El obispo de Magallanes y la píldora – Escriben Pedro Hernández González y Manuel Luis Rodríguez
Publicado por Manuel Luis Rodríguez U. en 4 Julio 2009
El obispo católico de Magallanes, Bernardo Bastres, desea que se cumpla el fallo de la Contraloría. Opina que es perjudicial que se busquen opciones que vulneren el espíritu del fallo que prohíbe la distribución de la píldora. “Es grave que las autoridades atenten contra el Estado de derecho, evitando cumplir los dictámenes de la Contraloría”, explicó.
A Monseñor le preocupa que las autoridades del país busquen mecanismos para distribuir la pastilla que intente evadir la sentencia de la Contraloría, ya que “a mi me parece que en un Estado de derecho es un deber de todos acatar y obedecer los fallos que emanan de la Contraloría y de todas las instituciones que regulan las normas que rigen en nuestro país. Por lo tanto, tratar de buscar subterfugios a lo dictado primeramente por el Tribunal Constitucional y ahora por la Contraloría, viola el Estado de derecho que es la base del principio de la democracia, es una rebelión contra los dictámenes de una institución del Estado. Esto es grave, ya que en otras instancias se podría comenzar a ordenar que se falte a otras normas legales, como pagar impuestos, por ejemplo”, señaló Bastres.
Nos merecen algunos comentarios las declaraciones del obispo Bastres.
1.- En primer lugar nos llama la atención la sintonía politica del obispo con la posición de los diputados de la UDI, y lo distante que esta de las situaciones sociales y de injusticia de las jóvenes de nuestras poblaciones. Los ricos pueden comprar la píldora en las farmacias o se las consiguen con sus colegas médicos y enfermeras. Los pobres están condenados a comprarlas en el mercado negro y seguir utilizando su sexualidad sin educación alguna.
2.- Llama la atención, además, y preocupa la insinuación que el Gobierno de Chile, o sea, del Gobierno de la Concertación, estaría alejándose de la legalidad. Ese argumento es muy similar a las declaraciones del episcopado de Honduras dos semanas antes del golpe en ese país. Esperamos algo mejor de nuestra Iglesia Católica, que en momentos de nuestra historia reciente supo tener una visión profética ante los hechos complejos de la vida politica del país y recordamos en ello al Card. Raúl Silva Henríquez, de la que somos parte con gran compromiso y entrega muchos miembros de esta coalición politica y de gobierno.
3.- Llama la atención, por otra parte, la nula relación entre los principios y la acción. No hay una sola palabra de orientación, de invitación pastoral al dialogo ni menos de aporte a una situación difícil para la comunidad regional y nacional. Ni una palabra para referirse a la flagrante contradicción entre tratar de prohibir un medicamento en los establecimientos públicos de salud, pero dejar que se sigan vendiendo en las farmacias particulares. Añoramos de una iglesia fielmente ligada a la doctrina social y los derechos humanos, la opción por los pobres, la religiosidad popular y la democracia participativa y ciudadana.
4.- Llama la atención, además, que su posición con respecto a lo legal se reduce a defender los dictámenes de dos instituciones contraloras (la Contraloría que revisa y autoriza los actos administrativos; y el TC que es la instancia que impide el ejercicio de la soberanía popular y resguarda la institucionalidad de la constitución antidemocrática del 80) y no del planteo de fondo a la reforma de la institucionalidad antidemocrática de la Constitución Vigente. Es doblemente inquietante toda vez que el candidato del Gobierno, Eduardo Frei, miembro visible y activo de la comunión eclesial, así como otros candidatos presidenciales democráticos, justamente están convocando a generar una Nueva Institucionalidad Democrática: la Nueva Constitución del Bicentenario.
5.- Llama la atención además que, según la versión de prensa, no haya ninguna valoración al contenido completo del proyecto de ley del Gobierno. La máxima expresión de la autoridad politica – democráticamente electa en este caso- es la que toma de decisiones políticas, que se expresa en la ley. Justamente, el Gobierno asumiendo la responsabilidad de las necesidades humanas y los derechos de las personas, propone una ley al órgano soberano de aprobación de las normas: el Congreso Nacional. El gobierno no utiliza ni la vía del decreto ni el subterfugio legal. Manda una ley en uso de sus legítimas prerrogativas legales y constitucionales y se apronta a un debate libre, plural y abierto, en el que uno esperaría que intervengan todos los sectores y que nadie trate de imponer sus puntos de vista al resto de la sociedad. ¿Cuál es el aporte a ese debate de parte de la Iglesia católica? ¿Cómo podemos educar mejor a nuestros jóvenes en su sexualidad? ¿Cómo hacemos para que el Amor y el respeto de la sexualidad sea un camino de plenitud y no de sometimiento? ¿Que hacemos con nuestras jóvenes y su pronta iniciación sexual? ¿Qué hacen las mujeres pobres ante una situación injusta en su relación como pareja?
Son preguntas que pueden ser parte del debate y eso es lo que el proyecto también propone discutir.
Punta Arenas – Magallanes, julio de 2009.
Pedro Hernández González
Manuel Luis Rodríguez U.
GRUPO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES – SIGLO XXI
... como una gota de agua en el vasto océano de las comunicaciones virtuales...