de instalar procesos de autonomización. Los ensayos regionales y federalistas del siglo xix en los inicios de la República, fracasaron por un conjunto de factores históricos, políticos y culturales, dejando una tradición crítica frente a esa opción.

No cabe la menor duda que la tendencia hacia las autonomías regionales en el Estado chileno hoy, pasa inevitablemente por un cambio constitucional, lo que implica decisiones políticas: una nueva Constitución que recoja la dimensión institucional regionalista, la diversidad de las regiones dentro de la unicidad del Estado, que potencie el ejercicio de la democracia representativa y de la democracia participativa en las instituciones políticas regionales y locales.

Se trata por lo tanto de incorporar diseños institucionales y procesos políticos nuevos en la creación de estas instancias regionales y locales.   La autonomización de las regiones del país, sin apuntar necesariamente hacia la forma federal de organización territorial, puede definirse como el proceso gradual, regulado y progresivo de transferencia de poderes, atribuciones, facultades y recursos desde los poderes y órganos centrales del Estado hacia los órganos regionales de poder en el marco de una nueva Constitución Política y de una normativa específica.

El proceso de instalación de las autonomías regionales pasa por dos pasos institucionales y políticos de carácter y contenido estratégico: la elaboración de una nueva Constitución Política a través de la elección de una asamblea constituyente y de un referéndum ciudadano ratificatorio del nuevo texto constitucional, y la dictación de un Estatuto para las Autonomías que fije por ley, entre otros contenidos, el marco legal general de definición de las atribuciones y competencias del nivel regional, sus relaciones con el nivel central del Estado y con el nivel comunal dentro de cada región.

A continuación, el acceso al estatuto autonómico de cada región, estimamos, debiera hacerse mediante un referéndum ciudadano en el que se decida la incorporación de cada región al proceso de autonomización.

A su vez, el rediseño de la estructura territorial del Estado chileno, debiera a nuestro juicio tomar en consideración a lo menos los siguientes elementos:

1º la configuración de regiones y macro-regiones como principal modalidad de estructuración territorial del Estado y de la nación; 2º la desaparición progresiva de la estructura “provincia” como estructura intermedia de organización territorial y la transferencia de sus funciones tanto al nivel regional o comunal, y 3º el fortalecimiento de las comunas como sede primaria del poder y la administración del Estado.

Al transferir poderes, facultades y recursos desde el nivel central del Estado hasta el nivel regional, queda abierta la definición del tipo de órganos regionales que debieran ser aquellos sobre los cuales recaerán dichas facultades.  Nos parece que esos órganos e instituciones regionales debieran ser: el Gobierno Regional, el Intendente Regional, el Gabinete Regional, el Consejo Regional y sus instrumentos principales de ejercicio de la autoridad y poder legal, debieran ser: las normas administrativas de alcance regional, las políticas públicas regionales, los servicios públicos regionales,  los impuestos y contribuciones de alcance regional, el presupuesto regional y la estrategia regional de desarrollo. 

Un estatuto para el gobierno y administración regional autónoma, fijado por ley, debiera integrar la totalidad de las normas legales relativas a este nivel del gobierno en el Estado.

En este contexto, las herramientas participativas de la ciudadanía en la región y reguladas por ley, debieran ser, el referéndum regional, las elecciones periódicas y la revocación de las autoridades regionales, los cabildos comunales y los presupuestos participativos comunales.

VI.  UNA AGENDA PARA LA AUTONOMÍA REGIONAL

Sin perjuicio que se formule un marco de propuestas, creemos que algunos de los puntos centrales de una agenda de la autonomía regional, pueden ser, entre otros, los siguientes conceptos y propuestas:

Más autonomía tributaria y fiscal

Generar gradualmente determinados impuestos regionales, a partir, por ejemplo, de la explotación de los abundantes recursos naturales, recursos que serían de administración estrictamente regional.

Más autonomía administrativa y de gestión

Avanzar hacia la formación de servicios públicos regionales, no obstante la existencia de servicios públicos descentralizados y desconcentrados radicados en las regiones y comunas.

Más autonomía política y administrativa

Incrementar las atribuciones y facultades  y en la democratización de los Consejos Regionales, de manera que aumenten sus facultades fiscalizadoras y decisorias en materia de desarrollo regional y presupuestos. 

Los Consejos Regionales debieran estar dotados de facultades legislativas de alcance regional y local, de manera que puedan producir normas legales y reglamentarias en el marco de sus atribuciones y en los territorios jurisdiccionales de las regiones y comunas respectivas. 

Fortalecer el carácter democrático de los gobiernos regionales, mediante la elección universal de los Intendentes Regionales y los Consejeros Regionales.

Fortalecer las atribuciones y facultades decisorias y fiscalizadoras de los Concejos Municipales como órganos colegiados de gobierno de cada comuna.

La autonomía de las regiones y de las comunas se fortalecerá, además, con la implantación de los plebiscitos regionales y comunales, de las consultas populares, de los presupuestos participativos a nivel regional y de las comunas.

VII.-  UN CRONOGRAMA PARA LA AUTONOMIZACIÓN DE LAS REGIONES

Las reformas que conducen hacia la autonomización de las regiones, no se pueden realizar en un solo momento político sino que debiera obedecer a una macro-agenda que implique, a lo menos, tres tiempos sucesivos, a saber:

1º una fase inicial de fortalecimiento de los poderes, capacidades y competencias regionales;

2º una fase intermedia de fortalecimiento de las capacidades y las atribuciones; y

3º una fase final de transferencia de atribuciones y recursos.

Veamos a grandes trazos cada una de estas etapas.

El fortalecimiento de los poderes regionales: democratizar la regionalización y regionalizar la democracia

Se trata en esta etapa inicial del proceso de adoptar decisiones jurídicas y políticas a escala regional y a nivel central, que hagan posible una relegitimación de las autoridades e instituciones de poder regional. 

El paso preliminar fundamental para un cambio de esta naturaleza es sin duda, la elaboración y puesta en marcha de una nueva Constitución Política.

La elección por sufragio universal de los Intendentes Regionales y los Consejeros Regionales, así como el establecimiento de los plebiscitos regionales vinculantes para aspectos centrales de la gestión del desarrollo de cada región (presupuesto de la región, estrategia regional de desarrollo…), pueden ser los primeros pasos que apunten  en esta dirección.  Pero no pueden ser los únicos.

El problema del centralismo y de la falta de capacidad de las regiones para administrar su propio desarrollo no es un problema que depende exclusivamente del modo de selección de sus autoridades, aunque se trata de un factor institucional clave para asegurar y ampliar la democratización de las estructuras territoriales.  Pero se hace necesario incorporar otras reformas y otros componentes de regionalización y desconcentración que aseguren a las regiones y a los gobiernos regionales las atribuciones, facultades y acceso a recursos fiscales que permitan sustentar políticas de desarrollo estables.

  El fortalecimiento de las facultades reglamentarias, administrativas y decisorias de los Consejos Regionales y su transformación en verdaderos parlamentos regionales con capacidad para dictar normas administrativas de orden regional y comunal, podría contribuir también a este objetivo.

En este contexto, la institucionalización de las estrategias de desarrollo regional como instrumentos estratégicos de política pública regional y como marco orientador normativo para todas las políticas públicas de una región, puede ser un paso significativo, pero debiera ser una primera etapa a la que pudiera incorporarse el plebiscito regional como mecanismo de decisión ciudadana en la región de las estrategias de desarrollo regional (de vigencia por 8 ó 10 años) y los presupuestos regionales de vigencia anual.

El fortalecimiento de las capacidades y atribuciones: poderes regionales mas eficientes

Una segunda fase de fortalecimiento de las capacidades y atribuciones, pudiera verse favorecida por la creación de carreras de Administración Pública y de Escuelas regionales de Gobierno y Administración, para la formación local de personal competente para los servicios públicos.   La profesionalización creciente de la función pública se vería apoyada así por la formación sistemática de funcionarios técnicos y profesionales que se incorporen a una carrera funcionaria regional y local. 

Este sería el momento para dar forma a servicios públicos regionales, administrados en y desde cada región, sobre la base de recursos presupuestarios y equipos humanos profesionales generados por las propias regiones.  El paso desde servicios públicos centralizados, cuyas políticas y procedimientos son decididos en la capital nacional, hacia servicios públicos regionales, es un componente decisivo en el proceso de autonomización de las regiones.

La transferencia de atribuciones y recursos

Esta es la tercera fase del proceso de autonomización estudiado.  Se trata aquí de generar procesos de transferencia y delegación de atribuciones, competencias y recursos, de manera de fortalecer la capacidad de cada región de autogobernarse con sus propios recursos presupuestarios, cumpliendo el Estado central solo una función supletiva de apoyo.

La transferencia de atribuciones y facultades debiera desembocar en el otorgamiento a las regiones de la capacidad para generar recursos impositivos propios, así como en la redistribución de la carga impositiva sobre las regiones, de manera que existan dos tipos de impuestos: de carácter regional (que permanecerían totalmente en la región) y de carácter nacional (con porcentajes diversos de transferencia desde las regiones al Estado central y viceversa.

La ciudadanía no puede estar al margen de este proceso de cambio regional: la institucionalización de los plebiscitos regionales y comunales, así como la creación de otras figuras participativas como los cabildos comunales, los presupuestos regionales y comunales participativos, entre otras formas de involucramiento de la ciudadanía organizada, debiera hacer posible sustentar y legitimar la transferencia de atribuciones, facultades y recursos con una participación ciudadana efectiva y también decisoria.

La gradualidad de esta transición de transferencia debiera obedecer a la dictación e implementación de una ley marco o ley de rango constitucional que consagre la autonomización progresiva de las regiones.

 

ALGUNAS REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES

 

 

Fuentes impresas

 

 

Democracia electrónica. ¿Qué desafíos para América Latina?  Santiago, 2010.  Editorial Aun Creeemos en los Sueños.

Dobry, M.: Sociologie des Crises Politiques.  Paris, 1998.  Ed. Plon.

Fisher, W., Ponniah, Th.: Un autre monde est possible.  Pour une autre mondialisation.  Le Forum Social mondial.  London, 2003.  Zed Books.

 

La democracia en América Latina.  Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Buenos Aires, 2004.  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

Negri, T., Hardt, M.: Multitud.  Madrid, 2004.  Editorial Debate.

Rodríguez G, C.; Barrett, P.; Chavez, D.: La nueva izquierda en América Latina.  Sus orígenes y trayectoria futura.  Bogotá, 2007.  Editorial Norma.

Virno, P.: Gramática de la Multitud.  Para un análisis de las formas de vida contemporáneas.  Calabria, 2001.  Editorial Traficantes de Sueños.

 

Fuentes en Internet

 

 

Las siguientes fuentes de Internet, actualmente vigentes, contienen información pormenorizada y análisis sobre los acontecimientos objeto de este ensayo:

http://asambleaciudadanamagallanes.wordpress.com/

http://coyunturapolitica.wordpress.com

Subsecretaría de Desarrollo Regional

http://www.subdere.gov.cl

Contiene toda la documentación sobre el proceso de regionalización y descentralización del país desde sus inicios; programas y convenios de desarrollo regional y acceso directo a los sitios web de los gobiernos regionales.

Infopaís

http://infopais.mideplan.cl

Proporciona información territorialmente desagregada, de fuentes diversas, sobre materias de desarrollo económico y social, incluyendo antecedentes socio-demográficos de regiones, provincias, comunas y otras áreas.

Región Activa

http://www.regionactiva.cl

Contiene documentos, noticias y avisos sobre encuentros, seminarios y capacitaciones. Sus áreas temáticas son políticas de descentralización y desarrollo regional, desarrollo económico local, participación e inclusión social y gestión territorial regional.

Asociación Chilena de Municipalidades

http://www.munitel.cl 

Contiene  acceso on line a todos los municipios del país. Tiene preguntas frecuentes que explican el quehacer de los municipios.

Sinergía Regional

http://www.sinergiaregional.cl

Ofrece cursos de pregrado en la materia y proporciona información sobre encuentros nacionales de estudios regionales, entre otras cosas.

Comunidad Virtual Gobernabilidad

http://www.gobernabilidad.cl

Contiene interesantes artículos técnicos sobre gobernabilidad, desarrollo local y regional, y globalización, entre otros.

Foro Futuro Regional

http://www.futuroregional.cl

El sitio contiene recomendaciones en el ámbito del desarrollo social, cluster económicos, megaproyectos de impacto productivo regional, redes públicas de fomento productivo y desarrollo científico tecnológico, entre otros. Además presenta antecedentes e indicadores económicos por cada región.

Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile

http://www.conarede.cl

Propone reformas regionales para descentralizar el país. Además, a través de su campaña “Yo voto por las regiones” es posible encontrar el compromiso de innumerables políticos durante el reciente período de elecciones con medidas de descentralización.

Asuntos Públicos
http://www.asuntospublicos.org
Este sitio ofrece informes sobre temas prioritarios en el quehacer nacional, como la regionalización, ofrece un espacio de debate y links a sitios de interés nacionales e internacionales. Sus suscriptores pueden participar directamente en reuniones y seminarios sobre política y economía.

Federales, Regionalistas en Acción

http://www.federales.cl

Convoca y llama la atención para crear conciencia en la comunidad nacional sobre la urgente necesidad de descentralizar el país en todos sus ámbitos, entregando información y noticias. Conforman este grupo diversas personas del ámbito público y privado con trayectoria regionalista.


[1]Los cambios participativos que se han ido incorporando gradualmente en esta estructura estatal y en la implementación de algunas políticas públicas, no han modificado la lógica básica con la que se concibe la función pública: centralización e individualización de la autoridad y las atribuciones.

[2]La metáfora de la “pirámide”, tiene pleno sentido aquí para esta descripción de la “dimensión arquitectural” del Estado, en que se distribuye un sistema de órganos, instituciones y funciones centralizadas en la cúspide de cada estructura y de cada nivel territorial y que son “presididas” por una autoridad unipersonal, junto a otros órganos colegiados subordinados.  De esta forma arquitectural piramidal, va a emanar necesariamente una “dimensión agonal” de la política también centralizada.

[3]La reciente “revuelta del gas” de enero de 2011 donde decenas de miles de magallánicos se movilizaron en protesta contra el alza del precio del gas, manifestaciones que tuvieron lugar en Magallanes, en Santiago y en otras capitales regionales, abre una nueva perspectiva ciudadana y nuevos horizontes para cristalizar demandas regionalistas pendientes en el resto de Chile

[4]Es este aspecto del problema de la ecuación “centralización – descentralización” el que nos hace pensar que detrás de las estructuras centralistas y centralizadas, subyace un profundo componente centralizador y oligárquico de la cultura nacional y de la cultura política en nuestra sociedad, sobre el que hemos reflexionado poco…

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Autor: Manuel Luis Rodriguez

Sociólogo, Cientista Político, académico, comunicador.

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